El derecho penal en Venezuela esta siendo usado de forma arbitraria en contra de los ciudadanos, una practica que se ha profundizado tras la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus, así lo denunció Andrea Santacruz, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (Unimet), durante una ponencia virtual llamada “La criminalización en el contexto de las pandemias: Latam”.
“Se esta abriendo paso a la comisión de atrocidades y eso trae como consecuencia que la gente no quiere saber si está o no contagiada y por lo tanto no quieren hacerse pruebas”, alertó Santacruz, al tiempo que puso como ejemplo el caso de Alemania, país con un bajo índice de mortalidad porque ha podido realizar un gran numero de pruebas para la detección del virus.
La abogada experta en DDHH, condenó que el COVID-19 se ha convertido en “una oportunidad perfecta para regímenes totalitarios para violar DDHH”.
En ese sentido, Angélica Calzadilla, directora de la Escuela de Derecho de la Unimet, otra de las ponentes, resaltó que en la bioética los limites siempre serán la dignidad humana y los derechos humanos.
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Andrea Santacruz, destacó que la privativa de libertad nunca va a ser una medida de prevención y que por el contrario, “forma parte de una forma de perseguir a otros grupos o discriminarlos”. A su juicio, “se usa la fuerza del Estado concentrado en el derecho penal para tal fin”.
Sobre el la aplicación del decreto de Estado de Alarma, Santacruz, manifestó que hay muchos elementos criticables desde la perspectiva constitucional y que el mismo no cumple con las directrices que ha dado la Oficina de la Alta Comisionada de los DDHH de la ONU ni de los demás organismos internacionales.
“La aplicación el decreto ha dejado mucho que desear porque ha habido muchas violaciones a los DDHH, caso del periodista Darvinson Rojas, los padres de Juan Pablo Pernalete, como detenciones arbitrarias, amenazas, mecanismos de intimidación, persecución a periodistas, personal medico asistencial, etc”.
América Latina, desempeño cuestionable Venezuela
Santacruz también se refirió al desempeño y abordaje de algunos gobiernos de la región en cuanto a las medidas implementadas para prevenir contagios del nuevo coronavirus, como el caso de Colombia, Perú y El Salvador, que han implementado medidas arbitrarias y que no garantizan los DDHH.
Recordó las declaraciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien el 12 de abril anunció que aquellas personas que estuviesen manejando sin justificativo serian detenidas, se le decomisaría su vehiculo y la licencia. “No son medidas ajustadas a derecho y son altamente preocupantes, porque se trata, entre otros delitos de una detención arbitraria”.
También puso como ejemplo medidas tomadas por el gobierno de Perú, como la existencia de una norma que permitia a los funcionarios estatales matar o herir a personas que estuviesen en las calles por no acatar la cuarentena.
Hizo referencia a medidas discriminatorias como la clasificación por sexo para salir de casa.
