El activista para los Derechos Humanos y representante de Provea, Marino Alvarado, aseguró que al Ministerio Público no mencionó varios detalles del caso de Rafael Acosta Arévalo y la imputación de dos militares involucrados.
Para Alvarado, Saab no explicó las razones del por qué no se calificó el delito de tortura en las primeras investigaciones “cuando era evidente que había sido asesinado” de esta manera. Además, también indicó que no es competencia del fiscal general hacer esas acciones, cuando fue la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) leal a Maduro que anulo la imputación y sentencia.
“No asumió su responsabilidad. Tampoco se refirió el fiscal qué línea van a tomar los fiscales del caso”, dijo. “Para nosotros, está bastante claro que hubo, en la primera imputación, un propósito de garantizar impunidad y en esa garantía actuaron de manera coordenada el Ministerio Público, a través del fiscal general, Tarek William Saab, el defensor del pueblo, Alfredo Ruíz, y la juez que dictó la sentencia”.
Asimismo, aseguró que al hacer estas acciones era para darle una pena baja a los autores del crimen y que estos tres funcionarios del equipo de Maduro “tienen una gran responsabilidad”.
“Deberían renunciar a sus cargos (…) Su propósito es garantizar la impunidad”, señaló.
En este sentido, también apuntó que Saab no buscó investigar a la cadena mando que ordenó las torturas ni de investigar a los autores intelectuales. “Es muy posible que estos dos funcionarios hayan actuado bajo órdenes superiores ¿Quién dio esas órdenes? ¿Qué grado de conocimiento tenía el general Iván Hernández Dalas, director del Dgcim?”, cuestionó.
También instó a investigar al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.
“La imputación es un avance (…) pero si no se investiga a la cadena de mando no estamos totalmente ante una situación de justicia”, reiteró el representante de Provea.
