El procurador (E) de la República, José Ignacio Hernández rechazó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela haya elegido a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) así como haber intervenido y dictado nuevas autoridades para los partidos políticos Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ).

“El régimen bloquea las reformas necesarias para rescatar las condiciones de integridad electoral en Venezuela (…) creó nuevos obstáculos que impiden que en el país se desarrollen unas elecciones libres, justas y transparentes”, expresó el funcionario de la Presidencia encargada a través de un comunicado.

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Señaló que las decisiones emanadas de la administración de Nicolás Maduro y sus instituciones vulneran la Carta Democrática Interamericana y la Constitución de la República al desconocer al Poder Legislativo, presidido por Juan Guaidó, y con sus recientes decretos judiciales “menoscabar la actuación” de los partidos políticos venezolanos.

“Todas estas decisiones fueron dictadas ante la ruptura del orden constitucional en perpetrado por Nicolás Maduro, quien además de usurpar la presidencia de la República consolidó la concentración de poderes por medio de la fraudulenta asamblea nacional constituyente y el Tribunal Supremo de Justicia, que fue intervenido políticamente en 2015″, puntualizó.

Procurador

Juan Guaidó aseguró que la imposición por parte de la administración de Nicolás Maduro de la gasolina a precios en dólares es violatorio a la Constitución y criticó que haya racionamiento en el país con las mayores reservas petroleras comprobadas del mundo, como lo es Venezuela.

“Cree que puede imponer un precio en dólares, que es inconstitucional, que puede imponer un nuevo precio y nuevo racionamiento ahora de gasolina en el país con las reservas petroleras más grande del mundo”, expresó el mandatario en una sesión extraordinaria virtual del Parlamento este domingo 31 de mayo.

Guaidó reiteró su llamado, tanto a la población como a los movimientos políticos en torno a la oposición, a unirse en reclamo y protestas contra las recientes medidas de la administración socialista. Asimismo, apoyar la construcción de un Gobierno de Emergencia Nacional que combata la actual crisis social, política, económica y humanitaria compleja.

“Tenemos el deber de avanzar, no solo en la construcción de la única opción que tiene el pueblo de Venezuela para sobrevivir con dignidad para avanzar que es el Gobierno de Emergencia Nacional pero para eso debemos salir de la dictadura”, expresó.

Otras apreciaciones parlamentarias

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En la sesión, el primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa (Zulia), señaló que el nuevo esquema de distribución del combustible se convertirá en uno de corrupción que favorecerá a una minoría en el poder. Recordó el extinto sistema de asignación de divisas Cadivi, por el que millones de dólares fueron parte de negocios ilegales y se “desangró al país”.

“¿De quién va a ser este negocio de precios diferenciados? ¿A quién va a favorecer la corrupción? ¿Por qué crean un nuevo Cadivi?”, dijo el parlamentario.

En otras exposiciones, el diputado Robert Alcalá recalcó que es imposible colocar el precio de la gasolina a estandares internacionales o al mismo de Colombia, ya que el país neogranadino cuenta con un salario mínimo de 260 dólares, mientras que “el venezolano gana 4 dólares mensuales”.

Los legisladores José Prat y Deyalitza Aray hicieron un llamado a que todo el nuevo mecánismo sea investigado y alertaron que detrás de este se fragua “operaciones de importación” para favorecer a Gobiernos que apoyan a Nicolás Maduro y al chavismo.

“Sabemos que el complejo refinador de Paraguaná, es el reflejo más palpable de lo que estamos viviendo sirve ahora solo de infraestructura para maquillar operaciones de importación entre aliados como Irán, México y Cuba, a la que por ciento no han dejado de enviarle crudo”, puntualizó Aray.

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“Solicitamos que se abra una investigación para dejar claro la cantidad de artículos y leyes que se están violando con este anuncio hecho por Maduro (…) estamos hablando claramente de un racionamiento y de una dolarización para el pueblo”, manifestó Prat, al tiempo que rechazó la crisis que experimenta la estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa).

Hacer uso de los elementos de denuncia internacional con los que cuenta el Gobierno (E) fue el llamado realizado por el diputado Carlos Bastardo en su intervención. A su juicio, el representante de Exteriores, Julio Borges, y el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre Briceño, deben encargase de dicho objetivo.

“Es imprescindible profundizar a través del Canciller Borges y el embajador Tarre en la OEA el tema del TIAR y su artículo 8”, exclamó en la sesión virtual.

Guaidó

Luego de anunciarse el nuevo esquema de venta de gasolina en Venezuela, continúan la críticas en contra del mecanismo. Rafael Narváez, defensor de los Derechos Humanos, calificó como acto criminal la medida que se le pida carnet de la patria a los ciudadanos para adquirir el combustible para sus vehículos.

“Obligar al pueblo presentar el carnet de la patria para poder adquirir gasolina es un acto criminal por parte del Estado (…) dividiendo a la población venezolana, contrariando totalmente lo que establece nuestra Constitución en su artículo 21”, expresó Narváez.

Expresó que el precio subsidiado del combustible era la “única seguridad social” que tenía la población venezolana, y con el aumento “brutal” de su precio, se arrincona al ciudadano en medio de las diferentes crisis y la pandemia por el nuevo coronavirus. “Colapso de los servicios básicos como el agua , energía eléctrica, gas domestico. Ya en nuestro país no quedan Derechos Humanos que el Estado pueda seguir violando por la sumisión”, agregó.

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Por otra parte, se refirió a la lista de “precios acordados” dictada por la administración de Nicolás Maduro para el precio de 27 productos alimenticios: “Hacen uso de la Constitución para imponer, amedrentar, reprimir (…) violar sistemáticamente los Derechos Humanos”.

Explicó que la lista de precios calculados a precios de dólares es incoherente con el salario mínimo en Venezuela, establecido en 800.000bs (4 dólares a la tasa actual del BCV). “Sueldo de hambre establecido para soportar una hiperinflación (…) aplican una Constitución de bolsillo”, puntualizó.

La administración de Nicolás Maduro definió este sábado el esquema de venta de combustible en Venezuela, en el que se establecen límites de compra al mes para personas con autos y motos, costo en dólares a partir de una determinada cantidad y excepciones al portar el instrumento carnet de la patria, calificado como un mecanismo de control social por sus detractores y fuerzas políticas de oposición.

Narváez

Nicolás Maduro indicó que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pretendió cambiar la Constitución de Venezuela en el presunto contrato firmado para la operación Gedeón.

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“En este contrato trato de sustituir la Constitución y las instituciones venezolanas a un grupo de contratistas que iban a tomar el poder en Venezuela”, resaltó Maduro en su alocución de este sábado.

Asimismo, Cilia Flores resaltó que en ese presunto contrato firmado por Guaidó también iban a entregar las reservas de petróleo.

 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), bajo las órdenes de la administración de Nicolás Maduro, declaró como constitucional el decreto que prorroga el “estado de alarma” en Venezuela debido a la pandemia del nuevo coronavirus SARS-COV-2, que genera la letal enfermedad COVID-19 y que ha ocasionado la muerte de 10 personas en el país.

En ponencia conjunta, la sala decretó la constitucionalidad del decreto 4.186 dictado por Nicolás Maduro. “A fin de continuar mitigando y erradicando los riesgos de la epidemia (…) adoptando las medidas urgentes, efectivas y necesarias, de protección y preservación de la salud”, reza un comunicado emitido por el órgano judicial.

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TSJ asegura que se cumplen todos los parámetros

Añaden que el decreto publicado en Gaceta Oficial 6.528 fue dictado bajo todos los parámetros de:

  • Texto Constitucional.
  • Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
  • Preserva los Derechos Humanos.
  • Protege el “texto fundamental (Carta Magna o Constitución), el Estado, sus instituciones y la ciudadanía (calificada como pueblo).

Nicolás Maduro puso en duda que se lleven a cabo elecciones parlamentarias este 2020, como lo estipula la Constitución, debido a la pandemia del nuevo coronavirus SARS-COV-2 que produce la enfermedad del COVID-19.

“Yo no sé si va a haber elecciones este año, porque tenemos esta prioridad. Hoy sería una irresponsabilidad decir que tiene que haber elecciones”, expresó el líder socialista al programa La Pizarra, conducido por su ex asesor económico, Alfredo Serrano.

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Maduro envió mensaje al presidente Donald Trump

Aseguró que no saldrá de la presidencia de la República a menos que “el pueblo lo decida”, y calificó al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, como un “loco con odio por su deseo a la reelección”.

Chile registró este martes el incremento de personas infectadas con coronavirus a 156, por lo que diferentes fuerzas políticas y autoridades médicas analizan la posibilidad de postergar el referéndum constitucional previsto para el próximo 26 de abril.

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“Estamos dispuestos a revisar reforma constitucional para el plebiscito del 26 de abril, incluyendo su eventual postergación para una fecha fija, concreta. La salud de la gente está primero”, expresó a través de su cuenta en la red social Twitter Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia (PPD).

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, expresó su intención de participar en unas elecciones parlamentarias a finales de 2020, tiempo que se vence el periodo de los actuales legisladores.

“Preparémonos para las elecciones que la Constitución dice que hay que hacer, que son las de la Asamblea Nacional. Este año se vence el periodo ¿o qué vamos a hacer? ¿nos vamos a quedar sentados?”, declaró a medios de comunicación cuando se encontraba en las manifestaciones de este 10 de marzo.

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Ramos Allup pide presidenciales

Resaltó que desde el actual Parlamento se presiona y exigen también elecciones presidenciales, ya que el régimen de Maduro no es reconocido y fue electo en unos comicios con vicios. “No vamos a dejar que el Gobierno haga lo que le da la gana y se quede con todos los poderes”, dijo.

Ante el planteamiento hecho el lunes por Nicolás Maduro de integrar al consejo de ministros de su administración al embajador de Cuba en Venezuela, Dagoberto Rodríguez Barrera, el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli explicó este martes que dicha acción representaría una “vulneración” a la soberanía y la independencia nacional.

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Según Raffalli, la Ley Orgánica de la Administración Pública no permite “en ninguna de sus partes” la presencia de un funcionario extranjero en el consejo de ministros porque contraviene la Constitución en su artículo 1.

“La intromisión en asuntos de Estado por parte del funcionario diplomático es una injerencia“, señaló el abogado a VPItv.

La Convención de Viena establece que las misiones diplomáticas o consulares tienen atribuciones limitadas a temas internacionales o de cooperación entre naciones, dijo el también profesor universitario.

Raffalli catalogó como “inaceptable” la pérdida de soberanía por parte del régimen de Maduro, la cual debe ser ejercida a través de la elección democrática de los representantes gubernamentales. “Para ello deben cumplir con una serie de requisitos, dentro de los cuales, a nivel de Poder Ejecutivo, está poseer la nacionalidad venezolana“, detalló.

Por último, el abogado constitucionalista indicó que la posibilidad que tiene un presidente para invitar a algún funcionario distinto a un ministro “es circunstancial, excepcional y dependiendo de la materia que se trate“.

La relación de Cuba y el régimen chavista “excede de la racionalidad de cualquier cooperación internacional“, opinó Raffalli.

El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó durante su discurso en el primer primer día de debate de investidura en el Pleno del Congreso que la “única vía posible para resolver el conflicto catalán es el diálogo, y este debe ser amparado por la Constitución para dejar atrás la vía judicial”.

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“No se va a romper España, no se va a romper la Constitución, aquí lo que se va a romper es el bloqueo al gobierno progresista democráticamente elegido por los españoles (…) la crisis catalana será atendida bajo el amparo de la Constitución”, resaltó Sánchez.