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Observatorio Social Humanitario responsabilizó a las políticas del Estado por crisis alimentaria en Venezuela

Una persona compra alimentos en Caracas (Venezuela). Foto: EFE / Miguel Gutiérrez
Una persona compra alimentos en Caracas (Venezuela). Foto: EFE / Miguel Gutiérrez

El Observatorio Social Humanitario (OSH) presentó cifras de desnutrición e inseguridad alimentaria en el foro “Venezuela en Emergencia”, en el cual se profundizó en las afecciones de la población infantil venezolana que no cuenta con acceso a una alimentación balanceada y tampoco con apoyo de políticas públicas que mitiguen la problemática.

Varios expertos en materia de salud y nutrición participaron para ofrecer algunas de las posibles soluciones para ayudar a las personas en dicha condición.

La doctora Maritza Landaeta, coordinadora de investigación y docencia de la Fundación Bengoa, hizo referencia al promedio de ingresos de una familia venezolana con respecto al costo de la canasta alimentaria, lo cual impide acceso a alimentos de calidad para la ingesta de comida balanceada. Además, indicó que aunque inseguridad alimentaria afecta a la mayoría de los grupos familiares en el país, la desnutrición no se debe tratar como una estadística nacional.

“Es muy difícil hablar de desnutrición en Venezuela, porque no es lo mismo medir los niveles nutricionales en Caracas que en el interior. Hay que hacer diferenciación, por eso yo hablo de que hay diferentes Venezuelas”, explicó Landaeta.

La investigadora detalló que la crisis nutricional en el país tiene diversas causas y factores que influyen en su desarrollo, y el acceso a los alimentos es uno de los principales, por lo que solo el 10% y 12% de las familias pueden adquirir la canasta básica que ronda los 400 dólares, de acuerdo con reportes de economistas.

“La posibilidad de acceso a una alimentación equilibrada, balanceada, saludable y amigable con el ambiente no es fácil y está muy distante de lo que es realmente el promedio de ingresos de una familia venezolana”, indicó.

Además, señaló que en esto influye la disponibilidad de servicios básicos como agua potable para evitar infecciones y enfermedades, electricidad para conservar los alimentos y gas doméstico para cocinarlos.

Landaeta comentó que aunque actualmente hay mayor producción nacional, existen problemas para su distribución por la escasez de combustible, lo que a su vez afecta en el precio final de la venta y hace menos accesibles algunos alimentos. Por esta razón exhortó a que se proteja a los productores, se mejore el ingreso de los venezolanos y que se reactive la producción en general.

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En cuanto al balance nutricional nacional, se indicó que sería necesario evaluar por separado a cada comunidad venezolana, en vista que en algunos estados hay situaciones críticas que requieren atención inmediata.

La docente comentó que los estados Zulia, Anzoátegui y Sucre reportan casos alarmantes, sobre todo en comunidades alejadas de las grandes ciudades, como las comunidades indígenas.

La especialista relató que en una jornada de evaluación nutricional en el estado Yaracuy hallaron que 10% de los niños tenían desnutrición crónica y 40% retardo de crecimiento. Mientras que el 20% de las mujeres embarazadas tenían problemas de peso y 10% presentaba desnutrición.

Por su parte, Yngrid Candela, nutricionista e investigadora del Centro de Estudios de Desarrollo (Cendes), señaló que las instituciones que investigan las condiciones de vida de los venezolanos han detectado un aumento en la inseguridad alimentaria en el país.

Varias organizaciones coinciden en que entre 85 % y 90 % de las familias venezolanas sufren de inseguridad alimentaria, por lo que responsabilizan a la administración de Nicolás Maduro por no tomar medidas oportunas para resolver mencionadas fallas. Por el contrario, implementó políticas que obstaculizaron el acceso a los alimentos.

La coordinadora de Investigación y Difusión de Provea, Lissette González, hizo un análisis sobre las políticas públicas que afectaron el derecho a la alimentación de los venezolanos, y concluyó en que las políticas de Maduro favorecieron la importación y debilitaron la producción nacional, por lo que el abastecimiento de alimentos variados ha sido “errático”.

La ley de precios justos de 2014, la ley constitucional de abastecimiento soberano y precios acordados de 2017, la implementación de guías de movilización que les indican a los productores a donde pueden llevar su producción “violaron en determinado momento la obligación del Estado a respetar el derecho a la alimentación”, de acuerdo con la explicación de la experta.

“Tampoco se respetó la demarcación de pueblos indígenas. Al mismo tiempo, el Arco Minero del Orinoco y otras zonas económicas especiales ponen en riesgo los modos de vida de los pueblos indígenas y su capacidad de mantener su alimentación por vías tradicionales”, agregó González.

La vocera de Provea denunció que el Estado también “incumplió” su obligación de proteger el derecho a la alimentación al no proteger el ingreso de los trabajadores en el contexto hiperinflacionario y que la importación de alimentos que no pasa por el control sanitario venezolano también entran en esta violación.

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