El Parlamento Europeo aseguró que una salida pacífica a la crisis social, política, económica y humanitaria que padece Venezuela pasa por el respecto de instituciones democráticas y el Estado de Derecho, los cuales a juicio de la Eurocámara han sido violados por la administración de Nicolás Maduro.

“Rechazamos las vulneraciones del funcionamiento democrático, constitucional y transparente de la Asamblea Nacional, así como los actos de intimidación, la violencia y las decisiones arbitrarias contra sus miembros”, expresó el Parlamento en un comunicado.

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Calificó la elección de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) leal a la administración socialista, como “antidemocrática”, así como la imposición de nuevas directivas a los principales partidos políticos de oposición.

Instó a que Nicolás Maduro reconozca la “tragedia humanitaria” que padece Venezuela y promueva soluciones de consenso que puedan garantizar la seguridad y estabilidad en la sociedad.

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El órgano de integración parlamentaria también expresó su solidaridad a los miles de venezolanos que han migrado debido a la crisis de múltiples focos que sufre el país. “Se han visto obligados a huir de su país por anhelar unas condiciones de vida muy elementales, como el acceso a los alimentos, el agua potable, los servicios sanitarios y los medicamentos”.

Los parlamentarios piden a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior cooperar con los países receptores de migrantes aportando asistencia humanitaria.

Parlamento

El movimiento político español Partido Popular (PP) rechazó la intervención de Voluntad Popular (VP) por parte de la administración de Nicolás Maduro vía judicial. A través de un comunicado expresaron su respaldo a su actual directiva.

En el comunicado calificaron de “inaceptable” que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) leal a Maduro, haya decidido imponer una junta directiva en VP con dirigentes políticos cercanos a la administración socialista y con acusaciones de “lavado de reputaciones” y estar inmersos en la denominada “Operación Alacrán”.

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“Es inaceptable (…) una muestra más de la debilidad de Maduro, que, al no poder derrotar a las fuerzas democráticas de Venezuela, se intenta apropiar de ellas, del logo, los símbolos y los emblemas de un partido. Uno puede ser demócrata, pero no intentar apropiarse de la democracia y fabricarla a su antojo como intenta Nicolás Maduro”, manifestó la secretaria internacional del PP, Valentina Martínez.

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Martínez también expresó que las acciones de Maduro contradicen los principios democráticos, la libertad y el estado de Derecho, por lo que no se cumplen con todos los elementos para que se realicen elecciones parlamentarias a finales de este año.

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Al finalizar la misiva, expresaron su respaldo a otros partidos políticos en Venezuela que han sido intervenidos por el TSJ, como lo son Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ). “A seguir luchando por instaurar la libertad y el respeto a los Derechos Humanos en Venezuela, así como a exigir unas elecciones libres con la participación de las fuerzas democráticas y una exhaustiva observación internacional”.

Popular

De acuerdo con la muestra estadística de 17 estados del país y asumiendo el valor del dólar en Bs. 211.250, el partido Primero Justicia ubicó el valor de la canasta alimentaria entre los $14 (Apure, más barata) hasta $21 (Nueva Esparta, más cara).

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Carne de res, huevos, harina de maíz, arroz, queso blanco, pasta, aceite y pollo son los ocho productos que se consideran en la canasta alimentaria, con la del Distrito Capital ubicada en los $18,27 (unos Bs. 3.870.000).

El partido político Puente propuso que las elecciones a la Asamblea Nacional (AN), que se plantea sean llamadas a efectuarse a finales de 2020, sean aplazadas para el primer semestre de 2021.

A través de un comunicado, la tolda política comunicó su postura ante la reciente elección de nuevos rectores al Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), leal a Maduro y cómo deberían realizarse los comicios para designar un nuevo Parlamento.

“Que se proceda a una revisión y actualización del Registro Electoral Permanente (…) en vista de las propuestas anteriores y de la frágil y peligrosa situación que atravesamos derivada de la pandemia del covid-19, se establezca como fecha de las elecciones parlamentarias la más conveniente y consensuada dentro del primer semestre de 2021”, reza el documento.

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También hicieron un llamado para que el TSJ detenga las imposiciones de directivas a los partidos políticos Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ), así como sea rehabilitado el movimiento Voluntad Popular (VP) como organización política que pueda participar en elecciones, ya que sobre la tolda naranja pesa una investigación judicial.

También advirtieron que no debe ser modificada la Ley Orgánica de Procesos Electorales y así evitar “situaciones sobrevenidas” como el número de diputados que conformarán el próximo Parlamento, la distribución por lista y por nómina, así como la estructuración de los circuitos electorales.

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“Cualquier reforma de ese instrumento legal tiene que ser hecha y consensuada en la Asamblea Nacional, tal como ordenan la Constitución y la propia Ley”, resaltaron.

Puente

Buena parte de la oposición venezolana aún en el país se debate entre el escenario esperado y el real: quedando de nuevo en una encrucijada ante disyuntiva de si se debe participar en el próximo proceso electoral, sin saber que con sus vehículos en movimiento, teniendo ruta clara se podrían encontrar de nuevo en el camino.

Todos quisiéramos ir a un evento electoral, cualquiera que éste sea con un arbitro transparente, justo y confiable, pero en medio de la polarización se introduce la variable de que el CNE sea equilibrado. Haciéndolo más complicado en organismos con directivas impares, donde muchos de los aspectos procesales que pudieran influir en el resultado, son decisiones discrecionales.

Al igual que el rescate de la institucionalidad del voto, la despartidización del Poder Electoral parece que quedará de un lado, inconscientemente se escucha y leen fórmulas del 4:1 o el 3:2 y hasta el 2:2:1 olvidando contra quien y el porque se lucha contradictoriamente los que catalogan este régimen como autocrático o totalitario, son los primeros en criticar cuando alguien les toma una parte del pastel.

Si algo no se ha podido lograr en Venezuela es que la totalidad de los lideres políticos visualicen el voto como una herramienta de transformación, movilización u organización más allá del instrumento de selección” mientras menos sea la capacidad de maniobra de éste gobierno más agresivas serán sus repuestas, en el afán de conservar el Poder no estaría dispuesto a compartir escenarios, a diferencia de la oposición que debería aprovechar cualquiera.

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La directiva del CNE al igual que las anteriores por lo menos en quince años, ha sido nombrada por el TSJ y no por la Asamblea Nacional, como pauta la constitución y ley del Poder Electoral pero para esto se deben cumplir algunos pre requisitos, como el de una comisión preliminar, incorporación de representantes de la sociedad civil, la aprobación de un comité en plenaria, que ocurra la Postulaciones de las instituciones, hasta llegar a la selección con 2/3 de votos.

Una parte de la oposición tendría la conducta de no participar en el terreno electoral, porque esperan por otra opción o creen posible extender el periodo de la misma asamblea; está situación existía antes de las sentencias que nombrara directivas ‘ad-hoc’ de partidos como Primero Justicia y Acción Democrática que no estaban en el directorio de inscritos en el CNE desde el 2018.

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La abstención como herramienta de transformación requiere de un compromiso y nivel de organización que no es solo el decir los que no votaron son los que me apoyan. Hay que estar en la posición de poder para provocar que el otro cambie de actitud y permita unas condiciones electorales distintas, de forma que se pueda participar ¿sería esto una realidad? Más allá de descalificar a los que asumen desde un inicio la ruta electoral.

Las conductas políticas y su modelado requiere de liderazgo, control, organización y disciplina en muchas ocasiones se ha sabido de diferencias en el polo oficialista, pero en el terreno electoral se amalgaman ante el riesgo de ser desplazados caso contrario ocurre el bloque opositor, donde las repuestas parecieran no ser racionales en el escenario real y se sientan a esperar que les pueda llegar el ideal, soñado.

Mientras que en el sector oficialista se reconoce de nuevo debilidades y aprovechan oportunidades, tal cual como en marzo lo hizo con el covid-19, conociendo estado de la red de salud adelantó las medidas y logró ralentizar la curva haciendo el proceso más largo” ahora en el terreno electoral busca inhibir la participación, del que lo descalifica en los estudios de opinión.

Es así como ha podido convertir una minoría popular en una mayoría electoral, no solo descalificando actores, impidiendo la participación sino inhibiendo. El único antídoto ante esto parece ser una oposición unida en cualquiera de los terrenos, incluso en electoral en condiciones de semi-competitividad como ocurrió en el 2015, con un CNE 4;1, sin miembro en Junta Nacional, bajo riesgo de deslegitimar las tarjetas de los partidos, con la introducción del criterio de paridad de género una vez introducidas las candidaturas e incluso con modificaciones en circuitos como Baruta-Hatillo que perdía uno, se fue a las Elecciones con un plan.

Indudablemente para ganarles en este tipo de condiciones la ventaja no puede ser ‘cerrada’ pues se mantienen el riesgo del ventajismo oficial y el control que se pudiera ejercer en los espacios o mesas donde no se logre presencia de la oposición. Que los electores se entusiasmen y decidan salir a votar en la actualidad pareciera más complicado por los problemas de movilidad, la situación económica e incluso la presencia de la epidemia lo que se suma a la estrategia política, comunicacional y electoral.

Al mismo tiempo es necesario que la oposición entienda el nivel de compromiso, éste consciente de lo que se elige y el rol de la nueva Asamblea Nacional. A partir de esto construir los mecanismos de entendimiento que permita la unidad y presentación de candidatos unitarios en alianzas perfectas a nivel de circuitos y listas.

De ocurrir un fraude evidente y comprobado en las Elecciones se estaría presentando la oportunidad para que se dé un escenario como el de Bolivia donde los que reclamen y denuncie el fraude, se consigan en la calle con los que no participaron, donde la decisión pudiera entonces estar en la repuesta internacional y de las instrucciones.

Aníbal Sánchez

El ex concejal y dirigente de Primero Justicia (PJ), Junior Pantoja, fue liberado este miércoles por la administración de Maduro, un mes después de haber sido acusado de estar presuntamente implicado en los delitos de tráfico ilícito de armas y municiones.

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La noticia la dio a conocer el también dirigente de PJ, Carlos Ocariz, quien mostró su alegría a través de la red social Instagram en un video recibiendo a Pantoja tras su liberación.

“Gracias a Dios hoy Junior Pantoja está en libertad. Un buen hombre, luchador social en su casa y en su barrio. Hoy se hizo justicia. Ahora Junior a seguir ayudando a los vecinos y a nuestro país, hermano querido”, expresó Ocariz.

Pantoja se encontraba en un delicado estado de salud tras presentar un cuadro de deshidratación y anemia, por lo que fue trasladado a un centro médico a mediados de mayo, situación por la que los abogados solicitaron su libertad.

Los diputados José Gregorio Noriega y Lucila Pacheco solicitaron a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela, leal a la administración de Maduro, que se le dé celeridad al pedido de que sea dictada una directiva ‘ad-hoc’ al partido Voluntad Popular.

En meses anteriores, Noriega conocido como “Goyo”, había interpuesto una denuncia ante el TSJ para que le fueran restituidas sus derechos como militante del partido VP, tras haber sido expulsado por estar inmerso en el polémico caso de los legisladores que abogaron a favor de empresarios acusados de financiar a la administración de Maduro, conocido como los “diputados CLAP”.

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Luego de un proceso interno dentro de la tolda naranja, tanto Goyo Noriega como Pacheco fueron suspendidos y expulsados. Insisten en que les sea adjudicada a ellos la junta directiva del partido. Estuvieron acompañados del abogado Miguel Figueroa Jiménez.

Ya el máximo representante judicial en Venezuela se manifestó en días recientes sobre solicitudes para dictar juntas directivas en partidos opositores al chavismo. Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ) fueron entregados a dirigentes que presuntamente hicieron tratos con la administración socialista.

Noriega

Dos décadas de vida política y principalmente parlamentaria, justifican que Alfonso Marquina sea una voz acreditada del acontecer venezolano. En los días que corren, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela, leal a las administración de Maduro, dictó nuevas juntas directivas para el partido Acción Democrática (AD) y el que él representa y los colores que ha llevado desde el 2013: Primero Justicia (PJ).

Militancia y dirigencia de la tolda amarilla han coincidido en no acatar las directrices emanadas desde el TSJ, aunque las autoridades impuestas ya han insistido en seguir adelante con su intención de participar en las elecciones parlamentarias convocadas por el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) para finales de año.

A menos de una hora para que participara en una sesión de la Asamblea Nacional vía telemática, Marquina accedió a una llamada para Kike Frías. De forma cordial aclaró algunas interrogantes de acuerdo a los tiempos políticos que corren en Venezuela.

¿Cuáles son sus impresiones tras el fallo del TSJ que dicta una nueva junta directiva para Primero Justicia?

Esta es una crónica anunciada, con mucho tiempo. Cuando denunciamos la ‘operación alacrán’, ya se escuchaba al diputado José Gregorio Noriega señalar que el régimen los iba a nombrar como directiva de la Asamblea para declarar la omisión parlamentaria, y que le iban a quitar las tarjetas y los colores a los partidos del G4 con la intención de convalidar un proceso electoral.

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Él señalaba que le iban a dar Voluntad Popular, que a Brito le iban a dar Primero Justicia, en ese entonces decía que Negal Morales iba a ser el secretario general de AD.

¿Y Noriega decía esto de forma abierta en la Asamblea?

Eso lo decía él. Ya cuando trató de sobornarme, ya lo venía diciendo. En la grabación que presenté del 12 de diciembre, él ya señalaba que esto iba a ocurrir.

¿Cuál es la intención? Para resumir. Un falso Tribunal Supremo de Justicia designa una falsa directiva de la Asamblea Nacional, un falso CNE, ahora pretenden designar falsas autoridades de los partidos democráticos. Con la intención de montar una falsa electoral. El régimen busca decir que AD, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, participarán en esas elecciones. Estos alacranes van a inscribir supuestos candidatos para que la dictadura pueda materializar su farsa electoral.

¿Qué se piensa hacer en la militancia y en la directiva de AD? Además de ser confiscados los colores y símbolos del partido, también incluyen los bienes

A Primero Justicia son muy pocos, por no decir que no existen los bienes; todo es alquilado, será que nos quieren quitar los alquileres y pagarlos ellos (risas). El punto de la comunicación es permanente entre las estructuras estatales y municipales. Se darán detalles de las acciones de Primero Justicia para evitar que el pueblo de Venezuela se confunda y crea que sus líderes naturales son los que lideran esto.

¿Tiene militancia el diputado José Brito para ir a las elecciones parlamentarias convocadas por el nuevo CNE?

Por supuesto que no, los únicos ex militantes de PJ que puede convocar él, son los que están involucrados en la corrupción de los CLAP, es decir, él, Parra y Conrado Pérez.

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Los actos que ellos hicieron en el Tribunal, habían personas con las camisas de PJ que cuando fueron consultados por los periodistas decían que ellos no eran militantes de ningún partido y por eso estaban ahí.

¿Que van a inscribir candidatos? Claro que sí, van a agarrar a cualquiera en la calle y le van a decir: “Bueno, tú eres el candidato de Primero Justicia”. No van a hacer ni campaña ni nada, lo que buscan es convalidar el fraude del régimen.

En redes sociales fue creada una cuenta de Primero Justicia, publicitada por los diputados Brito y Parra, en la que se ve a militantes del partido brindándole respaldo ¿Qué sabe de esto?

En los videos que yo he visto no hay ni una sola cara conocida. Como te digo, agarran a cualquiera en la calle y le ponen una camisa amarilla y dicen que son de Primero Justicia. Son todos montajes, los montajes más chimbos que se pueden ver para aquellos que tenemos años recorriendo el país y conocemos a muchísima dirigencia. Ahí no se ve ningún rostro conocido.

¿Se ha comunicado con su militancia, la población que representa en el estado Lara?

Permanentemente. He denunciado también cuando algunos alacranes llegan hasta nuestros dirigentes para ofrecerle dinero. Ellos inmediatamente me llaman y me piden que yo haga las denuncias públicas, como en efecto lo he venido haciendo.

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Se entiende que dentro de la unidad de partidos opositores se está buscando idear una estrategia conjunta ante estas nuevas acciones de la administración de Maduro, pero ¿cuál es la propuesta individual de Primero Justicia?

Las propuestas de Primero Justicia primero tienen que ser llevadas a la mesa de la unidad y discutirlas en conjunto. Si cada uno de nosotros empieza a hacer público unas propuestas, me parece que lo correcto, es que sean discutidas y acordadas para luego hacerlas públicas de forma conjunta, mantener la unidad democrática.

Nuestro objetivo central es recuperar la democracia, la libertad, acabar con la corrupción. Que Venezuela tenga un Gobierno de Emergencia Nacional, que restablezca el orden constitucional, pero que también pueda acabar con todos los problemas que padece el pueblo de Venezuela.

Venezuela, país ubicado al norte de Suramérica, sumergido en una crisis social, política, humanitaria, y principalmente en la economía: permanece sumergida en una hiperinflación por tercer año consecutivo, hecho denunciado por la Asamblea Nacional (AN).

En el tema político, la duplicidad de instituciones del Estado y la comprensión que se ha hecho de la Constitución respecto a esto, es la problemática recurrente desde el 2019. Mientras todo esto transcurre, sigue escalando la cifra migratoria, que tiene trato de crisis por los gobiernos en la región. Los países que reportan más llegada de venezolanos son Colombia, Ecuador y Chile.

Dos gobiernos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó para el 20 de mayo de 2018 elecciones para elegir al nuevo presidente del periodo 2019-2025. El periodo en el cargo de los rectores del Poder Electoral ya se encontraba vencido cuando el pleno de la Asamblea Nacional (opositora al para entonces gobierno de Nicolás Maduro) desconoció la celebración de los comicios bajo el argumento que en el país no habían condiciones democráticas.

Por otra parte, las elecciones fueron convocadas a solicitud de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano no reconocido por el Parlamento y la mayoría de la comunidad internacional.

Datos del CNE señalaron que de los más de 20 millones de personas en edad para votar, solo participaron 9.389.056, de los cuales presuntamente 6.245.862 eligieron a Nicolás Maduro para un nuevo periodo. Los otros dos candidatos, Henri Falcón (Avanzada Progresista) y Javier Bertucci (El Cambio), lograron por una pequeña cifra llegar a los 3 millones.

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Antes el desconocimiento del Parlamento a Nicolás Maduro como presidente, la nueva directiva del Parlamento, liderada por Juan Guaidó, anunció que en cumplimiento de los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución, asumiría las atribuciones del presidente encargado de la República.

Guaidó cuenta con el reconocimiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, el Ministerio Público (MP) en el exilio, Albania, Alemania, Andorra, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Islas Marshall, Israel, Japón, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Marruecos, Micronesia, Montenegro, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rumania, Suecia, Ucrania, el Parlamento de la República Italiana, el Parlamento Andino, el Parlamento Europeo y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Por su parte, Maduro es reconocido por los gobiernos de Rusia, China, Irán y Cuba, cercanos aliados de su administración. Así como la parcial aceptación que se le da desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) por un alto número de países. Sin embargo, cuando se habla del Consejo de Seguridad del órgano, 3 de los 5 que lo conforman (Francia, Estados Unidos y Francia) no lo consideran presidente legítimo del país.

Dos Asamblea Nacional

Una vez vencido el periodo de la directiva de la Asamblea Nacional, conformada por Guaidó (presidente), Édgar Zambrano (primer vicepresidente) y Stalin González (segundo vicepresidente), se procedió a elegir por nuevas autoridades el 5 de enero de 2020.

Antes de la primera sesión del año, había un ambiente de acusaciones tras la investigación hecha pública por el medio armando.info que señaló a varios diputados de haber usado su condición de legisladores y en acuerdo con la administración de Maduro, presentar cartas de buena conducta a favor del empresario Alex Saab, acusado por instituciones judiciales internacionales de pertenecer a una red de corrupción.

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Para ese día hubo una serie de trabas para ingresar al Palacio Federal Legislativo en Caracas, asiento de la AN. Un grupo de diputados, entre ellos Juan Guaidó, fueron impedidos de ingresar. Mientras esto sucedía, adentro del recinto se procedió a juramentar -a pesar de no tener ‘quorum’- Luis Parra como presidente; Franklin Duarte, primer vicepresidente; y José Gregorio Noriega, segundo vicepresidente. Los legisladores del chavismo, que tras un acuerdo se reincorporaron al Parlamento, votaron por improvisado candidato al Parlamento.

La acción fue denunciada por Guaidó como un “golpe parlamentario”. El grueso de diputados procedieron a juramentar una junta directiva, presidida por segundo periodo consecutivo por el presidente (E), en la primera vicepresidencia Juan Pablo Guanipa, mientras que en la segunda vicepresidencia fue juramentado Carlos Berrizbeitia.

En una fecha que la mayoría de la población venezolana aún se encontraba vacacionando por la temporada decembrina, en el mundo se tituló sobre estos hechos que ahora Venezuela “tenía dos Parlamentos”. La presidida por Parra, que no cuenta con mayoría de legisladores, y se denunció que muchas personas ajenas a la Asamblea han participado como diputados. Mientras, el Parlamento presidido por Guaidó, reconocido ampliamente por instituciones y gobiernos democráticos del mundo.

Dos Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)

Situación compleja es la que presenta el máximo representante judicial y constitucional del país. Cuando fue elegida una nueva Asamblea en 2015, el anterior Parlamento en reunión extraordinaria y a finales de diciembre designó nuevos magistrados del TSJ, la mayoría con antecedentes de haber militado en partidos del chavismo, por lo que se preveía una parcialidad política en sus decisiones.

La primera decisión fue desconocer a los seis diputados electos por el estado Amazonas por presuntos vicios en la elección de éstos el 6 de diciembre de 2015. Luego de esto, el TSJ, a través de diferentes sentencias e interpretaciones constitucionales polémicas, bloqueó que miembros del Gobierno, e incluso el para entonces presidente, Nicolás Maduro, presentaran su memoria y cuenta en el Parlamento. Se inició una guerra de poderes en el Estado.

Posteriormente, cuando el Legislativo incorporó a los diputados de Amazonas, el TSJ dictó que el Parlamento estaba bajo la figura judicial del “desacato”. Cabe acotar que esto no se encuentra contemplado en la Constitución ni en las leyes venezolanas.

En medio de una crisis institucional en Venezuela, el 21 de julio de 2017 la Asamblea Nacional designó a 33 nuevos magistrados para el TSJ como reemplazo de los anteriores que se les acababa el periodo. El TSJ leal a Maduro declaró nulo el acto y emitió órdenes de investigación contra los jurisconsultos elegidos por el Parlamento. Solicitó a la justicia “civil y militar” ejercer las medidas de coerción necesarias.

Los magistrados electos se fueron al exilio. Países como Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos les brindaron asilo político. Desde el exterior, éstos emanan sentencias como Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio.

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A pesar que sus decisiones judiciales y constitucionales no son acatadas en el país, un gran número de instituciones democráticas en el mundo reconocen su legitimidad y rechazan las continuadas decisiones parcializadas emanadas desde el TSJ en Venezuela, el cual es catalogado como “propiedad” de la administración de Maduro.

Dos Ministerio Público

Luego de casi 10 años en el cargo de fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz se desentendió del gobierno chavista de Nicolás Maduro en el 2017 en medio de una crisis institucional y su oposición a la designación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la cual fue electa sin suficientes votos, denuncias de poca transparencia electoral, presiones a votantes y sin asistir la oposición venezolana.

Dos hechos marcaron la ruptura completa de Ortega Díaz con el chavismo:

  • El TSJ de Maduro emitió el 31 de marzo de 2017 dos sentencias que le abrogaban las facultades constitucionales del Parlamento a sí mismo y al presidente de la República. La fiscal denunció en rueda de prensa que la decisión representaba una “ruptura al orden constitucional”.
  • Su desacuerdo a la elección de una ANC. Maduro convocó elecciones al llamado “poder originario” porque en su investidura de jefe de Estado actuaba “en nombre del pueblo”, pero a juicio de Ortega Díaz era una violación a los artículos 5, 63, 347 y 348 de la Constitución.

Ya instalada la ANC con amplia mayoría chavista, el diputado del poder estatal, Pedro Carreño, solicitó al TSJ un antejuicio de mérito contra Ortega Díaz por los delitos de “atentar, lesionar, o amenazar la ética pública y la moral administrativa. También solicitó la prohibición de salida del país de la fiscal y congelamiento de sus bienes. El Poder Judicial accedió a las peticiones de Carreño y programó una primera audiencia, además de que concede las medidas cautelares solicitadas de prohibir la salida del país de la Fiscal y congelar sus bienes.

El TSJ, asumiendo funciones del Parlamento, suspendió a Ortega Díaz del cargo para que se iniciara su enjuiciamiento, además de congelar sus bienes, prohibirle salir del país e inhabilitarla para ejercer cargos públicos. En la misma fecha, la ANC inició funciones y con decisión unánime de sus 545 integrantes, aprobó la destitución de la fiscal y adjudicó el cargo tiempo después al para entonces defensor del Pueblo, Tarek William Saab, dirigente de largo recorrido del chavismo.

Las facultades de Saab en el cargo son discutidas y no reconocidas por la Asamblea, OEA, Unión Europea, así como fiscales de diferentes países.

Una sola Constituyente, de discutida legitimidad

La elección de una ANC, poder constituyente establecido en la Constitución para redactar una nueva Carta Magna en Venezuela. Desde el inicio de sus funciones, se han abrogado y han hecho uso de las responsabilidades democráticas de la Asamblea Nacional. Las leyes emanadas desde el gobierno de Maduro han sido aprobados por dicho poder, así como reformas económicas, fiscales, judiciales y sociales.

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Carece de reconocimiento nacional e internacional. En Venezuela, negar su autoridad ha acarreado penas judiciales. En reiteradas ocasiones su presidente, Diosdado Cabello ha asegurado que la ANC legislará hasta finales de 2020, sin embargo para medios del Estado recalcó que es “soberanísima” y puede alargar su tiempo de vigencia si ella lo desea.

Partidos políticos

El TSJ leal a Maduro declaró omisión legislativa para que la Asamblea Nacional (ya con problemas de duplicidad) designara nuevos rectores para el Consejo Nacional Electoral (CNE). Tanto el Parlamento como la coalición de partidos políticos opositores que la conforman rechazaron esta medida y anunciaron que no participarían en la “falsa electoral de Maduro”.

Un grupo de dirigentes políticos de diferentes partidos: Bernabé Gutiérrez (Acción Democrática), José Brito (Primero Justicia) y Chaim Bucarám (Un Nuevo Tiempo), interpusieron medidas ante el TSJ para que fueran removidas las directivas de los movimientos políticos. El resultado es que en dos de las tres mencionadas fueron dictadas nuevas direcciones, dirigidas por quienes interpusieron los recursos.

Esto fue rechazado por las direcciones actuales y militancia de AD y PJ, así como en UNT ante la intención que se le dicten nuevas autoridades. Por su parte, Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, expresó su desconocimiento a las acciones del TSJ y anunció acciones en conjunto para proteger los colores y emblemas de los partidos.

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Una sola realidad social: Venezuela en crisis

Economía, alimentos, medicina, servicios básicos (agua, electricidad, gas doméstico), transporte público, estos son solo algunos de los sectores que han venido ha menos hasta ocasionar una crisis migratoria venezolana en la región (2.619.000 hasta finales de 2019, cifras de la ONU) y una “crisis humanitaria compleja” (ser de eje medular político y afectar considerablemente todos los ámbitos de la vida humana), llamada por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y el Gobierno (E). A eso se suma la pandemia provocada por el nuevo coronavirus, que ataca al país en medio de una situación de vulnerabilidad del sistema hospitalario nacional.

Economía

A partir de 2017, lo que era ya una economía en crisis, inició una etapa de “hiperinflación”, tras registrarse: una inflación mensual de 56,7 % e interanual de 1370 %;​ en ese período se anunció la creación del billete de 100.000 bolívares.

La inflación acumulada entre 2013 y 2019 fue de 5.395.536.286%. La Asamblea Nacional calificó esto como el peor periodo histórico de la economía venezolana comparándolo con el año 1983 del famoso viernes negro cuando el PIB tuvo una caída de 9.9%.

Toda esta situación se ha traducido con una alta perdida del poder adquisitivo, que la población no pueda acceder a una debida alimentación por la diferencia entre el precio de la canasta alimentaria y el salario mínimo mensual.

Para abril de 2020, el Parlamento alertó, a través de la Comisión de Finanzas, que la hiperinflación “continúa y se agrava” en medio de la pandemia por covid-19. Asimismo, el miembro de la comisión, economista y diputado Ángel Alvarado, advirtió que la canasta alimentaria pasó de 225 a 263 dólares entre febrero y marzo.

La administración de Nicolás Maduro ha repetido en reiteradas oportunidades en sus discursos oficiales que la crisis se debe al “bloqueo del imperio norteamericano”, refiriéndose a las sanciones selectivas aplicadas por instituciones de Estados Unidos a sus funcionarios, miembros e instituciones del Estado con legitimidad discutida y él mismo, no reconocido como presidente por el gobierno de EEUU.

Medicina y hospitales

La letal enfermedad covid-19 hizo su arribo a Venezuela en medio de una dura crisis en cuanto a escasez de alimentos y atención en clínicas y hospitales. En la nación, que se prometen tratamientos médicos a todos sus ciudadanos por dictamen constitucional y ley del Estado, estos no se consiguen y se han registrado muertes en diferentes regiones por enfermedades ya erradicadas como el paludismo, difteria, así como otras de origen hepático.

La ONG Médicos Sin Fronteras alertó que en 63.64% de los centros hospitalarios con servicios pediátricos no existen fórmulas lácteas para los recién nacidos. Además, registró 81% de escasez del material  quirúrgico y 75% de ausencia en medicamentos. Asimismo, se señaló que hay 95% de fallas severas y paralización de los laboratorios como, por ejemplo, 80% en la Tomografía Axial Computarizada (TAC). Pues, solo 37,3% de los hospitales ofrecen el servicio de rayos X y 29,3%, los ecos.

En el caso de los recursos que deberían proveer los hospitales el panorama es incluso más alarmante: existe una falla severa o inoperatividad en 87% de catéter o sondas, 81% de insuficiencia del material médico quirúrgico y 75% de escasez de medicamentos.

Recientemente el inféctologo, miembro de Médicos sin Fronteras y la Comisión de Expertos de la Salud que brindan consejo al Gobierno (E), Julio Castro, alertó que la cifra de fallecidos por covid-19 podría ser más alta que la anunciada por miembros de la administración socialista en sus reportes diarios.

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Servicios básicos

Un “mega apagón” en toda Venezuela el 7 de marzo de 2019 fue el inicio de una crisis en todos los servicios públicos que ya tenía un largo historial de fallas y denuncias por parte de organizaciones civiles. Mientras que la administración de Maduro culpó nuevamente a factores internacionales de la falla que se extendió por todo un mes y que ocasionó el colapso en el servicio de agua por tuberías, sindicatos expertos en el área explicaron que se debió falta de mantenimiento, inversión y corrupción en el sector.

Pasa el 2020 y VPItv se ha hecho eco de denuncias en todas las partes del país por ciudades, sectores y comunidades que no cuentan con servicio de agua, padecen hasta 30 horas sin electricidad o no les suministran cilindros con gas doméstico y deben cocinar con leña en espacios abiertos.

Transporte público

La crisis del transporte público se agudizó en 2017, año en que se redujeron las importaciones de repuestos y suministros para vehículos. En aquella oportunidad el Gremio de Transportistas se declaró en paro técnico ya que 70% de las unidades que prestaban servicio se encontraban inhabilitadas.

Los años subsiguiente la administración de Maduro procedió a facilitarle lo necesario a los conductores para que fueran habilitadas sus unidades, sin embargo, los sindicatos y organizaciones que los representan han denunciado que “no son más que medidas de paño caliente” y no subsanan la problemática de raíz.

Para el actual año y en el marco de la pandemia, cerca del 60% del transporte en el país tiene fallas y no se encuentra en servicios. A la dificultad para conseguir repuestos, se le suma la escasez de gasolina.

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Crisis petrolera y escasez de gasolina

Mayoría de estaciones de servicio cerradas y enormes filas de vehículos (más de un kilómetro de colas), así como focos de corrupción en la venta de gasolina, ese fue el panorama durante el mes abril -- mayo de 2020 en Venezuela. Incluso la capital Caracas, siempre bien abastecida del combustible, fue golpeada por la escasez.

La escasez ya venía arropando a gran parte de Venezuela desde que en marzo Nicolás Maduro dictó una cuarentena para hacer frente a la pandemia por covid-19. Pero ¿a qué se debe este problema?

José Toro Hardy, economista, experto petrolero, ex miembro del directorio de Pdvsa y parte del Plan País sector Energía, en conversación para VPItv reiteró que las refinerías de petroleo en Venezuela se encuentran en una aguda crisis debido a la “corrupción del régimen y la falta de inversión desde el gobierno de Chávez”. Refiriéndose al mismo tema, declaró que se hará un esquema de corrupción con el nuevo mecanismo para surtir de combustible en Venezuela, lo que generará más escasez.

El culpable de esto, según Nicolás Maduro, es el “saboteo de Trump” y las sanciones impuestas contra su administración. En el nuevo esquema dictado habrá venta de combustible importado a precios internacionales (0,50 dólares el litro).

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Franco Casella, en nombre de la tolda naranja manifestó su apoyo y solidaridad al partido político Primero Justicia (PJ) “quienes reciben un ataque cruel y despiadado” por parte de la administración de Nicolás Maduro.

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“No están solos en medio de esta tormenta cargada de odio de aquellos cuyos nombres están manchados por la indignidad de haber vendido sus ideales”, expresó el parlamentario Casella.

Luego del nombramiento de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), proceso llevado a cabo por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Maduro, han sido intervenidos dos partidos políticos, estos son: Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ).

“Hay que reconocer el rol histórico que ha tenido y que tiene Primero Justicia y sus liderazgos en la construcción y la defensa de un mejor país”, dijo el parlamentario.