La activista Rocío San Miguel permanecerá detenida de forma preventiva en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) del Helicoide, en Caracas, anunció su equipo de abogados este martes.
Por medio de redes sociales, los abogados Joel García y Juan González Taguaruco, abogados de la causa, informaron que por petición del Ministerio Público (MP) la defensora de derechos humanos y estará recluida en el Helicoide.
Por su parte, Alejandro González Canales (expareja de San Miguel) será recluido también de manera preventiva en la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
#AHORA Fue decretada privativa de libertad contra la activista Rocío San Miguel y Alejandro González. Su sitio de reclusión será Sebin Helicóide y Dgcim, respectivamente, ambas en la capital Caracas.
El equipo de abogados que lleva la causa también confirmó que los demás… pic.twitter.com/oeF1RyxdrZ
— VPItv (@VPITV) February 13, 2024
“El equipo de defensa de Rocío San Miguel y demás familiares, confirma que fue decretada la privación judicial de la libertad del ciudadano Alejandro González. Se indicó como sitio de reclusión el Sebin – Helicoide y la Dgcim, respectivamente”, dijeron los abogados.
El equipo de abogados que lleva la causa también confirmó que los demás familiares detenidos (Miranda Díaz, Víctor Díaz, Miguel San Miguel y Alberto San Miguel) fueron excarcelados bajo “medidas de presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y dar declaraciones a los medios”.
Irregularidades en el caso de Rocío San Miguel
Tras más de tres días sin conocerse su paradero luego que fuera detenida por funcionarios de seguridad en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (Maiquetia) en La Guaira, el lunes se celebró una audiencia de presentación en el Palacio de Justicia en el centro de Caracas.
Rocío San Miguel y sus cinco allegados no tuvieron acceso a la defensa pública y sus familiares no pudieron acceder a hablar con ellos.
Sin ofrecer mayores detalles, el fiscal general Tarek William Saab indicó en la red social X que su oficina acusa a la activista y a González Canales de presuntamente estar involucrados en una “trama conspirativa” denominada “Brazalete Blanco”, que supuestamente tenía como fin el asesinato de Nicolás Maduro y otros funcionarios de su administración.
Al respecto, el co-director de la organización Acceso a la Justicia ,Alí Daniels, denunció la existencia de una “política de Estado” en Venezuela de no permitirle a los detenidos -haciendo énfasis en el caso Rocío San Miguel- a tener acceso a la defensa privada y que se divulgue el lugar de aprehensión.
“Esto es sumamente grave porque todos tienen derecho a escoger la defensa que ellos quieren”, explicó.
