EFE.- La implementación del acuerdo de paz colombiano dio hoy un paso adelante con el anuncio de que ya ha comenzado el proyecto de sustitución de cultivos ilícitos que prevé que en su primer año tenga efecto en 50.000 hectáreas y en el que colaborarán el Gobierno y las FARC.
En un inicio, el proyecto llegará a 40 municipios en los que se produce alrededor del 50 % de la coca en el país, una focalización que también facilitará la seguridad de las comunidades campesinas y de los miembros de las FARC que colaboren en él.
El plan ya comenzó en la aldea de Guerima, a las puertas de la Amazonía en el departamento del Vichada dentro del considerado “triángulo negro de la coca”, y en Montañita, departamento del Caquetá (sur).
Este fin de semana acudirán a la selvática región del Catatumbo, fronterizo con Venezuela y en el que tienen presencia las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un pequeño reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL) -considerado como narcotraficantes por el Gobierno-, grupos paramilitares y criminales.
Este plan se enmarca dentro del punto cuarto del acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y las FARC el pasado 24 de noviembre, que supone un pacto para la sustitución de los cultivos ilícitos en el país y la transformación de los territorios afectados por el conflicto.
El Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, explicó en una rueda de prensa que el programa tendrá un presupuesto para el primer año superior al billón de pesos (unos 341 millones de dólares) que procederá íntegramente del presupuesto nacional, si bien espera que pueda haber colaboración internacional.
En este sentido, comentó que los cultivos ilícitos serán sustituidos por diversos productos que decidirán los técnicos en función de las características y posibilidades de cada región, pero explicó que el cacao es una “buena alternativa”.
Pardo también explicó que la erradicación forzosa de una hectárea de coca requiere una inversión de 20 millones de pesos (unos 6.825 dólares), por lo que consideró que el nuevo plan “puede ser más efectivo y duradero”.
El plan, denominado Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos y de Uso Ilícito (PNIS), será liderado por la Alta Consejería para el Posconflicto y contará con la participación de las FARC para contribuir de manera efectiva al éxito del mismo.
Por su parte, el encargado de la Agencia para la sustitución de cultivos ilícitos, Eduardo Díaz, señaló que como parte de la labor que comienza, se pretende también que se formalice la tenencia de la tierra en las zonas rurales, uno de los principales problemas del país en el sector agrario, y la articulación de los productores para entrar en los mercados respectivos.
Sin embargo, dijo que es una tarea de “mediano y corto plazo”.
Por su parte, el miembro del secretariado (mando) de las FARC Félix Antonio Muñoz, alias “Pastor Alape”, afirmó que “el espíritu” del proyecto es que los campesinos se involucren en la sustitución de los cultivos y destacó que también trabajarán con los cocaleros.
Asimismo, consideró que este plan despierta “la esperanza de construir un nuevo país” y sobre todo abre “la posibilidad de que la gente entre a reconocer la institucionalidad”.
No en vano, buena parte de los terrenos plantados con coca se encuentran en zonas remotas y deben superar una cierta desconfianza que generan las entidades oficiales.
Las FARC tendrán la responsabilidad de acompañar y promover de manera directa la llegada del programa a los territorios más afectados, con el fin de socializar y afianzar su compromiso con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas.
El programa no atenderá a los cultivadores que hayan sembrado después del 10 julio de 2016, fecha en la que se puso en marcha el proyecto de sustitución voluntaria de cultivos entre el Gobierno Nacional y las FARC en el municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia (noroeste).
Las familias que formalicen su compromiso con la sustitución voluntaria, la no resiembra y no participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de estos cultivos, tendrán beneficios económicos durante el primer año.
Cada familia recibirá un millón de pesos (unos 340 dólares) mensuales de remuneración, y preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario.
Así como 1.800.000 pesos (unos 614 dólares) para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria por una sola vez, tales como cultivos de pancoger y cría de especies menores.
También recibirán nueve millones de pesos (unos 3.000 dólares) por una sola vez, para adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido como piscicultura, avicultura, entre otros.EFE
