La diputada a la Asamblea Nacional (AN) Manuela Bolívar, a través de las redes sociales publicó un video en el cual se mostró a mujeres venezolanas que salieron este domingo 5 de enero, día en el cual se eligió la nueva directiva del parlamento venezolano, para luchar por la libertad del país.

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El audiovisual fue acompañado por el siguiente mensaje: “Más que diputadas somos mujeres, madres, esposas de presos políticos, defensoras de derechos humanos que juntas luchamos por Venezuela. ¡Aquí nadie se vende!”.

 

Las autoridades colombianas informaron este lunes, sobre el rescate de al menos 23 venezolanas que eran obligadas a prostituirse en el hermano país.

El rescate se originó en la ciudad caribeña Cartagena de Indias, donde permanecían 49 mujeres obligadas a realizar labores sexuales, 26 de ellas son colombianas.

La mayoría se encontraban indocumentadas y son parte del éxodo masivo que ha generado la crisis en Venezuela. Quedaron a órdenes de Migración Colombia para verificar su ingreso al país y realizar los trámites administrativos de ley.

Una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres venezolanas en España fue desmantelada este lunes por la Policía de ese país, luego de que detuvieran a ocho personas que extorsionaban a las víctimas, «de origen humilde», y liberaran a tres de las jóvenes.

«Estructurada perfectamente» por cuatro mujeres y cuatro hombres de origen español y venezolano, la banda delictiva operaba en Barcelona y ofrecía una deuda de 3.000 euros a cambio de «prostituirse en buenas condiciones laborales y económicas», según el informe policíaco.

No obstante, una vez llegaban a suelo español las víctimas eran sexualmente explotadas «bajo coacciones y amenazas», de acuerdo al testimonio de una de las detenidas, quien admitió que buscaba mujeres jóvenes en Venezuela y les prometía saldar la deuda en poco tiempo, teniendo en cuenta la alta demanda.

Explicó que los 3.000 euros eran para pagar el transporte y las gestiones el traslado de Venezuela a España, y confirmó que apenas llegaban a Barcelona, trasladaban a las víctimas al domicilio en el que prestaban los servicios sexuales.

En varias oportunidades, el máximo responsable de la organización criminal les exigía «una demostración práctica» para comprobar su idoneidad, y posteriormente les informaba sobre las verdaderas condiciones de trabajo, las cuales contemplaban horarios mucho más prolongados y el abono de una cantidad semanal en concepto de alojamiento y manutención. Todo esto, bajo amenazas y coacciones.

Durante la operación policial se decomisaron documentos relacionados con las actividades delictivas, así como teléfonos móviles, material informático y 9.400 euros en metálico, repartidos en cuatro prostíbulos.

Los ocho detenidos ahora afrontarán juicios por los delitos de pertenencia a organización criminal y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, así como de atentados contra el derecho de los ciudadanos extranjeros.