Ley de Cooperación Internacional en Venezuela sería una arquitectura de control, según experta

Asamblea oficialista 2020. Foto: Twitter/AN

El Observatorio Social Humanitario organizó una rueda de prensa virtual en la que participaron expertos de algunas organizaciones venezolanas con la finalidad de abordar las causas y consecuencias de la Ley de Cooperación Internacional que se busca impulsar desde la Asamblea Nacional electa en 2020.

Con Mariana Romero (Centro para los Defensores y la Justicia), Alí Daniels (Acceso a la Justicia) y Deborah Van Berkel (Sinergia) como ponentes, los expertos coincidieron en que esta iniciativa busca “criminalizar” y posicionarse en contra de la ayuda internacional.

“La cooperación internacional es un derecho. Cuando se imponen este tipo de controles, más allá del impacto es una violación a las víctimas”, alertó Romero.

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“No es algo nuevo. Desde el año 2005 se empezaron a discutir proyectos de este tipo con aprobación, incluso, en primera discusión del Parlamento de ese entonces. Luego se retomó sin éxito en 2010 y 2015”, recordó la activista de Defensores DD.HH.

La abogada reportó que en 2020 hubo cinco amenazas televisadas donde funcionarios urgían la aprobación de este tipo de ley. También, señaló que desde enero de este año se han contabilizado 98 agresiones contra organizaciones no gubernamentales.

Confusión

Alí Daniels, abogado y activista de Acceso a la Justicia, calificó el anteproyecto como confuso a nivel terminológico y con falta de coherencia interna. “Se habla de prohibición, suspensión restricción y eliminación, el cual es un término fuera del contexto jurídico porque las personas jurídicas no se eliminan, sino se disuelven”.

El experto citó un posible escenario como ejemplo ya con una hipotética aprobación de la legislación. “Si una organización publica un informe que deriva en una sanción contra un funcionario, eso significaría, según la ley, una sanción contra la República y no individual”.

Daniels precisó que “el proyecto afectará a las organizaciones, pero también a las víctimas”.

Arquitectura del control

Para Deborah Van Berkel, presidenta de Sinergia, el anteproyecto busca “construir una arquitectura legal para controlar el espacio cívico y la sociedad venezolana”.

Objetivos de la nueva legislación según Van Berkel:

  • Controlar recursos económicos técnicos y de intercambio

De acuerdo con su análisis, esto afectaría a todas las ONG, pero también a universidades, medios de comunicación, organizaciones religiosas y demás entidades con cooperación internacional.

Acciones a emprender

Los expertos destacaron que se están realizando las denuncias a escala internacional. Y tanto la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, conocen la situación y estarían próximos a reunirse.

En 2021, la OCHA asistió a 4.5 millones de personas con algún tipo de ayuda humanitaria que, según los expertos, podría verse afectada de salir adelante la Ley de Cooperación Internacional.

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