Dirigentes comunales del PSUV tomaron una mansión en la Alta Florida, en Caracas, bajo el argumento de que será transformada un centro de salud para pacientes asintomáticos de Covid-19.

La vocera del grupo aseguró, a través de un video, que la residencia se encontraba abandonada y era utilizada por antisociales e indigentes para planear y ejecutar actos ilícitos.

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Agregó que se seleccionó el inmueble por este reunir todas las condiciones para atender a pacientes con Covid-19 asintomáticos.

Adelantó que en un futuro el lugar seguirá prestando servicios como Centro de Diagnostico Integral (CDI) y atender a las comunidades de la parroquia El Recreo, como lo son Chapellín, San José, La Campiña, Los Cedros, y la propia Alta Florida.

Psuv

El diputado a la Asamblea Nacional, Alexis Paparoni alertó que la producción nacional no alcanzará el 12% debido a la crisis que afronta desde hace años este sector y que se ha agravado debido a la escasez de combustible y la actual cuarentena nacional generada por la pandemia del nuevo coronavirus.

«Tenemos alrededor de 90 millones de hectáreas dispuestas al área de producción (…) estaremos utilizando ahora entre 15 a 17 millones de hectáreas», dijo el parlamentario.

Paparoni culpó que las expropiaciones, realizadas desde el gobierno de Hugo Chávez, fueron el «detonante» de la crisis». «El gobierno usurpador en estos 20 años expropió a 354 empresas que tienen que ver con este sector» aseguró.

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Explicó que el Estado no debe participar en la producción ni en la economía, sino solo ocuparse de la educación, salud y seguridad de la población venezolana. «El Estado no tiene porque estar produciendo aceite, el Estado no tiene que estar vendiendo pollo», afirmó.

El también coordinador político del área agroalimentaria del Plan País aseguró que tienen identificados los 13 productos que generan las 2.000 calorías que requiere un venezolano, y de darse un cambio político en el país esos productos en los 90 días «lamentablemente» serán importado al no tener una fuerza productiva inmediata. «Estaremos trabajando para traer la materia prima para que la industria comience a generar trabajo», puntualizó.

Paparoni

A través de las redes sociales, se pudo conocer la información en la que aseguran que las reses fueron decomisadas por el Gobierno de Maduro.

El Hato La Garabunda fue concebido como proyecto de desarrollo lechero en el año 2013. Bajo la intención y esperanza de promover una ganadería lechera de alto nivel en nuestros llanos venezolanos. Su propietario Josser López es señalado por el ejecutivo venezolano como partícipe en los hechos del 04 de Agosto de 2.018. Así como en caso de la muerte de Robert Serra.

Estos hechos se desarrollaron desde el pasado jueves, donde aseguran que están siendo señaladas y amenazadas personas inocentes.

Hacen un llamado a los responsables, en especial a Nicolás Maduro y sus funcionarios del Sebin, por la integridad física de los trabajadores y personas relacionadas.

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El Hato La Garabunda fue concebido como proyecto de desarrollo lechero en el año 2013. Bajo la intención y esperanza de promover una ganadería lechera de alto nivel en nuestros llanos Venezolanos. Su propietario Josser López hoy día es señalado por la narcodictadura Venezolana como partícipe en los hechos del 04 de Agosto de 2.018. Así como anteriormente en la Telenovela de Robert Serra. Los intereses de Robar y acabar con lo poco productivo que queda en el país sigue siendo la meta de estos criminales. Estos hechos están ocurriendo desde el día de ayer. Amenazando a personas inocentes. Agrediendo a todos. Hacemos responsables a Nicolás Maduro y sus secuaces del SEBIN por la integridad física de los trabajadores y personas relacionadas. #agropecuaria #venezuela #asojersey #asogata #arrechatevenezuela #noticiasvenezuela

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AFP.- Con el telón de fondo de la crisis en Venezuela, la Suprema Corte de Estados Unidos analiza este miércoles la expropiación que realizó el fallecido mandatario Hugo Chávez en 2010 de una firma petrolera estadounidense.

Los ocho magistrados del alto tribunal deberán determinar bajo qué condiciones puede un estado soberano ser sometido a la justicia estadounidense.

Con sede en el estado de Oklahoma, la firma Helmerich & Payne International Drilling Company acusa a Venezuela de haber tomado en forma ilegal once plataformas petroleras.

En aquel momento, la “revolución bolivariana” en Venezuela estaba en su apogeo y Chávez propugnaba meter al país en el “socialismo del siglo XXI”.

Expropiación

El gobierno de Chávez nacionalizó varios sectores de la economía -desde los agroalimentos a la distribución y la banca-, obligando a las multinacionales a reducir su despliegue.

La energía, en tanto sector estratégico, no escapó a ese proceso.

Actor relativamente modesto en el sector de la perforación petrolera, Helmerich & Payne operaba entonces como subcontratista de la estatal Pdvsa.

La firma estadounidense había entregado a Venezuela sus propios equipos de perforación.

En 2009, Helmerich & Payne constató una acumulación de facturas impagas de parte de Pdvsa por unos 100 millones de dólares, por lo que decidió detener sus gastos y desmantelar sus instalaciones.

En respuesta, el gobierno venezolano tomó medidas en junio de 2010 para impedir el traslado de los equipos y el presidente Chávez firmó un decreto expropiando a Helmerich & Payne.

La firma, a su vez, demandó a Venezuela ante la justicia estadounidense, consciente de la inmunidad que gozan los estados soberanos.

Inmunidad

No obstante, en 1976 el Congreso previó limitadas excepciones a esa inmunidad.

Bajo la “Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera”, existe la posibilidad de perseguir judicialmente a un país extranjero si este se apodera de bienes estadounidenses, o cuando sus acciones acarrean consecuencias directas sobre el funcionamiento comercial de Estados Unidos.

Basado en esa legislación, una corte de Washington dio lugar al reclamo de Helmerich & Payne contra Caracas.

El estado venezolano respondió que era impensable, según el derecho internacional, autorizar un proceso contra un país soberano por un motivo tan poco sustancial.

En este complicado caso, Caracas obtuvo paradójicamente el apoyo del gobierno de Estados Unidos, que teme convertirse en una víctima por desafiar el sacrosanto principio de la inmunidad extranjera.

En ese marco, el presidente Barack Obama se opuso recientemente a una ley que permite a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre demandar a Arabia Saudita.

Los ochos magistrados de la Suprema Corte atendían con cierta perplejidad el caso, que podría acarrear graves consecuencias.

El Departamento de Estado “está preocupado”, subrayó durante los debates la jueza Sonia Sotomayor.AFP

Fuente: La Patilla

La empresa también rechaza la apropiación ilegal de dos gandolas con 57.600 kilos de Harina P.A.N

Alimentos Polar denunció que un grupo liderado por la alcaldesa del municipio Trinidad del estado Yaracuy, mantiene bloqueados los accesos a su planta ubicada en Chivacoa, lo que ha impedido el despacho de 1.092.000 kilos de Harina P.A.N. hacia clientes y centros de distribución; y la entrada y salida de trabajadores. La producción de dicha instalación abastece a 11 estados del país.

Aníbal Solipa, gerente de la planta, informó: “Adicionalmente, dos gandolas con 57.600 kilos de Harina P.A.N. que se encontraban a las afueras de la planta, a la espera de ser despachadas a MAKRO y PDVAL, fueron desviadas a la fuerza por las autoridades locales”.

Este bloqueo de la planta también ha impedido la recepción de 900 toneladas de maíz blanco, 341.000 kilos de alimentos balanceados para animales y 165.000 kilos de alimentos para mascotas.

El representante de la empresa recordó que Alimentos Polar despacha mensualmente más de 1.000.000 de kilos de Harina P.A.N. a los clientes en el estado Yaracuy, incluyendo a las empresas responsables de atender los programas sociales.

Fuente: ACN ( Agencia Carabobeña de Noticias)

 

Ernesto Tovar/AFP.- Los empleados en Venezuela de Kimberly-Clark procesan la poca materia prima que les queda, tras la decisión del gobierno de entregarles el control de la planta del fabricante estadounidense de productos de higiene personal.

Un puñado de operadores industriales uniformados activaba este lunes una línea de producción de toallas sanitarias con los insumos que alcanzarán para seis semanas.

Esto, en medio de promesas gubernamentales de ayuda para normalizar la producción, a finales de año, en la factoría de Maracay, estado Aragua, donde además manufacturan papel higiénico y pañales, muy escasos en el país petrolero.

Apenas una línea de producción, de once que tiene la fábrica, está activa. Eso es un engaño”, declaró uno de los trabajadores a la AFP bajo condición de anonimato.

Se refería al anuncio del presidente Nicolás Maduro, el pasado 11 de julio, de que la planta volvía a abrir sus puertas.

Maduro aseguró este lunes que todas las líneas de producción estaban operativas y amenazó con encarcelar a los representantes de la empresa por supuestamente violar los derechos de un millar de trabajadores venezolanos.

“Irán presos quienes tengan que ir presos, estén donde estén, porque los vamos a solicitar por código rojo” de Interpol, advirtió Maduro al hacer un balance de un plan para mitigar la escasez de alimentos y bienes básicos, a cargo de los militares.

(Continúa después de la foto)

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Foto: AFP.

Kimberly-Clark cesó hace dos semanas su producción, alegando un deterioro de las condiciones económicas, fundamentalmente por la falta de materia prima importada.

La empresa avisó en los primeros días de julio a unos 900 trabajadores que serían despedidos, comentaron éstos.

Incertidumbre

Unos 150 de esos operarios acuden a diario a la planta para hacer constar su presencia en caso de que paguen salarios, y para tratar de averiguar qué ocurrirá con sus puestos.

“Aquí estuvieron el gobernador (de Aragua) Tareck El Aissami, y un viceministro del Trabajo”, declaró uno de ellos. Pese a estas visitas, desconocen cuándo volverán a recibir su sueldo.

(Continúa después de la foto)

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Foto: AFP.

Este lunes, en la fábrica, el diputado oficialista y exministro de gobierno Ricardo Molina denunció que los anteriores gerentes cerraron la producción como parte de la “guerra económica” que, según el chavismo, lleva adelante la oposición para desestabilizar a Maduro.

Molina anunció que el gobierno gestionará la llegada de insumos para Kimberly-Clark.

“Tienen ya un plan para activar de aquí a diciembre las líneas de producción que forman parte de Kimberly-Clark”, usando materia prima que el gobierno ayudará “a reponer” en la medida que haga falta, declaró el legislador a la prensa.

Y aunque dijo desconocer si la compañía será expropiada, aseguró que “los derechos de los trabajadores están garantizados”.

Molina también reiteró la advertencia de Maduro sobre las empresas que suspendan actividades: “planta parada, planta tomada por la clase obrera”.

Según la patronal Fedecámaras -principal gremio empresarial venezolano- 85% de la industria venezolana estaba paralizada en mayo pasado por falta de materia prima, ahondando la escasez de productos básicos que se agravó por la caída de los precios del crudo.