Morella y Loaiza: dos casos que desnudan las fallas del sistema penal venezolano

El pasado 24 de enero de 2020, Morella vio la luz de la libertad por primera vez en 31 años. Fue el 23 de diciembre de 1988 la última vez que estuvo en una situación similar, el último día que pasó fuera del cautiverio al que la sometió Mathias Salazar, el sujeto que la engañó y secuestró para cometer una larga serie de delitos. Por esta razón, se ha ganado el apodo de “El monstruo de Aragua”.

El caso de Morella, de quien no se ha revelado el apellido por motivos de seguridad, conmocionó a la opinión pública nacional desde que un reportaje del portal Crónica Uno reveló su historia la semana pasada y que ha despertado indignación en una parte de la población, sobre todo los movimientos feministas.

Tortura, abusos sexuales, privación ilegítima de libertad y violencia física, verbal y psicológica. Estas son las denuncias que realizó esta mujer de 49 años contra Salazar, cargos que recuerdan y permiten trazar un paralelismo con Linda Loaiza, la joven merideña que pasó más de tres meses secuestrada por un hombre en Caracas a principios de siglo.

Linda Loaiza, un caso que no encontró justicia en Venezuela

En 2001, una joven merideña de 18 años, inscrita en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Central de Venezuela (UCV), conoció en Caracas a Luis Carrera Almoina, quien decía ser ganadero y tenía 36 años para aquel momento. Juntos entablaron una breve relación que al poco tiempo se convirtió en una pesadilla.

Fue el 27 de marzo de aquel año cuando todo cambió en la vida de Linda. Su presunta pareja la convenció de irse a vivir con él con la promesa de querer ayudarla en la universidad y en su nueva vida capitalina, pero fue en ese momento que Carrera la engañó y la secuestró en un apartamento ubicado en el municipio Chacao.

Durante tres meses y 18 días, la estudiante andina fue víctima de tortura, abuso sexual, violencia física y psicológica y mutilación, como también fue obligada a consumir drogas para ser abusada de manera inconsciente.

Fue en el día 114 que, finalmente, y después de quedarse sola en la casa, pudo arrastrarse con dolor hacia el balcón para salir hacia la ventana y gritar por ayuda en la calle a los peatones. Las personas que estaban transitando alertaron a la Policía de Chacao y estos entraron por fuerza a la vivienda.

Loaiza hizo todas las denuncias necesarias para encarcelar a Carrera Almoina, pero el juicio no comenzó sino hasta dos años después de lo ocurrido y con muchos retrasos.

Pese a sus esfuerzos, Linda solo consiguió que su agresor estuviera en casa por cárcel. Y, aunque en un punto, la jueza Rosa Cádiz absolviera de los cargos a Carrera por considerar que no había pruebas suficientes, posteriormente este habría cumplido una condena hasta el año 2007.

En aquel entonces se dijo que Carrera Almoina tenía una posición favorable en la sociedad sobre Linda, apoyado por las influencias de su padre, el rector de la Universidad Nacional Abierta (UNA).

Ante ello, la víctima debió ir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado venezolano, el cual fue declarado culpable en 2018 por permitir las violaciones a los derechos de Loaiza.

Las semejanzas entre Morella y Linda

Redacción: Alexander Nuñez | Imagen: VPItv

Cuando ocurrió el secuestro de Linda, Morella ya tenía 12 años, tres meses y cuatro días de cautiverio. Sin embargo, ambas situaciones tienen muchos parecidos, tal como admitió la propia Loaiza en un comunicado emitido este lunes.

“Revivo en carne propia lo que he vivido como víctima y sobreviviente de violencia sexual y de género“, afirmó la hoy abogada y defensora de los Derechos Humanos.

-Los captores:

La psicóloga clínica y coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), Madgymar León, explicó a VPItv que hay varias similitudes para destacar entre las dos vivencias que atravesaron las víctimas, como el tipo de agresiones y los procedimientos de quienes lo cometieron.

Las agresiones a las víctimas son similares: rapto, agresiones sexuales, agresiones físicas, restricción de alimentos, agresiones verbales y psicológicas“, indicó León, quien también detalló el parecido de ambos perfiles: solvencia económica y acceso a viviendas para alojar a las víctimas.

En el caso de Almoina Carrera se comprobó que las influencias de su padre, el escritor Gustavo Carrera Damas, le permitió tener contactos con personas en cargos de poder. Esta posibilidad no se descarta en Mathias Salazar, de quien poco se sabe a profundidad por no llevar una vida pública expuesta.

Según investigación de Crónica Uno, Salazar llegó a ser propietario de una empresa de autopartes que funcionó durante cuatro años entre 2003 y 2007. Personas que lo conocieron y empleados afirmaron que cambiaba de teléfono con frecuencia y solía “viajar” cada cierto tiempo.

Además, su propia madre confesó que el acusado trabajó en distribución de papel sellado y seguridad en organismos públicos, como la Alcaldía de Girardot, en Maracay.

El apodado “Gordo Mathias” se codeaba con gente de dinero y en importantes restaurantes de la ciudad aragüeña, mientras que parte de su familia actualmente vive en Estados Unidos, lo que permite establecer que mantenía una posición de aparente comodidad.

Su padre fue un oficial de la Fuerza Aérea de Venezuela que llegó al grado de teniente coronel y se llamó Mathias Enrique Salazar Urribarri.

Además de los crímenes por los que se los acusa, Luis Carrera y Mathias Salazar coincidieron en tener padres con cierta ascendencia y poder sobre otros.

Esto podría ser considerado como un nuevo patrón común entre ambos, según afirmó León, en referencia a que los dos podían emplear ante sus víctimas formas de “control y dominación”.

La psicóloga comentó que los motivos de los agresores podrían estar impulsados por “la necesidad de reafirmar su poder sobre la víctima, en el entendido de que el hombre ocupa un lugar de superioridad sobre la mujer“.

Esto también se expresa en formas de dominación en los ámbitos: sexual, económico, toma de decisiones, libertad de movimiento, entre otros, aseguró la también docente.

-La edad de las víctimas:

Cuando Loaiza fue raptada, apenas pasaba la mayoría de edad, los 18 años. Morella fue vista por última vez con 17.

-Las denuncias ignoradas:

En el caso de López, su hermana realizó la denuncia de su desaparición pocas horas después pero la misma nunca fue atendida, debido a que las autoridades consideraban que Linda se había ido con su pareja de manera voluntaria.

En la historia de Morella, su familia denunció ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) su desaparición, pero jamás fue hallada.

Incluso al salir, la hoy mujer de 49 años relató la trágica parte de su vida a dos funcionarias del Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer) pero no le creyeron. Sin embargo, otra mujer la escuchó y le dio la atención que requería.

Magdymar León señaló que las instituciones venezolanas suelen tener este tipo de “debilidades”, entre las que criticó la falta de capacitación al personal, la deficiencia de programas de atención y prevención, las fallas en los procesos de investigación y los vicios de corrupción en el sistema judicial.

Además, “se mantiene la visión de que la violencia contra las mujeres es un asunto privado en el que otras personas no se deben involucrar”, resaltó la psicólogo egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

-Escapes:

El 19 de julio de 2001, Carrera Almoina salió de su apartamento sin atar a López, quien aprovechó un momento para acercarse al balcón, abrir la puerta de vidrio y pedir ayuda a gritos a los transeúntes, hasta que una comisión policial la ayudó a escapar.

El 24 de enero de 2020, Morella notó que su captor dejó unas llaves en el apartamento. Probó la cerradura y la puerta abrió, por lo que escapó y caminó durante dos horas hasta el Instituto de la Mujer en Aragua, del que supo por primera vez gracias a una transmisión radial.

¿Cómo evitar nuevas víctimas de este tipo de crímenes?

León invita, en primera instancia, a saber identificar los posibles patrones de hombres que empleen manifestaciones de control y dominación sobre sus parejas.

Esto se refleja en: expresiones de descalificación hacia mujeres, antecedentes de violencia de algún tipo en sus relaciones de pareja y dificultades en mantener relaciones cordiales con personas del sexo opuesto.

En segundo lugar, consideró que la sociedad venezolana debe evolucionar y reflexionar sobre la forma en la que reproduce estos hechos. “¿Qué nos hace hacernos de la vista gorda? ¿Por qué no rechazamos estos casos?”, cuestionó.

En ese sentido, distintas activistas, defensoras de derechos humanos y personalidades de la política reiteraron el llamado a que se realicen las denuncias cuando sea necesario.

La diputada a la Asamblea Nacional, Manuela Bolívar, indicó que el Estado venezolano debe crear mecanismos “que permitan protección a las mujeres que están siendo sometidas por esquemas de violencia”.

“El caso de Morella debe llenarnos de indignación y movilizarnos a trabajar por la erradicación de la violencia de género”, dijo mientras que aseguró que el régimen de Maduro favorece a los victimarios debido a “la corrupción y la misoginia” en las instituciones.

En esa misma línea, la parlamentaria Adriana Pichardo dijo que la labor de los ciudadanos “es no permanecer silentes ante la injusticia, debemos denunciar y levantar la voz”.

Ambas recordaron que existe a disposición el número de contacto (0412-3122629) para levantar este tipo de quejas ante la Subcomisión de Género del Parlamento y la organización sin fines de lucro, Transparencia Venezuela.

La importancia de las denuncias, además, es la de visibilizar los delitos que, según la diputada Tamara Adrián, “gran parte de la población venezolana” no cree que existan.

El llamado a la Justicia venezolana

Loaiza, al enterarse de la historia de Morella, expresó su solidaridad de inmediato.

“Me siento muy consternada por lo que ha pasado con la señora Morella. Todavía vivimos en una sociedad que nos invisibiliza, una sociedad que al escuchar gritos de terror en viviendas vecinas, no denuncia, no presume que algo no está bien. Una sociedad que no solo permite que seamos atacadas, sino que, además nos juzga y revictimiza dando paso a la impunidad”.

“Espero que el sistema de justicia trate el caso con la justicia expedita que no tuve. El proceso judicial debe incluir todos los delitos cometidos contra ellas y sin ningún beneficio personal procesal para el verdugo. Esperemos que el Estado venezolano no le falle como lo hizo en mi caso y que la señora Morella y demás víctimas no tenga que recurrir a buscar justicia en un organismo internacional como al que me vi obligada a acudir. Deben entregarle cuentas a la sociedad venezolana de los avances en que se encuentra este abominable caso”, exigió Loaiza, quien años después de su calvario revivió su mismo sufrimiento en otro cuerpo, en otra cara y otro nombre, pero permitido por las mismas fallas del sistema venezolano.

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