En medio de protestas de “elecciones amañadas”, por un sector político, mientras otro grito de “no regalemos el Parlamento”, por parte de otro sector, se realizarán este 6 de diciembre las elecciones para escoger una nueva Asamblea Nacional (AN) en Venezuela.
Debido a la intromisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), leal a la administración de Nicolás Maduro, al designar nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), la organización de los comicios, y sus posteriores resultados, no son aceptados por la Unión Europea (UE), el Grupo de Lima y otras organizaciones democráticas internacionales.
Asimismo, el Gobierno encargado, el actual Parlamento, y la mayoría de los partidos políticos venezolanos opositores no participarán en las Parlamentarias.
Intromisión del TSJ
En la AN se conformó una Comisión para designar las autoridades electorales, conformadas por miembros de la oposición venezolana y simpatizantes del chavismo.
La junta retomó sus reuniones a mediados de 2020, sin embargo, para el 5 de junio el TSJ declara una “omisión inconstitucional” del Parlamento en su responsabilidad de designar a los rectores. La decisión fue rápidamente desconocida por el Legislativo, que continuó en el proceso de postulación de candidatos.
El 13 de junio, y sin informar qué ciudadanos fueron tomados en consideración para los cargos, el máximo tribunal anunció a las nuevas autoridades. Esto fue rechazado por el Gobierno (E) y las instituciones democráticas nacionales e institucionales, ya que representa una ruptura a lo que establece la Constitución, que en ninguno de sus escenarios estipula que el TSJ designe al CNE.
El chavismo insiste en que los rectores del Poder Electoral son producto de las mesas de negociación con partidos de la oposición venezolana, a pesar que la Carta Magna no sustenta tal decisión.
Modificaciones: ahora son más diputados
El CNE, bajo la venia del TSJ, realizó una reforma a la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), que aumenta el número de diputados: de 167 pasará a 277.
A las formas de escogencia, que siempre han sido nominal y lista, se les suma la lista nacional, la cual aún no se entiende del todo y genera desconcierto entre los electores y especialistas en la materia.
La medida proviene de la sentencia 0086 del TSJ, que a su vez deriva de la demanda que ejercieron los dirigentes de los partidos que conforman la “Mesa de Diálogo Nacional”.
Los líderes políticos Javier Bertucci, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Felipe Mujica, Luis Augusto Romero, Rafael Marín, Juan Carlos Alvarado y Segundo Meléndez, firmaron la petición.
A pesar que se mantienen las mismas circunscripciones, la proporción de los diputados se ve afectada por la interpretación que le ha dado el TSJ a la legislación venezolana.
La Constitución venezolana, en su artículo 186, establece que todos los estados deben contar con un mínimo de tres diputados en la Asamblea, lo que arroja 72 fijos, al multiplicar la cifra por los 24 departamentos.
El restante de diputados por estado se elige de forma proporcional bajo la siguiente fórmula: la cantidad de habitantes de cada región se divide entre el 1,1% de la población total del país. Al dividir la población de cada estado entre ese 1.1% se traduce en cuantas veces la base poblacional está representada en el número total de habitantes de una entidad.
Modificaciones al voto indígena… ¿Violación a la Constitución?
La reforma en cómo ejercerán su voto los miembros de la comunidad indígena venezolana es lo que más ha traído comentarios negativos y polémica. ¿Se viola la Constitución con la modificación realizada por el TSJ?
La CRBV establece en su artículo 63 que la forma para votar será “universal, secreta y directa”. Este principio se encuentra en la Lopre.
Sin embargo, el Poder Electoral estableció que las comunidades indígenas deberán organizarse en una estructura denominada “asambleas comunitarias”, las cuales se reunirán y funcionarán de acuerdo con el cronograma que establezca el CNE.
De interés:
Estas reuniones contarán con la supervisión de “agente de coordinación electoral”, designado por el CNE, que será el responsable de la documentación que salga de esas asambleas.
Las asambleas comunitarias deberán elegir entonces un número (no identificado aún) de voceros, los cuales a su vez irán a unas asambleas generales en las cuales procederán a elegir en nombre de su comunidad (votación de segundo grado) a los diputados indígenas que les corresponda, según la región en la que se encuentran.
El acto del voto se realizará “a mano alzada” y los votos se reflejarán en un acta que posteriormente será llevada a la Junta Regional Electoral y a la Oficina Regional Electoral de la entidad respectiva. El Consejo Electoral procederá luego a totalizar todas las actas recibidas; el candidato que reciba la mayoría relativa de votos de los voceros será elegido como diputado.
¿Y ahora?
Además de las violaciones constitucionales ya expuestas, las instituciones leales a Maduro violaron el artículo 298, el cual prohíbe modificar la Ley de Procesos Electorales en los seis meses anteriores a la fecha de las elecciones, sean de cualquier índole, incluyendo Parlamentarias.
A pesar del rechazo que diferentes organizaciones internacionales, gobiernos y coaliciones políticas han expresado sobre los comicios, la administración de Nicolás Maduro ha sido insistente en que los mismos se realizarán el 6 de diciembre.
Por otra parte, el Parlamento y el Gobierno (E) llevarán a cabo, en las mismas fechas, la Consulta Popular, especie de plebiscito que busca aglutinar la mayor cantidad de voluntades para redefinir la estrategia política con el fin de lograr la salida del chavismo, no reconocido por las democracias internacionales, tras más de 20 años en el poder.
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