El pasado 10 de marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ofreció la actualización del informe sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela, las tensiones políticas y actos de violencia de las fuerzas de seguridad.
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En dicho documento expresó su preocupación ante la detención del diputado Gilber Caro y su asistente, Victor Ugas, a finales del año 2019, así como los ataques contra los periodistas durante la llegada del presidente (E), Juan Guaidó.
A continuación el informe completo:
43 ° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Ginebra, 10 de marzo de 2020
Ginebra, 10 de marzo de 2020
Señora Vicepresidenta,
Desde mi última actualización sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, las tensiones políticas y los actos de violencia de las fuerzas de seguridad y los partidarios del gobierno contra los parlamentarios de la oposición han continuado. Desde el 5 de enero, las Fuerzas de Seguridad han dificultado el acceso de los miembros de la oposición al Parlamento a la sede de la Asamblea Nacional.
Me preocupa el arresto del parlamentario Gilber Caro y su asistente, Victor Ugas, a fines de 2019. El congresista Caro continúa privado de su libertad sin que se conozca oficialmente el lugar de su detención. El congresista Ismael Leon también fue detenido y está bajo arresto domiciliario.
Mi oficina también ha documentado ataques contra opositores políticos, manifestantes y periodistas, sin acciones preventivas por parte de las fuerzas de seguridad para evitarlos. El 11 de febrero, al menos 12 periodistas que cubrían la llegada de Juan Guaidó fueron atacados, mientras que el 29 de febrero, presuntos miembros de grupos armados atacaron a manifestantes y periodistas que se habían reunido en un evento político en Lara.
También hemos registrado incidentes de redadas en la sede de un partido político, ONG y oficinas de medios.
Los ataques a menudo van acompañados de una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia.
Me preocupa el anuncio de una legislación planificada para sancionar a las organizaciones de derechos humanos que reciben fondos del extranjero, así como la exposición pública de algunas ONG.
También hemos documentado el acoso contra algunas autoridades universitarias, por lo que considero positiva la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender la medida de agosto de 2019 que amenazaba la autonomía universitaria.
Las restricciones a la libertad sindical persisten a través de los desalojos y la detención arbitraria de los líderes sindicales.
Además, mi Oficina continúa recibiendo denuncias de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas.
Con respecto a los derechos económicos y sociales, la imposición de nuevas sanciones económicas es preocupante, especialmente las que afectan a la aerolínea CONVIASA, así como las sanciones a la industria petrolera, que reducen los recursos del Gobierno para el gasto social.
A pesar de las excepciones para permitir la importación de medicamentos, alimentos y suministros humanitarios, los servicios públicos y la población en general continúan sufriendo el impacto del exceso de cumplimiento del sector financiero.
Me gustaría hacer un comentario especial, como madre y pediatra.
La necesidad de abordar la situación de los niños venezolanos que requieren trasplantes sigue siendo urgente. Hasta la fecha, 38 niños están en la lista de espera en Venezuela y seis todavía esperan ser atendidos en Argentina. Lamentablemente, algunos perdieron la vida mientras esperaban un trasplante. Según la información recibida, las sanciones han obstaculizado la transferencia de recursos para tratamientos. Esto se ve exacerbado por la situación crítica en el Hospital de Niños JM de los Ríos en Caracas. A fines de 2019, solo el 21% de sus camas estaban en funcionamiento.
Una encuesta reciente realizada por el Programa Mundial de Alimentos indicó que 2.3 millones de personas en Venezuela padecen inseguridad alimentaria grave y 7 millones padecen inseguridad alimentaria moderada.
Otro problema conocido es el de las personas que abandonan el país.
Según la Plataforma Regional de la ONU, 4.9 millones de personas han abandonado el país. Si bien reconozco los enormes esfuerzos de los países de la región, también lamento las declaraciones hechas por algunas autoridades, en algunos países, que podrían justificar o incitar a la xenofobia y la violencia contra los migrantes y refugiados.
Confío en que se puedan alcanzar los acuerdos políticos necesarios para la renovación del Consejo Nacional Electoral y para garantizar elecciones inclusivas, transparentes y creíbles.
Aprecio todos los esfuerzos hacia ese objetivo, y repito mi llamado para que todas las partes actúen con el elevado sentido de propósito que el país merece, para evitar una mayor escalada en la confrontación política que podría conducir a la violencia.
Gracias.
