El ex ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, publicó su artículo de opinión «Los ojos de los enterrados», donde señala los problemas que han llevado a Venezuela a la crisis económica y escasez de alimentos que hoy vive.

Entre esos problemas, Ramírez señala como factores principales la baja productividad agrícola y la corrupción a la que ha sido sometida la empresa petrolera estatal Pdvsa, según analizó.

El ex funcionario hacía mención además a los episodios de escarnio público a los que se han sometido a personeros del Gobierno venezolano, como Eulogio Del Pino quien fue grabado mientras era arrestado a altas horas de la madrugada en su casa por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

«PDVSA, capta dólares en el mercado internacional, sin embargo, tiene que venderlos al BCV a 10 bolívares, mientras todos sus costos y gastos se pagan a más de 100 mil bolívares por dólar. Es decir, la política cambiaria ha afectado las posibilidades de PDVSDA de cumplir sus compromisos y mantener su operatividad.» señaló Ramírez como parte del análisis de los daños hechos a la empresa estatal.

El ex Embajador de Venezuela ante la ONU criticó la gestión de Nicolás Maduro ante la evidente escasez de alimentos que mantiene a los venezolanos en emergencia. «Se acusó a todo el sistema de alimentación de estar corrompido, se desmontaron los Bicentenarios, las casas de alimentación, los Pdvales y Mercales trabajan a medias, se abandonaron otros programas de alimentación, nos quedamos sin el sistema de distribución de alimentos del Comandante. Ahora son los Claps, sé que hay mucho trabajo detrás de cada Clap, mucho esfuerzo, mucho voluntarismo de compañeros muy valiosos, pero esa no era la idea del Comandante, nunca lo fue. Pareciera más bien triste que la respuesta a la escases y la imposibilidad de controlar a los comerciantes en sus precios, sea recibir una caja con alimentos de supervivencia, de producción extranjera.» señaló

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El diputado nacional, Freddy Guevara, respondió al presidente Nicolás Maduro porque reconoció la existencia de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y anunció la reestructuración de la empresa. “La semana pasada en la Asamblea declaramos la responsabilidad política de Rafael Ramírez por el desvío de más de 11 millardos de dólares. Si quiere saber por dónde empezar, nosotros podemos ayudarlo”, enfatizó.

Nota de prensa 

El parlamentario insistió en que la primera medida que debe tomar Maduro es la destitución de Ramírez del cargo de embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) , al subrayar que es inaceptable que la persona responsable del desfalco de la estatal petrolera sea el máximo representante de la República en el más importante foro internacional.

“Ese señor no puede representar a nuestro país en el seno de la ONU. Por eso le decimos a Maduro: si en verdad está dispuesto a combatir la corrupción en PDVSA, debe destituir a Rafael Ramírez, ya que ese cargo depende exclusivamente del Presidente de la República. Si no lo hace, entonces no solamente quedará en entredicho, sino que también será responsable y cómplice del desfalco de la principal empresa de Venezuela”, subrayó.

El pasado martes 22 de noviembre, Guevara consignó ante la Fiscalía General de la República el expediente relativo a las irregularidades administrativas ocurridas en PDVSA, el cual contiene más de 3.000 documentos probatorios, entre los que se encuentran documentos oficiales y comunicaciones internas.

También incluye memorandos confidenciales de la petrolera estatal acerca de distintos casos en los que se presumen irregularidades administrativas, tales como la pérdida de 130.000 toneladas de alimentos detectada en 2010; la compra de taladros chinos desde 2006; el Fondo Simón Bolívar; el alquiler de la gabarra Aban Pearl, hundida en 2010; el Fondo de Pensiones y los fondos hallados en depósitos de la Banca Privada D’Andorra, entre otros.

El informe aprobado por la plenaria de la Asamblea Nacional es el resultado de más de 9 meses de investigación a cargo de la Comisión de Contraloría, en el que además de Rafael Ramírez, también se le declaró la responsabilidad política al ex presidente de BARIVEN, Javier Alvarado Ochoa; y se señala la participación de una veintena de funcionarios administrativos y de alto nivel en daños al patrimonio público por más de 11 millardos de dólares, ocurridos entre 2004 y 2014.

Luisa Panagua.- En una rueda de prensa desde el Palacio Federal Legislativo, el diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Manuel Olivares, rechazó que el gobierno nacional le adjudicara al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) las 75.000 unidades de medicinas donadas a Cáritas de Venezuela. «El gobierno se robó la ayuda humanitaria», afirmó.

«El Ministerio Público está repleto de denuncias de corrupción en el IVSS», recordó el parlamentario, médico oncólogo y presidente de la comisión de Salud  de la AN. Por lo que consideró que estos medicamentos entrarán al «gran nicho de corrupción» del Seguro Social.

Olivares señaló: «Ni el peor gobierno en conflicto se robó las medicinas de un pueblo». Destacó que varios de los fármacos que esperaban desde hace tres meses en el puerto de La Guaira, estado Vargas, son vitales en el tratamiento de niños y adultos con cáncer. 

 

 

De acuerdo a lo que se desprende del juicio a los ciudadanos venezolanos Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores De Freitas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, los sobrinos de la diputada y primera dama de la República, Cilia Flores, habrían usado recursos de la nación no solo para su beneficio personal, sino que los habrían puesto al servicio del negocio ilícito del narcotráfico.

 En el marco del juicio que se llevó a cabo en Nueva York, salió a la luz pública que Campo Flores y Flores De Freitas contaban con pasaportes diplomáticos, aunque no formaban parte del servicio exterior venezolano ni ejercían algún cargo público o de representación que pueda justificar el otorgamiento de este beneficio. La Cancillería venezolana debe aclarar esta presunta irregularidad y despejar las dudas al respecto.

El proceso judicial que ha concluido con la condena de los sobrinos de la pareja presidencial, el pasado 19 de noviembre, demuestra que los privilegios que reparten los funcionarios entre sus familiares solo generan corrupción y provocan las peores desviaciones en el seno de la sociedad, por ello Transparencia Venezuela lucha frontalmente contra el nepotismo, tal como lo reflejan los casos que ha denunciado públicamente  Transparencia contra el nepotismo 

Campo Flores y Flores De Freitas admitieron que «estaban desesperados por lograr el dinero fácil para ayudar a impulsar la campaña de su tía Cilia Flores y lograr consolidar a su familia en el poder», según reveló el fiscal norteamericano Brendan Quigley. La afirmación deja en evidencia la posibilidad de que dineros provenientes del narcotráfico hayan penetrado la campaña oficialista para los comicios parlamentarios del 6 de diciembre, situación que exige también una respuesta clara del Consejo Nacional Electoral.

Dada la gravedad de los hechos reseñados, que supuestamente comprometen la utilización de bienes y recursos públicos en el tráfico de drogas, Transparencia Venezuela solicita a las autoridades nacionales que lleven a cabo de inmediato una investigación absolutamente independiente. Para tal fin, deben respetarse las siguientes condiciones:

--  La averiguación debe ser asumida por un equipo técnico de alto nivel con recursos suficientes para realizar su trabajo.

--  Deben inhibirse de participar en esta investigación todos los relacionados con el Presidente y su familia, incluidos quienes han manifestado ser amigos del Jefe de Estado y los miembros de su partido.

--  La investigación debe precisar si el presidente Maduro tiene responsabilidad en este caso por acción u omisión.

Transparencia Venezuela exige que se haga pública la información sobre los ciudadanos que han recibido pasaporte diplomático por parte de la Cancillería venezolana, así como sus respectivas fechas de caducidad. Igualmente, demanda que a la brevedad posible se publique la lista de las personas que han utilizado la rampa presidencial del Aeropuerto Internacional de Maiquetía durante los últimos cinco años, y la carga declarada por dichos usuarios.

El Gobierno del presidente Maduro tiene la obligación de aclarar esta situación y los ciudadanos venezolanos tienen el derecho a saber toda la verdad sobre un hecho que lesiona la imagen internacional del país y conmociona a la opinión pública.

Nota de Transparencia Venezuela

Campaña Recursos Transparentes

 

 

Uso indebido de los recursos del Estado: Un mal del gobierno de Maduro y de los latinoamericanos en general

 

El uso indebido de los recursos públicos por parte de los funcionarios es una práctica común en Venezuela a pesar de estar tipificado como delito en Ley contra la corrupción, la Ley de la Contraloría General de la República y la Ley de bienes públicos (*). Los recursos públicos deben utilizarse para satisfacer los derechos fundamentales como la salud, la educación, la seguridad, la justicia y el transporte. La tarea del Gobierno consiste en administrarlos debidamente y velar por la provisión de servicios en estas áreas.

 

Transparencia Venezuela trabaja para desnaturalizar estas conductas de abuso y empoderar a la ciudadanía para que cumpla un rol cada vez más activo en el control del patrimonio del Estado. En este sentido promueve, junto a otras 3 organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Bolivia y Ecuador la campaña «Recursos Transparentes», la cual plantea que los ciudadanos, lejos de mirar estas conductas con indiferencia o impotencia, deben procurar un cambio de la realidad ejerciendo su poder para pedirle al gobierno que rinda cuentas y de exigir sanciones si su labor administrando los recursos públicos no es eficiente.

 

En este sentido evidencia la ruta a seguir para hacer un efectivo control: informarse sobre la diferencia entre Estado, Gobierno y partido de gobierno para reconocer fácilmente el mal uso de los recursos; reaccionar ante un evidente caso; comentarlo entre los relacionados y por redes sociales; pedir información al Estado; exigir la conducta correcta y denunciar.

 

Nicolás Maduro, presidente de la República, aceptó este miércoles que existe corrupción en la estatal Pdvsa. Es por ello que decretó, en cadena nacional, una reestructuración de la estatal.

“Decreto una reestructuración absoluta y un golpe del timón en Pdvsa para vencer la corrupción y la burocracia (…) Pido la colaboración de todos y todas para que la clase obrera pase al mando en Pdvsa (…) Es necesario un acuerdo para estabilizar la producción y precio del petróleo”, declaró.

Aseguró que hay “infiltrados” que impulsan la corrupción en la empresa.

Comisionó al ministro de Petróleo y Minería, Eulogio Del Pino, para que aplique “políticas transformadoras concretas” que fortalezcan la “investigación científica y tecnológica para la sustitución de importaciones”.

Mencionó que Del Pino viajará hacia Moscú, en Rusia, para “culminar acuerdos pendientes”.

Nota de El Nacional

De acuerdo a un informe presentado ante la plenaria de la Asamblea Nacional, el gobierno tiene una mora de 12 obras inconclusas, a las cuales se le extendió varias veces la fecha de culminación, además de un ajuste creciente de hasta un 3.000 % del presupuesto.

El documento, elaborado por el diputado Stalin González con la ayuda de la ONG “Transparencia Venezuela”, incluye el Sistema Ferroviario Nacional Centro Occidental Simón Bolívar, Sistema Ferroviario Central Ezequiel Zamora Sistema Ferroviario Centro Oriental Tramo Tinaco Anaco, Metro de Caracas, Metro de Valencia, Metro de Los Teques, Rehabilitación Línea, Metro de Caracas, Tercer Puente sobre el Río Orinoco, Metro Cable Mariche, Metro Guarenas-Guatire,  Línea Metro de Maracaibo y Segundo puente sobre el Lago de Maracaibo.

Para la selección de las obras sin terminar se tomó en cuenta su relevancia de acuerdo al impacto en la vida de los ciudadanos, la incidencia sobre la actividad económica nacional, monto de las inversiones realizadas y el retraso en los plazos establecidos para su inauguración.

Además, González denunció que las Memoria y Cuenta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, correspondientes a los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 desaparecieron  de la comisión de Administración y Servicios de la AN, instancia que preside, por lo que fue necesario buscar fuera de la institución la información al respecto.

El documento recomienda la realización de las  inspecciones físicas a las 12 obras con el acompañamiento respectivo de funcionarios del Ministerio y con especialistas o asesores de esta Comisión, por cuanto se observaron inconsistencia e incongruencias en la información presentada en las Memoria y Cuenta Suministradas por los entes competente, las cuales no pudieron ser aclaradas.

 

Este miércoles, en Sesión Ordinaria, el diputado Freddy Guevara (Unidad – Miranda) presentó más de 1.500 documentos probatorios con pruebas donde se evidencia un desfalco de más 11 mil millones de dólares en Petróleos de Venezuela durante la gestión de Rafael Ramírez entre los años 2004 y 2014, aprobándose la declaración de Responsabilidad Política al referido funcionario y exhortando al presidente Maduro a destituirlo de su cargo actual.

“Queremos acotar que en estas cajas que traemos a la Plenaria solamente hay 10 casos de los que se han podido encontrar pruebas, pero aun hay otros temas como la crisis del sistema eléctrico donde existen grandes irregularidades en estudio”, dijo Guevara.

Caso de taladros chinos 

Entre los casos, está el de la compra de Taladros Chinos, donde están comprometidos más de 44 millones de dólares, pero según las pruebas y documentos, nadie sabe donde están los referidos instrumentos.

Fondo de pensionados de Pdvsa

“También está el caso del fondo de Simón Bolívar que con documentos de memoria y cuenta de Pdvsa, se evidencia que faltan 787 millones de dólares, expresó Guevara, agregando que otro de los casos en el informe es el del Fondo de Pensiones, en el cual Pdvsa destinó un capital que alcanzó los 579 millones de dólares a una entidad financiera sin solidez y existen fundados indicios de fraude comprobados en procesos judiciales en los Estados Unidos.

Andorra

En el informe también se evidencia el caso concerniente a la Banca Privada de Andorra (BPA), en la cual informes del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales de España (Sepblac) y la Red de Persecución de los Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen, en sus siglas en inglés) manifestó legitimación de capitales por 4.200 millones de dólares de Pdvsa depositados en BPA.

Pudreval

Un caso en el marco de Contrataciones por Pdval también es referido, explicando que se adquirió alimentos por emergencia alimentaria que oscilan los 2.248 millones de dólares y según la misma Pdvsa, sólo el 14% llegó a Venezuela, con un perjuicio de 1.932 millones en divisas.

“11.271.148.806, 36 $ que en bolívares es 140.656.192.600,54 bolívares es el desfalco que se ejecutó en Pdvsa, con ese desfalco podrían costearse 6 meses la Canasta Básica a los 30 millones de venezolanos gratis, costear 811 millones de tratamientos para la tensión, construirse 15 millones de casa de la misión vivienda, 68 platos navideños para 30 millones de venezolanos”, dijo Guevara.

Los responsables, según Guevara, son 21 personas, entre ellas están Rafael Ramírez, Félix Rodrigues presidente de Pdvsa Gas, Lester Rodriguez presidente de Palmaven, Saúl Amelia presidente de Pequiven, José Luis Parada presidente de Pdvsa Servicios, Javier Alvarado Ochoa presidente de Variven 2013 y viceministro de Energía Eléctrica, Ricardo Coronado presidente de Pdvsa Gas, Eudomario Carruyo director de Finanzas de Pdvsa, Luis Pulido gerente corporativo de producción, Eulogio del Pino de la junta directiva de Pdvsa en época de Ramírez, entre otros.

“Solicitamos responsabilidad política a Rafael Ramírez y solicitamos a Nicolás Maduro que destituya al mencionado funcionario porque no puede seguir representando a Venezuela en el concierto de la OEA”, precisó Guevara.

Debate

Seguidamente tomó la palabra el diputado Luis Stefanelli (Unidad – Falcón), e indicó que se está presentando un problema de contaminación muy grave en la zona de la refinería de Amuay, en la cual están arrojándose unos gases muy fuertes.

Por otra parte informó que la estatal petrolera ya no tiene créditos y se está importando gasolina de Cuba, agregando que en el informe interno de Pdvsa, se refleja una planta con alto procesamiento óptimo, y esta misma planta terminó procesando menos que lo que producía antes de paralizarse.

A su vez, el diputado Jorge Millan (Unidad – Dtto. Capital) indicó que el informe presenta casos muy puntuales e importantes, y actualmente, esta empresa está quebrada, e imposibilitada.

“Esta industria fue la columna de nuestra economía, y en el primer semestre de este año ha dejado de producir 300 mil barriles de petróleo, por eso, hoy tenemos 17 mil posos petroleros parados, eso es porque los recursos no se usaron para mantenimiento sino para engordar los bolsillos de estos corruptos”, dijo Millan.

Seguidamente tomó el derecho de palabra la diputada Marianela Fernández (Unidad – Zulia) quien dijo que el eslogan principal de Ramírez fue “Pdvsa es de todos” pero lo que hicieron fue desfalcar la nación y expresó que con todos los delitos que se comprobaron en la Comisión entonces se puede señalar que Rafael Ramírez se ganó el “premio al corrupto mayor del siglo XXI”.

“El Gobierno ante esta situación ha sido muda, y queremos decir que Ramírez logro acumular tantos casos de desfalco que el Chapo Guzman, como por ejemplo, es archifamoso por entregar contrataciones a empresas sin experiencia”, dijo Fernandez.

Por su parte el diputado Carlos Andrés Michelangelli (Unidad – Anzoátegui) se preguntó que pasó con Pdvsa, cuando antes era una industria de modelo mundial y los profesionales están en el mundo beneficiando con su trabajo a otros países “por que este Gobierno los corrió, y con Pdvsa está pasando lo que pasa con el país, que la quebraron”.

Por su parte tomó la palabra el diputado José Luis Pirela (Unidad – Zulia), e indicó que este Gobierno va a recibir la sanción histórica por la cantidad de desafueros que colocaron en la quiebra a la industria petrolera.

“Destruyeron una estrategia porque los 10 años de bonanza petrolera dirigidos por Ramírez nunca se utilizaron para diversificar la economía, ni se fomentó el turismo, ni consolidar el campo ni otras áreas económicas y dejaron como saldo que muchas instalaciones están gravemente afectadas”, expresó.

Seguidamente el diputado Ismael García (Unidad – Aragua) emplazó a los dirigentes del Gobierno a dar la cara, específicamente al diputado Diosdado Cabello por las mentiras que dice en su programa en el canal 8, y expresó que “sintámonos orgullosos con el diálogo, pero también vamos adelante en la calle, adelante en la Asamblea y a desenmascarar a los corruptos y a los que en nombre de los más pobres y a costilla del país se hicieron ricos”.

Finalmente el presidente del Parlamento, diputado Ramos Allup (Unidad – Dtto. Capital), felicitó y sugirió a la Comisión de Contraloría, tener especial atención estudiar en Pdvsa las áreas de emisión de deuda y recompra de la deuda.

Así mismo, recomendó investigar el caso de seguros y reseguros, “resulta que ahí se van a conseguir con las pólizas más altas del mundo y con los reseguros más altos del mundo, y manejados por una misma compañía que está totalmente prohibido, y en tercer lugar, la parte de destrucción de alimentos en instancias militares, alguna quemada y otra enterrada”.

Se aprobó por unanimidad la responsabilidad política a Rafal Ramírez y al ciudadano Javier Alvarado Ochoa, en función de las irregularidades administrativas cometidas en detrimento del Patrimonio de la República.

Así mismo, se aprobó remitir copia certificada del presente expediente al Ministerio Público, Contraloría General de la República, y demás Órganos del Estado con competencia en la materia, para que así puedan analizar las infracciones citadas anteriormente.
Prensa AN

La Asamblea Nacional convocó a una sesión ordinaria para este miércoles 16 de noviembre en la que tendrán lugar tres puntos para el Orden del Día, teniendo como principal punto de atención el informe sobre las presuntas irregularidades administrativas cometidas en contra del patrimonio público por parte de Rafael Ramírez ocurridas en PDVSA, tema que ya había sido diferido por solicitud del diputado Freddy Guevara (Unidad-Miranda) este martes 15 de noviembre.

Asimismo durante esta sesión la Asamblea Nacional, ejerciendo las facultades regidas por el Reglamento de Interior y Debates, sostendrá una segunda discusión del Proyecto de Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional, el cual fue presentando por primera vez el pasado 7 de noviembre por el diputado Omar Barboza (Unidad-Zulia).

Según palabras del parlamentario Barboza, el Proyecto de Ley tiene como objeto “establecer las reglas de las políticas públicas y los principios básicos macroeconómicos, como la tendencia hacia la unificación cambiaria, la protección del derecho a la ganancia de quien trabaja, también la protección social del más vulnerable, a los efectos de que a través del subsidio directo puedan ser compensados; así mismo, contiene la extensión a 10 años del pago de impuesto sobre la renta a la producción primaria, para que sirva de estímulo a la inversión”.

De igual forma se discutirá en Primera discusión  el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Puerto Libre y Producción del Estado Nueva Esparta.

La mencionada sesión está pautada para las 2:30 de la tarde de este miércoles y se realizará, como es costumbre, en el Hemiciclo de Sesiones, ubicado en el Palacio Federal Legislativo.

 

El presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento venezolano, Freddy Guevara, anunció que presentará ante la plenaria un informe con el » mayor caso de corrupción en la historia» en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por 11 mil millones de dólares.

El parlamentario opositor indicó, según un video difundido en Twitter de la reunión de la comisión, que el informe se basa en 11 casos, «injustificables» para él, cuya información fue conseguida, aseguró, a pesar de que el Gobierno «se ha negado» a permitir el acceso a los contratos actuales.

Uno de los casos involucra al Fondo Simón Bolívar , creado en el marco de la Gran Misión ViviendaVenezuela para garantizar los recursos para proyectos de infraestructura, y cuya administración recae en Pdvsa .

«En el balance de gestión social (de 2011) de Pdvsa ellos dicen que Pdvsa aportó al Fondo Simón Bolívar 4 010 millones de dólares, pero en su Memoria y Cuenta dice que lo que contemplaron eran 4 979 millones de dólares», señaló Guevara, por lo que la Memoria y Cuenta y el informe de gestión social contemplan montos distintos.  Ante esto, el parlamentario afirmó que «faltan» 787 millones de dólares.

«Obviamente hay un gran hueco que nos hace preguntar dónde está ese dinero?», añadió. Según Guevara, Pdvsa «no ha querido responder dónde está» el dinero desaparecido por estas «irregularidades» que, a su juicio, fueron cometidas «en ausencia de transparencia» de estos fondos públicos.

Guevara dijo que la comisión que ahora preside ya había abierto investigaciones en el pasado cuando el Parlamento venezolano era de mayoría chavista, pero que habían sido «archivadas» y «engavetadas» para que «no se supiera lo que estaba ocurriendo».

El parlamentario asegura que la Comisión de Contraloría tiene » pruebas suficientes » para plantear a la plenaria del Parlamento «declarar la responsabilidad política» de Rafael Ramírez por «irregularidades administrativas cometidas en contra del patrimonio público de la nación durante el ejercicio de su cargo».

Otros responsables del dinero que falta en Pdvsa, según Guevara, serían Asdrúbal Chávez y Eulogio Del Pino, quienes eran «funcionarios y miembros de la junta directiva de Pdvsa», por lo que también solicitarán «responsabilidad política» a ellos «en perjuicio del patrimonio público durante el ejercicio de sus cargos».

Guevara adelantó que este informe deberá ser aprobado en la plenaria del Parlamento para que luego puedan «solicitar la judicialización» del caso.

Rafael Ramírez fue presidente de Pdvsa de 2004 a 2014, y desde 2002 se desempeñaba como ministro de Energía y Petróleo hasta 2014 cuando pasó a ser canciller de Venezuela. Actualmente es embajador del país caribeño ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A Ramírez le sustituyó entonces como titular de Petróleo Asdrúbal Chávez , primo del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, mientras que Eulogio Del Pino pasó a presidir la estatal petrolera.

En agosto de 2015, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , hizo cambios en su gabinete y unificó nuevamente la presidencia de Pdvsa y el Ministerio de Petróleo en una sola figura, al designar a Del Pino como jefe de la cartera de Petróleo y anunciar la salida de Asdrúbal Chávez para disputar un puesto en el Parlamento.

Transparencia Venezuela hace un llamado a la sociedad a pronunciarse contra la pretensión del Presidente de la República de aprobar, vía emergencia, el Presupuesto de la Nación 2017 pues, además de ser violatorio de la Constitución Nacional,  impide la participación ciudadana, bloquea la necesaria rendición de cuentas  y facilita la concentración y el abuso de poder por parte del Gobierno

La pretensión del presidente Nicolás Maduro de incumplir la entrega del proyecto de Ley de Presupuesto 2017 al parlamento representa una violación de nuestra Carta Magna y de otras leyes y niega nuestro sistema republicano, en el que el poder está dividido en cinco ramas independientes, creadas para garantizar que todos los venezolanos tengan poder de decisión y evitar la concentración del poder propia de oligarquías, monarquías y dictaduras.

Nota de prensa 

Que el presidente Maduro decida unilateralmente las prioridades de Venezuela y en qué se gastan los recursos cada vez más escasos, viola no solo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus arts.187 y 313, sino el derecho de cada uno de los venezolanos que elegimos a los diputados de la Asamblea Nacional para que nos representen en el proceso de aprobación, seguimiento y control de los fondos públicos.

El presupuesto público es uno de los principales instrumentos de acción gubernamental. En él se  dirime cómo se asignan los recursos de todos los ciudadanos a los distintos usos educación, salud, seguridad, justicia, defensa nacional, etc.; que se hará durante el año; cuántos funcionarios públicos trabajarán en cada ente del Estado; cuáles son las metas de cada sector y los proyecto de políticas públicas.

Además dice lo que no ocurrirá al no asignarle recursos en el presupuesto. Las decisiones que se tomen allí tendrán impacto directo en la vida de las personas.

Tratándose de la forma de obtener el dinero de la sociedad y su distribución para atender necesidades diversas, el presupuesto público debe cumplir con unos criterios que certifiquen que prevalecerán los intereses superiores del colectivo por encima de intereses particulares y que serán respetados los principios de equidad, justicia y eficiencia.

“El presidente no es el único venezolano que puede decidir en qué se gastan los recursos de todos los venezolanos y en qué no.

La pretensión presidencial profundiza la discrecionalidad y la opacidad en el manejo de los recursos del pueblo, lo que impide la participación ciudadana, la exigencia de rendición de cuentas y facilitan la concentración y el abuso de poder” enfatiza Mercedes De Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela.

Aún más, De Freitas advierte que, de aprobarse el Presupuesto Nacional fuera de la Ley y sin concurso de la Asamblea Nacional, cualquier endeudamiento público en el que se incurra para obtener recursos, éste no será asumido por la República, sino directamente por el ciudadano Nicolás Maduro.

Para que cuenten los intereses colectivos, es preciso que el presupuesto público sea sometido a una amplia e inclusiva discusión a través del órgano legítimo de representación política que reúne a delegados de todos los territorios del país y, en nuestro caso también de los grupos indígenas, es decir, la Asamblea Nacional.

Luego de que se logren los consensos sobre el contenido del presupuesto, es la Asamblea Nacional el único poder autorizado, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para aprobarlo y darle la legalidad que garantice el obligatorio cumplimiento de sus metas y desautorice cualquier accionar que no esté allí contemplado.

Ya en una nota previa, https://transparencia.org.ve/otra-mas-para-la-cuenta-el-ejecutivo-adeuda-estimaciones-para-el-presupuesto-2017/ Transparencia Venezuela advirtió sobre el retraso del ejecutivo en la presentación de lineamientos presupuestarios para garantizar el debate y demostró cómo Venezuela desmejora en el cumplimiento de estándares internos e internacionales.

Esto se traduce en un círculo vicioso en el que la mayoría de los ciudadanos se empobrece, pierde oportunidades y derechos, mientras una pequeña minoría concentra el poder y lo utiliza para enriquecerse y conservarlo.

Respetar la institucionalidad prevista en la Constitución para dilucidar cómo se asignarán los escasos recursos disponibles en el presupuesto, abre las posibilidades para mejorar la crítica situación social y económica que padecen los venezolanos, mientras que no hacerlo sólo empeorará los problemas.

Mientras el mundo avanza hacia una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos y del presupuesto en particular, Venezuela se hunde en el secretismo, aumentando los riesgos y las oportunidades de corrupción.