Maduro habría usado estado de emergencia por covid-19 para intensificar control en Venezuela, según HRW

Nicolás Maduro. Foto: AFP

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció en su más reciente informe que la administración de Nicolás Maduro en Venezuela se valió del estado de emergencia decretado por la pandemia del coronavirus para intensificar su control sobre la población.

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Según el informe anual de HRW, Maduro y sus fuerzas de seguridad “son responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones por un corto periodo de tiempo, así como el encarcelamiento de opositores, procesar a civiles en tribunales militares y torturas a los presos”.

“Ellos usaron el estado de emergencia puesto en marcha en respuesta a la covid-19 como pretexto para intensificar su control sobre la población. La falta de independencia judicial contribuyó a la impunidad de sus delitos. Las autoridades judiciales han participado o sido cómplices en los abusos”, dijo la organización.

El dosier recordó algunos aspectos sucedidos en Venezuela en el 2021:

La identificación por parte de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU de “patrones de violaciones” de los derechos humanos

La apertura de una investigación formal de la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad.

“Emergencia humanitaria severa con “millones de personas sin acceso a atención sanitaria o una nutrición adecuada”.

Detenciones de opositores y acceso desigual a los medios de comunicación, reportado por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en los comicios locales y regionales del pasado 21 de noviembre.

“El éxodo de venezolanos que huyen de la represión y la emergencia humanitaria representa la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina”.

HRW cita un informe la ONG Foro Penal del pasado 25 de octubre, donde se contabilizaban 254 presos  políticos. Esa cifra fue actualizada el pasado miércoles y se situó en 243.

Finalmente, la ONG se hizo eco de los presuntos abusos denunciados durante los enfrentamientos que estallaron en marzo de 2021 en el estado Apure (fronterizo con Colombia) entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC.

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