Este miércoles la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la polémica de Ley de Reconciliación Nacional tras los delitos vistos durante la guerra civil que generó el rechazo de defensores de derechos humanos y del presidente Nayib Bukele.

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El  diputado Juan José Martell del partido Cambio Democrático consideró que «una ley a espaldas de las víctimas» sería un «triple salto hacia la impunidad».»Con esta ley de una falsa reconciliación nacional, se van a prescribir delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra” cometidos durante el conflicto civil de 1980 a 1992″, dijo.

El presidente salvadoreño por su parte defendió la medida al expresar que una verdadera ley de reconciliación, no puede ser una ley de amnistía disfrazada.

Bukele explicó que la presidencia de la República no sancionará ninguna ley que no contenga los 3 elementos claves para que sea justa y constitucional: Verdad, reparación y justicia.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) dijo que la ley implica sanciones que no son proporcionales a la gravedad de los hechos cometidos y que la reducción de la pena supondría una “amnistía de facto”.

El abogado Joel García, representante legal del diputado Juan Requesens, indicó que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) le informaron que por órdenes «de arriba» no tenía permiso para la visita correspondiente a la ley como abogado defensor del parlamentario. Sin embargo, aseguró que la familia tampoco sabe sobre el estado de salud y psicológico de Requesens quien cumplió 27 días detenido este lunes 3 de septiembre. El abogado enfatizó que el Tribunal no está despachando, por lo que no tienen acceso a las actas, pero que van 20 días de los 45 reglamentarios para que se de una audiencia preliminar.

Por último, la diputada Yajaira Forero en representación del partido Primero Justicia, indicó que desde el parlamento seguirán elevando la denuncia de violación de DDHH ante órganos internacionales.

Venezuela - Abogado de Juan Requesens sigue sin poder verlo tras 27 días detenido - VPItv

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, indicó el pasado domingo que el Poder Judicial está trabajando en una reforma penal que permita castigar a los políticos que estén «vinculados» a varios tipos de delito como el terrorismo y la traición a la patria.

Moreno en una entrevista a Televén, expresó que «hay conductas de muchos dirigentes políticos que definitivamente se tienen que encuadrar dentro del terrorismo, traición a la patria, estamos los magistrados trabajando en una serie de modificaciones de las leyes”.

Estos cambios a las leyes penales, según el magistrado, serán presentados “prontamente” ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un suprapoder integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos gobiernos, y no ante el Parlamento, de mayoría opositora.

 

El juez se refirió con ello a las denuncias que han presentado varios dirigentes opositores ante foros internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) en contra del Gobierno de Nicolás Maduro y que han acarreado sanciones contra altos funcionarios.

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Debido a la grave crisis venezolana, según cifras oficiales son 4.000 venezolanos los que llegan diariamente a Ecuador escapando de la dura situación venezolana, es por ello que el defensor de los derechos humanos (DDHH) Juan Fernando Flores, exhortó al gobierno de Lenin Moreno a crear políticas que beneficien al éxodo venezolano, “es necesario que se asuma una postura clara y dar un paso importante en materia migratoria que tienda la mano a los más de 110 mil venezolanos que residen en el Ecuador, la solidaridad de la Iglesia es un paso importante, pero debemos seguir avanzando”.

 Asimismo Flores, quien es presidente del partido ecuatoriano CREO para América Latina, agradeció a los ocho países que han desarrollado acciones para acoger a los migrantes venezolanos, con motivo al llamado del Papa Francisco, “hoy son ocho los episcopados que ayudan a los venezolanos y esto lo celebramos, en nuestro país, en Brasil, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay y Argentina, ya el Vaticano dio un aporte inicial de $8.000.000, nuestros hermanos no están solos”.

 El político ecuatoriano informó que la próxima semana sostendrá un encuentro con la Iglesia de su país para prestar la mayor colaboración posible a los obligados a migrar de Venezuela, “en marco del llamado de El Vaticano, nos vamos a integrar al plan que ofrece servicios humanitarios a los venezolanos. Queremos ayudarlos con asistencia legal, educacionales y empleo. No vamos a descansar en la tarea de regularizar a nuestros hermanos latinoamericanos”.

Comunicado de prensa

Con miles de manifestantes confluyendo el sábado en Washington, los organizadores de la Marcha por Nuestras Vidas dicen que Estados Unidos ha alcanzado un histórico punto de inflexión emocional sobre la violencia armada.

Predicen que medio millón, incluso hasta un millón de personas lleguen este sábado a las inmediaciones del Capitolio para participar en una protesta de varias horas. Esto igualaría la participación en la Marcha de las Mujeres del año pasado y convertiría la manifestación en una de las más multitudinarias vistas en Washington desde la época de la Guerra de Vietnam.

Los organizadores, los estudiantes de la secundaria Marjory Stoneman Douglas High School, no pueden comprar cerveza ni alquilar un automóvil, y muchos de ellos ni siquiera tienen edad para votar, pero pusieron en marcha lo que podría ser una de las movilizaciones más grandes de la historia, con la participación de un millón de personas en Washington y otras 800 ciudades dentro y fuera de Estados Unidos.

Lea la nota completa en Voz de América

El Foro por la Vida expresó su rechazo a la aprobación de la “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, aprobada el miércoles 8 de noviembre por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

A través de un comunicado, la coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela expresa que dicha ley pretende “criminalizar las libertades de participación, reunión, asociación, expresión y enseñanza mediante una regulación vaga, arbitraria, vaciada de rigurosidad y que incumple los estándares mínimos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y técnica jurídica”.

A continuación el comunicado completo.

El Foro por la Vida junto a otras organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela, rechazamos la aprobación de la denominada “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”. El mencionado instrumento fue aprobado el pasado miércoles 08 de noviembre por parte de una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) al pretender penalizar la libre expresiónmediante una regulación vaga, arbitraria, vaciada de rigurosidad que incumple con los estándares mínimos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y técnica jurídica.

La ANC fue convocada mediante una interpretación viciada del artículo 348 de la Constitución Nacional, que establece que el Presidente puede tener la iniciativa, lo que no se identifica con el poder de convocatoria. El presidente Nicolás Maduro omitió el artículo 347 de la Constitución Nacional, que establece que el pueblo es el depositario del poder constituyente originario, de allí que el único que puede jurídicamente convocar una Asamblea Nacional Constituyente son los ciudadanos a través de un referéndum nacional.

El artículo 187 de la Carta Magna establece en su numeral 1 que es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional “Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional.”. Resulta inaceptable que la actual ANC, convocada y constituida al margen de la Constitución Nacional, pretenda adjudicarse competencias propias del Poder Legislativo.

La carencia de legitimidad de la ANC implica que ninguna de sus acciones tiene implicaciones jurídicas auténticas al desbordar y contravenir, desde su origen, los principios y procedimientos contemplados en la Constitución Nacional en garantía de los derechos fundamentales.

La pretendida legislación descansa en la teoría del “expansionismo penal”, según la cual la cárcel es la solución de los conflictos. El objetivo de la ley es “erradicar el odio”, lo que se traduce en criminalizar las expresiones de odio, pero no define qué entiende por “odio”, por lo tanto la imprecisión deja la puerta abierta a la penalización de cualquier expresión sin utilizar un criterio riguroso, apegada a la normativa internacional y nacional. No contempla una gradación del “odio” en las que a cada expresión o conducta le corresponde una respuesta diferenciada.

Toda regulación del discurso, que en este caso se traduce en una restricción del derecho a la libertad de expresión, debe cumplir con tres condiciones: legalidad, legitimidad y proporcionalidad de la posible sanción en relación al presunto daño que se pueda generar. Esta ley no cumple con ninguna de estas características, cualquier discurso podría ser calificado como “odio”, aplicándose arbitrariamente para encarcelar a personas hasta por 20 años de prisión.

Las excesivas penas vacían la propuesta de carácter jurídico al convertirla en un dispositivo de criminalización contra expresiones incómodas para el poder. La ausencia de criterios objetivos y proporcionales revela que la intención no es corregir conductas de “odio”, sino continuar y “legalizar” las represalias hacia individuos y medios independientes mediante la revocación de concesiones, bloqueo de portales y sanciones económicas, así como la “ilegalización” de partidos políticos y la atribución de responsabilidad a intermediarios sobre lo expresado en Internet.

En el contexto donde ya se produjeron detenciones por emitir opiniones en redes sociales (unas catorce personas detenidas desde el año 2014),  una situación de creciente escasez de alimentos, medicinas, una inflación en aumento y el recrudecimiento de la crisis política ante la ausencia de garantías institucionales para la participación política, una regulación de esta naturaleza se convierte en un dispositivo para darle apariencia legal a la represión de la crítica en un escenario con importantes restricciones a la libertad de expresión, sobre todo en los últimos meses.

La crudeza de la crisis se corresponde con la necesidad, desde el poder, de silenciar la denuncia y la crítica, bajo la amenaza de aplicar las sanciones más graves en una lógica institucional ya existente de condenar la opinión. Ningún gobierno en el mundo ha logrado aprobar legislaciones que regulen el discurso en las redes sociales, precisamente por las amplias restricciones que implica para la libre expresión y ante la contradicción que representa en un espacio realmente democrático.

En este sentido, las organizaciones de derechos humanos:

-Desconocemos esta pretendida regulación por no provenir de una instancia legítima ajustada a los principios y procedimientos constitucionales garantes de la institucionalidad democrática.

-Exigimos la no aplicación de hecho de esta “Ley contra el odio” al contravenir las exigencias mínimas de forma y fondo en materia de derechos humanos, en especial la libertad de expresión, el derecho a la asociación y la participación política.

-Reiteramos que los delitos que constituyen violaciones de derechos humanos no prescriben, en armonía con lo establecido en el artículo 25 de la Constitución Nacional que contempla responsabilidad penal, civil y administrativa contra funcionarios públicos que  ordenen o ejecuten actos violatorios de los derechos constitucionales.

-Exhortamos a los diferentes sectores de la vida nacional a defender los principios democráticos y a desconocer toda acción, medida o instancia que contravenga  en la práctica las garantías fundamentales consagradas en la legislación nacional e internacional en respeto de los derechos y la dignidad de todos los venezolanos.

La Mesa de la Unidad Democrática, se pronunció este sábado a través de su vocera, Liliana Hernández sobre algunas exigencias al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Hernández denunció la violación de distintos pasos que se deben hacer en el CNE para lograr las elecciones regionales.

Ya son reiteradas las ocasiones en que la oposición denuncia que no se ha hecho el proceso de sustitución de candidatos. Incluso, ayer fue suspendido el directorio que trataría este asunto.

«Señora Tibisay, usted a violado el proceso electoral, debe explicar qué es lo que está pasando en estas elecciones tanto en instancias nacionales como internacionales».

Asimismo denunció que el Poder Electoral no ha sido diligente en el ámbito informativo para los comicios regionales: «Los partidos tenemos que salir a informar, pero eso es obligación del CNE. Ellos son los que tienen que informar a los ciudadanos todo lo referente a la elección del próximo 15 de octubre». Desde hace dos días la alianza tiene publicado en su página web un listado con todos los centros electorales cerrados, un trabajo que corresponde al organismo.

Por otra parte, se esperan observadores internacionales y que sean autorizados por el mismo CNE.

La MUD tiene planificado realizar distintas reuniones antes del 15 de octubre para finiquitar el blindaje que utilizarán para cuidar los votos de todos los venezolanos.

Andrés Fornerino.- El presidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, José Guerra, informó que organismos financieros internacionales han suspendido sus créditos con Venezuela por no contar con la aprobación de la Asamblea Nacional (AN)

«El Banco Interamericano de Desarrollo está renuente a conceder una deuda con Venezuela. El gobierno mostró la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y no es suficiente porque el endeudamiento es una ley», aseveró el diputado.

Advirtió al gobierno de China que no se firme ningún convenio que involucre la asunción de una obligación financiera sin la aprobación del Poder Legislativo.

Guerra además explicó que la cancelación de los los convenios con China se redujo a 300 mil barriles diarios por el pago de intereses según las negociaciones entre ambas naciones.

Sin embargo, a juicio del economista, esto representa una pérdida para Venezuela al no poderse vender los barriles en el mercado internacional y generar mayor ganancia.

Argentina es uno de los países preferidos por los venezolanos por sus facilidades para emigrar. Ahora, tendrán que replantearse la emigración a la nación sureña con las medidas que tomó el presidente Macri en esta materia. 

Luego de una semana de especulaciones, el presidente, Mauricio Macri, le puso la firma al decreto que endurece los controles migratorios en la Argentina: a través del Boletín Oficial, el Gobierno Nacional formalizó cambios en la Ley de Migraciones (25.871) mediante el decreto 70/2017. Se acortan así los tiempos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales.

Macri había puesto el tema en agenda y venía preparando los cambios. Con el ejemplo del narco peruano Marco Antonio Estrada González, que luego de ocho años aún no puede ser extraditado, el jefe de Estado pidió analizar cambios en la Ley 25.871, de Migraciones; y en la 346, de Ciudadanía.

El documento apunta al «crimen organizado internacional». «La necesidad de trabajar incesantemente en el perfeccionamiento del orden normativo migratorio adquiere especial importancia frente a fenómenos actuales como la globalización, la internacionalización del turismo y el crecimiento del crimen organizado internacional», explica el documento oficial. Y para justificar la medida, apunta a la «duración de los procesos administrativos y judiciales en materia migratoria, los que atentan contra el debido proceso legal y pueden acarrear al Estado Nacional responsabilidad internacional, de conformidad con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiterados fallos».

El texto además recupera cifras sobre migración y delito: «la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en el 2016 el 21,35% de la población carcelaria total y en los delitos vinculados a la narcocriminalidad, un 33% de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros». Por estas razones, las principales modificaciones a la ley, que impactan tanto en los nuevos visitantes como en los residentes, apuntan a endurecer los controles.

Qué dice el decreto​ de control migratorio

* No podrán entrar narcotraficantes al país. Se trata de quienes tengan condenas sobre casos relacionados a este tipo de delitos. El inciso C del artículo 29 de la ley actual impide entrar a quienes están en condiciones de «haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavadode dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años o más».

* Divide a los delitos entre comunes y, por otro lado, al tráfico de drogas, personas, armas, órganos y tejidos (categoría nueva) lavado, inversiones ilícitas.

* Tampoco podrán entrar al país quienes tengan antecedentes penales en el país de origen o antecedentes de haber participado de alguna organización de crimen organizado, como narcotráfico, trata, tráfico de órganos. Esto es independiente de que haya condena. Y «sólo con un informe que diga que la persona está en una red de terrorismo se podrá impedir el ingreso o tramitar la expulsión».

* Los inmigrantes que hayan pagado para ser traídos al país podrán obtener la residencia y evitar la expulsión si colaboran para dar con el traficante de personas que lo trajo a la Argentina.

* Tendrán impedido el ingreso a Argentina las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales.

*Hasta ahora la prohibición de reingreso al país luego de una expulsión era de cinco años. Con la nueva norma será de ocho años por delitos dolosos y 5 años por delitos culposos.

* El decreto alcanza a las residencias en trámite. Y puede dar de baja la residencia en determinados casos: fraude en la documentación y condenas (estén o no firmes) por los delitos arriba mencionados.

* Se cancela la residencia permanente «a quien hubiese permanecido fuera del territorio nacional por un período superior a dos años o la mitad del plazo acordado, si se trata de residencia temporaria, excepto que la ausencia obedezca al ejercicio de una función pública argentina o se haya generado en razón de actividades, estudios o investigaciones que pudiesen ser de interés» .

* Quienes no tengan los medios económicos tendrán derecho a un abogado gratuito que los asista.

El boletín considera que la Argentina, actualmente, vive «una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes».

Nota de Clarín