Luisa Panagua.- Por séptima vez consecutiva, el gobierno de Nicolás Maduro extendió el Decreto de Emergencia Económica que le permite al Ejecutivo tomar decisiones en materia económica sin consultar ni rendir cuenta a los órganos contralores como la Asamblea Nacional (AN).
Con el decreto extraordinario 6.298, el gobierno se adjudica toda autoridad en materia económica por lo que podrá disponer de recursos financieros y autorizar erogaciones del Tesoro Nacional no previstas en la Ley de Presupuesto sin rendir cuentas al país y sin el control del Parlamento.
En el numeral 10 del amplio artículo 2, establece que podrá “diseñar y ejecutar” planes especiales de seguridad con el fin de hacer frente a las acciones “desestabilizadoras”.
También tendrá el poder de intercambiar, exportar e importar en las fronteras bajo un régimen especial dictado por el mismo Ejecutivo.
Otra facultad que se otorga a sí mismo el gobierno, es la de “aprobar y suscribir contratos de interés público”, aunque en el artículo 150 de la Constitución se expresa de forma taxativa que los acuerdos de esta naturaleza deben ser aprobados por la Asamblea.
Además, y de acuerdo a los otros decretos de este tipo, continúa su control sobre la producción, distribución y fijación de precios de alimentos, productos de aseo y medicinas. Incluye las materias primas y los insumos agroindustriales.
Para justificar este decreto, el gobierno se basó en la presunta guerra económica que “sectores económicos nacionales e internacionales” ejecutan contra la gestión de Maduro y la “recuperación” del país.
Algunas de las acciones que, para el gobierno, realizan estos factores “adversos” y “oposicionistas” son destrucción de instalaciones públicas y privadas, “agresión física” contra estudiantes y trabajadores, “extracción y ocultamiento” de los billetes, bloqueo de calles, destrozos a maternales, hospitales y transporte público, “obstrucción” del acceso de la banca pública a servicios financieros internacionales, además del uso de las redes sociales para “fomentar el odio” y difundir “noticias falsas” sobre la capacidad del pago del país.
También descalifica a los diputados del Parlamento electos por voto popular al llamarlo “mayoría circunstancial” y los acusa de “engañar a la comunidad nacional e internacional”.
