En octubre de 2021 se celebrarán en Qatar las primeras elecciones legislativas en su historia, señaló el emir de esa nación arábica, Tamim bin Hamad al Zani.

Los comicios parlamentarios se celebrarán luego de varios años de aplazamiento desde la ratificación de la nueva Constitución de 2004.

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«Estas elecciones tendrán lugar, si Dios quiere, en línea con la Constitución sobre la que se celebró un referéndum en 2003 y que fue promulgada en 2004 (…) este es un paso importante para fortalecer las tradiciones consultivas qataríes», indicó el emir en un discurso ante el Consejo de la Shura, organismos consultivos más importantes del país.

Resaltó que Qatar cuenta con un sistema «establecido, arraigado y entrelazado» con su cultura y la comunidad.

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Las elecciones, que permitirán elegir a dos tercios de los miembros del Consejo de la Shura -el principal organismo asesor del país-, han sido pospuestas en varias ocasiones en Qatar desde la promulgación en 2004 de la nueva Carta Magna.

El emir ordenó en 2019 la creación del citado consejo asesor, encargado de organizar las elecciones, si bien no dio una fecha para celebración de la votación. Tras las elecciones, el Consejo de la Shura contará con más competencias, incluida la capacidad de cesar ministros, proponer leyes y aprobar los Presupuestos.

«Un triunfo de la ciudadanía de la democracia», con esta frase el presidente de Chile, Sebastián Piñera, calificó el referéndum realizado este domingo para aprobar o no la creación de una nueva Constitución en su país.

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Con más del 85% de los votos y una tendencia irreversible, los ciudadanos decidieron reemplazar la actual Carta Magna, que fue redactada durante el régimen militar de Augusto Pinochet.

Sobre la votación en el extranjero, el apoyo a la redacción de una nueva Constitución, alcanzó casi el 90% con más del 57% de los votos contados.

Desde VPItv, pudo transmitirse la euforia de los chilenos quienes con gritos y fuegos artificiales celebraron este acto de democracia.

¿Qué sucede ahora?

El 11 de abril de 2021, Chile volverá a los centros de votación para elegir directamente a los miembros de la convención constituyente.

155 miembros serán elegidos repartidos equitativamente entre hombres y mujeres, con un número reservado para la población indígena de ese país.

La convención que redacte la nueva Carta Magna, se constituirá en mayo de 2021.

Tras fuertes olas de manifestaciones, Chile decidió tomar otro rumbo y darle paso a nuevas leyes, siendo esta, la primera vez en su historia, que la ciudadanía es llamada a votar para decidir si quiere o no una nueva Constitución.

Desde las 8 de la mañana de este domingo 25 de octubre, las mesas en los centros de votación en todas las ciudades de Chile, abrieron sus puertas para que los ciudadanos decidan si aprueban o no la creación de una nueva constitución.

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Por primera vez, Chile tendrá la oportunidad de decidir con total libertad y democracia, la constitución con que se construirá el futuro de ese país.

En Venezuela, se espera la participación de 631 personas en el consulado chileno ubicado en Caracas, mientras que el de Puerto Ordaz contaría con 300 más, siendo estos, los dos únicos puntos de votación en Venezuela.

Desde el Consulado de Chile en Caracas, VPITV constató la aplicación de todas las medidas de bioseguridad y su exigencia a aquellas personas que participen en el plebiscito.

Por su parte, el presidente Sebastián Piñera aseguró que «grupos minoritarios» buscan «obstaculizar» y «boicotear» el histórico plebiscito sobre una nueva Constitución, acto que es considerado como la votación más importante desde el retorno a la democracia en Chile.

Cerca de 14,8 millones de chilenos están convocados a participar en este proceso.

Tras un ciclo de manifestaciones que inició en las marchas estudiantiles del 2006 y culminó en octubre de 2019, el Congreso chileno aprobó realizar un referéndum para definir el destino político institucional de su país en los próximos años.

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Por primera vez en la historia de Chile, este 25 de octubre, el país cuestionará a su población si aprueba o rechaza la imposición de una nueva Constitución.

De ganar la aprobación, será la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por un convenio ciudadano elegida en una «votación popular».

Sin embargo, analistas chilenos y latinoamericanos han manifestado su punto de vista ante las dudas que existen sobre que estaría en juego en el referéndum.

Legitimidad de origen de una nueva Constitución

En Chile, la Constitución vigente hasta hoy fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar de Augusto Pinochet. Por ende, algo que estaría en juego su legitimidad de origen, esto, de acuerdo a la opinión de el politólogo Gabriel Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reformas constitucional.

El especialista explica que la Constitución de Pinochet, nació en un acto de fuerza y de violencia, desarrollada en un ambiente de miedo, esto, marcaría «un contraste en el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y un entorno pacífico».

Por esto, hay un llamado a la atención de quienes apoyan la aprobación, promover la calma.

En este sentido, Negretto considera que sería un mal comienzo que el «apruebo» ganara por un margen pequeño, explicando que «el trauma que vive Chile» por los legados de la dictadura, provienen del plebiscito de 1988, cuando el ´régimen fue derrotado (el «Sí» a Pinochet obtuvo un 43% y el «No» un 54,7%).

«Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria», asegura Negretto a la BBC.

 

Legitimidad de la política

Los políticos aseguran que el plebiscito es una respuesta al estallido social en Chile.

La directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, Victoria Murillo, indica que es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente, explicando que no solo se trata del resultado, sino también del proceso constitucional.

«Será clave para la recuperación de la legitimidad política».

De ganar la aprobación de la nueva Constitución, la politóloga advierte que es importante «asegurar la entrada de nuevos actores» como agentes de representación ciudadana que garanticen su atención a la ciudadanía.

¿Cómo lograr esto?… Desde su punto de vista, asegura que «estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida».

 

Nuevo orden de poderes y bienes públicos

Para Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad, Alberto Hurtado, el punto más importante dentro de este acto, sería el cambio de la distribución del poder y los bienes públicos, detallando que «no sólo los derechos civiles, las libertades, sino también los sociales, como agua, vivienda, educación».

Henríquez supone que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones, es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso.

Asimismo, explica que la diferencia que existe, es que en el «apruebo», existe «itinerario, un camino claro y un órgano específico», revelando que en el caso del «rechazo», las reformas se harían a través del actual Parlamento y «los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendrían un órgano especialmente elegido para ello».

¿Un proceso constituyente único en Latinoamérica?

Henríquez precisa que «no es habitual» que una Constitución vigente sea modificada para su reemplazo, lo que representa un desafío un máximo que se debe efectuar con procedimientos y plazos establecidos.

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente, se llevarán a cabo bajo la Constitución vigente, que fue reformada específicamente por el Congreso con este propósito. Eso deja una huella en el referéndum constitucional chileno y en otras experiencias dentro de Latinoamérica.

«Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único», concluye Henríquez.

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aseguró, este domingo, que Venezuela no tendrá una nueva carta magna.

Cabello, manifestó que durante los tres meses que le restan de funcionamiento solamente dictarán leyes constituyentes.

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“La ANC no presentará una nueva Constitución. Nos queda el tema del poder popular, las leyes constitucionales, esas leyes no van a referéndum; para cambiarlas tienes que convocar a una nueva Constituyente, porque están por encima de las leyes orgánicas porque las dicto una ANC. Antes del 31 de diciembre la ANC va a aprobar leyes para el pueblo”, respondió durante una entrevista realizada por Ernesto Villegas, mientras aseguró que la ANC «cumplió su objetivo».

En relación a las próximas elecciones parlamentarias, calificó a los sectores opositores inscritos como «democráticos». A su vez, negó su apoyo al dirigente, Henrique Capriles Radonski.

“No voy a defender a Henrique Capriles, él tiene que tomar sus decisiones, pero eso es parte de esa fauna que hay en la oposición», dijo.

Luego de tres semanas de protestas antigubernamentales, Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, anunció que representantes del Tribunal Constitucional trabajan en la renovación de la Constitución.

La modificación prometida por el primer mandatario tendría como objetivo descentralizar el poder en la ex nación soviética.

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«Ahora tenemos a especialistas, entre los cuales hay jueces del Tribunal Constitucional, trabajando en los cambios a la Ley Fundamental del país», aseguró Lukashenko.

El gobernante admitió que el actual sistema de gobierno es «algo autoritario», por lo que se mostró dispuesto a ceder parte de su poder y a entregar mayores facultades a otras instituciones del Estado.

“Hay que lograr que el sistema no esté ligado a ninguna personalidad, incluido a Lukashenko”, dijo el presidente, quien fue citado por la agencia Belta

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo, este lunes, que está dispuesto a compartir el poder y cambiar la Constitución, pero no en medio de un contexto de protestas.

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Lukashenko, quien se encuentra a la cabeza del país europeo desde 1994, afirmó que ya está «trabajando» para hacer modificaciones en la Carta Magna, con la intención de redistribuir el poder.

Desde el domingo 9 de agosto, el gobernante le hace frente a masivas manifestaciones, en las que se clama por su renuncia. De hecho, este lunes el mandatario fue abucheado por trabajadores de una fábrica de automóviles de Minks, que exigieron su «dimisión».

Las protestas comenzaron tras unos comicios presidenciales que fueron ganados por el jefe de Estado y que han sido catalogados, por la oposición, como unas elecciones fraudulentas.

En medio de este escenario, la líder opositora, Sviatlana Tsikhanouskaya, pidió, a través de un vídeo, la creación de un marco legal para la realización de nuevas elecciones.

Tsikhanouskaya formuló su solicitud desde Lituania, país en el se refugió la semana pasada

 

A través de un petitorio, ciudadanos del estado Nueva Esparta solicitan la declaratoria de persona non grata contra Dante Rivas.

El 14 de junio de 2018, la administración de Nicolás Maduro designó a Rivas como «Protector» de Nueva Esparta, tras la elección de Alfredo Díaz como gobernador de la región insular.

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En la petición, los neoespartanos rechazan «la imposición de autoridades que no han sido electas» por la población y argumentan que los protectorados alteran «la naturaleza de los preceptos en la Constitución» de la República.

Dante Rivas

El procurador (E) de la República, José Ignacio Hernández rechazó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela haya elegido a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) así como haber intervenido y dictado nuevas autoridades para los partidos políticos Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ).

«El régimen bloquea las reformas necesarias para rescatar las condiciones de integridad electoral en Venezuela (…) creó nuevos obstáculos que impiden que en el país se desarrollen unas elecciones libres, justas y transparentes», expresó el funcionario de la Presidencia encargada a través de un comunicado.

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Señaló que las decisiones emanadas de la administración de Nicolás Maduro y sus instituciones vulneran la Carta Democrática Interamericana y la Constitución de la República al desconocer al Poder Legislativo, presidido por Juan Guaidó, y con sus recientes decretos judiciales «menoscabar la actuación» de los partidos políticos venezolanos.

«Todas estas decisiones fueron dictadas ante la ruptura del orden constitucional en perpetrado por Nicolás Maduro, quien además de usurpar la presidencia de la República consolidó la concentración de poderes por medio de la fraudulenta asamblea nacional constituyente y el Tribunal Supremo de Justicia, que fue intervenido políticamente en 2015″, puntualizó.

Procurador

Juan Guaidó aseguró que la imposición por parte de la administración de Nicolás Maduro de la gasolina a precios en dólares es violatorio a la Constitución y criticó que haya racionamiento en el país con las mayores reservas petroleras comprobadas del mundo, como lo es Venezuela.

«Cree que puede imponer un precio en dólares, que es inconstitucional, que puede imponer un nuevo precio y nuevo racionamiento ahora de gasolina en el país con las reservas petroleras más grande del mundo», expresó el mandatario en una sesión extraordinaria virtual del Parlamento este domingo 31 de mayo.

Guaidó reiteró su llamado, tanto a la población como a los movimientos políticos en torno a la oposición, a unirse en reclamo y protestas contra las recientes medidas de la administración socialista. Asimismo, apoyar la construcción de un Gobierno de Emergencia Nacional que combata la actual crisis social, política, económica y humanitaria compleja.

«Tenemos el deber de avanzar, no solo en la construcción de la única opción que tiene el pueblo de Venezuela para sobrevivir con dignidad para avanzar que es el Gobierno de Emergencia Nacional pero para eso debemos salir de la dictadura», expresó.

Otras apreciaciones parlamentarias

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En la sesión, el primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa (Zulia), señaló que el nuevo esquema de distribución del combustible se convertirá en uno de corrupción que favorecerá a una minoría en el poder. Recordó el extinto sistema de asignación de divisas Cadivi, por el que millones de dólares fueron parte de negocios ilegales y se «desangró al país».

«¿De quién va a ser este negocio de precios diferenciados? ¿A quién va a favorecer la corrupción? ¿Por qué crean un nuevo Cadivi?», dijo el parlamentario.

En otras exposiciones, el diputado Robert Alcalá recalcó que es imposible colocar el precio de la gasolina a estandares internacionales o al mismo de Colombia, ya que el país neogranadino cuenta con un salario mínimo de 260 dólares, mientras que «el venezolano gana 4 dólares mensuales».

Los legisladores José Prat y Deyalitza Aray hicieron un llamado a que todo el nuevo mecánismo sea investigado y alertaron que detrás de este se fragua «operaciones de importación» para favorecer a Gobiernos que apoyan a Nicolás Maduro y al chavismo.

«Sabemos que el complejo refinador de Paraguaná, es el reflejo más palpable de lo que estamos viviendo sirve ahora solo de infraestructura para maquillar operaciones de importación entre aliados como Irán, México y Cuba, a la que por ciento no han dejado de enviarle crudo», puntualizó Aray.

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«Solicitamos que se abra una investigación para dejar claro la cantidad de artículos y leyes que se están violando con este anuncio hecho por Maduro (…) estamos hablando claramente de un racionamiento y de una dolarización para el pueblo», manifestó Prat, al tiempo que rechazó la crisis que experimenta la estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa).

Hacer uso de los elementos de denuncia internacional con los que cuenta el Gobierno (E) fue el llamado realizado por el diputado Carlos Bastardo en su intervención. A su juicio, el representante de Exteriores, Julio Borges, y el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre Briceño, deben encargase de dicho objetivo.

«Es imprescindible profundizar a través del Canciller Borges y el embajador Tarre en la OEA el tema del TIAR y su artículo 8», exclamó en la sesión virtual.

Guaidó