El diputado a la Asamblea Nacional, Wilmer Azuaje destacó, durante el programa “Al Día con Sergio” que la Corte Penal Internacional (CPI) se dio por notificada a un documento en el que se muestra la investigación sobre la Operación Gedeón.

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El parlamentario destacó que es la primera vez en la historia de La Haya que se da por notificado un documento en tan sólo 24 horas, lo que demuestra que las fotografías y el expediente revelan con veracidad la situación que ocurrió en el país.

“Creo que esto también se debe a la presión internacional que existe por las Naciones Unidas y los países que dieron este respaldo a todos los venezolanos. Nosotros tenemos siete expedientes que los estamos terminando de conformar para entregarlos en la CPI”, expresó Azuaje.

El coordinador de Derechos Humanos de la presidencia encargada, Wilmer Azuaje, narró que su equipo tenía tres meses trabajando en función de la investigación de la Operación Gedeón, a través de varias declaraciones de Diosdado Cabello y otras pruebas. «Esto es muy serio, hablamos de una masacre, teniendo todo un plan montado con una estructura criminal», dijo.

Asimismo, dijo que las intenciones de su equipo no es hacerlo polémico, ya que existen implicados que quieren «declarar». Pero por está razón, prefieren llevarlo a la Corte Penal Internacional, en La Haya.

Familiares de Abrahan Agostini, asesinado en la masacre de El Junquito, en Caracas, rechazaron la divulgación de nuevas fotografías en un diario español el pasado fin de semana, por lo que manifestaron que aprovecharon la ocasión para hacerse «publicidad», particularmente el diputado Wilmer Azuaje, quien ha sido el principal vocero.

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Astrid Agostini hermana de Abrahan, expresó que con esta nueva entrega realizada a la Corte Penal Internacional (CPI) las cuales «podrían estar alteradas», existiría la posibilidad de retrasar los avances en la investigación.

Zelia Agostini madre de Abrahan, consideró que la publicación de estas nuevas imágenes a las que ellos no tuvieron acceso ni por ser familiares, les ocasiona a los parientes de los asesinados el pasado 15 de enero de 2017, maltrato psicológico y consideraron el hecho como una falta de respeto.

 

Familiares de las víctimas de la masacre de El Junquito rechazaron divulgación de fotos - VPItv

El diputado al Consejo Legislativo, Wilmer Azuaje, en entrevista al programa Al Día con Sergio, manifestó que la diferencia que existe en estas pruebas sobre el asesinato de Óscar Pérez y las que fueron entregadas con anterioridad, mostrarían lo que sucedió en el lugar de los hechos y en la morgue. Por está razón, serán entregadas en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.

Los familiares rechazaron la publicación de estás fotografías que serían publicadas por un medio español. Sin embargo, Azuaje aseguró que el periodista tuvo sus métodos de investigación para conseguirlas.

Recalcó que el asesinato de Pérez es un hecho histórico y un claro ejemplo de la violación de los Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela.

Fotos del asesinato de Óscar Pérez revelan otra parte de los hechos - VPItv

Los diputados a la Asamblea Nacional (AN), Wilmer Azuaje y Franco Casella, presentaron este lunes un informe de más de 400 páginas sobre «La Masacre del Junquito», con distintas pruebas que evidencian las violaciones de lesa humanidad que ha cometido presuntamente el régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.

“Entregamos una serie de pruebas de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos en Venezuela. Traemos más de 400 fotos del asesinato vil y cobarde que le hicieron a este héroe de la historia venezolana, Óscar Pérez. Entregamos pruebas de las violaciones a nuestros estudiantes, del atropello que someten a diario a los 30 millones de venezolanos, a los 5 millones que por razones humanitarias se han tenido que ir de nuestro país», dijo el parlamentario Azuaje con respecto a este caso.

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No obstante, estos legisladores en el exilio también respondieron sobre las acusaciones de los familiares asesinados en este hecho. «A los familiares les decimos que entendemos la pena y el dolor que les aflige al ver estas imágenes. A ustedes nuestro respeto, nuestra solidaridad, pero el mismo Óscar Pérez en sus últimos minutos de vida transmitió en directo la terrible ejecución a la que fueron sometidos, lo que demuestra que estos hombres y mujeres virtuosas no permitirían entonces que su sacrificio sea en vano, hay que hacer justicia”, señaló.

Este martes, dos de enero, el diputado al Consejo Legislativo de Barinas, Wilmer Azuaje, cumple ocho meses detenido, luego de que el pasado 2 de mayo fuera apehendido en Barinas, acusado por participar en actos de terrorismo y en actos de delincuencia organizada, delitos que no han sido comprobados.

Su esposa, Kelly García, publicó a través de sus redes sociales imágenes del dirigente político, exigiendo su libertad, ya que su audiencia a sido diferida en tres oportunidades.

Por su parte, el partido Primero Justicia emitió un comunicado en el que exigió a los organismos competentes liberar al dirigente de la tolda amarilla.

 

Las denuncias de las torturas que le aplican las autoridades a los presos políticos en Venezuela se han multiplicado luego del fallecimiento del concejal por el estado Apure, Carlos Andrés García, quien se encontraba detenido desde diciembre del 2016 y falleció el domingo por la noche ante la falta de atención médica.

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Tomás Guanipa, aseguró este lunes en rueda de prensa que «lo que le pasó a Carlos Andrés (García) le puede pasar a cualquier otra persona», y mencionó los casos de los detenidos Gilber Caro y Wilmer Azuaje, ambos diputados, a los que la inmunidad parlamentaria no los salvó de ser apresados.

«Wilmer Azuaje está siendo torturado, lo que come lo hace vomitar, la mala calidad de la alimentación que está recibiendo es una cosa absolutamente trágica», condenó Guanipa, quien aseguró además que la muerte de García se produjo luego de que el gobierno impidiera que recibiera la debida atención médica tras sufrir un Accidente Cerebro Vascular (ACV).

El secretario general del partido político Primero Justicia (PJ), en el que militaba García y también lo hace Azuaje, añadió que a Caro, activista de Voluntad Popular (VP), «le lanzan la comida por debajo de la puerta».

Caro fue «capturado en flagrancia» hace ocho meses en el estado Carabobo. Según el gobierno portaba un arma, explosivos y «material de guerra» que solo puede utilizar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Azuaje, por su parte, fue detenido a principios del mes de julio de este año por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

De acuerdo al líder opositor Henrique Capriles, otro militante de PJ, Azuaje se hallaba encadenado a una escalera de metal dentro de un despacho de ese organismo, pero la fotografía nunca fue confirmada.

El pasado lunes Caro inició una huelga de hambre tras el intento fallido de su defensa para que fuera liberado o al menos trasladado a otro penal, mientras que Azuaje continúa encarcelado pese a que una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó el pasado 12 de julio que cumpliera el resto de su condena bajo arresto domiciliario.

Se estima que como Azuaje y Caro, hay unos 600 presos políticos en todo el país. Las denuncias de torturas salen a flote justo cuando el gobierno de Maduro es objeto de audiencias internacionales que determinarán si hay motivos para denunciarle ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.

La esposa del diputado y preso político Wilmer Azuaje, denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) tortutan y violan constantemente los derechos humanos del parlamentario.

La denuncia la realizó este miércoles 23 de agosto luego que se publicara un vídeo de Azuaje, en el que se encuentra esposado y amarrado debajo de unas escaleras, con poca ropa y con algunas cortadas en su mano izquierda, que al parecer, no han recibido el tratamiento médico correspondiente.

En el vídeo, el diputado por el estado Barinas hace un llamado a los organismos internacionales que velan por los derechos humanos, tales como la Organización de la Naciones Unidad y la Organización de Estados Americanos, para que intercedan en su caso y se le otorgue la libertad. Afirmó que nunca ha sido imputado y que según la ley los cuerpos de seguridad sólo podían retenerlo durante 48 horas, por lo que califica su caso como un secuestro.

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El defensor del pueblo, Tarek William Saab, solicitó le sea otorgada la libertad al dirigente político y a los 14 funcionarios de la Policía de Chacao (Polichacao), todos detenidos por el Servicio de Inteligencia (Sebin) de  a pesar de tener boletas de excarcelación en mano.

En un serie de tuits difundido por su cuenta personal, Saab además se refirió al caso del diputado a la Asamblea Nacional, Wilmer Azuaje, para quien pidió se considere otorgar medida cautelar sustitutiva menos gravosa de privativa de libertad.

El funcionario detalló que la petición la realiza luego de haberse reunido con familiares y abogados de los aprehendidos.