La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) sancionó a 156 instituciones privadas, tras no cumplir con la resolución 114 y 0027, que establecen la norma para el ajuste de matrícula y mensualidad.

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A través de Twitter, la institución informó que el Ministerio de Comercio desplegó a varios fiscales para hacer cumplir la regla.

Los colegios sancionados deben reducir el costo de las cuotas y guiarse por lo establecido en las resoluciones, después de llevarse a cabo un análisis de las estructuras de costos.

Para lograr el ajuste de los precios, la directiva de cada centro educativo deberán cumplir con estos cinco requisitos exigidos por la Sundde:

1. Aplicación de la Resolución 0027, donde se presenta una fórmula para el cálculo en el costo de la matrícula.

2. Remitir la propuesta a la junta de padres y representantes.

3. Se debe convocar una Asamblea Escolar Extraordinaria, donde será aplicada la Resolución 114, relativa a la evaluación del ajuste de mensualidad.

4. Para la aprobación del presupuesto escolar se deberá contar con el 75% de los votos de sus miembros a favor en Asamblea Escolar General.

5. La institución deberá publicar en una cartelera informativa los montos aprobados por conceptos de matrícula y mensualidad.

Sin embargo, padres y representantes de las escuelas privadas rechazaron los métodos del organismo regulador.

El superintendente, Willian Contreras ordenó este martes, el ajuste de precios en la cadena Farmatodo, y exhortó en general a los empresarios del país a cumplir con la ley de precios justos, a fin de evitar sanciones.

Contreras informó que “luego de recibir insistentes denuncias en relación con aumentos indiscriminados por parte de la cadena Farmatodo, he ordenado una medida preventiva de ajuste de precios en todas sus tiendas a nivel nacional”.

Dentro de las denuncias recibidas los usuarios manifestaron que este lunes en horas de la mañana, los productos tenían un precio y en la tarde tenían un monto superior, por lo que se presume que estos se encontraban incurriendo en los delitos de especulación y remarcaje de precios.

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El Comité de Evaluación de Méritos y Credenciales para la designación de integrantes del directorio del BCV difundió que recibieron 18 postulaciones, que serán evaluadas para ocupar cuatro posiciones de director del instituto emisor.

El listado está compuesto por 8 mujeres y 10 hombres, entre quienes destacan el titular de la Sundde, Willian Antonio Contreras, Gabriela Enriqueta Carrillo Fernández, María Erminia Brito Izquierdo, Carlos Eduardo Malpica Peñaloza, Héctor Castro y Elio Córdova.
Quienes se encargarán de seleccionar a los nuevos directivos son: Jesús Farías y Orlando Camacho, en representación de la ANC; Oswaldo Pérez y Xabier León, de la Presidencia de la República y Joselit Ramírez, de el Consejo de Vicepresidentes del Consejo de Ministros.
Las personas seleccionadas resultan válidas por reunir los requisitos previstos en el artículo 18 de la legislación que rige el funcionamiento del instituto emisor.
 
Por otra parte, el tipo de cambio resultante de la vigésima subasta Dicom se ubicó en 134.262,50 bolívares por euro, equivalente a Bs 115.000 por dólar, según informó el BCV.
En esta oportunidad 77 empresas recibirán un total de $896.832,12 mientras que 450 personas naturales obtendrán $84.009,05.

Entre los mayores montos adjudicados figuran Covencauchos con $144.000 para materia prima, Cervecería Regional con 100.000 y Central Madeirense con $85.127,56 para insumos y repuestos.

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La Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (FAVENPA), expresó a través de un comunicado de prensa su preocupación por la larga vigencia de la medida administrativa de la SUNDDE que ordenó la venta supervisada de productos a precios reducidos a la empresa «ACUMULADORES DUNCAN».

 

El pasado 17 de abril la SUNDDE ordenó una reducción de precios de todo el inventario de baterías automotrices disponibles para esa fecha en los centros de servicios a nivel nacional, luego, el 30 de abril extendió esta medida a todo el inventario existente en las plantas de producción de DUNCAN, y determinó que todas las baterías producidas deben ser vendidas al precio establecido por dicho organismo.

 

La Cámara que agrupa a los fabricantes venezolanos de autopartes, llama la atención de las autoridades “respecto a las graves consecuencias que tienen medidas como éstas, pues ponen en riesgo la estabilidad financiera de las empresas así como de los empleos de miles de trabajadores, lo cual al final termina perjudicando también al consumidor, que ve limitada la disponibilidad de productos en los canales formales de distribución”.

 

Recuerda que el sector automotor, y específicamente el de autopartes, está seriamente afectado en sus niveles de producción. Remarca la inconveniencia de mantener la medida en el caso de DUNCAN, pues eso “no haría sino agravar aún más esta preocupante situación”.

 

Finaliza el pronunciamiento gremial subrayando  que es necesario entender cabalmente la magnitud del problema que podría generarse y llama a hacer todos los esfuerzos por preservar la producción nacional, ya que el precio que tendría que pagar el consumidor por una batería de origen importado sería muchísimo más alto que el precio de una batería de la misma calidad producida en Venezuela.

 

 

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La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), María Carolina Uzcátegui, exigió este martes al gobierno nacional que establezca «reglas claras» para atacar la escasez y el desabastecimiento que padece un 80% de los grandes y pequeños mercados del país.

«El comercio no tiene que ofrecer. No hay confianza en un gobierno que no establece reglas claras. Cada semana de enero hemos tenido noticias diferentes a lo que es la distribución y comercialización de los alimentos», lamentó Uzcátegui, quien responsabilizó al Ejecutivo nacional por el éxodo de profesionales que, a su juicio, también ha derivado en la baja de los inventarios.

Agregó que los distribuidores están «temerosos, a la expectativa de qué va a pasar en el país, sobre todo con los hechos violentos en algunos lugares», en referencia a los saqueos registrados en diversos estados.

«Un día la Sundde (Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela) ordena actualizar precios, luego la Vicepresidencia de la República establece otra decisión, pero finalmente el Presidente de la República gira una orden cambiando la política de comercialización y precios. El resultado final de esa indecisión y turbiedades en el manejo de la información es que nuestros anaqueles a nivel nacional están completamente vacíos, y todos los venezolanos nos preguntamos qué comeremos mañana», condenó.

Argumentó que para Consecomercio, la política económica oficial para el manejo de los alimentos se convirtió en un «juego de ping pong», y rechazó que el gobierno de Nicolás Maduro haya querido tomar una «salida acelerada» con los créditos a los comerciantes y dueños de cadenas de tiendas y supermercados.

«Estos apoyos que se le han dado a distribuidores de alimentos han sido basados en nueva generación de dinero inorgánico, que es un incremento de la deuda del Estado que no está respaldada. Sin una política sostenida en el incremento de la producción, es pan para hoy y hambre para mañana. Necesitamos un programa sostenido de incremento de la producción, no necesitamos un crédito fundamentado en dinero inorgánico que incrementara la hiperinflación», sentenció.

Venezuela- Consecomercio se pronuncia ante la situación finaciera del país-VPItv

Ante la situación de hiperinflación y deterioro económico que sufre el país, con mayor énfasis desde 2017; la severa caída de la producción nacional y del empleo formal; el deterioro de los salarios y la pérdida de capacidad adquisitiva de la población, la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) quiere hacer del conocimiento público su posición:

1. Entendemos y compartimos la necesidad de que los ciudadanos tengan acceso a los bienes y servicios, desde los más básicos como alimentos, medicinas, ropa y calzado, vivienda, acceso al transporte (público y privado), educación y trabajo, así como productos de higiene personal y del hogar, repuestos para sus vehículos, aparatos electrodomésticos, teléfonos, equipamiento para el hogar, servicios de salud, seguridad personal e información oportuna, confiable y veraz.
Pero no es mediante la aplicación de medidas efectistas y populistas, como la arbitraria exigencia a supermercados, abastos, zapaterías, ventas de ropa, licorerías y otros expendios, obligando a rebajar los precios a niveles que no cubren los costos, que se va a superar la hiperinflación, ni la crisis socioeconómica que golpea fuertemente a la población. Esta acción, además, se ha extendido a establecimientos industriales. Por el contrario, tales acciones –que contribuyeron a provocar saqueos y destrucción de los establecimientos comerciales mencionados- solo contribuyen a profundizar el problema de fondo pues las empresas que han tenido que enfrentar la pérdida del inventario y de su capital de trabajo tendrán serias dificultades para reponer los productos en los anaqueles. Esto se traduce en más desabastecimiento, inflación y angustia entre las personas que buscan desesperadamente comida para mantenerse a sí mismos y a sus familias.

2. Las arbitrarias exigencias que también se están aplicando a las empresas industriales a través de fiscalizaciones, principalmente a las del sector alimentos, van a provocar una mayor caída de la ya deteriorada producción nacional. Actualmente en Venezuela solo se produce 10% de lo que se generaba hace 19 años. Si no hay producción, la escasez y los precios aumentan inevitablemente.

3. La economía venezolana está quebrada y la salud de una economía es responsabilidad del Estado. La falta de acceso de los ciudadanos a los bienes y servicios fundamentales tiene sus razones en:

a) Los desequilibrios monetarios que han destruido al Bolívar como moneda y toda sociedad necesita una moneda como mecanismo transaccional y de ahorro. Estos desequilibrios se producen cuando el gobierno nacional gasta más de lo que gana y crea una moneda que no tiene fundamento ni en los ingresos por exportaciones petroleras y/o no petroleras, ni en la actividad económica local. Esto genera un déficit fiscal que luego se intenta cubrir con emisión inorgánica de dinero y su consecuencia es diluir el valor, y el poder adquisitivo de nuestra moneda nacional: el bolívar. Sólo entre el 3 de noviembre y el 29 de diciembre de 2017, la creación de dinero sin respaldo (la base monetaria) creció 214% según cifras del Banco Central de Venezuela;

b) La falta de producción de bienes y servicios, debido al acoso e irrespeto a la propiedad privada mediante la imposición de controles excesivos e innecesarios; por la imposibilidad de acceso a las materias primas; expropiaciones, confiscaciones e intervenciones de las empresas; amenazas y castigos a los empresarios forzando la huida del capital nacional y extranjero; así como la destrucción de la cultura de la educación, del esfuerzo y del trabajo como mecanismos de acceso y superación. Esto a su vez acabó con la productividad, competitividad y la esencia misma de una sociedad basada en el trabajo. Si el gobierno no permite el aumento de los precios, basados en los costos reales; y de los salarios, para que la población tenga acceso a los bienes que necesita, el país se paralizará.

4. Con una moneda devaluada y sin producción y trabajo, es prácticamente imposible que los ciudadanos tengan poder adquisitivo ni acceso a bienes y servicios. Las amenazas, fiscalizaciones, penas, castigos, descalificaciones, enfrentamientos y atropellos, no han servido ni servirán para crear valor y producción capaz de satisfacer las necesidades de un país.

5. Conindustria dio a conocer en noviembre de 2017 un Plan de Políticas Públicas para la reconstrucción industrial y económica del país, donde destacan propuestas en áreas fundamentales como: equilibrio fiscal y desmontaje de controles; convenios internacionales y logística portuaria que propicie exportaciones no petroleras; administración de las empresas por los ciudadanos y no por el Estado; reconstrucción de la infraestructura de servicios de electricidad, agua, telecomunicaciones, vías de comunicación y vivienda; modificaciones a la legislación laboral y fiscal para estimular el trabajo y la inversión; impulso a la investigación, desarrollo científico e inserción de tecnología y conocimientos; capacitación y educación para desarrollo laboral, productividad y competitividad; consensos y respeto por los acuerdos de largo plazo para generar confianza y gobernabilidad en un clima de libertad.

6. Estamos convencidos de que esta propuesta de Conindustria, surgida del trabajo y análisis de un conjunto de expertos en las diversas materias, puede ser el punto de arranque para que Venezuela comience a salir de los escombros en que está sumida y permitirá construir una nueva sociedad basada en los valores del respeto a la propiedad, a la libertad y al pensamiento.

Venezuela necesita con urgencia recuperar su producción. Solo así podremos transitar la vía hacia la recuperación económica, del empleo y de la calidad de vida.

Comunicado de prensa.

En los primeros ocho días del año 2018, el Movimiento Vinotinto ha contabilizado más de 50 protestas por razones socioeconómicas en Venezuela.

La actuación de los órganos de seguridad en las manifestaciones que se han desarrollado entre diciembre y enero por la escasez de alimentos y medicinas, han dejado el saldo de una persona fallecida y 311 detenciones, entre ellos 2 funcionarios policiales del estado Aragua y 3 dueños de establecimientos comerciales.

Asimismo se han registrado 75 saqueos a comercios en los estados Miranda, Bolívar, Zulia, Anzoátegui, Barcelona, Trujillo, Cojedes y Lara; y otros 7 conatos. Algunos de estos hechos guardan relación con las fiscalizaciones de la Superintendencia de Costos y Precios Justos a las cadenas de supermercados del país, acciones que ocasionaron largas colas que trascendieron a situaciones de caos en la venta de productos que fueron regulados.

Más de 7.000 establecimientos comerciales fueron fiscalizados entre septiembre y diciembre del 2017. “Gran parte de la escasez es responsabilidad del Sundde que ha ejecutado acciones arbitrarias en contra de los pocos establecimientos que están abastecidos”, manifestó Manuel Virgüez, director del Movimiento Vinotinto.

“La crisis económica del país es única y exclusivamente producto de las malas políticas gubernamentales y planes económicos fracasados que ha tenido el gobierno, entre lo más grave, el control de los precios”, indicó.

En Lara cuatro comunidades de diferentes sectores manifestaron exigiendo la distribución de alimentos por los denominados CLAP y el gas doméstico. También el lunes en Aragua un grupo de pacientes renales protestaron por la falta de diálisis.

El Movimiento Vinotinto reitera su condena a la política de persecución, control y encarcelamiento por parte del gobierno contra los ciudadanos y empresarios. Denunciamos que es una violación de los derechos humanos el ejercicio penal en virtud del argumento que el gobierno llama ‘guerra económica’.

El Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) culpó a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) de causar «la escasez y el desabastecimiento» con sus políticas oficiales, en referencia a las fiscalizaciones llevadas a cabo desde el pasado viernes.

«Han destruido el aparato productivo nacional con un único objetivo: subyugar a la ciudadanía a través del hambre (…) La orden arbitraria de bajar precios a 214 establecimientos de 26 cadenas de supermercados (…) es un paso más para perpetuar la distorsión económica en el país, a través de una política gubernamental de utilizar el hambre como mecanismo de control de la ciudadanía», reza el comunicado.

Cedice Libertad acusó además a la Sundde de estar «sustentado por una denominada Ley Orgánica de Precios Justos desconectada totalmente de las realidades de la economía y del libre mercado», la cual a su juicio «impedirán a los comercios intervenidos la renovación de inventarios».

«Con estas órdenes y los ataques en contra de las cadenas de supermercados y dueños de establecimientos comerciales, que son sometidos al escarnio, se produce otro fenómeno igualmente condenable: los saqueos por parte de la población desesperada buscando comida, que no son debidamente controlados por las fuerzas del orden público, las cuales prefieren ‘mirar para otro lado’ mientras se producen estas acciones, que no son otra cosa sino violaciones flagrantes del derecho de propiedad», indica la misiva.

Finalmente, Cedice Libertad hace un llamado a la ciudadanía «a tomar conciencia» y a comprender que «los responsables de esta crisis no son los empresarios, productores o comerciantes», sino el «régimen que usa el hambre, originada por sus medidas, para subyugar a un país».

La Asamblea Nacional (AN) emitió este domingo una «alerta internacional» por medio del presidente de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido, quien a través de su cuenta en Twitter publicó el comunicado en español e inglés.

Además de la carta, Florido informó en el tuit que le plantearon a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se prepare «para una emergencia humanitaria aún peor para Venezuela, ante el plan de cubanización del régimen de (Nicolás) Maduro».

Con dicho plan, el parlamentario se refirió a la fiscalización que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) aplicó a varias cadenas de supermercados, la cual a su juicio busca «terminar de destruir la cadena de distribución y la comercialización de alimentos».

A continuación, el comunicado:

comunicado-asamblea-nacional

Los trabajadores de Petrocedeño, una de las filiales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), tocaron cacerolas con sus cascos y gritaron consignas como medida de protesta para exigir mejoras salariales.

«El salario no me alcanza, mis hijos tienen hambre», gritaban al unísono los empleados de la petrolera, en rechazo al monto que actualmente perciben por su trabajo, según se puede observar en diversos videos que se hicieron virales en las redes sociales.

Esta protesta de los trabajadores de la filial de la estatal Pdvsa se produjo a tan solo días de que el presidente Nicolás Maduro anunciara un aumento del salario mínimo integral, el cual ha generado un fuerte rechazo entre la población, debido a que provoca a su vez el alza de la ya de por sí imparable inflación.

El rechazo a este último aumento de salario, aunado a las más recientes fiscalizaciones de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), ha causado una ola de protestas, saqueos y conatos de actos vandálicos, en varios estados del país.