El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el año 2017 cerrará con casi 500 casos de agresiones a la libertad de expresión. Así lo manifestó en una nota de prensa donde detalla el incremento apresurado que han tenido estas acciones por parte del Gobierno en comparación con el año 2016.
Según el comunicado enviado por el SNTP, “La intención del Gobierno nacional de silenciar -a cualquier precio- el descontento por la cada vez más crítica situación económica y social, hizo del 2017 el año de las mayores dificultades para el trabajo de los periodistas y, en consecuencia, para el ejercicio colectivo de los derechos a expresarse con libertad y a acceder a la información de interés público.”
En ese sentido, el Sindicato detalló que entre enero y diciembre de 2017, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) documentó 498 hechos que constituyeron violaciones a la libertad de expresión y que levantaron a niveles insospechados el cerco a la prensa independiente. Esta cifra, impropia de países democráticos, muestra un alza de 26,5% con respecto del mismo período en 2016, cuando se registraron 360 casos.
Gran parte de estas agresiones fueron registradas durante marzo y agosto, fecha en la que se desarrollaron en Venezuela protestas antigubernamentales.
A continuación el comunicado del SNTP en su integridad:
La intención del Gobierno nacional de silenciar -a cualquier precio- el descontento por la cada vez más crítica situación económica y social, hizo del 2017 el año de las mayores dificultades para el trabajo de los periodistas y, en consecuencia, para el ejercicio colectivo de los derechos a expresarse con libertad y a acceder a la información de interés público.
Entre enero y diciembre de 2017, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) documentó 498 hechos que constituyeron violaciones a la libertad de expresión y que levantaron a niveles insospechados el cerco a la prensa independiente. Esta cifra, impropia de países democráticos, muestra un alza de 26,5% con respecto del mismo período en 2016, cuando se registraron 360 casos. Está por encima también de los reportes de 2015 (280 casos) y de 2014 (420).
En el 70% de los hechos reportados durante 2017 en todo el país, los responsables o victimarios son efectivos de los organismos de seguridad de Estado.
Abril y mayo fueron los meses con el mayor número de incidencias (98 en el primero y 99 en el segundo), coincidiendo con los días de más protesta social y, también, de mayor represión. Luego julio con 70 casos y junio con 55.
El SNTP documentó también la detención ilegal de al menos 66 trabajadores de la prensa, fundamentalmente periodistas que daban cobertura a las manifestaciones de calle o que hacían trabajos de investigación en torno a presuntos hechos de corrupción, incluidos corresponsales extranjeros. Julio, abril y junio fueron los mese con más encarcelamientos: 14, 11 y 10 respectivamente.
La escasez de alimentos, el alza de los precios y las manifestaciones de naturaleza política y social aumentaron la percepción de vulnerabilidad del gobierno de Nicolás Maduro. Utilizando el brazo y las armas de la Guardia Nacional y las policías regionales y municipales, la burocracia oficial intentó invisibilizar el conflicto y durante 4 meses (de abril a julio) se sucedieron 273 casos, de los 498 antes mencionados, afectando en este mismo período a 464 trabajadores de la prensa.
122 de los hechos documentados en estos 4 meses fueron responsabilidad de la Guardia Nacional, 36 de Policía Nacional Bolivariana, 27 de las policías regionales, 45 de manifestantes y 37 de civiles armados que, en la mayoría de los casos, actuaron en complicidad con uniformados.
Hubo en este tiempo 42 detenciones y 14 sedes de medios asediadas.
Menos medios
Al menos 49 medios de comunicación audiovisuales fueron cerrados en Venezuela durante el 2017, los casos más recientes, las emisoras 92.9 fm y Mágica 99.1 fm. Se trata de 46 estaciones de radio y tres canales de televisión.
También los canales colombianos RCN Televisión y Caracol Televisión, y la cadena CNN en Español, fueron sacados de la parrilla de las cableoperadoras que funcionan en el país.
Se mantienen las restricciones de la prensa escrita, fundamentalmente en el acceso al papel periódico, cuya importación y distribución en el mercado local siguió durante todo el año monopolizada por el Gobierno. Unos 20 rotativos tuvieron que cerrar mientras que todos redujeron su paginación y tiraje para garantizar la circulación.
