El Observatorio Venezolanos de Prisiones (OVP) presentó este jueves el informe “Derechos políticos de la población reclusa venezolana” enfocado en la participación electoral de los comicios del 28 de julio, y los derechos políticos en la privación de libertad.
Conforme a la información documentada por el OVP, 42.863 personas privadas de libertad, tanto en cárceles como en calabozos policiales “tienen y se les debe garantizar el derecho al voto”.
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La OVP resaltó que 20.626 detenidos está en la condición legal de procesados en las cárceles del país, 22.237 son individuos recluidos en calabozos policiales. Sin embargo, señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ofreció información sobre el número de reclusos que podían votar.
“No se puedo conocer si realizaron jornadas de actualización, como se llevó a cabo la logística de los traslados, si este derecho se iba a ejercer en sus lugares de reclusión y los centros penitenciarios habilitados como centros de votación”, reza el documento.
La organización afirmó que la única información oficial provino de una declaración del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, el mismo día de las elecciones presidenciales.
“Tenemos habilitados 18 centros de votación a nivel nacional. Dentro de los centros penitenciarios vota parte de la población, los que son procesados. Quienes son penados pierden como una pena accesoria el derecho al voto, el ejercicio de los derechos políticos”, informó García Zerpa.
Asimismo, la OVP enfatizó que solo 1.900 (9.21 %) privados de libertad tuvieron el derecho al sufragio, frente a los 20.626 procesados en todo el territorio nacional.
El observatorio enfatizó que según información extraoficial “para julio de 2024, se señaló que el CNE habilitaría 31 mesas de votación en 21 centros de votación, que se habían habilitado en penales comuna población electoral total de 19.880 personas”, contradiciendo las declaraciones de García Zerpa.
“Los derechos políticos imponen a los Estados la obligatoriedad de establecer disposiciones jurídicas y materiales que permitan a sus ciudadanos gozar efectivamente de estos en igualdad de condiciones. Ahora bien, las personas privadas de libertad debido a la condición de reclusión, dependen completamente del Estado para satisfacer sus necesidades y garantizar sus derechos más básicos, desde la alimentación y la salud, hasta la educación y el ejercicio de su derecho al voto”.
Además, exigió realizar operativos de cedulación y registros dentro de las cárceles, presencia de testigos nacionales e internacionales dentro de centros penitenciarios, informar a los reclusos del ejercicio al voto para tomar un criterio propio, facilitar el acceso a la información, presentar un registro habilitado de los que tienen derecho a votar, garantizar el voto de las personas privadas de libertad y traducir la información a las personas indígenas que no hablen castellano.
#InformeOVP Solo 9,21% de la población en las cárceles venezolanas tuvo derecho al voto, lo que es sumamente preocupante ante la falta de políticas y mecanismos implementados, los cuales no garantizan íntegra, eficaz y efectivamente los derechos humanos. pic.twitter.com/9knJfRugMp
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) October 17, 2024
