El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas renovó la composición de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, incorporando a dos nuevos especialistas para profundizar la investigación sobre graves violaciones de derechos humanos en el país.
El embajador suizo Jürg Lauber, presidente del Consejo, nombró al canadiense Alex Neve y a la argentino-mexicana María Eloísa Quintero, quienes se sumarán a la presidenta del panel, la portuguesa Marta Valiñas. Según un comunicado de la organización, su participación busca dar continuidad y mayor solidez a las pesquisas sobre los crímenes cometidos en Venezuela.
María Eloísa Quintero cuenta con más de 25 años de experiencia en la investigación de casos complejos en América Latina. Su trayectoria incluye liderar el departamento de investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), donde «lideró más de 60 investigaciones penales contra altos funcionarios, redes políticas y económicas ilícitas», lo que la consolida como una referente en la lucha contra la corrupción y los aparatos clandestinos, destacó la ONU.
Por su parte, Alex Neve suma amplia experiencia internacional en derechos humanos. Fue secretario general de Amnistía Internacional Canadá durante dos décadas y ha participado en más de 40 misiones de investigación alrededor del mundo. Actualmente, es profesor de derecho internacional y «conferencista CBC Massey 2025», abordando la renovación de los derechos humanos en un contexto global fracturado.
La misión que ahora integrarán tiene el mandato de continuar documentando la situación en Venezuela, que según sus informes previos sigue deteriorándose. El organismo ha alertado que «la persecución por motivos políticos, incluso contra quienes defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales, ha continuado en 2025», sin mostrar señales de mejora.
En septiembre de 2025, la misión advirtió que «la persecución en Venezuela se está intensificando», tras recopilar nuevas pruebas de la represión posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, reafirmando la necesidad de monitoreo internacional para visibilizar y prevenir crímenes de lesa humanidad en el país.
