Fiscales federales en el sur de Florida señalaron que Roger Piñate, empresario venezolano-estadounidense y cofundador de la empresa de tecnología electoral Smartmatic, habría transferido el control de una vivienda de lujo en Caracas a la expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena Ramírez, a cambio de favores políticos.
Según una nueva presentación judicial, el presunto soborno ocurrió entre abril y julio de 2019, dos años después de que Smartmatic denunciara públicamente que el régimen de Nicolás Maduro manipuló los resultados de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017. Tras ese episodio, la empresa cesó sus operaciones en el país.
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¿De qué trata la denuncia contra el co-fundador de Smartmatic?
El documento judicial afirma que Piñate orquestó la operación a través de una empresa fantasma extranjera, ocultando el origen de la propiedad y utilizando intermediarios para transferir el título a nombre de Lucena. La fiscalía planea presentar mensajes cifrados, testimonios y fotografías como parte de las pruebas en un juicio por lavado de dinero y soborno relacionado con contratos en Filipinas.
Los fiscales argumentan que el supuesto pago en especie buscaba obtener el respaldo de Lucena en una disputa contractual con el Estado venezolano, en momentos en que Smartmatic ya no recibía pagos por los contratos previos firmados con el CNE.
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Lucena dirigió el órgano electoral desde 2006 hasta 2020 y fue una figura clave en el sistema comicial venezolano durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Falleció en abril de 2023, sin haber respondido públicamente a estas acusaciones.
Smartmatic negó cualquier relación con el hecho y calificó las afirmaciones del Departamento de Justicia como “completamente desligadas de la realidad”. En un correo enviado al Miami Herald, la empresa sostuvo que dejó Venezuela en 2017 y “nunca más ha intentado hacer negocios allí”.
La acusación forma parte del caso penal abierto contra Piñate, de 49 años, en Miami. El Departamento de Justicia sostiene que el presunto soborno en Venezuela demuestra un patrón sistemático de corrupción utilizado por el empresario para obtener contratos con autoridades electorales en distintos países.
La fiscalía citó la Regla 404(b) de las Reglas Federales de Evidencia para sustentar la introducción de esta conducta como prueba contextual sobre las intenciones y métodos del acusado.
