La Misión Independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Venezuela acusó a la administración de Nicolás Maduro de haber cometido «crímenes de lesa humanidad» antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio.
Señaló, además, a los cuerpos de seguridad y grupos civiles armados oficialistas de presuntos asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género.
Por medio de un informe de 158 páginas, el equipo de las Naciones Unidas abarcó los derechos humanos que fueron vulnerados en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024. Asimismo, realizó 366 entrevistas remotas o en personas con 383 personas (203 hombres y 180 mujeres).
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Según la Misión, durante este periodo la administración de Maduro, luego del referéndum de la Guayana Esequiba, «continúo invocando la existencia de conspiraciones que buscaban, según las autoridades, desestabilizar o derrocar al Gobierno, incluyendo intentos de magnicidio. Esto fue utilizado para amedrentar, detener y procesas a personas opositoras».
«Entre septiembre de 2023 y mayo de 2024, fueron condenadas un total de 60 personas, 11 mujeres en relación con las operaciones Constitución, Gedeón y Libertad. A estas personas se les impusieron penas de entre 16 y 30 años de prisión por delitos de traición a la patria, rebelión, terrorismo y otros delitos conexos», suscribe el informe.
Respecto al Consejo Nacional Electoral (CNE) sostuvo que «presenta un claro sesgo progubernamental» y que «interfirió» en el proceso de postulación de los candidatos a la presidencia de Venezuela.
Durante la campaña electoral se evidenciaron «numerosos actos de hostigamiento, represalias, ataques y bloqueos de vías contra los actos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), particularmente aquellos en los que participaba María Corina Machado (líder opositora) y Edmundo González».
Además, se observó «la prevalencia» de ataques en las redes sociales, «desde el menosprecio a las capacidades de las mujeres políticas hasta alusiones ofensivas sobre su apariencia y sexualización».
Tras los comicios presidenciales, se llevaron a cabo diversas protestas en el país en rechazo a los resultados expuestos por el CNE. Debido a esto, se dio inicio a la «operación Tun Tun» y el incremento de detenciones arbitrarias de líderes opositores, como el del dirigente político Freddy Superlano.
En un primer momento el fiscal general, Tarek William Saab, anunció la detención de 749 personas, las acusó «de carácter terrorista y comunicó que les precalificarían los delitos de instigación pública, obstrucción de vía pública, instigación al odio, resistencia a la autoridad y en casos más graves, terrorismo y se les dictaría privativa de libertad».
Actualmente, hay 1.916 presos políticos en Venezuela, según la ONG Foro Penal.
El 31 de julio, la Misión emitió un primer comunicado expresando su profunda preocupación por la situación poselectoral en Venezuela, después, en la primera semana de agosto, se pronunció por segunda vez aseverando que continuaban las detenciones arbitrarias y solicitó «el fin de la represión y la realización de investigaciones exhaustivas sobre las graves violaciones de derechos humanos que se estaban produciendo».
Siguiendo esta línea de ideas, también registró las acusaciones contra Edmundo González Urrutia indicando que «se vio forzado a exiliarse en España por la persecución de la que fue objeto».
Otras conspiraciones que registró la Misión además de la crisis poselectoral
Este último año, que documentó la Misión de la ONU en Venezuela, se destacaron algunas operaciones por las que presuntamente fueron detenidas varias personas desde diciembre de 2023.
«Las detenciones en el marco de Brazalete Blanco comenzaron el 15 y 16 de diciembre, cuando cinco militares (cuatro hombres y una mujer) fueron detenidos. Un mes más tarde, empezaron las detenciones de miembros de la organización política Vente Venezuela, comenzando por Víctor Venegas, el 17 de enero, seguida por la detención de tres dirigentes regionales Juan Freites, Luis Camacaro, y Guillermo López el 23 de enero», detalla el informe.
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Asimismo, 44 personas fueron asociadas a este hecho y al menos 19 de ellas siguen detenidas, como la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, quien se encuentra en El Helicoide desde febrero de este año.
Contra periodistas y medios de comunicación
Por otra parte, la Misión documentó un «patrón de hostigamiento» contra personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión, como periodistas, creadores de contenido, políticos y usuarios en las redes sociales.
Uno de estos casos fue el youtuber Óscar Alejandro Pérez Martínez, detenido el 31 de marzo por un video en que señalaba la Torre de Credicard en Caracas. Otro es el comunicador del partido político Encuentro Ciudadano, Nelson Piñero, por mensajes en su perfil de la plataforma digital X.
Carlos Salazar, ingeniero jubilado de Pdvsa, detenido tras grabar un video de Alex Saab. Alejando Acosta Romero objeto de arresto por su labor periodística en el Parque Nacional Yapacana, donde se reportó un despliegue de efectivos de la Fuerza Armada Nacional (FAN).
Carlos Julio Rojas, periodista y secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, por un supuesto magnicidio contra Nicolás Maduro.
A esta lista también se suma el camarógrafo de VPItv en el estado Trujillo, Paúl León, detenido arbitrariamente el pasado 30 de julio.
Incumplimiento del debido proceso, desapariciones forzadas y torturas
La Misión después de recaudar toda la información que encontró sobre las detenciones arbitrarias, registradas luego de las elecciones, indicó que estos hechos «han ocurrido generalmente sin la presentación de una orden judicial por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y sin dar a conocer los motivos de la aprehensión».
También documentó que las autoridades impidieron a los detenidos nombrar abogados de confianza para asumir su defensa. A estas personas se les fueron impuestos juristas públicos que «restringieron cualquier información y no ejercieron» su labor adecuadamente.
En este sentido, resaltó que hubo un aumento de las alegaciones de desaparición forzada de corta duración de personas opositoras «alcanzando cifras no registradas desde 2019».
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«La Misión tiene motivos razonables para creer que las desapariciones forzadas de corta duración se han convertido en un mecanismo más frecuente de represión política, respecto de personas opositoras o percibidas como tales, lo que tiene un impacto grave adicional en el círculo familiar y social de las personas desaparecidas», expresa el escrito.
Sobre cómo se encuentran los presos por motivos políticos, el equipo de la ONU continuó recibiendo «numerosas alegaciones a las condiciones de detención violatorias de los estándares internacionales en la materia, como los que se reflejan en las Reglas Mandela». Puntualizó que hay motivos «para creer» que existen «actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes y/o actos de violencia sexual o basada en género».
De este modo, advirtió las condiciones en las que se encuentran los reclusos en el centro Rodeo I, donde fueron trasladados varios detenidos de sexo masculino sin informarle a sus familiares.
En esa cárcel, subraya la Misión, «no se provee alimentos suficientes» ni de agua, también se presentan «afecciones estomacales». Estos presos tienen restringida la comunicación telefónica y correspondencia hacia el exterior.
Para este informe especial, la Misión de las Naciones Unidas describió algunos de los casos más relevantes de los detenidos por motivos políticos en Venezuela.
Cabe destacar que, la mayoría de las personas detenidas en el contexto postelectoral no fueron políticos o personas con un perfil público conocido, sino más bien, civiles que manifestaron su rechazo y descontento con los resultados de los comicios del 28 de julio.
A estas personas se les imputaron delitos como: «instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad y en los casos más graves, terrorismo, y se les dictará privativa de libertad».
Para finalizar, la Misión concluyó que la «máquina e represión del Estado ha funcionado, y lo continúa haciendo».
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