Las denuncias de las torturas que le aplican las autoridades a los presos políticos en Venezuela se han multiplicado luego del fallecimiento del concejal por el estado Apure, Carlos Andrés García, quien se encontraba detenido desde diciembre del 2016 y falleció el domingo por la noche ante la falta de atención médica.
El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Tomás Guanipa, aseguró este lunes en rueda de prensa que “lo que le pasó a Carlos Andrés (García) le puede pasar a cualquier otra persona”, y mencionó los casos de los detenidos Gilber Caro y Wilmer Azuaje, ambos diputados, a los que la inmunidad parlamentaria no los salvó de ser apresados.
“Wilmer Azuaje está siendo torturado, lo que come lo hace vomitar, la mala calidad de la alimentación que está recibiendo es una cosa absolutamente trágica”, condenó Guanipa, quien aseguró además que la muerte de García se produjo luego de que el gobierno impidiera que recibiera la debida atención médica tras sufrir un Accidente Cerebro Vascular (ACV).
El secretario general del partido político Primero Justicia (PJ), en el que militaba García y también lo hace Azuaje, añadió que a Caro, activista de Voluntad Popular (VP), “le lanzan la comida por debajo de la puerta”.
Caro fue “capturado en flagrancia” hace ocho meses en el estado Carabobo. Según el gobierno portaba un arma, explosivos y “material de guerra” que solo puede utilizar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Azuaje, por su parte, fue detenido a principios del mes de julio de este año por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
De acuerdo al líder opositor Henrique Capriles, otro militante de PJ, Azuaje se hallaba encadenado a una escalera de metal dentro de un despacho de ese organismo, pero la fotografía nunca fue confirmada.
El pasado lunes Caro inició una huelga de hambre tras el intento fallido de su defensa para que fuera liberado o al menos trasladado a otro penal, mientras que Azuaje continúa encarcelado pese a que una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó el pasado 12 de julio que cumpliera el resto de su condena bajo arresto domiciliario.
Se estima que como Azuaje y Caro, hay unos 600 presos políticos en todo el país. Las denuncias de torturas salen a flote justo cuando el gobierno de Maduro es objeto de audiencias internacionales que determinarán si hay motivos para denunciarle ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.
