¿Venezuela en puertas de una emergencia sanitaria?

Por: Alfredo Di Cesare

“El sistema de salud venezolano está estresado”, fueron las palabras de Nicolás Maduro, líder del oficialismo, con respecto al deterioro de los centros de salud en Venezuela que han venido denunciando diversos gremios y organizaciones no gubernamentales.

A la crisis del sector, se suman los fuertes cuestionamientos en materia de derechos humanos y la crisis económica, social y migratoria.

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En medio de todos estos contratiempos por los que atraviesa la nación caribeña, arribó un compañero de talla mundial, la pandemia del coronavirus, la cual empezó a finales de noviembre de 2019 en Wuhan, China, y se extendió a los principales países de Europa a mediados de febrero.

Venezuela registró sus primeros casos un 13 de marzo de 2020, desde entonces el margen de maniobra del Estado se ha visto condicionado por la falta de acceso a servicios de salud adecuados, la escasez de medicamentos básicos, inasequibles en muchos casos, y personal médico sin material calificado, de acuerdo con el último informe de la organización Amnistía Internacional del 2020.

En el dossier se denuncia la presunta falta de transparencia por parte de las autoridades en relación a la realización de pruebas diagnósticas, los índices de contagio y las muertes por el virus.

Las autoridades sanitarias venezolanas sostienen que sus esfuerzos y estrategias para contrarrestar los efectos de la pandemia han sido “exitosos”, a tal punto que destacan solo 13 médicos fallecidos, cinco enfermeros y cuatro aún sin especificar su rol, pero la organización Médicos Unidos de Venezuela (MUV) contradice y por mucho dichas cifras.

Según MUV, son 349 decesos de personas pertenecientes al sistema sanitario hasta el mes de febrero de 2021, aunque la Organización Panamericana de la Salud (OPS), situó la tasa de mortalidad en 121 trabajadores desde el 20 de enero de 2020 y el 8 de febrero de 2021.

En medio de una pandemia, en Venezuela se llevaron a cabo casi 8.000 protestas entre marzo (fecha en que se conocieron los primeros casos por covid-19) y diciembre de 2020, reseñó el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

Buena parte de las manifestaciones fueron realizadas por trabajadores del gremio de la salud. Amnistía Internacional recogió el testimonio de Mariana Fernández, familiar de un médico que perdió la batalla contra el SARS-CoV-2.

“Durante quince días batalló por su vida, hasta que ya no pudo más (…) En esos días vi muchas cosas, desde la realidad de quienes afrontan esta enfermedad sin recursos (la gran mayoría), aquellos que como nosotras que contábamos con el apoyo de personas caritativas que no dudaron en ayudar en todo lo que pudieran; hasta las lágrimas de los familiares que no volvían a ver a sus seres queridos, el tener que retirarnos cada vez que alguien fallecía (mucho más de lo que se informaba en las cifras oficiales) y el aplauso de todos cuando algún sobreviviente salía del ala de aislamiento con vida”, expresó.

Fernández aclaró que “en el hospital no había como hacer los exámenes de gases arteriales y el seguro social solo podía cubrir algunos cuantos, cuando se acabaron los reactivos solo se podían hacer en laboratorios privados cuyos precios eran altísimos. En ese tiempo, hubo innumerables apagones y fallas de electricidad, las enfermeras nos contaban que cuando eso ocurría los equipos de respiración asistida se apagaban y tenían que realizar maniobras manuales. Sin duda, médicos y enfermeras se encontraban más expuestos en esos momentos”.

La oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reflejó en su último informe “servicios básicos limitados”.

Accionar del Estado

La ONG aseguró en dicho informe que la escasez de agua, la falta de insumos y una “poca voluntad política” por parte de la administración de Maduro, dejan como resultado una respuesta “ilógica” a la gestión de la pandemia.

Venezuela se ubica en la posición 180 de 195 en los países con peor índice de Seguridad Sanitaria Global, lo que la presenta como una nación poco preparada para mitigar la propagación de una epidemia.

A pesar de esto, la administración chavista mediante la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la covid-19, habilitó el Poliedro de Caracas con 1.200 camas, distribuidas en dos áreas principales: una externa (900) y una interna (300).

Esta información fue rebatida en el informe de AI, alegando que medios de comunicación reportaron que para el 8 de abril de 2021 la parte externa contaba únicamente con 382 camas de las cuales solo 210 se encuentra activas.

Otra maniobra de las autoridades fue la implementación de un esquema denominado “7+7”, que consiste en implementar restricciones de movilidad durante una semana y flexibilización de las mismas en otra.

A pesar que el mundo comienza a salir de a poco de los estragos de la pandemia gracias al surgimiento de vacunas, en Venezuela menos del 30 % de los trabajadores de la salud han sido inmunizados, según la última actualización del informe sobre la situación en Venezuela de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés).

De los poco más de 30 millones de habitantes en Venezuela, cerca del 12 % ha recibido inyección de antígenos, según datos de Our World In Data; mientras que Colombia, por citar un ejemplo, ha vacunado a más de 35 millones de ciudadanos.

Para que Venezuela consiga la inmunidad de rebaño, necesitaría vacunar entre 15  y 22 millones de personas de manera completa.

El pasado mes de junio, la segunda al mando del chavismo, Delcy Rodríguez, anunció la compra de 12 millones de vacunas anticovid Abdala, inmunizante cubano que aún no cuenta con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Médicos Unidos de Venezuela denunció a finales de agosto que el Ministerio de Salud en Venezuela se saltó plan de vacunación porque a pesar de arribar vacunas chinas al país, no estaban siendo anunciadas. También puntualizó que los procesos de vacunación han sido desorganizados y politizados.

 

Imagen extraída del informe de Amnistía Internacional sobre los estragos de la covid-19 en el sector salud en Venezuela.

Amnistía Internacional considera y concluye que la situación de la salud en Venezuela es de emergencia humanitaria.

Marcos Gómez, director de esta organización en el país caribeño, aseguró que “desde 2014 muchas organizaciones de la sociedad civil venezolana alertaron lo que ocurría. Aunque médicos y enfermeros en todo el mundo viven con miedo a contagiarse, el hecho de que Venezuela transite por una crisis humanitaria hace que la presión en los trabajadores sanitarios sea insostenible”.

Finalmente, el dossier expresó su preocupación por la falta de acceso a información sobre los programas de inmunización, y reitera al Estado priorizar a los grupos que están expuestos a un riesgo mayor en la pandemia.

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