El canciller designado por Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, indicó que Venezuela «reitera su compromiso» para sostener el «diálogo» con la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet.

Apropósito de la 45 Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU «el Estado Venezolano quiere mantener el diálogo y la cooperación respetuosa con la Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH, con el objetivo de fortalecer aún más el sistema garantista de protección social y de los DDHH en Venezuela», reza parte de un comunicado publicado por el diplomático en Twitter.

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Arreaza aseguró este martes que no reconoce los mecanismos «innecesarios» ejecutados por los gobiernos que rechazan los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el período de Maduro.

Hace semana una comisión de la ONU publicó un informe donde expone los testimonios de las víctimas, que padecieron torturas y violaciones de derechos humanos.

 

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Jorge Rodríguez, jefe del Comando Nacional de Campaña del Gran Polo Patriótico, reaccionó, este viernes, a la actualización del informe de violaciones a los derechos humanos, presentada por la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.

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Rodríguez, quien abandonó su cargo de ministro de Comunicación e Información de Nicolás Maduro para postularse a la Asamblea Nacional (AN), cuestionó las afirmaciones de la expresidenta, quien no escondió su preocupación ante los comicios legislativos que se realizarán en Venezuela el 6 de diciembre.

«Señora Bachelet, usted, como siempre, haciendo el recado y agrediendo el derecho de los venezolanos a una elección libre y sin injerencias», expresó el médico psiquiatra, a través de su cuenta en Twitter.

«¿Servirá de algo que le diga que a las elecciones del 6D concurren 107 partidos, 98 de ellos de oposición y más de 14 mil candidatos?», agregó Rodríguez en su contestación.

El vocero del gobierno en disputa de Nicolás Maduro acusó al despacho de la alta comisionada de entrometer sus «manos peludas» en los asuntos venezolanos. A ello, agregó que los funcionarios de la oficina de Bachelet parecen estar dispuestos «a mentir sobre Venezuela, su pueblo y su democracia».

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó una actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

En el texto, Bachelet mostró su preocupación por «las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (al servicio de Nicolás Maduro)».

La funcionaria se refirió, particularmente, a las sentencias que inhabilitan a las directivas de varios partidos políticos opositores. La expresidenta también habló acerca del dictamen que permitió designar a un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

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«Obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos», dijo la alta comisionada. Michelle Bachelet también indicó que el Tribunal ha promovido «el nombramiento no consensuado de los miembros del Consejo Electoral».

La exgobernante expresó su dudas sobre la composición de la Asamblea Nacional, «sin un proceso inclusivo de consulta previa», y pidió a Venezuela seguir trabajando para «alcanzar condiciones para el desarrollo de unos procesos electorales creíbles, libres y equitativos».

En la actualización de su informe, Bachelet denunció «el alto número de muertes de jóvenes en barrios marginados, como resultado de operaciones de seguridad». Según su despacho, Venezuela ha registrado más de 2.000 asesinatos de este tipo, en lo que va de año. Más de 700 de ellos se produjeron entre junio y agosto.

«Es crucial que, en los próximos meses, se proteja el espacio cívico y democrático, y se continúe con las liberaciones de todas las personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad, por ejercer sus derechos», concluyó la comisionada.

 

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El ministro de Relaciones Exteriores de la administración de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, informó este miércoles sobre los «avances notorios» con el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), luego que la alta comisionada de la institución, Michelle Bachelet, publicara su último informe sobre la situación de Venezuela.

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«Reiteramos que nuestra cooperación con el Consejo de DDHH de ONU, se ha generado de manera coordinada y constructiva con la Oficina de la Alta Comisionada. Los avances han sido notorios y así lo ha reconocido a la sra Michelle Bachelet al anunciar la renovación de nuestra relación», publicó Arreaza en su cuenta de Twitter.

Asimismo, aseguró que la administración de Nicolás Maduro no reconoce «ningún mecanismo politizado e inquisidor, creado con fines ideológicos por países con pésimos récords en DDHH, para agredir a Venezuela y tratar de dañar la relación con Alta Comisionada». Por lo que calificó como «falsedades elaborados a distancias, sin rigor metodológico alguno».

La administración de Nicolás Maduro renovó el acuerdo de cooperación firmado en 2019, con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, dirigida por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet.

La decisión la reveló, este lunes, la ex presidenta chilena, luego de haber publicado un nuevo reportes en el que actualizó datos sobre la crisis humanitaria compleja que enfrenta Venezuela.

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La Alta Comisionada informó que el acuerdo permitirá el despliegue de un equipo de seis funcionarios a lo largo y ancho del territorio venezolano.

Bachelet aprovechó su exposición para instar a la administración de Nicolás Maduro a continuar con la liberación de presos políticos.

«Hago un llamado para que el gobierno continúe con las liberaciones de quienes han sido detenidos arbitrariamente», dijo.

ONU pidió investigación, tras denuncias de torturas en Bielorrusia

El pasado viernes, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una reunión de urgencia, con la intención de abordar las aparentes violaciones a las garantías fundamentales en Bielorrusia.

Ese país se mantiene sumido en protestas, desde el pasado 9 de agosto. Aquel día se celebró una elección presidencial, que fue ganada por el presidente Alexander Lukashenco, pero que estuvo amañada, según versiones de la oposición.

La iniciativa presentada en el seno del Consejo, por iniciativa de la Unión Europea (UE), recibió el apoyo de 25 países, 20 abstenciones y dos pronunciamientos en contra, uno de ellos de Venezuela.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, saludó la liberación de más de 100 presos políticos, por parte de la administración de Nicolás Maduro. 

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A través de una comunicación compartida este martes, la alta funcionaria destacó que las excarcelaciones representan “un paso positivo en los esfuerzos para abrir el espacio democrático y mejorar la situación de los derechos humanos” en Venezuela. 

En esa misma nota, Bachelet precisa que “el perdón cierra los procedimientos criminales contra ellos (los presos políticos) y les garantiza libertad incondicional”. 

De acuerdo con la representante de Naciones Unidas, “la medida beneficiará a muchos legisladores que han sido despojados de su inmunidad, así como opositores y otros políticos”.

La alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, «saludó la concesión del arresto domiciliario al parlamentario opositor venezolano Juan Requesens, tras más de dos años detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Además, tildó como «un gesto muy positivo» por parte de la administración de Nicolás Maduro.

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«Aliento a las autoridades a seguir tomando medidas similares que contribuyan a mejorar la situación de derechos humanos en el país y que permitan avanzar en el diálogo positivo», aseguró la chilena a través de un comunicado difundido desde Ginebra.

En horas de la tarde de este 28 de agosto, el diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens, fue excarcelado de la sede del Sebin y trasladado a su residencia en Caracas con el fin de continuar su privativa de libertad por estar presuntamente involucrado en un atentado en contra de Maduro.

La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han sufrido un roce los últimos días desde las gerencias del uruguayo Luis Almagro y el brasilero Paulo Abrao. Todo comenzó cuando este último envió la solicitud de renovación de contrato para su puesto, pero el líder de la OEA lo denegó. ¿Por qué?

CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano que observa y vela por los Derechos Humanos en todos los países del continente americano. A pesar que es parte de la OEA, sus decisiones y su control es totalmente autónomo. Así lo precisó, desde el 2016, el brasileño Paulo Abrao, quien preside la institución y se ha visto muy involucrado en crisis como la de Nicaragua en 2018, entre otras.

Conflicto

Por cuatro años, Abrao fue el presidente de la CIDH hasta el 15 de agosto. Todas las personas quienes conforman esta institución estuvieron de acuerdo en renovar su cargo por un periodo más, pero Luis Almagro, secretario general de la OEA, denegó esa solicitud por presuntas denuncias en contra del brasileño. La institución dedicada a los DDHH consideró que tal decisión viola la autonomía del ente y de sus votaciones internas.

Denuncias desconocidas

La respuesta de Almagro se basó en estas presuntas denuncias, de las cuales no se conoce el contenido. Asimismo, explicó que estuvieron en el limbo y no fueron recibidas por la Oficina del Inspector General de la OEA, por lo que el uruguayo lo consideró como un «duro golpe» sobre su credibilidad.

“La presunción de inocencia ha sido asegurada, así como que no hay impunidad ni indefensión respecto a denuncias de violación de derechos de las funcionarias y los funcionarios dentro de la CIDH ni en ninguna oficina de la organización. No mientras sea Secretario General”, respondió a través de un comunicado.

Según la OEA, son más de 60 denuncias sobre acoso laboral y manipulación de concursos y contrataciones en contra de Abrao presentada a Neida Pérez, encargada del Ombudsperson de la OEA.

Opiniones

La alta comisionada de las Naciones Unidos para los Derechos, Michelle Bachelet, instó al líder de la OEA y al brasileño ponerle fin a sus disputas, ya que ambas instituciones se encuentran en crisis. Además, le pidió a Almagro respetar la independencia de la Comisión.

“No debería tratarse de una cuestión de reputación personal, de lealtades políticas, ni de pérdida de prestigio. Esto debería ser sobre cómo trabajar para proteger los derechos humanos de cientos de millones de personas en todas las Américas en un momento de crisis masiva”, dijo a través de un comunicado.

Por otro lado, el gobierno de México también pidió al secretario de la OEA respetar las decisiones » de la CIDH

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reprochó la violencia policial en las protestas que se desarrollaron en Bielorrusia , tras efectuarse las elecciones en el país europeo el pasado domingo.

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«La gente tiene derecho a expresar su descontento, especialmente en el contexto de unas elecciones en las que la libertad democrática debe ser mantenida, no suprimida» dijo este miércoles la expresidenta de Chile.

Según datos de la máxima responsable de los derechos humanos de la ONU, unos 6.000 ciudadanos han sido arrestado; al menos una persona falleció y 250 resultaron heridos.

El abogado defensor de derechos humanos y coordinador de la ONG Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez, se pronunció sobre el último informe presentado por la Alta Comisionada para los DDHH de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela, y expresó que es un «informe con poca contundencia».

“Es un documento flojo y ambiguo porque no precisa en nada el incumplimiento de las primeras 23 recomendaciones que hizo al Estado venezolano en su primera visita al país en 2019, cuando abogó por la liberación de los presos políticos, exigió realizar una investigación a los responsables de las detenciones arbitrarias, denunció la desaparición forzada de personas, torturas y tratos crueles e inhumanos y degradantes ejecutadas en los centros de reclusión como las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim) y el penal de Ramo Verde, así como la violación al debido proceso establecido en el Artículo 49 de la Constitución”, expresó el exparlamentario.

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En opinión de Rafael Narváez, Michelle Bachelet pasó por alto las ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad (principalmente por las FAES), la vulneración de la libertad de expresión, la persecución y el encarcelamiento a la disidencia, y la crisis sanitaria.

“Cuando leo y analizo el informe en detalle, encuentro que la Alta Comisionada, a mi manera de ver y con mi experiencia de más de 30 años como activista por los derechos humanos en Venezuela, que ella y su oficina recién creada en este país se apartan de las víctimas y se convierten en colaboradores del Estado venezolano y me pregunto ¿es que la función y misión del Consejo General para los DDHH de la ONU es cooperar con los estados o con las víctimas?», indicó Narváez.

“El art 19 de la Carta Magna establece que el Estado debe garantizar a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e independiente de los derechos humanos”, indicó Narváez, quien acusó al jefe del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), Remigio Ceballos, de violar la tan cuestionada «Ley contra el odio, la tolerancia y convivencia» en su Art 20, que establece sentencias de hasta 20 años de cárcel para quien incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas mediante cualquier medio, luego de sus declaraciones sobre los venezolanos que retornan por la frontera de Colombia como «armas bacteriológicas».

“Si la ley existe y se respeta» ,enfatizó Rafael Narváez, «el jefe del Ceofanb debe ser investigado y procesado penalmente sin privilegios”.

En su opinión, debe cesar la criminalización de unas personas que, de estar infectadas por el coronavirus, son víctimas y que, como venezolanos, tienen todo el derecho, establecido constitucionalmente, de transitar por el país.

Finalmente, expresó su rechazo a que Nicolás Maduro haya tildado de irresponsables a los venezolanos que regresan a su país por caminos irregulares y llamó la atención sobre que el Ceofanb esté pidiendo datos personales y dirección de venezolanos que regresen por las llamadas “trochas”.