Mediante un rueda de prensa virtual, Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ofreció una actualización sobre las muertes en los centros de reclusión del país.

En el período entre enero y septiembre de 2020, «se duplicaron la cantidad de muertos en comparación con el año pasado», con un total de 314 fallecidos en las cáceles de Venezuela.

Según Girón, de este número, 168 murieron por problemas de salud, específicamente por complicaciones derivadas de la desnutrición, enfermedad que «está haciendo estragos en la población penitenciaria».

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«Al encontrarse en cuadros de desnutrición, es normal que los presos se contagien de tuberculosis, por ejemplo, enfermedad que se agrava por la falta de atención», aseguró la presidenta.

En 2019, el OVP registró 223 muertes entre calabozos y prisiones, 111 de ellas por problemas de salud.

Con respecto a las ubicaciones de los fallecidos, 218 presos perecieron en cárceles (121 de ellos por problemas de salud), mientras que 96 fallecieron en calabozos policiales (47 por salud).

«A los centros penitenciaros no están llegando los alimentos en cantidades adecuadas (…)Los familiares se tienen que hacer cargo de la alimentación y cuidado de sus presos, siendo ésta una tarea que le corresponde al Estado», indicó Girón.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVE) emitió este miércoles un informe sobre el VIH y la tuberculosis en las cárceles venezolanas. Al menos, en 11 estados del país, los reclusos llegaron a morir por razones de salud. Entre ellos, Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Portuguesa y Trujillo, de los cuales se destaca Bolívar Carabobo y Lara.

En Bolívar, específicamente en el Centro Penitenciario de Oriente «El Dorado», hubo seis fallecimientos por tuberculosis entre octubre del 2019 y abril del 2020, mientras que en Carabobo, el Internado Judicial «Tocuyito», murieron cuatro personas por esta misma causa. Asimismo, ocurrió en el estado Lara, que la organización consideró como «alarmante».

«Durante el período de la muestra fallecieron 15 reclusos, de los cuales 13 murieron por tuberculosis», precisa el informe y explica que es una enfermedad «típica» del hacinamiento carcelario por la ventilación inadecuada, el diagnóstico tardío, los rastreos de los contactos, la alta rotación de prisioneros y la implementación deficiente de las medidas de control. A su vez, también detallan que la transmisión de Mycobacterium tuberculosis (MTB) se encuentra en las paredes, en su personal y en la comunidad que la integra.

A esto se le suma los contagios y fallecimientos por VIH, que también se relacionan por desnutrición, estrés, uso de drogas, cigarrilos, alcohol y enfermedades crónicas.

De los 74 privados de libertad con tuberculosis, 18 reciben tratamiento. Nadie recibe tratamiento antiretroviral para el VIH.

Un numeroso grupo de personas detenidas en el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el municipio Simón Bolívar de los Valles del Tuy, en Miranda, exigieron que se les entreguen alimentos y se ofrezca atención médica, debido a la pandemia del covid-19.

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Los privados de libertad se subieron a la azotea de la cárcel a modo de protesta contra la titular del Ministerio del Servicio Penitenciario, Iris Valera.

«No tenemos comida, no tenemos agua ni medicina. Nos quieren obligar a bajar, nos iremos a matar, porque nosotros no estamos haciendo actos de violencia y si arremeten contra nosotros, igualito lo vamos a grabar y a salir por las redes sociales para que sepan que los violentos son ellos», expresó un reo a través de un video.

Los ciudadanos dijeron estar protestando por sus derechos y argumentaron que tres personas han muerto dentro de las instalaciones por el coronavirus.

«Nadie nos presta atención, estamos en pie de lucha por nuestra libertad y nuestra salud», indicó un vocero, según reseñó el portal El Pitazo.

De acuerdo a este medio, hay más de 15 presos en el área de enfermería que requieren ser trasladados a clínicas u hospitales para recibir el tratamiento adecuado. En días pasados, un recluso identificado como Waldo García, murió en un hospital centinela tras presentar fiebre y dificultad respiratoria.

En una rueda de prensa ofrecida este martes por Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), se informó sobre la situación de las cárceles en el país en el año 2019, destacando que «el hacinamiento está por el orden del 167,66%».

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«Tenemos una capacidad instalada de 26.238 cupos, pero una población reclusa es de 43.992 personas», indicó Girón, quien también aseguró que «todavía no ha habido un plan de descongestionamiento de los calabozos”

«Se han dado varios traslados desde calabozosos policiales, pero la cifra es muy poca para descongestionar los mismos. La Zona 7, en Boleíta, es un caso preocupante, porque allí hay casi 1.000 presos, eso es prácticamente una cárcel», informó la directora.

Girón además informó sobre el retardo procesal, «más de la mitad de las personas presas en los centros penitenciarios, con un 61%, están en proceso, es decir, gozan del principio de que son inocentes hasta que tengan una sentencia firme que declare culpabilidad y tiempo de condena”.

El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció a través de su cuenta Twitter la muerte de dos nuevos reos por tuberculosis y desnutrición los cuales “se suman a una larga lista de víctimas por la desidia que azota a los presos venezolanos”.

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Según la ONG, el primero de los fallecidos era Gabriel Pérez Navarro, de 24 años, quien se encontraba recluido en la cárcel de Tocuyito y murió en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera en Valencia, estado Carabobo.

La segunda víctima anunciada por el Observatorio fue Ramón Carvajal (60), quien se estaba preso en el Centro de Formación del Hombre Nuevo El Libertador, el cual también murió al ser ingresado en el mismo centro hospitalario.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) publicó un informe sobre la situación de los calabozos policiales en el país durante 2019, lugares donde, según lo estipulado por la ley venezolana, las personas privadas de libertad deben permanecer un máximo de 48 horas en estos recintos.

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Según el informe, se registraron 191 muertos (104 de ellos en hechos violento y 87 por condiciones de salud), 128 heridos y 449 presos fugados. También, 2.426 privados de libertad hicieron huelga de hambre en modo de protesta, mientras que 554 se unieron en huelga de sangre. 45,55% de los fallecidos por enfermedad, padecían de desnutrición o tuberculosis.

«El Ministerio de Servicios Penitenciarios no autoriza los traslados a las cárceles, lo que ha contribuido a que el sistema colapse de tal manera que en un área con capacidad instalada para 20 personas, actualmente sobreviven más de 100 presos en condiciones inhumanas y en flagrante violación a sus derechos humanos», informó el comunicado.

 

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Mediante un comunicado, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), rechazó la tesis de «intento de fuga, revuelta, pelea o motín entre los internos», en la masacre de este 1 de mayo en el Centro Penitenciario de Los Llanos Occidentales (Cepello), en Guanare, estado Portuguesa, «así como también el enfrentamiento con los custodios de la cárcel, esgrimidas desde el Ministerio del Poder Popular de Servicios Penitenciarios».

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«De acuerdo a versiones recogidas en el sitio, los internos reclamaron la no recepción de los alimentos que sus familiares llevaron al centro penitenciario (…) Hecho que los motivó a acercarse a la cerca que divide el área administrativa de la prevencion y autoridades, para reclamar este bochornoso hecho, recibiendo a cambio disparos contra su humanidad».

«Ningún recluso fue encontrado en las afueras del penal, todos murieron o resultaron heridos dentro de las instalaciones del centro penitenciario, es decir, fueron masacrados por disparos provenientes del personal uniformado, que dado el alto número de víctimas muertas o heridas, es evidente la desproporcionalidad de reacción utilizada por los funcionarios hacia los presos» reza parte de la misiva.

Este miércoles, Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, aseguró que las medida erradas del Gobierno de Venezuela,  están condenando a la población penitenciaria, pues,  en los últimos años han muerto mas de 2 mil presos por desnutrición y enfermedades infectocontagiosas.

Prado, aseguró que la solución no pasa por construir mas cárceles sino por atacar problemas como el retardo procesal y el hacinamiento.

Por su parte, el abogado penalista Alberto Arteaga, aseguró que la nueva forma de castigo en el país es la reclusión provisional implementada por el Gobierno nacional.

Indicó además que lamentablemente la justicia en el país no esta actuando como debería y que las reformas de leyes no han aportado ninguna solución.

Venezuela - Observatorio Venezolano de Prisiones afirmó que han muerto 2000 reclusos - VPItv

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Humberto Prado, coordinador nacional del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), responsabilizó este jueves al Ejecutivo nacional y al Poder Judicial por el incendio registrado el miércoles en una sede de la Policía de Carabobo que dejó al menos 68 personas muertas, 66 de ellas reos que se mantenían hacinados en ese reten, y dos mujeres que estaban de visita conyugal.

A propósito del hacinamiento puntualizó que actualmente hay más de 32 mil presos en centros carcelarios preventivos, y denunció que los cupos a las cárceles formales «se manejan a discrecionalidad», lo que a su juicio materializa una violación al debido proceso.

Agregó que «todos los centros de coordinación policial presentan un hacinamiento del 400%», lo que incrementa las probabilidades de que un hecho como este pueda repetirse.

Venezuela - Humberto Prado se pronuncia tras el incendio en la Policia de Carabobo - VPItv

Exigen investigaciones

Carlos Nieto Palma, director de la organización no gubernamental «Una ventana a la libertad», sostuvo respecto a la tragedia de Policarabobo que «hubo un mal manejo» por parte de los organismos de seguridad «en la preservación de la vida de los privados de libertad».

Exhortó en ese sentido a denunciar este tipo de situaciones, registradas en la mayoría de los retenes del territorio nacional, pues explicó que es la única manera de que los organismos internacionales se hagan eco, y el Gobierno se vea en la necesidad de tomar cartas en el asunto.

De igual manera exigió que se lleve a cabo una «investigación transparente» para determinar las causas y los responsables de este lamentable hecho, y condenó que tanto la Fiscalía General de la República como la Defensoría del Pueblo conocen de primera mano el hacinamiento en los centros de coordinación policial, razón por la cual responsabilizó a esos organismos «por la inacción que desencadenó en la muerte de 68 personas».

Venezuela - Carlos Nieto responsabiliza al gobierno por el motin de PoliCarabobo - VPItv