Yarudid González, hija del secretario general Sindicato de Ferrominera del Orinoco, Rubén González, exigió la liberación de su padre a través de un video en Twitter.

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El sindicalista se encuentra encarcelado y procesado en tribunales militares por defender los derechos laborales en el país. Fue detenido en una alcabala en el estado Anzoátegui el pasado 29 de noviembre del 2018 cuando regresaba de marcha en Caracas en contra de las violaciones de la contratación colectiva.

La denuncia fue realizada ante la audiencia de apelación de su condena que se llevará a cabo este martes.

«Llevamos cuatro meses que no lo vemos, Rubén González es un padre de familia, es un padre, es un abuelo y en casa nosotros lo estamos esperando», expresó su hija.

La abogada Eva Leal, acusada del delito de «ultraje a centinela» por presuntamente haber atacado a una funcionaria de la Guardia Nacional en un área de seguridad en Barquisimeto, estado Lara, fue posiblemente trasladada a un tribunal militar en la dicha región.

La corresponsal de VPItv en Lara, Andreina Ramos, recalcó que no ha habido información oficial sobre el caso, por lo que se presume Leal haya sido trasladada a tribunales militares tras el altercado que protagonizó con una funcionaria castrense en un punto de control, cuando la profesional del Derecho circulaba en las calles de Barquisimeto en horas indebidas por las medidas de la pandemia.

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Ramos detalló en su reporte que la abogada fue detenida por un punto de control por circular luego de las 3:00pm (lo que no está permitido en la región), y al no poseer salvoconducto, los funcionarios le exigieron cancelar un monto a una cuenta personal, que no correspondía a la multa existente por violar la norma en la semana de cuarentena.

Leal

Este martes se esperaba la audiencia preliminar del exministro de Interior Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, sin embargo fue diferida por cuarta vez, autoridades judiciales alegaron que los tribunales que llevan su causa están de vacaciones.

Rodríguez Torres, está siendo juzgado por el juez tercero de la Corte Marcial, al que no ha podido ver desde el momento de su detención hace más de cinco meses en Caracas, mientras participaba en un foro.

Recientemente, trascendió que el Mayor General en calidad de retiro debe someterse a una operación del hombro tras una lesión, de no atenderse podría perder la movilidad de su brazo.

Rodríguez Torres está siendo imputado por espionaje, «otros delitos contra la seguridad de la Fuerza Armada Nacional, conspiración contra el motín, e instigación a la rebelión».

La alianza opositora «Soy Venezuela» se pronunció este sábado tras la audiencia que se realizó en horas de la madrugada a nueve funcionarios de las Fuerzas Armadas, donde se les dictó privativa de libertad por presunta conspiración.

En un comunicado difundido por las redes sociales, la coalición afirmó estar preocupada por la situación de estos funcionarios y todos los venezolanos.

Además denunciaron que durante el proceso ha habido «secretismo, violación a los derechos humanos y se desconoce si se cumplió el debido proceso».

Finalmente, afirman que se ampararán en los artículos 333 y 350 de la Constitución de la República, y seguirán «luchando en las calles para con los civiles y los militares».

A continuación el comunicado en su integridad.

Soy Venezuela ante la detención y audiencia tribunalicia esta madrugada de comandantes y miembros del ejército componente de la Fuerza Armada Nacional manifiesta su preocupación y reconoce que:

1. La crisis de hambre y medicinas combinada con el malestar creciente de sufrimiento ciudadano, también afecta al componente militar, porque ellos, son ciudadanos uniformados, son parte del pueblo que sufre y padece los rigores del desastre económico e ins:tucional que hoy sobrelleva Venezuela.

2. El secre:smo impera y se desconoce el estado de salud y respeto a los Derechos Humanos, no se :ene información sobre el cumplimiento del debido proceso. Sin embargo, es conocida la arbitrariedad contumaz del régimen contra todo aquel que ose expresar crí:ca o descontento, por más insignificante que sea.

3. Pareciera que nos encontramos ante una nueva arreme:da de detenciones polí:cas, que pasarán a ampliar la lista de los centenares de presos y exiliados polí:cos de Maduro.

4. Los presos polí:cos merecen respaldo y consideración de un pueblo que soporta el engaño y la falacia del régimen. Aprovechamos la oportunidad y hacemos un llamado a la comunidad internacional, para que, como Soy Venezuela, se solidarice con nuestros prisioneros polí:cos hoy secuestrados por la narco-dictadura.

5. Soy Venezuela con:núa sin descanso la lucha al lado de los ciudadanos civiles y militares diciendo la verdad, sin hipocresía ni ambigüedades, el régimen defini:vamente ha clausurado la vía electoral, los invitamos, con el pueblo y juntos todos, dentro de la Cons:tución vigente y cumpliendo con los arPculos 333 y 350, a rescatar su vigencia, y con ella, la Democracia y la República.

Caracas, 10 de marzo de 2018.

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, será quien le de continuidad al caso del Magistrado designado por la Asamblea Nacional, Ángel Zerpa,  quien estaba siendo juzgado por presunta comisión de delitos de traición a la patria y usurpación de funciones, en Tribunales Militares desde el pasado 22 de julio.

Según se dio a conocer en una nota de prensa el TSJ, «La Sala de Casación Penal se avocó de oficio al conocimiento del asunto cursante ante el Tribunal Militar Primero de Primera Instancia en Función de Control con sede en Caracas, contra el ciudadano Ángel Wladimir Zerpa Aponte por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria y usurpación de funciones, tipificados en los artículos 464, numeral 25, del Código Orgánico de Justicia Militar y 213 del Código Penal, respectivamente.»

El TSJ ordenó al Tribunal Militar Primero de Primera Instancia en Función de Control con sede en Caracas, que remitiera el expediente seguido al Magistrado a la Sala de Casación Penal.

Zerpa fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado 22 de julio, un día después de ser nombrado como Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, por la Asamblea Nacional.

El abogado fue puesto en libertad el pasado 23 de agosto bajo régimen de presentación cada ocho días y prohibición de salida del país.

Esta decisión se produce tres meses después de que los abogados de Zerpa Aponte solicitaron a la Sala Penal avocarse al conocimiento de la causa abierta en el Tribunal Militar, denunciando que se le estaba violando su derecho a ser juzgado por sus jueces naturales.

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Luego de que se diera a conocer la presunta liberación de algunos de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) detenidos en la cárcel de El Dorado, estado Bolívar, Abel Pandre Saldivia, hermano José Saldivia, uno de los detenidos, desmintió la información.

Pandre Saldivia aseguró que la fiscalía militar ordenó el sobreseimiento de la causa de 22 de los estudiantes e imputó a 5 de ellos.

Los estudiantes de la UPEL, continúan detenidos en la cárcel de El Dorado, 26 de Julio y algunos en arresto domiciliario, mientras los tribunales militares se mantienen de vacaciones.

El joven pidió no difundir información falsa, ya que esto “puede afectar el proceso de los muchachos”

“Violaciones no prescriben, en algún momento funcionarios tendrán que responder”

 

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Luisa Panagua.- Theresly Malavé y Omar Mora Tosta, abogados de Steyci Escalona activista de Voluntad Popular, alertaron que el caso de la joven inició «el arduo camino del retrado procesal» debido a que en la primera audiencia para discutir la acusación contra Escalona los fiscales militares pidieron un diferimiento del proceso con el argumento de que, «casualmente», fueron convocados por la Fiscalía Militar.

Malavé recordó que la joven fue apresada el 11 de enero junto al diputado Gilber Caro por funcionarios del Servicio de Inteligencia (Sebin).

Además, denunció que a ambos activistas les sembraron «un fusil y explosivo C4», por lo que el Fiscal del Ministerio Público (MP), basado en esta presunta evidencia, determinó que la posesión de estos artefactos constituían los delitos de «rebelión militar» y «sustracción de efectos militares», razón por la cual derivó estos casos a la justicia castrense.

La abogada señaló que la Defensa trabajó para recolectar todas las pruebas de la inocencia de Escalona, incluyendo su movimiento migratorio ya que la joven reside en Suiza, no en Venezuela, donde se desempeña como maestra de niños y solo se encontraba de visita en el país para celebrar junto a su familia las festividades navideñas.

A su vez, denunciaron que el parlamentario Gilber Caro contabiliza hasta la fecha, 70 días en aislamiento en la Cárcel 26 de Octubre, hecho que viola su inmunidad parlamentaria así como los convenios suscritos y ratificados por la República en materia de Derechos Humanos y tratamiento de personas privadas de libertad.

Conoce a Steyci Escalona, la joven detenida por el Sebin junto al Dip. Gilbert Caro

Presentan a Steyci Escalona ante Tribunal Militar

 

Luisa Panagua.- Tras la privativa de libertad dictada contra la activista de Voluntad Popular, Steyci Escalona, esta organización política emitió un comunicado en el que repudia la acción en su contra, debido a que se utilizó un tribunal militar para procesarla, en contravención de la Constitución que establece que los civiles deben ser juzgados en cortes civiles.

También rechazaron en el documento la detención de Escalona y el diputado Gilber Caro, acto que calificaron de «burdo montaje». Para la tolda naranja, a través de «la siembra descarada de armamento, de la manipulación del sistema de justicia y de la complicidad de la FANB» se hizo efectivo un «exabrupto legal».

Lea aquí el COMUNICADO:

Venezuela es testigo de un nuevo exabrupto legal de la dictadura encabezada por Nicolás Maduro, que, valiéndose de burdos montajes, de la siembra descarada de armamento, de la manipulación del sistema de justicia y de la complicidad de la FANB, hoy ratifica en jurisdicción castrense una privativa de libertad contra nuestra activista Steyci Escalona, quien acompañaba al secuestrado del Estado diputado Gilber Caro, por los supuestos delitos de rebelión y sustracción de efectos militares. Esta decisión no solo es absolutamente violatoria del marco legal venezolano, ya que jurisprudencia del TSJ del 6 de diciembre de 2016 (http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/193571-518-61216-2016-CC16-383.HTML) deja claro que ningún ciudadano civil podrá ser juzgado en jurisdicción militar; sino que expone a esta joven de 30 años de edad a una injusta condena de 28 años de prisión.

Todo este montaje del llamado Comando Antigolpe del vicepresidente Tarek El Aissami, cuyas dos primeras víctimas han sido el diputado Gilber Caro y Steyci Escalona, tiene su origen en la visita a la frontera colombo venezolana realizada por ambos para comprar comida para su familia como consecuencia de la profunda crisis social con la que la dictadura azota hoy al pueblo venezolano. “Si tuviera que volver a ir a la frontera a comprar comida para mi familia con estas terribles consecuencias, lo volvería hacer sin dudarlo ni una vez porque a mi familia no la puedo dejar morir. Estoy orgullosa de lo que hice, estoy orgullosa de ser activista de Voluntad Popular y luchar por la libertad de mi país”, afirmo con valentía Steyci ante sus verdugos del tribunal militar. Tus palabras, tu fuerza y tu convicción también nos llenan de orgullo Steyci. ¡Fuerza y Fe que no estás sola!

Denunciamos ante Venezuela y la comunidad internacional que a 60 horas de su secuestro por comisiones del SEBIN, el diputado Gilber Caro aún permanece desaparecido sin que tengamos precisión de su paradero, de sus condiciones de salud y mucho menos de su vida ya que a ningún abogado, ni familiares, ni colegas diputados se les ha permitido constatar su situación; amén de que a Caro, dirigente nacional de Voluntad Popular, además de ser objeto de la violación de su inmunidad parlamentaria garantizada en el artículo 200 de la Constitución vigente, se le pretende juzgar también ante jurisdicción militar ante la negativa de las autoridades penales ordinarias de hacerse cómplices del cúmulo de ilegalidades que su caso representa, donde los funcionarios actuantes de esta flagrante violación constitucional que no prescribe en el tiempo, tendrán que asumir ante la justicia su responsabilidad penal. Señores, aún están a tiempo de rectificar y que impere la justicia que hoy se cercena y con su ejemplo iniciar un camino de restitución de la vapuleada democracia en Venezuela.

Las acciones de las últimas horas emprendidas por el régimen, donde además se suman la detención en Bolívar de los activistas de Voluntad Popular concejal Roniel Faría e Irwing Roca, la persecución con amenaza de inhabilitación contra el gobernador de Miranda Henrique Capriles, y el desconocimiento vía TSJ de la declaratoria de Abandono del Cargo de Nicolás Maduro emanada por la Asamblea Nacional, sin duda alguna persiguen la desmoralización y desmovilización del pueblo venezolano,  infundir temor para truncar un inevitable proceso de cambio al que se ha decidido la inmensa mayoría cansada de tanta corrupción y engaños. En Voluntad Popular, como ya lo hemos demostrado incansablemente durante estos años de persecución no nos doblegamos, vamos con nuestra toda nuestra Voluntad, de frente y sin miedo impulsando y acompañando en Unidad la lucha pacífica, constitucional y democrática porque que haya una salida electoral pronta a la crisis, esa salida que la dictadura se robó en 2016.

Como lo ha expresado nuestro líder Leopoldo López, “esta lucha está llena de riesgos, pero no claudicaremos por nuestro pueblo. Frente a la dictadura hay que ser irreverentes y desafiantes. En estos tiempos debemos ser rebeldes y ante cualquier atropello a nuestros derechos, es necesario protestar, alzar nuestra voz y conciencia. El pueblo en la calle, organizado, todos los venezolanos afectados por esta dictadura debemos dar un mensaje contundente el próximo #23E. Venezolanos, por nuestra libertad el #23E tenemos que ser millones en las calles diciéndole a la dictadura ¡Ya Basta!”. A nuestros hermanos de la Unidad les pedimos cerrar filas y avanzar sin titubeos en este objetivo para que se acate la voluntad popular.

Desde Voluntad Popular exigimos la libertad inmediata, no solo del diputado Gilber Caro, de Steyci Escalona, Roniel Faría e Irwing Roca, sino la de los más de 110 presos políticos que permanecen injustamente detenidos por el régimen por el único delito de pensar distinto. Nuestra lucha es por una Venezuela en donde cada ciudadano pueda expresarse libremente sin temor a ser perseguido o encarcelado por sus ideas y principios.

Pedimos a la comunidad internacional mantenerse vigilante de la situación en Venezuela, que hoy está presa por un régimen dictatorial que magulla y hambrea a su pueblo, mientras sus funcionarios inflan sus cuentas con caradurismo e inmoralidad.

¡Fuerza y Fe!

En Caracas, a los trece (13) días del mes de enero de 2017.

Voluntad Popular

Luisa Panagua.- El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, informó en su cuenta de Twitter que la activista Steyci Escalona, detenida por la policía política junto a diputado Gilber Caro, fue presentada ante el Tribunal 6to de Control Militar del estado Carabobo.

Escalona se encontraba de viaje este 11 de enero en la entidad carabobeña con el parlamentario Caro cuando fueron interceptados por funcionarios del Servicio de Inteligencia (Sebin) en el peaje Guacara- San Joaquín.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, rechazó que presentaran a ambos civiles ante la justicia castrense y recordó que los ciudadanos deben ser juzgados ante cortes civiles.

El caso

Nestor Reverol, ministro de Relaciones Interiores, señaló en rueda de prensa que a Caro y Escalona les habrían incautado un presunto fusil de la Fuerza Armada, además de barras de explosivo C4, por lo que los acusaron de planificar «actividades desestabilizadoras».

Sin embargo, para los dirigentes de la Unidad las autoridades les «sembraron pruebas» a los activistas. Freddy Guevara, coordinado encargado del partido Voluntad Popular (VP) tolda a la que pertenecen Caro y Escalona, calificó de «vil montaje» la detención de los activistas relacionada a la declaración de abandono de cargo del presidente Nicolás Maduro.

“¿Quién le va a creer a este irresponsable que ellos estuvieron con explosivos paseando por Colombia y toda Venezuela?», cuestionó Guevara.