Por: Andrea Espinoza Martínez | Arco Minero

La diputada a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Amazonas, Mauligmer Baloa aseguró que las políticas de la administración de Nicolás Maduro y su presunta colaboración con guerrilleros en territorio nacional, han afectado a los indígenas y al ambiente tras las prácticas ilegales en parques nacionales y reservas forestales.

Lea también: #Venezuela | Gobierno (E) ha gestionado casi 17 millones de dólares para atender emergencia por Covid-19

«Nos han desplazado de nuestras tierras y están dándole permisos a las empresas privadas para explotar nuestros minerales sin consultarnos», sentenció Baloa.

Mientras el diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Bolivar, Americo De Grazia afirmó que «el Arco Minero crece como una mancha de aceite sobre nuestro territorio. Este territorio equivale a 500 mil kilómetros cuadrados y está ocupado por grupos terroristas, auspiciados por Maduro».

De Grazia aseveró que, debido a la crisis económica, la minería ilegal cada día es más frecuente y peligrosa, “en El Dorado, una bombona de gas pequeña cuesta 4 gramos de oro, un litro de gasolina cuesta 5 dólares», detalló.

El coordinador técnico del Plan País Ambiente, Antonio De Lisio alegó que “el Arco Minero produce oro de sangre», por ello propone “retornar a las actividades que le pueden dar vida a la economía fronteriza» y así ampliar la economía en estos estados mineros.

La Asamblea Nacional Nacional (AN) acordó este martes durante su sesión ordinaria la completa nulidad de la Resolución del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico número 0010, publicada en Gaceta Oficial, la cual permite a la Corporación Venezolana de Minería S.A a realizar actividades en el caudal de los ríos Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, Yuruari y Cuyuní.

Lea también: Asamblea Nacional brindó su apoyo al pueblo de Nueva Esparta ante crisis de Covid-19

Además de declarar la nulidad de esta resolución, la AN oficiará a la ONU, OEA, Grupo de Lima, Tratado Internacional de Asistencia Recíproca y la comunidad europea sobre la intención de la administración de Maduro para seguir extrayendo oro y otros minerales del suelo venezolano, causando gran daño a Patrimonio de la Humanidad como es el Parque Nacional Canaima.

Asimismo solicitarán investigar y sanciones al ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Gilberto Pinto Blanco, al presidente de la Corporación Venezolana de Minas, M/G. Carlos Osorio y a la viceministra de Exploración e Inversión Ecominera, Magaly Enríquez.

La vicepresidenta del Parlamento Europeo Dita Charanzová, anunció que ha sido enviada una carta al Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell en respaldo a los derechos humanos en Venezuela y el medio ambiente.

Te puede interesar: La Unión Europea busca la transición ecológica en los próximos 30 años

A través de su cuenta en Twitter, Charanzová indicó que el oro explotado de forma ilegal «es un salvavidas del régimen de Maduro con graves consecuencias para los derechos humanos y el medio ambiente».

El documento que fue firmado por 27 eurodiputados insta a la UE ampliar las sanciones y prohibir el comerio y circulació de oro «de sangre venezolana».

Un proyecto de ley que permitiría la minería comercial en tierras indígenas de Brasil fue presentado este miércoles por el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, para cumplir con una promesa de campaña.

Lea también: Marco Rubio reiteró el compromiso de Trump por la restauración de la democracia en Venezuela

Dicha propuesta llegará al Congreso nacional esta semana, en donde serán analizados proyectos de petróleo y gas.

De ser aprobada, Bolsonaro cumpliría uno de sus objetivos, como lo es poder desarrollar recursos minerales como el oro, diamante, niobio y tierras raras.

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció las condiciones de explotación que existen en la minería ilegal  de oro de Venezuela las cuales son controladas por grupos paramilitares del régimen de Maduro.

Leer más: Estados Unidos no descartará más sanciones al sector minero en Venezuela

En un informe divulgado este martes, el organismo pro derechos humanos acusó a los grupos armados por «actuar con la aquiescencia del gobierno y, en algunos casos, con su participación, para mantener un férreo control de la minería y las poblaciones locales «.

Asimismo, HRW indicó que organizaciones venezolanas conocidas como «sindicatos» y grupos armados colombianos, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ejercen un «estricto control» en las poblaciones y yacimientos ubicados en el estado Bolívar.

 

Responsables de las minas ejercen violencia sobre sus trabajadores

Este reporte se basa en mas de una treintena de entrevistas realizadas a mineros, periodistas y líderes de grupos indígenas, llevadas a cabo durante 2018 y 2019.

«En los peores casos, han desmembrado y matado frente a otros trabajadores a quienes presuntamente no habían cumplido con sus reglas», detalla el informe sobre uno de las tantos testimonios.

Obreros de zonas minerias ilegales

Obreros de zonas mineras ilegales

Además de estos, los trabajadores de estos yacimientos se enfrentan a condiciones laborales muy deficientes y se ven expuestos a enfermedades como la malaria.

HRW reconoce que el gobierno en disputa de Maduro ha anunciado medidas para combatir la minería ilegal, sin embargo, duda de su iniciativa para llevarlas a cabo.

La actividad minera al sur de Venezuela, que comprende la extracción de oro, coltán y diamantes en el denominado Arco Minero del Orinoco, es un negocio que está «manchado de sangre y viciado de las más ilícitas prácticas», denunció este martes la ONG Transparencia Venezuela.

Lea también: Aprobaron presupuesto de Estados Unidos por 1,4 billones de dólares

Una investigación publicada por la organización no gubernamental revela como operan bandas delictivas y grupos irregulares en las zonas mineras del país, con la anuencia del régimen de Nicolás Maduro y funcionarios de las Fuerzas Armadas a quienes «les reportan ganancia mediante la entrega de sobornos o porcentajes del botín».

El informe titulado «Oro Mortal» además expone que los grupos denominados «sindicatos mineros» poseen estructuras criminales lideradas por «pranes». Por su parte, integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) también se han hecho presentes de manera violenta en dichas actividades.

Tanto hombres como mujeres de los estados Bolívar y Amazonas se dedican con más frecuencia a la minería ilegal, enfrentándose a «altos niveles de violencia y muerte», así como la enfermedad del paludismo.

Asimismo, el negocio avalado por la administración chavista ocasiona grandes daños al ecosistema en 111.843 kilómetros cuadrados y afecta el desarrollo de pueblos indígenas que viven en estos sectores, en donde entre el 70% y 90% del oro extraído sale de Venezuela de forma ilegal.

Altos funcionarios del régimen y familiares cercanos al entorno presidencial estarían involucrados en estas operaciones, en las que se envían oro a países cercanos como Colombia o lejanos como Emiratos Árabes Unidos, según Transparencia Venezuela.

Funcionaria de alto rango en el Departamento de Estado de EEUU, Carrie Filipetti, informó a la Voz de América que el país norteamericano no descarta más sanciones al sector minero en Venezuela. «Cuanto más continúe la explotación de la industria del oro, más nos centraremos en esa industria», dijo.

Le puede interesar: Descubrieron túnel en la frontera de México y EEUU y se presume era usado para narcotráfico

Según Filipetti, más de un 90 % de la minería en el país caribeño es ilegal. «La extracción ilícita de estos recursos genera beneficios que ayudan a sostener el régimen ilegítimo de Maduro».