La doctora Ana Leonor Acosta, representante de la organización sin fines de lucro, Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, aseguró que se están violando los derechos ciudadanos al mantener cerrado los tribunales en Venezuela durante la cuarentena por covid-19.

Actualmente, los tribunales tienen 215 sin trabajar, retrasando varios juicios y audiencias de muchos casos de los ciudadanos venezolanos.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), leal a Nicolás Maduro aprobó, este jueves, una resolución en la que se establece que los tribunales de Venezuela laborarán durante la semana de flexibilización decretada por Maduro.

Bajo las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio por Covid-19, se considerarán hábiles de lunes a viernes para todos los juzgados del país por lo que deben realizar trámites y sentencias nuevas y en curso.

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De igual manera, el documento señala que durante la semana de restricción deberán permanecer en suspenso las causas y no correrán los lapsos, a excepción de aquellos procesos que puedan decidirse a través de medios de informáticos y de comunicación.

Yarudid González, hija del secretario general Sindicato de Ferrominera del Orinoco, Rubén González, exigió la liberación de su padre a través de un video en Twitter.

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El sindicalista se encuentra encarcelado y procesado en tribunales militares por defender los derechos laborales en el país. Fue detenido en una alcabala en el estado Anzoátegui el pasado 29 de noviembre del 2018 cuando regresaba de marcha en Caracas en contra de las violaciones de la contratación colectiva.

La denuncia fue realizada ante la audiencia de apelación de su condena que se llevará a cabo este martes.

«Llevamos cuatro meses que no lo vemos, Rubén González es un padre de familia, es un padre, es un abuelo y en casa nosotros lo estamos esperando», expresó su hija.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) leal a Maduro, informó que la Resolución n° 004-2020 de fecha 12 de junio, que «ningún Tribunal despachará desde el 12 de junio hasta el 12 de julio de 2020, ambas fechas inclusive».

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La resolución considera que «persisten las circunstancias de orden social que ponen gravemente en riesgo la salud pública y la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas habitantes de la República Bolivariana de Venezuela debido a la pandemia Covid-19».

«Durante ese período permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos procesales (…) Los órganos jurisdiccionales tomarán las debidas previsiones para que no sea suspendido el servicio público de administración de justicia. Al efecto se acordará su habilitación para que se proceda al despacho de los asuntos urgentes», indica el comunicado.

 

El empresario colombo-venezolano Alex Saab, acusado de pertenecer a una red de corrupción y ser el testaferro de la administración de Nicolás Maduro (sancionado por autoridades de Estados Unidos), fue presentado en los tribunales penales de Cabo Verde, tras ser detenido en esa nación el pasado viernes 15 de junio.

Saab, escoltado y esposado, fue llevado a los tribunales y sobre él pesan varios cargos. Las autoridades en Estados Unidos solicitaron a las de Cabo Verde la extradición del empresario que también cuenta con nacionalidad libanesa, sin embargo el proceso podría durar hasta 40 días, informaron medios de comunicación de ese país.

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Sobre esta detención, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Pablo Guanipa, aseguró que es «un golpe para Maduro» y sus movimientos financieros en el exterior. Por su parte, la administración socialista, a través de Jorge Arreaza, emitió un comunicado de rechazo.

Otra que se expresó acerca de este tema fue Luisa Ortega Díaz. En entrevista para Al Día con Sergio, la fiscal en el exilio manifestó que la aprehensión de Saab es una victoria para el Ministerio Público (MP) y que «hará todo lo posible» por que sea extraditado a Estados Unidos.

Saab

El Tribunal 21° de Control del Circuito Judicial Penal del área Metropolitana de Caracas dictó este martes medida privativa de libertad contra los tres directivos de DirecTV Venezuela, Héctor Rivero Olivares, Carlos José Villamizar y Rodolfo Carrano Puglieses.

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El juzgado señaló que los delitos que se les imputan son: coautoría, estafa agravada en concurso real, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir.

Los exdirectivos fueron detenidos el viernes pasado por funcionarios de seguridad de la administración de Maduro por el repetino cese de operaciones de DirecTV en el país, lo que generó la intervención del TSJ de Maduro para un proceso judicial y forzar la reactivación de las transmisiones.

Las autoridades sanitarias de Grecia extendieron hasta el próximo lunes 4 de mayo el confinamiento general que originó el brote del coronavirus Covid-19.

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Hasta los momentos se han registrado en Grecia 121 fallecidos y 2 mil 400 contagiados a causa de la pandemia.

«El desconfinamiento se hará en varias fases sucesivas durante los meses de mayo y junio», indicó el portavoz del gobierno, Stelios Petsas.

«Las medidas restrictivas que inicialmente tenían que terminar el 27 de abril se prolongarán hasta el 4 de mayo», resaltó Petsas.

A pesar de la extensión de la cuarentena hasta mayo, varias secretarías de los tribunales volverán a retomar las actividades.

El periodista venezolano Darvinson Rojas, detenido por el régimen de Nicolás Maduro, fue imputado este lunes por los delitos de instigación al odio e instigación pública, según informó el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Caracas.

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De acuerdo al gremio, el reportero fue presentado en una audiencia de presentación clandestina, sin poder hacer efectivo su derecho a la defensa.

Esta denuncia fue secundada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que corroboró que dicha presentación se dio en horas de la noche.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció que el periodista Darvirson Rojas fue presentado este lunes 23 de marzo en los tribunales de manera ilegal.

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«Darvinson Rojas fue presentado en tribunales de manera ilegal y clandestina después de las 6:00pm de este 23 de marzo», señaló el instituto a través de su cuenta en twitter.

Asimismo, señalaron. «Le negaron el derecho a la defensa. Sigue preso y la decisión habría sido una medida sustitutiva que desconocen sus abogados y familiares»

 

Los tribunales con proceso de carácter civil suspendieron por 40 días sus actividades debido a la propagación del coronavirus COVID-19 en Venezuela, así lo informaron a través de un comunicado.

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Los procesos de carácter civil es todo lo que tiene que ver con: demandas laborales, bienes, matrimonios y divorcios.

«En razón del decreto de emergencia sanitaria no habrá despacho ni atención al público en ninguno de los juzgados que hacen vida en la sede judicial por un lapso preventivamente de 40 días», reza la misiva.

Asimismo, extraoficialmente se conoció que esta medida se pudiera extender hasta los tribunales penales.

Sin embargo, debido a que estos procesos penales no se pueden paralizar, solo trabajarán por guardias.