Mediante un comunicado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de haberse convertido en «el dictador contra el que luchó hace tanto tiempo».

Ortega es uno de los líderes más importantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esa organización encabezó la Revolución Sandinista, que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza, en la década de los 80.

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Pompeo señaló que, con sus prácticas actuales, Ortega está redoblando la represión y negándose a honrar las aspiraciones democráticas de sus conciudadanos.

El secretario de Estado también se refirió a los recientes «ataques contra figuras de la oposición política y medios independientes en Nicaragua».

Según Pompeo, estas arremetidas «demuestran que Ortega, junto con la vicepresidenta Rosario Murillo, sólo están interesados ​​en prolongar su gobierno».

Embargo al Canal 12

En las últimas semanas, canales de televisión nicaragüenses, así como empresarios opositores, han denunciado cobros arbitrarios y el embargo de equipos.

El caso más reciente es el del Canal 12, un medio privado, crítico al gobierno de Ortega, que documentó las protestas de 2018, contra el Ejecutivo.

Marcos Medina, jefe de prensa del medio, dijo a la Voz de América (VOA) que, hasta el momento, hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar con la empresa.

El Juez Tercero de Ejecución y Embargos de Managua, Luden Martín Quiroz, notificó a los propietarios que, en tres días, se tomarían las medidas correspondientes, a menos que éstos recurran a una última instancia legal de apelación.

Martín Quiroz también ordenó el embargo de «la totalidad de los bienes personales» del administrador del canal, Mariano Valle.

La exdiretora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Soraya Long, presentó ante el Tribunal de Conciencia un peritaje donde acusan al gobierno nicaraguense de cometer delitos sexuales contra manifestantes.

El informe está basado en 18 testimonios de ciudadanos que fueron arrestados durante las protestas del pasado abril de 2018, contra el Gobierno de Daniel Ortega.

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Las personas contaron haber recibido diferentes maneras de violencia sexual y torturas, de ellas, 10 mujeres y 2 hombres, aseguraron que fueron violados y una fémina abortó, debido a los maltratos que sufrió.

Las víctimas también relataron que sufrieron golpes y mordeduras en sus partes íntimas. Estos hechos sucedieron en vehículos y centros de reclusión.

Para Long «la tortura sexual, particularmente la violación sexual, ha sido parte de un plan sistemático de autoridades nicaragüenses, acompañado de la promoción de la impunidad en materia de violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad».

El Tribunal de Conciencia fue instalado este martes por la Fundación Arias para la Paz y el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, a fin de investigar los actos de violencia sexual como crimen de lesa humanidad durante las manifestaciones en Nicaragua de hace dos años.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones al hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, así como dos empresas, acusadas de lavado de dinero y difundir propaganda a favor «del régimen».

«La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente nicaragüense Daniel Ortega; José Jorge Mojica Mejía; y dos compañías que usan para distribuir propaganda del régimen y lavar dinero», indicó el texto de las sanciones.

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Las sanciones se suman a medidas similares emprendidas con antelación por el gobierno de Donald Trump para promover cambios democráticos en Nicaragua. El comunicado acusó al gobierno de Ortega de concentrar el poder en manos de este y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, quien ya está sujeta a sanciones estadounidenses junto con otros funcionarios nicaragüenses.

«El presidente Ortega y su círculo íntimo corrupto priorizan su propio poder y riqueza sobre las necesidades del pueblo nicaragüense (…) Estados Unidos continuará apuntando a aquellos que apuntalan el régimen de Ortega y extraen dinero de la economía nicaragüense», dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin.

Tesoro

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este viernes su más reciente actualización oral del informe sobre esta materia en Venezuela, en el que también incluyó la situación en Nicaragua y Crimea.

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La oficina de Bachelet registró hechos violatorios de derechos humanos similares en estos tres lugares, en donde se cometieron irregularidades contra personas en prisión, así como acciones que golpean el carácter «cívico y democrático» en el ámbito político.

Patrones que coinciden

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) es un cuerpo de seguridad que comete detenciones en Venezuela. La ONU pidió su eliminación. (Archivo)

Aunque la actualidad y la realidad de las tres localidades es diferente porque los motivos de sus crisis son variables, la ONU detectó patrones coincidentes tanto en Venezuela, Nicaragua y Crimea, en donde se apuntó a las fuerzas de seguridad como un elemento clave en la violación de los DDHH.

La crisis en Venezuela, de tinte socioeconómico y con una profunda carga política, tiene más similitudes con Nicaragua que con Crimea, que desde 2014 enfrenta una disputa entre Ucrania y Rusia por el territorio, con una ocupación vigente por parte del gigante de la Europa del este.

Sin embargo, Bachelet le dedicó la misma atención en el 44° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos pues consideró necesario que cada uno de los Gobiernos que administran estos territorios apliquen cambios drásticos en sus formas de mantener el orden.

Los allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas y acoso por parte de cuerpos de seguridad progubernamentales son delitos que se repiten y deben ser eliminados, a juicio de la Alta Comisionada.

En las naciones dirigidas por Nicolás Maduro y Daniel Ortega se registraron restricciones a la democracia, así como atentados contra la libertad de expresión no solo de los ciudadanos, sino directamente contra el derecho a la información que ofrecen periodistas y medios de comunicación.

En Venezuela, la principal diferencia entre ambos es que se sumaron agresiones contra sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaron por falta de servicios públicos en medio de la pandemia del covid-19.

¿Qué sucede en Crimea?

Crimea está ocupada por fuerzas rusas desde 2014, tras la revolución en Ucrania. (Archivo)

La península de Crimea, ubicada en la costa septentrional del Mar Negro, es un territorio disputado entre Ucrania y Rusia, que fue declarado como parte de la federación liderada por Vladimir Putin desde 2014, a pesar del rechazo de la comunidad internacional.

A raíz de la revolución ucraniana de ese año que depuso a Víktor Yanukóvich como presidente de ese país, en la península se despertó una tensión separatista y Rusia avanzó para ocupar un punto importante a nivel geopolítico, pues en la ciudad de Sebastopol se encuentra la base naval principal de los rusos en el Mar Negro.

Ese elemento fue central para la decisión tomada por Moscú, que aprovechando su alto nivel de aceptación entre la población, proclamó la región como una República adherida a su federación.

Las operaciones militares de fuerzas locales y extranjeras marcó el camino hacia el nacimiento de la cuestionada República de Crimea, la cual solo es aceptada en el mundo por Bielorrusia.

Desde entonces, la tensión no ha disminuido y quienes se oponen a la administración del Kremlin han sufrido represalias.

Comparable con Venezuela

Aunque la península oriental tiene una separación de más de 10.300 kilómetros con Caracas, la evolución de ambos casos ha tenido paralelismos en ciertas etapas. En su primer punto, cuando inició la tensión separatista en dicho lugar, en Venezuela se daban las manifestaciones de 2014 en el contexto de ‘La Salida’.

Los gobiernos que lograron sobreponerse a esas protestas fueron los de Putin y Nicolás Maduro, quienes desde ese momento han aplicado ‘mano dura’ contra sus adversarios cuando ha sido necesario para sus intereses.

Cuando la Alta Comisionada Bachelet se refirió a las violaciones cometidas por la federación rusa en Crimea, mencionó la criminalización continua de la libertad de expresión en redes sociales, torturas y malos tratos por parte de efectivos policiales.

En Venezuela, ese flagelo también ha sido denunciado pero no en este informe de Naciones Unidas, sino en el día a día que viven los ciudadanos.

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Diferentes organizaciones no gubernamentales y sindicatos han condenado que la administración de Maduro varias veces haya arremetido contra activistas por publicar información u opinión en redes, con los casos de Luis Carlos Díaz, Mimi Arriaga y Marcos Antoima como algunos de los más sonados.

En el caso de Díaz, fue detenido el pasado 2019 después de los apagones que sufriera el país en el primer semestre del año, luego de haber criticado la red eléctrica nacional, que a la postre colapsó.

Más cercano en el tiempo, los periodistas Antoima y Arriaga fueron acusados de manejar cuentas anónimas en la plataforma Twitter para informar, por lo que fueron detenidos a mediados de junio.

Federico Black, un asiduo comunicador a través de Twitter, fue otro que recibió amenazas en su residencia por divulgar noticias vinculadas al oficialismo desde su perfil. Y al igual que él, hay otros tantos casos similares, en Caracas y en el interior de la nación.

Las detenciones sin procesos judiciales, la práctica de mantener presos políticos y la falta de investigación de delitos cometidos por grupos partidistas son otras de las coincidencias entre Venezuela y la península europea, pero también en Nicaragua.

Frente a las denuncias sin respuestas, la Organización de Naciones Unidas ha hecho nuevamente un llamado a las autoridades para que dejen de lado los atentados a los derechos humanos, afirmando que las distintas organización multilaterales están dispuestas a ayudar.

De ello dependerá exclusivamente la propia voluntad de estos tres Gobiernos, que se mantienen firmes en sus posiciones de poder.

El gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, convocó a los partidos políticos opositores a su gestión para participar de negociaciones de las reformas electorales y la elección de nuevos magistrados para el Consejo Supremo Electoral, según informó la Voz de América.

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De acuerdo a ese medio, un vocero del Partido Conservador dijo que su tolda fue notificada del inicio de los encuentros en julio, que responden a las exigencias que se vienen haciendo en ese país.

Ortega pretende dar «credibilidad» a las próximas elecciones en la nación, para lo que se sentará con los partidos «legalmente constituidos».

Un hombre de 63 años de edad identificado como Roger Ordoñez, fue hospitalizado tras presentar problemas respiratorios la semana pasada.

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Cuando su hijo fue a visitarlo, el señor Ordoñez ya estaba siendo enterrado por trabajadores del gobierno nicaragüense vestidos con trajes protectores de cuerpo completo blanco en un cementerio ubicado a las afueras de Chinandega, una ciudad con más de 130.000 habitantes al noroeste del país.

El gobierno de Nicaragua, ha sido muy criticado por otras naciones tras la negativa de su presidente, Daniel Ortega para establecer medidas que detengan la propagación del coronavirus durante los dos meses desde que la enfermedad tocó ese territorio.

Médicos y familiares de las víctimas aseguran que el gobierno de su país ha pasado de negar la presencia del virus en el país a tratar de ocultar su expansión.

«Le rogué al médico que me dijera lo que le sucedió», dijo el hijo del señor Ordoñez, Enrique Ordoñez. “Necesitaba saber si estaba infectado. Tengo una niña de 18 meses, mi madre tiene una variedad de dolencias y necesitamos saber si fue COVID ”, expresó a medios locales.

El epidemiólogo nicaragüense Álvaro Ramírez, que actualmente vive en Irlanda, indicó que el número ya es mucho mayor y que los próximos días «serán decisivos» para su país. Asimismo, reveló que pudieran registrarse al menos 18.000 mil infecciones, de las cuales casi 900 pueden ser muy graves.

Luego de 34 días de ausencia en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19 que enfrenta Nicaragua, el presidente de ese país, Daniel Ortega, dio un mensaje televisado en el que se refirió a la inversión del Estado en medio de la emergencia.

En su alocución, sin explicar el motivo de su larga ausencia, el líder socialista aseguró que su Gobierno ha combatido la pandemia con recursos limitados pero con «mucha entrega» de parte de los sectores Salud, Policía y público.

«Con recursos limitados con mucha disciplina de trabajadores de la salud, entrega de ejercito policía. Hemos estado librando la batalla», dijo, en compañía de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

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Ortega asegura que mayoría de decesos no es por COVID-19

Asimismo, aseguró que la gran mayoría de fallecidos en Nicaragua no es por COVID-19 sino por otras afecciones

«Tenemos reportado 1.237 personas fallecidas (…) por tumores malignos, diabetes, enfermedades renales, infartos, hipertensivas, accidentes de transito, accidentes cerebro-vasculares, cirrosis hepáticas, asfixia neonatales, neumonía congénita, septicemia, suicidios, ahogamientos, fallecidos por el VIH», puntualizó.

Envió un mensaje de condolencias para los familiares de los ciudadanos fallecidos por coronavirus. «A la solidaridad y la unidad de los pueblos del mundo.

Por último, llamó a la unidad a los gobierno de la región y el mundo para combatir la pandemia, así como a «reformar las Naciones Unidas» para estos objetivos.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cumplió este sábado 30 días sin ninguna aparición pública, lo que lo ha hecho objeto de noticia ante la pandemia que afecta al mundo. El mandatario de ese país, superó su periodo de ausencia según el Confidencial.

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Asimismo, mandatarios regionales de ese país se han puesto al frente de la pandemia mientras Ortega permanece ausente aunque según diversas noticias, el presidente de Nicaragua acostumbra estar ausente sin dar explicaciones.

Daniel Ortega

Foto: Cortesía

La ministra de Salud de Nicaragua, Carolina Dávila, fue destituida de sus funciones, momento en el cual el país se encuentra atravesando la crisis por el brote de coronavirus, y que según indicaron las autoridades al menos cinco casos han confirmado, los cuales son «importados», tal es el hecho de la persona que murió por esta enfermedad.

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La destitución fue ordenada por el presidente de la nación, Daniel Ortega, a través de La Gaceta, diario oficial, siendo este medio uno de los que está envuelto en polémicas por un presunto mal manejo del gobierno ante la pandemia y la poca información que han ofrecido a la población.

La Coalición Nacional de Nicaragua -mejor conocido por ser la oposición del gobierno del presidente Daniel Ortega- denunció que las autoridades de su país están exponiendo a los ciudadanos ante el nuevo coronavirus, Covid-19.

Esta denuncia lo hicieron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en que enfatizaron que el gobierno no toma medidas sanitarias ante la pandemia

Además, criticaron a las delegaciones de la OMS y OPS por no apoyar el silencio del gobierno de Ortega. No obstante, la ministra de Salud de ese país, Carolina Dávila, aseguró que se están examinando a los pasajeros que llegan a esa nación para así mantenerlos en cuarentena «cumpliendo con todas las medidas de prevención».