Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, habló en el programa “Al Día con Sergio” sobre el informe que presentaron junto a la Universidad Johns Hopkins sobre Venezuela y el retorno de los migrantes al país.

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“Es un informe que hicimos para hacer un análisis tanto de derechos humanos, como de salud pública, lo que hicimos fue entrevistar a expertos en temas humanitarios, actores humanitarios que trabaja en Venezuela y formaron parte de los centros PASI y a los retornados”, expresó Taraciuk.

La subdirectora de la organización detalló que entrevistaron a unas 70 personas, de las cuales 23 estuvieron dentro de estos centros, donde se conoció que padecían una serie de problemas, entre los que resaltan estar encerrados por más de dos meses.

Una representante de la Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, denunció el pasado sábado que al menos 93 venezolanos fueron deportados de Trinidad y tobado el viernes.

De estas 93 personas, 19 eran solicitantes de asilo. Los venezolanos serán enviados a Tucupita, en el estado Delta Amacuro.

Taraciuk, quien es subdirectora interina de la organización, aseguró que esta medida es xenófoba y abusiva por parte del gobierno de la isla. “Fuentes confiables denuncian que unos 93 venezolanos han sido deportados de Trinidad & Tobago hoy, incluyendo 19 solicitantes de asilo. Esto viola el derecho a pedir asilo y el principio de no devolución y ocurre en contexto de abuso y xenofobia contra venezolanos allí», dijo.

A su vez, aseguró que espera que los abogados que manejan los casos puedan frenar esta decisión de manera legal y humanitaria. Esto «va en contra de los estándares internacionales al no permitir su acceso a procesos de asilo justos”, dijo.

Para HRW, los migrantes venezolanos se encuentran en una situación vulnerable por las condiciones de hacinamiento, insalubridad y pobreza.

“La HRW sigue la situación de cerca e instamos a las autoridades a proteger los derechos fundamentales de los venezolanos”, señaló.

Antonieta La Rocca | El general chileno Javier Urbina Paredes y el director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, participaron en una nueva edición del ciclo de foros que organiza la cancillería del gobierno interino y lleva por nombre Encuentros por Venezuela. La moderación estuvo a cargo de Sergio Bitar, exministro chileno y académico que ha estudiado los procesos de transición en muchas partes del mundo.

Los participantes coincidieron en que los DDHH son un tema muy importante en cualquier transición. Afirmaron que las transiciones modernizan a la FAN y la convierte en garante de los DDHH. En el evento también estuvieron presentes el presidente encargado Juan Guaidó y todo el equipo internacional encabezado por el canciller Julio Borges.

«Nosotros como militares nos dimos cuenta que la opinión pública ponía una carga mayor por los DDHH. Con la transición la FAN de Chile cambió y se convirtió en una de las instituciones de mayor credibilidad en el país. La FAN se modernizó y hoy es garante de los DDHH», sentenció el general Urbina.

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El militar chileno señaló que hay una aproximación maximalista y minimalista de la justicia transicional, además de una intermedia. «La maximalista se sostiene por ideales, pero en esa aproximación se ignora la realidad del conflicto. La minimalista tiene que ver con la amnistía para la paz, algunos la cuestionan por el tema de impunidad. Hay otra intermedia que se refiere a la de comisiones de la verdad, donde se busca en el pasado para accionar en el presente», afirmó.

Por su parte, José Miguel Vivanco añadió que las violaciones a los DDHH son responsabilidad exclusiva de Nicolás Maduro. «Aquí no hay responsabilidad compartida. Las violaciones a los DDHH caen sobre los hombros de Nicolás Maduro, como cayeron sobre el general Pinochet. Las violaciones a los DDHH que se producen en dictadura son el resultado de un proceso estructurado generado por el dictador», sostuvo.

Vivanco afirmó que hoy en el mundo se ha creado una visión alterna a la amnistía que está basada en el reconocimiento de la culpa por parte del responsable. Recalcó que en Venezuela existe tortura por orden de Maduro y aseveró que en una transición será muy importante recuperar la independencia de los poderes.

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Recalcó que, a partir del caso de Pinochet y Sudáfrica, se creó el concepto de justicia universal para juzgar a los responsables de graves violaciones a los DDHH.

El presidente encargado, Juan Guaidó, señaló que durante este jueves 23 se estaba atropellando los derechos de los pensionados venezolanos por parte del régimen. Aseveró que desde el gobierno interino y la Asamblea Nacional se han impulsado todas las garantías para lograr una transición y destacó que la FAN será parte de un proceso de cambio y modernización del país.

Por último, el canciller Julio Borges agradeció a los participantes y reiteró que la iniciativa de foros que impulsa su despacho se mantendrá con nuevos ponentes.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó como una «burda farsa» la fraudulenta instalación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, presidida por Luis Parra.

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«Maduro por la fuerza se toma la Asamblea e impide el ingreso de diputados de la oposición y sin quórum elige a uno de los suyos para reemplazar a Guaidó», denunció Vivanco, quien manifestó su incredulidad en que algún Gobierno democrático del mundo vaya a aceptar dichas condiciones.

Las naciones latinoamericanas deben unirse y crear un plan regional unificado que otorgue estatus legal temporal a los venezolanos que huyen de su país en lo que ahora es «posiblemente la crisis migratoria más grave en la historia latinoamericana contemporánea», según Human Rights Watch.

«Esto no tiene precedente regional», dijo José Miguel Vivanco, director de la división de América de Human Rights Watch, además de presentar el informe del grupo sobre ‘El éxodo venezolano’, en el que se recomienda protección regional para todos los ciudadanos venezolanos, incluidos los permisos de trabajo y la suspensión de la deportación. También recomendó sanciones económicas contra funcionarios venezolanos clave implicados en graves abusos contra los derechos humanos.

Vivanco hizo estas declaraciones un día después de que el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijera que diferentes países deberían otorgar estatus legal a los migrantes venezolanos mientras trabajan para integrarlos social y económicamente en la nación que los recibe.

Miami – Human Right Watch analizó situación de migrantes venezolanos – VPItv

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Human Rights Watch (HRW) instó a la Organización de Estados Americanos (OEA), a abogar por la liberación de los más de 200 menores de edad que aun permanecen detenidos tras las protestas antigubernamentales que se desarrollaron en Venezuela durante el año 2017.

En un comunicado enviado por José Miguel Vivanco, director de HRW,  se envia una clara alerta a la OEA sobre el caso de estos menores que fueron detenidos por fuerzas de seguridad venezolanas, incluyendo servicios de inteligencia, en casos vinculados con manifestaciones en contra del gobierno. “Estos casos fueron documentados por la ONG venezolana Foro Penal. Más de la mitad pasó por un centro de detención y fueron procesados penalmente”.

Asimismo, Vivanco instó al embajador  colombiano ante la OEA y el actual presidente del Consejo Permanente de la OEA Andrés González Díaz, a incluir la situación de los niños detenidos en Venezuela en la agenda del Consejo Permanente. «Los miembros de OEA deberían requerirle al gobierno de Maduro que dé cuenta cuántos menores de edad se encuentran actualmente y que ordena la inmediata e incondicional liberación de todo aquellos que sigan detenidos por motivos políticos, incluyendo en instalaciones de los servicio de inteligencia».

A continuación el comunicado en su integridad

Entre abril de 2017 y abril de 2018, 442 niños (definidos en el derecho internacional como todo menor de 18 años) fueron detenidos por fuerzas de seguridad venezolana, incluyendo servicios de inteligencia, en casos vinculados con manifestaciones en contra del gobierno. Estos casos fueron documentados por la ONG venezolana Foro Penal. Más de la mitad pasó por un centro de detención y fueron procesados penalmente. Una práctica habitual ha sido condicionarles su libertad a la presentación y verificación de fiadores, lo cual demora indebidamente y en muchos casos de manera indefinida su libertad.

Al día de hoy más de 200 niños detenidos en esas circunstancias tienen un proceso penal abierto en su contra y varios de ellos permanecen detenidos, según el Foro Penal. Esta es la situación de Ender González y Dylan Canache, cuyos casos fueron documentados por Human Rights Watch.

Human Rights Wacht insta al Embajador Andrés González Díaz, embajador colombiano ante la OEA y el actual presidente del Consejo Permanente de la OEA, a incluir la situación de los niños detenidos en Venezuela en la agenda del Consejo Permanente. Los miembros de OEA deberían requerirle al gobierno de Maduro que dé cuenta cuántos menores de edad se encuentran actualmente y que ordena la inmediata e incondicional liberación de todo aquellos que sigan detenidos por motivos políticos, incluyendo en instalaciones de los servicio de inteligencia.

José Miguel Vivanco, Human Rights Watch.

El cantautor venezolano Ricardo Montaner en conjunto con la organización Human Rights Watch emprendió una campaña para apoyar a Venezuela ante la grave crisis de derechos humanos y humanitaria por la que atraviesa en la actualidad.

Montaner, intervino en un video promocional de la iniciativa, en el cual relató la diferencia del país hace unos cuantos años atrás y el cómo se convirtió hoy en día.

El material audiovisual tiene como finalidad conscientizar a la población nacional y a la comunidad internacional de enfrentar con más contundencia al gobierno de Nicolás Maduro.

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Venezuela atraviesa la crisis humanitaria mas compleja del continente, el 89 % de los hogares no cuenta con suficientes recursos para comprar alimentos, la mayoría de las familias venezolanas no comen 3 comidas al día, y la desnutrición infantil ha llegado al 15% lo que significa niveles agudos de desnutrición, y hay un 90% de escasez de medicinas, que se traduce en que muchas veces las enfermedades perfectamente prevenibles y tratables se vuelven una sentencia de muerte. Se estima que entre 2.5 millones de habitantes y 4 millones han abandonado el país en busca de mejor calidad de vida.

Los organismos internacionales se han pronunciado alarmados por la situación del país.  El Programa Mundial de Alimentos de la ONU dijo que la situación es “catastrófica”, y el programa de refugiados ACNUR emitió una Nota de Orientación sobre el flujo de venezolanos, en la que pidió “garantizar los estándares mínimos a los emigrantes venezolanos: legalidad, accesibilidad a los trámites pertinentes en el país de destino, acceso a los derechos básicos: salud, educación, unión familiar, libertad de circulación, albergue y trabajo; y evitar la deportación o expulsión.

La dimensión de la compleja crisis humanitaria que se vive en Venezuela demanda del conjunto de los actores internacionales para encontrar soluciones. Los venezolanos reencauzaran la democracia, pero necesitamos del apoyo internacional para lograrlo.

En lo internacional, hay que identificar dos planos fundamentales. El de los países democráticos del mundo, que sienten un compromiso ineludible en la defensa universal de los valores democráticos como los bloques representados en el Grupo de Lima de la OEA y la Unión Europea, y la diáspora internacional. Esa misma diáspora que se ha visto forzada al exilio, y que desde los diferentes ámbitos se activa en la búsqueda de soluciones para sus paisanos. Organizan caravanas de apoyo en sus países de acogida, escriben a sus políticos y representantes, publican artículos y dan entrevistas en los medios, y aportan constructivamente desde la academia con foros y propuestas.

Todo esto ha generado conciencia para fortalecer el apoyo de nuestros aliados. La crisis es tan compleja que no podemos desafiar los obstáculos sin el apoyo firme de los países democráticos y las instituciones internacionales.

Desde el pasado año, la presión internacional fue tomando forma con la petición iniciada por el Vaticano de exigir al gobierno respeto a la Asamblea Nacional única instancia parlamentaria legítima, permitir la apertura de un canal humanitario para ingresar alimentos y medicinas, liberar a los presos políticos y celebrar elecciones libres y transparentes.

También, en 2017 tras la decisión fraudulenta del Tribunal Supremo de Justicia, de suprimir las funciones de la Asamblea Nacional opositora, electa por la mayoría de los venezolanos en las elecciones del 2015, y la subsecuente represión del gobierno en las protestas contra ciudadanos pacíficos, los gobiernos de Europa y América dieron una respuesta contundente emitiendo medidas estrictas contra los violadores de derechos humanos y funcionarios incursos en actos de corrupción, en un hecho que sacudió por primera vez en 18 años, las bases de la cúpula que hoy gobierna en el país.

La denuncia es clave en obtener respuesta internacional. Cuando los ciudadanos viven bajo la ausencia de libertades democráticas, cada testimonio, cada registro, es importante. Por eso, debemos convertirnos en replicadores del mensaje, levantar la voz y denunciar a diario. Ese es el secreto. Que no quede un rincón del mundo donde no se denuncie los abusos y amenazas. Mientras hay un dictadura que pretende limpiar su imagen convocando elecciones fraudulentas, y que además mantiene a más de 370 presos políticos injustamente, una dictadura que está matando al pueblo de hambre  y escasez de medicinas en un holocausto silencioso, tenemos el deber de levantar la voz.

Hoy el Ejecutivo esta contra las cuerdas porque gracias al trabajo internacional que han emprendido los defensores de derechos humanos venezolanos y las organizaciones como Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch se ha logrado recaudar evidencia incontrovertible de violaciones de derechos humanos que posiblemente puedan acarrear al gobierno responsabilidad por crímenes de lesa humanidad, ante la Corte Penal Internacional.

De la misma manera los desafíos políticos mas complejos de la humanidad han requerido del apoyo multinacional, las últimas medidas apoyadas por la Unión Europea y Estados Unidos y las investigaciones abiertas, le mandan al régimen un mensaje claro: sus abusos no serán tolerados bajo la mirada del mundo entero.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se pronunciaron respecto al informe realizado y publicado este mismo miércoles por las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Foro Penal Venezolano, que documenta diversos casos de violaciones de derechos humanos en el país.

Desde el exilio, la otrora funcionaria chavista y ahora crítica al gobierno de Nicolás Maduro aseguró que el trabajo realizado por las ONG’s «ratifica la denuncia» que ella misma consignó ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

Almagro, por su parte, dijo que este informe «se suma a las denuncias» recogidas en las sesiones especiales celebradas por la OEA para certificar que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad y, por ende, los responsables deben ser enjuiciados en La Haya.

En un informe difundido este miércoles, las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Foro Penal Venezolano dieron fe de que el gobierno ha empleado de forma sistemática la fuerza brutal y la tortura contra manifestantes críticos del gobierno y dirigentes políticos opositores.

En total, el informe de 73 páginas que lleva por nombre «Arremetida contra opositores: Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela» documenta 88 casos sobre al menos 314 personas que, en su gran mayoría, sufrieron graves violaciones de derechos humanos entre abril y septiembre de este año.

Dichos abusos sistemáticos se cometieron en Caracas y otros 13 estados del país, donde miembros de las fuerzas de seguridad del Estado golpearon violentamente a detenidos, y los torturaron con descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales y otras técnicas brutales, de acuerdo a lo expuesto en el escrito.

Tanto HRW como el Foro Penal aseguraron que los funcionarios policiales y militares emplearon la fuerza excesiva contra las personas que protestaban en las calles, y detuvieron y procesaron arbitrariamente a quienes se oponen al gobierno de Nicolás Maduro.

Venezuela: Abusos sistemáticos contra opositores

La magnitud y la gravedad de la represión en 2017 llegó a niveles inéditos en la historia reciente de Venezuela, añade el informe, que recuerda que en 2014 también hubo una ola de protestas en las que Maduro y su tren ministerial ordenó arremeter contra críticos a su gobierno, pero no con la intensidad empleada durante las más recientes protestas antigubernamentales que dejaron al menos 150 muertos, miles de heridos y otros tantos detenidos.

«Los abusos perversos y generalizados contra opositores del gobierno en Venezuela, incluidos casos de torturas aberrantes, y la impunidad total de los agresores, sugiere responsabilidad gubernamental en los más altos niveles. No se trata de abusos aislados u ocasionales por parte de agentes insubordinados, sino más bien de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas», dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

El texto señala también que a los detenidos, además de hacinarlos en pequeñas celdas de confinamiento por períodos prolongados, les detonaron en algunos casos cartuchos de gas lacrímogeno en ambientes cerrados, les negaron el acceso a alimentos y agua, y los obligaron a ingerir alimentos contaminados deliberadamente con insectos, cenizas de cigarrillos e inclusive excremento.

En otros casos, los detenidos fueron obligados a incriminarse a sí mismos o a comprometer a terceros mediante castigos que incluían abusos físicos y psicológicos. Lo peor de todo esto es que el delito por el cual fueron ejecutadas estas acciones no era otra que la opinión política, lo que deja entrever que el propósito no era garantizar la aplicación de la ley ni dispersar las protestas.

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