De forma anual la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (DDHH), Michelle Bachelet, emite diversos informes sobre la “violación de los DDHH” que se ha acentuado desde el año 2017 en Venezuela.

Para el año 2018, Bachelet, ofreció un análisis actualizado de las principales violaciones de DDHH a raíz de las protestas antigubernamentales llevadas a cabo en Venezuela. En este informe examinan diversos hechos de responsabilidad y “rendición de cuentas”.

Según lo expresado en el documento, Bachelet señala la violación a la libertad de reunión pacífica, tras estimaciones de las ONG, Venezuela registró 9.787 protestas en 2017 las cuales las autoridades vinculadas a Nicolás Maduro rechazaron.

En agosto de 2017, el número de manifestaciones disminuyó rápidamente y su magnitud mermó de forma significativa, si bien continuaron teniendo lugar con regularidad hasta la fecha. Del 1 de enero al 30 de abril de 2018, la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 3.341 protestas en todo el país, tanto en zonas urbanas como rurales.

El ACNUDH observó que, como consecuencia del agravamiento de la crisis por la que protestaban los venezolanos, los reclamos de los manifestantes fueron cambiando de demandas políticas a demandas sociales y económicas. Así, el 85 % de las protestas registradas por la ONG durante 2018, se debían a la exigencia en mejoras de los derechos laborales y el acceso a alimentos, medicamentos, atención médica y otros servicios básicos, como electricidad, agua potable y gas doméstico.

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Entre los puntos más relevantes del informe emitido por Michelle Bachelet en el 2018 se encuentra:

  • Violaciones a los derechos a la verdad y la justicia de los familiares de las personas muertas durante las protestas

Mediante testimonios recopilados por el ACNUDH, se dio a conocer que las familias de aquellos manifestantes que murieron durante las protestas afrontaron diversos “obstáculos” los cuales, según el informe, les ha impedido ejercer el derecho a la libertad.

Los familiares de 19 víctimas fueron entrevistadas por la ACNUDH y manifestaron su descontento con el sistema judicial de Venezuela.

  • Muertes en el contexto de operaciones de seguridad no relacionadas con las protestas

Este punto señala el “uso excesivo” de la fuerza por parte los funcionarios policiales durante las manifestaciones. Durante este capítulo hacen referencia a la denominada “Operación de Liberación del Pueblo (OLP)”.

De acuerdo a testimonios, algunos de los actos de fuerza impuestos por esta organización fueron de manera “desproporcionada e innecesaria” que en varias ocasiones “las muertes fueron encubiertas mediante la simulación de una resistencia armada por parte de las víctimas”, señala el informe.

  • Asesinato en El Junquito

El pasado 16 de enero de 2018, el Ministro Poder Popular para las Relaciones Interiores, la Justicia y la Paz informó sobre una acción conjunta con funcionarios de seguridad para “desarticular” un presunto “grupo terrorista”. Durante este proceso se generó un enfrentamiento en una vivienda ubicada en El Junquito, Caracas, en el que murió Óscar Pérez.

La información recopilada por el ACNUDH señala que a pesar de que el grupo liderado por Óscar Pérez había iniciado negociaciones con los comandantes de la Guardia Nacional Bolivariana para rendirse, los agentes recibieron contraórdenes en el sentido de que recurrieran a la
fuerza letal y ejecutaran a todos los miembros del grupo.

Informe de Michelle Bachelet

Óscar Pérez fue incluido en el informe de Michelle Bachelet

A estos hallazgos presentados por la ACNUDH, presentó una serie de recomendaciones a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos y a la administración de Nicolás Maduro, esto con el fin de abordar las constantes violaciones relatadas en el informe.

Entre las recomendaciones propuestas ese año se encuentran:

  1. El Gobierno debería conceder al ACNUDH acceso directo y sin restricciones al país a fin de llevar a cabo una evaluación integral sobre la situación los derechos humanos, así como explorar las posibilidades de cooperación técnica.
  2. El Gobierno debería permitir el acceso al país a los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos que hayan solicitado acceso y a los mecanismos regionales de derechos humanos.
  3. Las fuerzas de seguridad deberían tomar medidas inmediatas para detener el uso excesivo de la fuerza e impedir otras violaciones de derechos humanos.
  4. Las autoridades de alto nivel deberían condenar públicamente todos los casos de tortura y malos tratos, así como tomar medidas inmediatas para poner fin a esta práctica.

En 2019, Bachelet, realizó una visita a Venezuela en la que sostuvo reuniones con el presidente (E), Juan Guaidó, y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, además de haber realizado visitas en las ciudades de Caracas, Barquisimeto, Valencia y Ciudad Guayana.

Además de haber aceptado la presencial del ACNUDH, la administración de Maduro asumió diversos compromisos e identificó posibles ítems de cooperación.

En el informe emitido hacen énfasis en los derechos económicos y sociales de los ciudadanos los cuales se agudizaron entre 2018 y 2019. A pesar de los constantes aumentos de sueldo decretados por la administración de Nicolás Maduro el poder adquisitivo del salario mínimo ha disminuyó de tal manera que generó disgusto en diversos gremios.

  • Derecho a la alimentación

El informe confirmó vulneraciones del derecho a la alimentación. El principal programa de asistencia alimentaria, gestionado por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), no cubre las necesidades nutricionales básicas.

Según los entrevistados, informaron que sistemáticamente presentan dificultades para alimentos debido al alto costo que presentan.

  • Derecho a la salud

Respecto al derecho a la salud, catalogaron la situación en Venezuela como “extremadamente grave”. Ciudadanos describieron de manera detallada las infraestructuras de atención médica las cuales se encuentran en deterioro. Según se ha informado, las carencias de fármacos esenciales se sitúan entre el 60 % y el 100 % en cuatro de las principales ciudades del país, incluida Caracas.

Además, detectaron la aparición de aquellas enfermedades que se mantenían controladas y erradicadas, entre ellas el sarampión y la difteria.

En conclusión, la Alta Comisionada consideró que existen razones suficientes y a su criterio, razonables, para creer que en el país caribeño se han cometido “graves violaciones” de los derechos económicos, sociales, de alimentación y la salud en Venezuela. Por lo que hicieron un llamado a Nicolás Maduro para que adoptara medidas necesarias que garantizaran a disponibilidad inmediata de los servicios a los ciudadanos.

Para el 2020, específicamente 2 de julio, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, presentó un nuevo informe sobre las violaciones de los DDHH en Venezuela, en el cual registró 38 presuntas ejecuciones de jóvenes entre el mes de mayo de 2019 hasta mayo de 2020, según a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

A su vez, resaltó que pudieron contabilizar 1.324 muertes entre el mes de enero y mayo de 2020 por las fuerzas de seguridad de la administración de Nicolás Maduro, según por “operaciones de seguridad”. Agregó que, los venezolanos también se han visto perjudicados en cuanto a las violaciones a los derechos económicos y sociales por los bajos salarios mínimos que hay en la nación sudamericana.

Aprovechó para rechazar la designación realizada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Maduro y los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) para poder llevar a cabo las próximas elecciones parlamentarias que serán el 6 de diciembre de 2020.

“Disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”, resaltó.

Michelle Bachelet

Michelle Bachelet

El comisionado de la Presidencia (E) ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Miguel Pizarro reiteró que la crisis social, política, económica y humanitaria que padece Venezuela no se debe a las sanciones ni la presión internacional contra la administración de Nicolás Maduro, sino por sus propias acciones en el poder.

“Venezuela tiene sanciones individuales a los violadores de Derechos Humanos, para los venezolanos es muy claro que la crisis que hoy atravesamos no es producto de las sanciones ni es producto de la presión internacional”, expresó Pizarro en una reunión telemática con la prensa.

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Advirtió que la administración socialista ha hecho caso omiso a las advertencias emanadas por la alta comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, entre las que se encuentran la eliminación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

“El régimen tiene una disposición política de no cumplir con las recomendaciones de la ONU, han venido amplificando la acción de la FAES”, puntualizó.

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También denunció los ataques contra la prensa en Venezuela. “En la medida en que se visibilice mucho más el ataque contra la prensa, se visibiliza mucho más lo que este fenómeno implica, que es el intento de construcción de una hegemonía para consolidar una dictadura”, dijo.

Pizarro

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, presentó este 2 de julio un nuevo informe sobre las violaciones de los DDHH en Venezuela, en el cual registró 38 presuntas ejecuciones de jóvenes entre el mes de mayo de 2019 hasta mayo de 2020, según a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

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“Me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de detención”, expresó Bachelet.

BACHELET

Alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet. Foto: Al Navio

A su vez, dijo que pudieron contabilizar 1.324 muertes entre el mes de enero y mayo de 2020 por las fuerzas de seguridad de la administración de Nicolás Maduro, según por “operaciones de seguridad”.

Agregó que, los venezolanos también se han visto perjudicados en cuanto a las violaciones a los derechos económicos y sociales por los bajos salarios mínimos que hay en la nación sudamericana.

Las fallas en los servicios públicos han ido incrementando con el pasar de los días y el sector salud no escapa de la realidad que se vive en el país.

“La crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones sectoriales y por la pandemia del covid-19. Acojo con satisfacción el acuerdo alcanzado entre el gobierno y una parte de la oposición para aunar esfuerzos con la Organización Panamericana de la Salud para hacer frente a la pandemia”, dijo la Alta Comisionada.

Aprovechó para rechazar la designación realizada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Maduro y los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) para poder llevar a cabo las próximas elecciones parlamentarias que serán el 6 de diciembre de 2020.

Sala

“Disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”, resaltó.

Bachelet informó que, el próximo 15 de julio publicará un nuevo informe vinculado con la independencia judicial y el acceso a la justicia.

El informe está integrado por 16 recomendaciones que van dirigidas a la administración de Maduro, y le solicitó restaurar las funciones a la Asamblea Nacional (AN), así como frenar las detenciones arbitrarias y dar libertad incondicional a aquellas personas que han sido llevadas tras las rejas de manera ilegal.

TSJ AN

“Reitero mi llamado en favor de una negociación política inclusiva basada en derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos. Mi Oficina sigue dispuesta a contribuir en estos esfuerzos”, manifestó la expresidenta chilena.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció la ilegalidad del proyecto israelí de anexión de Cisjordania, y subrayó que sus consecuencias “durarán décadas”.

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“La anexión es ilegal. Punto final”, afirmó Michelle Bachelet en una declaración escrita. “Cualquier anexión. Se trate del 30% o del 5% de Cisjordania”.

“Pido con insistencia a Israel que escuche a sus propios exfuncionarios y generales, así como a numerosas voces en el mundo, advirtiéndole de no seguir por esta vía peligrosa”, añadió.

Bachelet aseguró que las “ondas expansivas de la anexión durarán décadas y serán extremadamente perjudiciales para Israel, así como para los palestinos” y aseguró que todavía hay tiempo para modificar la decisión.

El 28 de enero el presidente estadounidense Donald Trump, junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, presentó su proyecto de resolución del conflicto israelopalestino partiendo de la situación actual y no, como se hacía hasta ahora, del derecho internacional y de las resoluciones de la ONU.

Este plan prevé la creación de un Estado palestino en un territorio restringido y fragmentado así como la anexión por parte de Israel de varias colonias y del valle del Jordán, en la Cisjordania ocupada, un territorio palestino a unos cincuenta kilómetros de Gaza.

Fuente: AFP

La comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aseguró que los gobiernos latinos deben enfocarse en los seres humanos luego de que pase el Covid-19, sino la reconstrucción no será eficiente.

En su opinión, el virus neumonal es “la crisis sanitaria más seria de las últimas décadas y viene acompañada de serios impactos sociales y económicos”, los cuales serán retos importantes que los líder políticos, así como las instituciones internacionales deberán asumir con total responsabilidad.

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Durante un evento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dirigido a los gobiernos de América Latina, subrayó que las personas más vulnerables son las más afectadas por la crisis que ha generado el virus.

“El virus no discrimina, pero su impacto residual ha desnudado las enormes desigualdades sociales y económicas de nuestras sociedades”, dijo la representante de la ONU.

Distintas organizaciones, gremios y sociedad civil denunciaron este martes sobre los intentos del régimen cubano de ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y exigieron a la Alta Comisionada de esta institución visita la isla para evidenciar las violaciones que existen en este territorio.

El pedido fue a carta abierta con el fin de crear alianzas con la organización internacional y que la representante del organnismo, Michelle Bachelet, pueda exigirle al gobierno cubano cumplir con su propia legalidad y ratificación con los pactos internacionales. Sin embargo, esta aseguró a través de un correo eléctronico a El Nuevo Herald que solo puede visitar un país si las autoridades gubernamentales la invitan.

“El Alto Comisionado decide sobre la pertinencia de la visita con base en una variedad de criterios, incluida la disponibilidad de la agenda, la garantía de ciertas condiciones mínimas durante la visita, el posible impacto de la visita al país”, indicó. No obstante, los firmantes de la carta insistieron que no solo el Estado cubano viola los únicos vínculos con la institución, sino que también lo hacen con su propia Carta Magna.

“En Cuba mandan los decretos, no gobiernan ni la Constitución ni la ley. Y de estos decretos son víctimas artistas, periodistas, defensores de derechos humanos, activistas políticos y ciudadanos en general”, dijeron y volvieron a reiterar su pedido de una visita similar a la que hizo Bachelet en Venezuela.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos ante la ONU, Michelle Bachelet, dijo durante una conferencia este jueves que todos los gobiernos deben comprometerse con su respuesta ante los DD.HH, asegurando que aún en Latinoamérica existen graves problemas humanitarios.

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Sobre Venezuela, Bachelet aseguró que la crisis económica se ha agravado tras las sanciones que le han impuesto a la administración de Maduro y ahora con la pandemia se suma a la crisis sanitaria. Por esto, también instó a los países que han impuesto sanciones a otras naciones a levantarlas para que así puedan obtener los recursos necesarios y enfrentar el virus que azota al mundo.

Asimismo, señaló que Venezuela ha estado “bajo escrutinio internacional” con respecto a la situación de los DD.HH políticos y civiles, por lo que aclaró que desde afuera no han dejado de monitorear los graves casos que han registrado.

La Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU), Michelle Bachelet, aseguró este miércoles que las medidas de confinamiento estarían siendo usadas por los gobiernos como excusa para violar los Derechos Humanos de las personas.

Asimismo, enfatizó que el Covid-19 está creando amenazas masivas a los seres humanos como, por ejemplo, de las personas de la tercera edad. A través de Twitter señaló que la enfermedad “presenta una amenaza grave para la vida y la salud de las personas mayores. Aun así, sus derechos no han sido tomados en cuenta adecuadamente”.

El comisionado para Derechos Humanos de la Presidencia (E), Humberto Prado, confirmó que el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su reciente visita a la frontera colombo-venezolana, confirma la violación de DDHH en Venezuela.

Prado explicó que en el informe se hace mención al deterioro de las instituciones del Estado venezolanas y la violación a la Constitución debido a que no existe separación de poderes. Asimismo, alertó que la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es el órgano usado por la administración de Maduro para hacer una “persecución continua y sostenida” a la disidencia política y oposición.

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El comisionado agregó que el documento de la CIDH será enviado a la alta comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para DDHH, Michelle Bachelet, así como a diferentes mecanismos en el mundo que se encargan de velar y defender derechos políticos, civiles, sociales y culturales.

Comisionado.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, expresó este lunes que las medidas impuestas para prevenir el covid-19 no debe ser pretexto para que los gobiernos intenten reducir los espacios cívicos.

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Asimismo, advirtió que estas medidas no deben ser usadas contra la oposición para intentar controlar a la población o prolongar la estadía de un líder en el poder.

Michelle Bachelet

Michelle Bachelet | Foto: Reuters