El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) leal a la administración de Nicolás Maduro, declaró, este jueves, mediante un comunicado, que es «procedente» solicitar a Estados Unidos la extradición del excomisario Iván Simonovis.

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La decisión de la Sala de Casación Penal del TSJ «para su enjuiciamiento penal en territorio venezolano (el de Simonovis) por la presunta comisión del delito de homicidio intencional calificado en grado de frustración».

Además, el régimen de Maduro quiere juzgar a Simonovis por los delitos de traición a la patria, tráfico Ilícito de armas de guerra, terrorismo y asociación.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) leal a la administración de Nicolás Maduro decretó este jueves la prórroga del Estado de Alarma en la Gaceta N° 6.579 del 5 de octubre del 2020.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, aseguraron que tal decisión está avalada en la sentencia N° 0146-2020 de la Sala Constitucional y se mantiene «irrevocablemente incólume».

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) legítimo, convocó una sesión extraordinaria de la Sala Plena para este domingo 11 de octubre a las 10:00 AM.

Mediante un comunicado, el ente judicial en el exilio tratará, entre otras cosas, la elección «libre y voluntaria» de los magistrados que integrarán la nueva Junta Directiva del TSJ.

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También, se designará al director de debates de la sesión, así como al Secretario de la Sala Plena.

Según el texto, firmado por 14 de los 25 magistrados, la convocatoria se celebrará mediante la plataforma Zoom.

La justicia venezolana leal a la administración de Nicolás Maduro ordenó este miércoles levantar todas las medidas cautelares en contra de Galaxy Entertainment de Venezuela y Galaxy Entertainment de Venezuela SAT III R C.A.

A través de una sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la decisión se debió a la solicitud de la empresa Scale Holdings LLCC para adquirirlos. “Esta Sala Constitucional resuelve levantar las medidas cautelares relacionadas y tendentes a viabilizar la transacción mercantil relacionada con la compra venta total de las acciones por parte del operador de telecomunicaciones Sociedad Mercantil DIRECTV LATIN AMERICA, LLC a la Sociedad Mercantil SCALE USA HOLDING LLC”, explica.

Sin embargo, de hacerse efectiva la transacción será con la aprobación, previo análisis y seguimiento de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), leal a Nicolás Maduro aprobó, este jueves, una resolución en la que se establece que los tribunales de Venezuela laborarán durante la semana de flexibilización decretada por Maduro.

Bajo las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio por Covid-19, se considerarán hábiles de lunes a viernes para todos los juzgados del país por lo que deben realizar trámites y sentencias nuevas y en curso.

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De igual manera, el documento señala que durante la semana de restricción deberán permanecer en suspenso las causas y no correrán los lapsos, a excepción de aquellos procesos que puedan decidirse a través de medios de informáticos y de comunicación.

Trabajadores de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) leal a Nicolás Maduro, protestaron, este miércoles, para exigir mejores condiciones laborales.

Según el representante del gremio, Emilio Negrín, presidente de la Federación de Trabajadores Judiciales, los trabajadores pretendían entregar un documento en el que se exigía que se equipare el salario con respecto al costo de la canasta básica.

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«Tenemos jueces que están recibiendo 6.000.000 bolívares mensuales, eso no es nada (…) También exigimos que se reformule el seguro de hospitalización», indicó Negrín.

El representante del gremio judicial, denunció a VPItv que funcionarios de seguridad de la DEM «amedrentaron» a los protestantes para que desaloajaran los alrededores de la institución, ubicada en el municipio Chacao del estado Miranda.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la administración de Nicolás Maduro, Maikel Moreno, aseguró este lunes que el informe independiente de la misión internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU) es una «franca manipulación» y se ha hecho un «uso indebido del sistema internacional de Derechos Humanos».

Así lo anunció en una rueda de prensa transmitida por VTV, donde aseguró que el Grupo de Lima busca usar los DDHH como una herramienta política en contra de la administración de Nicolás Maduro.

«El informe carece de los protocolos esenciales para la verificación y consolidación de la información obtenida, ya que no se realizó en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y se fundamentó en suposiciones de presuntas víctimas y testigos promovidos de manera anónima y unilateral, incumpliéndose el principio fundamental de la transparencia que debe caracterizar cualquier actuación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, dijo.

Mediante su cuenta de Facebook, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) leal a la administración de Nicolás Maduro comunicó la constitucionalidad del Estado de Excepción y Emergencia Económica en Venezuela.

La Sala Constitucional del TSJ validó así el Decreto N° 4.275 del pasado 30 de agosto, en el que se extienden las facultades del Ejecutivo, en medio de la pandemia por Covid-19.

La Corte también ratificó la sentencia N° 0132-2020, presentada con la ponencia del magistrado Juan José Mendoza Jover. En ese dictamen «se declara nulo, inexistente e ineficaz cualquier acto en el cual la Asamblea Nacional en desacato pretenda desaprobar el referido Decreto».

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De acuerdo con la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, esta figura es aplicable en medio de «circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones».

Sin embargo, esta misma herramienta legal estipula que, durante el Estado de Excepción, «no podrán ser restringidas las garantías de los derechos, de conformidad con lo establecido en los artículos 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos».

Jorge Rodríguez aseguró que las elecciones parlamentarias se realizarán «indefectiblemente» el próximo domingo, 6 de diciembre, descartando así que pudieran ser pospuestas.

Luego de reunirse con dirigentes políticos, que se califican de oposición, el representante de la administración de Maduro aseguró que los acuerdos, salidos de la «mesa de dialogo nacional», permitirán unos comicios con todas las garantías electorales.

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«Queda demostrado que a pesar de ser adversarios, podemos tener una posición de respeto. Llegar a acuerdos para tener reglas de juego claras», precisó.

Las elecciones de diciembre fueron convocadas por el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), leal a Maduro.

Por esto, organismos internacionales y diferentes gobiernos (entre ellos el de Estados Unidos), han calificado las elecciones como una «farsa electoral» que no cumple con todos los requisitos democráticos.

Miembros del partido político Acción Ciudadana en Positivo (ACEP) denunciaron la intervención de esa tolda, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) leal a Nicolás Maduro.

Representantes de la organización con fines políticos acudieron, este lunes, a la sede de la máxima corte, con el objetivo de consignar un documento de denuncia.

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Griselda Reyes, secretaria general del movimiento, calificó de «robo» la decisión de la Sala Constitucional del TSJ, que deja sin efecto a la actual directiva de ACEP y nombra una nueva ad-hoc.

«Queremos que nos digan cómo arropan a casi 570 candidatos a nivel nacional y cómo se puede, de un plumazo, volar a una organización política», declaró a VPItv.

La líder agregó que quienes fueron impuestos como nuevos directivos no guardan relación alguna con el partido.