Periodistas rechazaron persecución judicial contra editores y redactor de Armando.Info

El gremio periodístico suscribió un documento en el que rechazan las acciones judiciales tomadas por el empresario Alex Nain Saab en contra de los editores del portal digital Armando.Info, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, y del redactor Roberto Deniz, tras la investigación que lo vincula a una corrupta red de distribución de alimentos en Venezuela, mediante la empresa Group Grand Limited.

En dicha comunicación, profesionales de la comunicación social reafirmaron su lucha por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información en el país, manifestaron su solidaridad con los colegas señalados por destapar un grave caso de corrupción, y condenaron las acciones judiciales intimidatorias llevadas a cabo por Alex Nain Saab.

A continuación, el comunicado íntegro:

Cárcel por investigar corrupción: Periodistas rechazan la persecución judicial contra Armando.Info

Los periodistas y demás integrantes del gremio de la comunicación social que suscribimos esta comunicación rechazamos las acciones judiciales tomadas por el empresario Alex Nain Saab en contra de los editores del portal digital Armando.Info, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, así como en contra su redactor, Roberto Deniz.

El 8 de septiembre de 2017, Alex Nain Saab presentó una demanda en contra de las personas señaladas por los delitos de difamación agravada continuada e injuria agravada, establecidos en los artículos 442 y 444 del Código Penal, y sancionados con prisión de hasta cuatro años y multas de hasta 500 unidades tributarias, el que equivalente a 150 millones de bolívares.

La demanda fue interpuesta después de dos publicaciones que muestran la conexión del empresario Alex Nain Saab con una red de corrupción vinculada con la distribución de alimentos en Venezuela a través de la empresa Group Grand Limited. El primer trabajo fue publicado en abril de 2017 y fue titulado “Empresarios cuestionados en Ecuador y EEUU le vende comida al Gobierno venezolano”. El segundo se publicó en septiembre de 2017 y lleva como título “De Veracruz a La Guaira: un viaje que une a Nicolás Maduro con Piedad Córdoba”.

Luego de la publicación de septiembre comenzó una serie de amenazas contra los periodistas del portal Armando.Info, y sus datos personales fueron expuestos de manera anónima en redes sociales, en una clara violación del derecho a la privacidad. En la demanda, Saab afirma que su honor y reputación se han visto afectados por las afirmaciones contenidas en las publicaciones del portal.

Los cuatro periodistas de Armando.Info se sintieron obligados a salir del país, ante la ausencia de garantías para un proceso judicial ajustado a derecho.

Los integrantes del gremio periodístico queremos reafirmar nuestra labor como defensores de la libertad de expresión y el derecho a la información, manifestar solidaridad con nuestros colegas del portal Armando.Info, así como nuestro rotundo rechazo a las acciones judiciales intimidatorias llevadas a cabo por Alex Nain Saab.

Es pertinente recordar a las autoridades del Poder Judicial, específicamente al Tribunal de Juicio 11° del Circuito Judicial Penal de Caracas, que el artículo 57 de la Constitución consagra la libertad de expresión, por cualquier medio y sin que pueda establecerse censura, en armonía con lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y que el artículo 58 de la Carta Magna establece el derecho de réplica y rectificación, en caso de que alguna persona se vea directamente afectada por informaciones inexactas o agraviantes. De modo que el ordenamiento jurídico interno reitera la normativa internacional cuando dispone específicamente mecanismos no penales y, en consecuencia, más expeditos que la vía judicial para resolver este tipo de controversias.

La amenaza de aplicación de la ley penal a periodistas por la publicación de reportajes de investigación, así como el uso de los delitos de difamación e injuria, además de contrariar estándares internacionales en materia de libertad de expresión, pretende generar un efecto inhibitorio en el gremio periodístico. Esto en definitiva limita el ejercicio de la libertad de expresión, tanto del comunicador, cuando se le impide difundir su trabajo, como de los ciudadanos que dejan de recibir la información necesaria para hacer contraloría sobre la gestión pública y el debate social propio de estos asuntos.

La aplicación arbitraria y discrecional de la justicia penal contra medios de comunicación y periodistas mediante acusaciones de difamación e injuria constituye un patrón claro de hostigamiento judicial que promueve la censura, castiga la crítica y con ello paraliza el debate sobre asuntos de interés público.

Reafirmamos nuestra labor y nuestro deber de defender la libertad de expresión y el derecho a la información. Manifestamos nuestra solidaridad con los colegas del portal Armando.Info, así como nuestro rotundo rechazo a las acciones judiciales intimidatorias llevadas a cabo por Alex Nain Saab.

Al reiterar nuestro deber como promotores y defensores de los derechos humanos, por mandato del artículo 132 de la Constitución, los firmantes del presente comunicado:

– Rechazamos categóricamente el uso de la vía judicial como medio de intimidación a los trabajadores del gremio periodístico, cuya gravedad degenera en autocensura.

– Instamos a Alex Nain Saab a desistir de la demanda ejercida contra los periodistas de Armando.Info y, más bien, a hacer uso de los mecanismos constitucionales de réplica y rectificación a efectos de ofrecer su versión de los hechos que se le atribuyen.

– Exigimos al Poder Judicial Venezolano, específicamente al Tribunal de Juicio 11° de primera Instancia del Circuito Judicial Penal de Caracas, decidir el presente caso de conformidad con los estándares más favorables a la protección de los derechos humanos, como lo ordena el artículo 23 de la Constitución. En ese sentido, tener clara la incompatibilidad de las sanciones penales con el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, sobre todo cuando se trata del escrutinio de la gestión pública.

– Alertamos a las relatorías sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas sobre el recurrente uso de mecanismos de hostigamiento judicial para inhibir la labor comunicacional independiente en Venezuela.

– Convocamos a la sociedad civil nacional e internacional a sumarse a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información para rescatar el sistema democrático en el país.

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