Víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos exigieron justicia a la CPI

Foto: Federico Parra- AFP

Diversas víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos de parte del Estado venezolano, alzaron su voz en la tercera edición del Foro “Las víctimas le hablan al Fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional”, organizado por Humberto Prado, comisionado para derechos humanos y atención a las víctimas del equipo de Juan Guaidó.

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En la reunión estuvo presente Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) quien aseguró que “nunca puede haber inacción internacional” ante casos como el de Venezuela.

“Los tiempos de la justicia internacional tienen su lógica (…) Pero las víctimas no tienen ese tiempo, un minuto es muchísimo tiempo en la vida de las víctimas” aseguró Almagro.

Ghina Rodríguez, esposa de Guillermo Sánchez

Guillermo Alfonso Sánchez (42 años), fue asesinado el 12 de marzo de 2014 en La Isabelica, estado Carabobo, a manos de un civil armado quien se presume era colectivo.

Según el relato de Ghina Rodríguez, esposa de la víctima, Sánchez recibió un disparo mientras se encontraba en las inmediaciones de una protesta que fue dispersada por funcionarios policiales y civiles armados.

Luego de recibir el impacto de bala, Rodríguez contó que unos policías lo patearon en el suelo, agravando la hemorragia interna que su esposo ya tenía.

“Mi esposo llegó con vida a la clínica, yo llegué y logré verlo (…) Los médicos me dijeron que perdió mucha sangre porque la bala toco órganos vitales, por lo que había que intervenir de emergencia (…) Pero no logró superar la operación”, recordó la esposa de la víctima.

“Luego de que denuncié en medios internacionales, me amenazaron y me tuve que ir del país para proteger a mis hijos”, denunció Rodríguez quien aseguró que la única persona enjuiciada por el caso recibió una condena de cinco años en casa por cárcel.

Mercedes Barrios e Iván Urbina, padres de Fabián Alfonso Urbina

El lunes 19 de junio de 2017, en el contexto de lo que la oposición llamó como “La Toma de Caracas”, fue asesinado Fabián Alfonso Urbina (17 años) a manos de un funcionario de la Guardia Nacional.

“Nuestro hijo fue vilmente asesinado por un Guardia, cuando ejercía su derecho a la protesta (…) Sufrió una herida en el tórax que le causó la muerte casi instantáneamente”, señalaron Mercedes Barrios e Iván Urbina, padres de la víctima.

Los padres recordaron que el hecho quedó grabado en video por uno de los medios que se encontraban ese día en Altamira, “donde se evidencia la clara y determinada intención (del funcionario) de asesinar a Fabián”.

“El asesino fue condenado, pero dicha condena no refleja dicha justicia (…) Primero fue sentenciado a 12 años de prisión, y luego aumentaron la condena a 15 años (…) Eso es una burla hacia la vida de nuestro hijo y de todos los caídos”, agregaron los padres de Fabián.

Aquella marcha, convocada en Altamira, tenía como destino final la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para rechazar la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Carmen González, madre de Jimmy Vargas

Jimmy Vargas, tachirense de 34 años, fue asesinado en San Cristóbal el 24 de febrero de 2014 en San Cristóbal mientras protestaba. Su madre, Carmen González aseguró que “el gobierno (Nicolás Maduro) se burla de todos nosotros”.

La madre señaló que un efectivo de la Guardia Nacional “persiguió y mató” a Vargas, a pesar de que ese día José Vielma Mora -entonces gobernador del Táchira- “dio la orden de que no iba a haber presencia de la Guardia Nacional en las protestas”.

“¿Quién va a responder por las muertes? Nos estamos quedando solos (…) Yo seguiré clamando por justicia”, agregó.

Beatriz Salas, madre de Hugo Marino

Hugo Marino, propietario de la empresa Sistemas Electrónicos Acuáticos, especializada en rastreos marítimos de aviones y barcos desaparecidos, fue secuestrado el 20 de abril de 2019 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas.

El buzo experto de 56 años, que durante gran parte de su vida se dedicó a las actividades de investigación submarina y localización de aparatos siniestrados, llegó a Caracas proveniente de Miami, EE.UU., y no se sabe de él desde ese día sábado.

Desde entonces su madre, Beatriz Salas, lleva el conteo, en su cuenta de Twitter, de los días que lleva desaparecido su hijo, quien “según fuentes muy confiables” ha sido “ruleteado” por varios centros de detención en Caracas, incluyendo la sede de la Dgcim en Boleíta.

“No hay manera de que yo pueda tener noticias de mi hijo (…) Esta es la mayor tortura, todos los días pensamos que es el último día (…) Pero es que no tenemos ni siquiera idea de donde está”, aseguró Salas.

Según informó la progenitora, el Tribunal 31 de Control emitió una orden de allanamiento a su residencia en Venezuela donde “entraron a robar, se llevaron hasta la ropa”.

“Yo necesito saber que pasó con mi hijo, que le hicieron y en dónde lo tienen”, agregó.

Yuraima Martínez y Franklin Caldera, padres de Franklin Caldera Martínez

Franklin Caldera Martínez, primer teniente del Ejército venezolano, fue secuestrado el 11 de febrero de este año en Colombia, por presuntos oficiales de la Dgcim.

Yuraima Martínez y Franklin Caldera, padres del oficial, recordaron que su hijo migró a Colombia tras desertar del Ejército, pero ese día “se trasladó desde Medellín a Cúcuta para reencontrarse con su hijo”.

Una persona llamada Bryan Pérez, cuentan sus padres, se encontró con Caldera en Cúcuta y lo trasladó a un sector cercano a la frontera con Venezuela, donde hombres fuertemente armados lo devolvieron a Venezuela.

“Duró 12 dias tomando solo agua bajo fuertes torturas psicológicas”, cuentan sus padres, hasta que el 23 de febrero logró escapar para luego ser recapturado por funcionarios de la Dgcim.

“Recibió un disparo en la rotula izquierda y una herida punzo penetrante en la pierna derecha, para que ‘no se volviera a escapar'(…) De allí fue llevado a ‘la cueva’ (centro de torturas) y, por las graves heridas, lo trasladaron al hospital militar Carlos Arvelo, agregaron los padres.

Según el relato, en el hospital fue interrogado por el juez José Márquez, del Tribunal Cuarto de Terrorismo, quien ordenó su traslado a “la casa de los sueños”, otro centro de detención donde recibía sol por solo 10 minutos cada 15 días.

El 15 de mayo, Franklin Caldera padre pudo ver a su hijo por primera vez.

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