La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes, en sesión ordinaria, la creación del Observatorio contra el Fraude Electoral de las elecciones parlamentarias pautadas este 6 de diciembre por la administración de Nicolás Maduro.

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Según detalló el Poder Legislativo venezolano, este grupo estará conformado por cinco diputados y cuatro miembros de la sociedad civil.

El observatorio tendrá el objetivo de:

1.- Recopilar y sistematizar todas la violaciones de las Ley Electorales y la Constitución de manera que sea accesible para a la comunidad nacional e Internacional, y que sirva de referencia para establecer la responsabilidad de dichas violaciones.

2.- Presentar a la opinión pública nacional e internacional toda la información sobre la violación de los derechos políticos y el secuestro del voto libre como mecanismos para reinstitucionalización del país.

3.- Trabajar de manera activa en la búsqueda de soluciones a la crisis institucional y la generación de mecanismos para buscar el efectivo ejercicio del voto libre en Venezuela.

En Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, designó al nuevo presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).

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Humberto Giovanni Cuffaro Mejía, es el nuevo miembro y presidente de la Junta Administradora Ad-Hoc del Bandes.

Cuffaro sustituirá a María Carolina González Hernández en el cargo.

La Asamblea Nacional (AN) acordó, en su sesión ordinaria de este martes, exigirle a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que expulse inmediatamente a «la guerrilla que opera en los territorios indígenas».

El acuerdo también busca que se tomen las medidas para restituir y garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas.

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“Los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela han sido sistemáticamente agredidos por grupos irregulares armados, han invadido y destruido sus territorios», dijo el diputado indígena Romel Guzamana.


«Queremos que este mensaje llegue a las Naciones Unidas, a la Corte Penal Internacional, para que se tomen las medidas necesarias, velar por los pueblos originarios de Venezuela y se respete su soberanía”, agregó el parlamentario.

Los países que conforman el Grupo de Lima se reunieron, este martes, para discutir una declaración conjunta sobre el informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con respecto a la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Claudia Blum, canciller de Colombia, fue quien convocó (junto a Perú) la reunión de los 16 países del bloque, para determinar una declaración conjunta para criticar al régimen de Nicolás Maduro.

Al término de la reunión, se adoptó una declaración en la que se incluyen, entre otros temas, la renovación del respaldo al presidente interino, Juan Guaidó, y a la Asamblea Nacional (AN).

También, el grupo expresó su «fuerte rechazo» a las pretensiones, que tiene la administración de Nicolás Maduro, de celebrar «elecciones parlamentarias sin garantías democráticas» en diciembre.

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El bloque también condenó las «sistemáticas violaciones de derechos humanos y los presuntos crímenes de lesa humanidad documentados por la Misión Internacional Independiente de la ONU», por lo que recomendó que «el Informe sea materia del examen preliminar que adelanta la Corte Penal Internacional».

El Grupo de Lima hizo un llamado a las autoridades internacionales para que investiguen a fondo las relaciones del régimen de Maduro con el crimen organizado.

Estados Unidos, Brasil, Chile, Bolivia, Panamá, Colombia, Canadá, Perú, Uruguay y Colombia, abordaron el informe que concluyó que Nicolás Maduro y altos funcionarios de su régimen son responsables de crímenes de lesa humanidad.

En Sesión Ordinaria, la Asamblea Nacional (AN) aprobó un acuerdo, este martes, para desconocer la Ley Antibloqueo propuesta por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) leal a Nicolás Maduro.

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Alfonso Marquina, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo, fue quien presentó el Proyecto de Acuerdo e indicó que el régimen pretende justificar la aprobación de este «adefesio» con la excusa de que se utilizará para «para la defensa de los derechos humanos».

De esta manera, los parlamentarios acordaron que cualquier persona, natural o jurídica, que se ampare en este «instrumento paralegal» para realizar acuerdos o negociaciones, «podría estar incurso en delitos de lesa patria, asociación ilícita para delinquir, aprovechamiento de bienes provenientes del delito», entre otros.

En la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), varios diputados debatieron sobre el acuerdo de rechazo a la Ley Antibloqueo, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), leal a la administración de Nicolás Maduro.

Parlamentarios como Simón Calzadilla, Williams Dávila, Carlos Bastardo, Luis Stefanelli y Omar Barboza, aprovecharon su derecho de palabra para explicar las intenciones que tiene el régimen de Maduro con este proyecto.

Calzadilla, diputado por el estado Aragua, aseguró que en lo «44 artículos y dos disposiciones transitorias» del proyecto aprobado por la ANC, «no tiene la palabra antibloqueo ni la desarrolla».

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«Con este adefesio jurídico, no van a poder hacer legal lo que ya ilegalmente hacen», sentenció el también secretario del Movimiento Progresista de Venezuela.

Por su parte, el diputado del estado Mérida, Williams Dávila, calificó la ley de «parapeto raspa olla», con el que el régimen pretende generar recursos en medio del saqueo generalizado e ilegal».

«Este parapeto crea una ilusión de privatización con las condiciones que la propia dictadura va a dictaminar (…) Ya que institucionaliza el secreto como política de Estado para continuar el saqueo. La divulgación de operaciones comerciales pasaría a ser tratado como delito de traición a la patria», indicó Dávila.

Para Carlos Bastardo, diputado por el estado Monagas, la ley antibloqueo pretende ser usada por Maduro para «darle la estocada final» a las instituciones republicanas, con el objetivo «maquiavélico» de saquear las arcas de la nación y adueñarse de los recursos del país.

Luis Stefanelli, parlamentario por Monagas, indicó que «Nicolás Maduro pretende ejecutar actos jurídicos a espaldas de la ley y a la sombra, al declararse bajo secreto de Estado, los actos dictados con motivo de la aplicación de este instrumento».

Finalmente, Omar Barboza, diputado por el estado Zulia, aseguró que el «único mérito» de la ley antibloqueo, fue «haber unificado a todos los que queremos un cambio político en el país para rechazarla (ley antibloqueo) de manera contundente».

El diputado Julio Montoya solicitó, este martes, a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), abrir una investigación sobre casos de corrupción internacional en los que se ha visto involucrado el nombre de Venezuela.

En la sesión ordinaria de la AN, el parlamentario se refirió los «FinCenFiles», un trabajo de investigación realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) a lo largo de 16 meses.

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«En los casos que rayan o tocan a Venezuela, hay más de 4.000 millones de dólares involucrados (…) Lo que le quiero pedir a este parlamento, es que apruebe una investigación de estos documentos», indicó el diputado.

En ese sentido, Montoya se refirió al caso del banco Barnett Capital Bank, propiedad de los venezolanos Rodrigo Fernando Tinoco y Carlos René Colomidio Finol.

El diputado señaló que esta entidad bancaria estaba relacionado con otro banco en Antigua, donde Juan Méndez, ejecutivo de Pdvsa, recibió cinco millones de dólares para facilitar el manejo del Fondo de Pensiones de los ex trabajadores de la estatal petrolera.

En sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), este martes, se juramentó a los siete miembros de Comité Organizador de la Consulta Popular previa a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.

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El Comité está conformado por: Enrique Colmenares Finol, Blanca Rosa Mármol de León, Carolina Jaimes Branger, Horacio Medina, Rafael Punceres, Estefanía Cervó e Isabel Pereira Pizani.

Juan Guaidó, presidente del Parlamento, indicó que estos ciudadanos representan «la sobrevivencia de una nación que se niega a doblegarse, que quiere expresar y manifestar su voluntad y sabe que puede ejercer su mayoría».

La Consulta Popular fue propuesta por el gobierno interino de Venezuela, y está enmarcada en la propuesta de Pacto Unitario. Según Guaidó, este instrumento es la «expresión soberana de la voluntad del pueblo a través de la Constitución».

El exprocurador del gobierno interino, José Ignacio Hernández, ofreció una rueda de prensa para aclarar dudas sobre su presunta vinculación con el cobro de sobornos para la firma de un contrato destinado a otorgarle poderes, de PDVSA, a un consorcio de empresas ubicado en Miami.

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Mediante una rueda de prensa virtual, el ex comisionado Presidencial para la Gestión de Activos, fue enfático en que «ninguna comisión presidencial puede actuar en nombre de PDVSA», ya que solo la junta ad hoc, designada por el gobierno de Guaidó, tiene las facultades para hacerlo.

Esta comparecencia de Hernández ante la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de (AN), estuvo motivada por la denuncia realizada, el pasado 17 de septiembre, por el Ministerio Público leal a Nicolás Maduro.

En aquella fecha, Tarek William Saab informó que se abrió una investigación en contra de varios funcionarios del gobierno interino, entre ellos Hernández, por su presunta relación con una red destinada a robar activos del país en el exterior, junto a la sociedad mercantil Caribbean Recovery Assets (CRA).

«La primera vez que tuve conocimiento de la empresa CRA fue el 27 de marzo, cuando recibí una comunicación en la que me aseguraban que habían recibido la buena pro, a pesar de que no habían firmado contrato», indicó el funcionario.

Luego de una verificación con miembros de la junta ad hoc, Hernández conoció que no se había finiquitado el contrato por «irregularidades de la empresa».

«Ante la noticia que la empresa CRA había contactado a empresas de Petrocaribe decidí enviar correos reiterando que CRA no puede actuar en nombre de PDVSA (…) Mi interés se centró en que la empresa CRA no representara a PDVSA frente a países miembros de Petrocaribe, ese objetivo se logró», aseguró el parlamentario.

Miguel Pizarro, comisionado del gobierno (E) de Venezuela para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), felicitó al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tras haber sido galardonado, este viernes, con el Premio Nobel de la Paz 2020.

Mediante un comunicado, el comisionado destacó el trabajo de la organización como «clave en la lucha contra el hambre en el mundo».

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En ese sentido, Pizarro agradeció al PMA por haber «brindando asistencia alimentaria a la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa Venezuela».

«Extendemos a todos los trabajadores humanitarios que día a día, desde esta organización, se esfuerzan por combatir el uso del hambre como arma política», finaliza el texto de Pizarro.

 

Lea el comunicado completo aquí.