El sector petrolero de Brasil entró en una huelga de tres días en reclamo por el aumento de los precios de los combustibles y se sumó con ello a un paro de los camioneros, que paralizan al país desde hace diez días.

El anuncio de los trabajadores petroleros llegó justo cuando la huelga de los transportistas empezaba a perder fuerza y el suministro de bienes empezaba a funcionar otra vez, después de que el presidente Michel Temer hiciera varias concesiones al sector.

«Los trabajadores del sistema Petrobras entran en huelga por 72 horas», señaló la Federación Única de Petroleros (FUP) en un comunicado.

«Los petroleros exigen la reducción de los precios del gas de cocina y de los combustibles, a través de mudanzas inmediatas en las políticoas de reajuste de derivados de Petrobras», agregó el gremio que reúne a 13 sindicatos del poderoso sector petrolero.

En el centro de los reclamos está la política del gigante estatal Petrobras, que reajuste constantemente los precios de los combustibles de acuerdo a las oscilaciones del mercado del petróleo.

Esa política de precios condujo a un aumento constante de los precios en el mercado brasileño en 2018. Sólo en mayo, el precio de la gasolina subió un 12 por ciento y el del diésel un 9,3 por ciento, según cálculos de la estatal Agencia Brasil.

La huelga de transportistas iniciada el lunes 21 de mayo generó el caos por todo el país en la última semana debido a los bloqueos de carreteras y refinerías.

Varios aeropuertos activaron planes de contigencia tras quedarse sin combustible por todo el país y muchas fábricas, sobre todo en la metrópoli industrial Sao Paulo, tuvieron que suspender sus actividades por la falta de suministro.

En Río de Janeiro y otras ciudades, muchos mercados se quedaron sin frutas y verduras frescas. También el transporte público se vio afectado.

Después de que Temer anunciara una rebaja durante dos meses de los precios de la gasolina y el diésel en la noche del domingo, muchos camioneros suspendieron la huelga el lunes, aunque varios mantuvieron los bloqueos por varias partes del país.

Información de DPA

La Justicia brasileña ratificó este miércoles la condena por corrupción pasiva y lavado de dinero contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), en una causa relacionada con el escándalo por los desvíos en la petrolera estatal Petrobras.

Los tres magistrados de un tribunal de segunda instancia de Porto Alegre votaron por unanimidad a favor de elevar a 12 años y un mes la pena de Lula, frente a los nueve años y medio que le había impuesto el juez de primera instancia.

La decisión, adoptada por unanimidad (3-0) por un tribunal de segunda instancia de Porto Alegre, abre la puerta a la inhabilitación política de Lula, y deja en manos de la Justicia electoral su posible candidatura presidencial.

Los tres miembros de la sala octava del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región fueron unánimes al concluir que quedó comprobado que Lula recibió el derecho a disfrutar de un lujoso apartamento en la playa de Guarujá, como soborno de la constructora OAS por el favorecimiento en contratos con Petrobras.

Además de elevar la pena, los tres coincidieron en que Lula tendrá que cumplir la pena en régimen cerrado, y que podrán ordenar su detención cuando la defensa no cuente con más recursos para intentar modificar la condena en segunda instancia.

Lula es el favorito en todas las encuestas de intención de voto para las presidenciales del próximo mes de octubre, y el Partido de los Trabajadores (PT) aseguró tras conocerse esta decisión que no tiene planes de postular a otro candidato, y que insistirá en la opción del expresidente hasta la última instancia.

La constructora brasileña Odebrecht pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, incluido Brasil, según documentos publicados este miércoles (Ver al final de esta nota) por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Nota de La Patilla

El comunicado implica también directamente a Braskem en la trama de sobornos. La compañía petroquímica pagó aproximadanente 250 millones de dólares entre 2006 y 2014 a través del “sistema de pago de sobornos fuera de contabilidad” de Odebrecht, según el texto.

Los pagos se hicieron en relación con “más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”, según los documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York.

La divulgación de esos papeles coincidió con el anuncio  de Odebrecht de que firmó acuerdos por los que se comprometió a pagar multas sumadas por 6.959,4 millones de reales (unos 2.047 millones de dólares) a los gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza para compensar los actos ilícitos por los que se le investiga en los tres países.

En Brasil, esos actos ilícitos empezaron en 2003 y continuaron hasta 2016, periodo en el que Odebrecht pagó en su país “aproximadamente 349 millones de dólares en sobornos corruptos hechos a partidos políticos, funcionarios extranjeros y sus representantes”.

Fuera de su país, la compañía pagó unos 98 millones de dólares en Venezuela, entre 2006 y 2015, a “funcionarios e intermediarios del Gobierno” para “obtener y retener contratos de obras públicas“. Asimismo, desembolsó 92 millones de dólares, entre 2001 y 2014, en la República Dominicana a “funcionarios e intermediarios del Gobierno” y, como resultado, obtuvo unos beneficios de 163 millones de dólares.

 

odebrechtVenezielaEsquemaCorrupto

 

Para el año 2015, la constructora tenía en ejecución una enorme cartera de proyectos públicos en Venezuela, cerca de 30, en toda la geografía nacional. El 28 de octubre de 2015 el diario el Nuevo Herald publicó un artículo al respecto “Odebrecht, amiguismo y obras inconclusas en Venezuela

En Panamá, país en el que Odebrecht ha tenido gran actividad de obras en los últimos años, los sobornos ascendieron a 59 millones de dólares entre 2010 y 2014, durante la administración del anterior presidente, Ricardo Martinelli, y con los contratos obtenidos la empresa logró 175 millones de beneficios. Las autoridades del país ya han anunciado que pedirán información para iniciar una investigación, al igual que Perú, donde los sobornos suman un total de 29 millones de dólares (con un beneficio de 143 millones de dólares).

En Argentina, la constructora pagó, entre 2007 y 2014, más de 35 millones de dólares a “intermediarios con el acuerdo de que esos pagos pasarían, en parte, a funcionarios del Gobierno”. Esos sobornos tenían relación con “al menos tres proyectos de infraestructura” y, como consecuencia, la compañía se llevó unos beneficios de 278 millones de dólares.

La corrupción de Odebrecht también llegó hasta Colombia, donde pagó más de 11 millones de dólares, entre 2009 y 2014 para adjudicarse “contratos de obras públicas”, y logró un beneficio de más de 50 millones de dólares. En Ecuador, entre 2007 y 2016, la constructora hizo pagos corruptos por valor de más de 35,5 millones de dólares a “funcionarios del Gobierno”, lo que le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.

Según el informe del Departamento de Justicia, entre 2013 y 2015, durante el gobierno del presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, la constructora brasileña destinó unos 18 millones de dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno para obtener contratos de obras públicas con los que obtuvo 34 millones de beneficios.

En México, las mordidas a los funcionarios sumaron unos 10,5 millones de dólares, y Odebrecht logró más de 39 millones de dólares de beneficios con los contratos que aseguró a resultas de ellas.

 

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Con información adicional de EFE, Reuters, El Nuevo Herald, Infobae

 

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), el opositor Henry Ramos Allup, consideró hoy «muy importante» que la constructora brasileña Odebretch indique los nombres de los venezolanos a los que sobornaron, hechos que en efecto ocurrieron según el Departamento de Justicia de EE.UU.

«Muy importante que Odebretch denuncie a quién o a quiénes pagaron sobornos o financiamientos en Venezuela«, expresó el opositor en su cuenta en Twitter.

Según documentos publicados hoy en Estados Unidos, Odebretch pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil y Venezuela.

Los pagos se hicieron en relación con «más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela», según los documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York.

Estos textos indican que la compañía pagó unos 98 millones de dólares en Venezuela, entre 2006 y 2015, a «funcionarios e intermediarios del Gobierno» para «obtener y retener contratos de obras públicas».

La divulgación de esos papeles coincidió con el anuncio este miércoles de Odebrecht de que firmó acuerdos por los que se comprometió a pagar multas sumadas por 6.959,4 millones de reales (unos 2.047 millones de dólares) a los Gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza para compensar los actos ilícitos por los que se le investiga en los tres países.

En Brasil, esos actos ilícitos empezaron en 2003 y continuaron hasta 2016, período en el que Odebrecht pagó en su país «aproximadamente 349 millones de dólares en sobornos corruptos hechos a partidos políticos, funcionarios extranjeros y sus representantes».

La empresa abonó ese dinero con el fin de «asegurar una ventaja indebida para lograr o retener negocios para Odebrecht», de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.

La operación «Lava Jato», que investiga desde hace más de dos años la trama de corrupción más grande de la historia de Brasil, ha obligado a suspender proyectos de infraestructura previstos en seis países de Latinoamérica, de los cuales Venezuela es el país más afectado, pues se tendrán que renegociar cinco proyectos, entre los que se encuentran la expansión del metro de Caracas, cuyas obras recibieron 1.280 millones de dólares del BNDES, y del astillero Astialba, destino a fabricar barcos petroleros para la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Según un informe divulgado hoy del Grupo de Diarios América (GDA), a raíz de las denuncias contra las empresas implicadas en la red corrupta, entre las que se encuentran las principales constructoras del país, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) suspendió la financiación de 3.600 millones de dólares para 16 obras en Latinoamérica.

Esos proyectos de infraestructura se iban a realizar en Argentina, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Guatemala y Honduras, de acuerdo a las investigaciones del GDA, compuesto por once de los diarios más relevantes de la región.

Las obras en cuestión estaban en manos de las constructoras Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão y OAS, las cinco investigadas por la «Lava Jato» (lavadero de autos) por su implicación en un macroesquema de pago de sobornos a políticos cambio de la obtención de contratos y otros favores.

Esas construcciones suman en total 5.700 millones de dólares, lo que representa el 58 % del valor destinado por el banco de fomento de Brasil para financiar servicios de ingeniería en la región entre 2003 y 2015.

 

EFE.- La Fiscalía brasileña presentó hoy cargos por corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, en una investigación sobre la propiedad de un apartamento en la playa que los fiscales le atribuyen y que el exgobernante niega poseer.

La acusación se extiende al presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto, informaron los fiscales responsables por el caso en una rueda de prensa en la ciudad de Curitiba, en donde están centradas las investigaciones sobre el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

El presidente interino de Brasil, Michel Temer, cumplió ayer, 12 de agosto, tres meses en un poder al que se aferra pero sólo conservará si la mandataria suspendida, Dilma Rousseff, es condenada en un juicio político cuya fase final comenzará el próximo día 25.

La inusual situación política en que está Brasil desde el 12 de mayo, con un mandatario interino y otro suspendido de sus funciones, se esclarecerá a partir del próximo día 25, cuando el Senado, según confirmó hoy, comenzará la sesión que decidirá definitivamente la suerte de Rousseff, acusada de graves irregularidades fiscales.