Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú elevaron este 20 de diciembre la presión diplomática sobre Venezuela al ratificar la vigencia del Protocolo de Ushuaia y demandar el cese de las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas. El pronunciamiento se enmarca en una declaración conjunta orientada a la defensa del orden democrático en la región.
En el documento, los presidentes Javier Milei, Santiago Peña y José Raúl Mulino, junto al canciller Fernando Hugo Aramayo Carrasco y altas autoridades de Ecuador y Perú, reafirmaron su compromiso con el Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos y los principios del derecho internacional como bases esenciales de la integración regional.
También puedes leer: Argentina busca “flexibilizar” el Mercosur, pero expertos aseguran que Brasil será su principal “desafío”
La declaración expresó profunda preocupación por la crisis migratoria, humanitaria y social que atraviesa Venezuela, país suspendido del mercosur bajo los mecanismos del Protocolo de Ushuaia. Los firmantes advirtieron que la situación venezolana continúa generando impactos directos sobre la estabilidad política y social del continente.
En ese contexto, los seis gobiernos exhortaron a las autoridades venezolanas a cumplir de inmediato con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en línea con las advertencias de organismos de Naciones Unidas. Señalaron la persistencia de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, y exigieron la liberación inmediata de todas las personas privadas ilegalmente de su libertad, así como garantías plenas de debido proceso e integridad física.
Finalmente, los países ratificaron su decisión de promover, por vías exclusivamente pacíficas, el restablecimiento del orden democrático y el respeto irrestricto de los derechos humanos en Venezuela, al considerar que la normalización institucional del país es determinante para la estabilidad regional.
