Con motivo del brote de COVID-19 en el país, el estado Miranda anunció  que queda suspendida la apertura al público de locales y establecimientos comerciales, “a excepción de los que expenden alimentos, bebidas y productos y bienes de primera necesidad”.

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Según la Gaceta n° 0397 del estado Miranda, “establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas, productos higiénicos, combustible para vehículos y alimentos para animales domésticos pueden permanecer abiertos al público tomando las medidas de seguridad pertinentes”

Las fiestas populares y actividades culturales también fueron suspendidas, así como las visitas de público a playas, ríos, balnearios y piscinas de todo tipo.

 

El Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (Meseve) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por la creación de un “cuerpo nacional contra el terrorismo”.

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El organismo explicó que el Decreto no define de forma “precisa y univoca ‘terrorismo'”, lo que podría tener como consecuencia, la creación de un margen para arbitrariedades y limitaciones a los Derechos Humanos.

Foto: Cortesía

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En lo que fue su memoria y cuenta de la gestión 2019, Nicolás Maduro decretó la venta de 4.5 millones de barriles de crudo de petróleo a través de la señalada de criptomoneda ‘Petro’. Asimismo los servicios del Estado, como emisión de documentos, será cobrados por esta vía.

“Decreto la venta de 4.5 millones de barriles de petróleos en petros (…) hasta llegar a la meta de que toda la producción petrolera sea vendida en petros”, expresó el líder del régimen ante la no reconocida por la comunidad internacional Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

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El líder del régimen explicó que las empresas estatales que pasarán a cobrar en criptoactivo serán: Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), Instituto Nacional De Aeronautica Civil Venezuela (INAC), la Bolivariana de Aeropuertos (BAER), y Bolipuertos y el Instituto del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

En otro sentido, será cobrado en petros el combustible que se vende a las rutas aéreas internacionales adquiridas a través de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). “Decreto la venta en Petro, a partir de este momento, de toda la gasolina que vende PDVSA para aviones que cubre rutas aéreas internacionales”.

Fue derogada la exigencia de contratación de un seguro médico para ingresar al territorio ecuatoriano, así lo dio a conocer el Defensor de los Derechos Humanos (DDHH), Juan Fernando Flores. El Decreto Ejecutivo No. 310, aprobado el pasado 31 de enero de 2018, fue sustituido y ahora da un plazo de 90 para adquirir el servicio una vez se cumplan los 90 en dicho país.

Flores celebró la medida, pues con el nuevo decreto Ejecutivo se beneficia a los venezolanos que se ven obligados a abandonar Venezuela e ingresan a Ecuador como una opción, “esta decisión es un apoyo a los venezolanos que huyen de la grave crisis venezolana sin nada en sus bolsillos y con la esperanza de vivir mejor (…) sin duda alguna esta medida evita perjudicar el grado de vulnerabilidad que estableció Agencia para los Refugiados de la Organización de Naciones Unidas (ACNUR) y la Organización de Estados Americanos (OEA), los millones de venezolanos víctimas del régimen no están solos”, enfatizó.

El también diputado ecuatoriano, recordó que son al menos unos 100 mil venezolanos que viven en Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca, es por ello que legislarán para que el gobierno ecuatoriano mejore sus políticas migratorias ante la crisis venezolana, “a nosotros no nos queda más que seguir luchando para que Ecuador cambie su posición ante la aguda crisis en Venezuela, esa es la mano que le extendemos a nuestros hermanos venezolanos en estas horas tan oscuras”. 

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Nota de prensa

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio,  nulo el decreto en el que se confirma la creación de la criptomoneda denominada “el petro”. La medida ocurre luego que se admitiera el recurso de nulidad que introdujeron los ciudadanos  Carlos Ramírez López y Carlos E. Ramírez ante esa instancia  el pasado 8 de enero de 2018.

De acuerdo al escrito,  difundido a través de las redes sociales,  los solicitantes argumentaron que el presidente de  Venezuela, Nicolás Maduro,  “no es actualmente el Presidente legítimo de Venezuela por lo que no tiene autoridad para emitir decretos”.

La decisión del Poder Judicial se enmarca en el artículo 318 de la Constitución en el que se establece el bolívar como la única moneda válida para operar en el país. Razón por la que se “imposibilita que legalmente se establezca otra unidad monetaria nacional virtual o no virtual por lo que es evidente la nulidad por inconstitucionalidad de dicho decreto”.

Esta nulidad ocurre un día después que el gobierno de Estados Unidos, firmada una orden ejecutiva en la que se prohíbe a los ciudadanos de este país cualquier transacción con esta criptomoneda.

La Asociación Civil Control Ciudadano aseveró que presidente Nicolás Maduro Moros tomó la degradación, separación y expulsión de oficiales de la Fuerza Armada Nacional, como medida sancionatoria al ejecutarla contra 24 oficiales de la Fuerza Armada Nacional.

A través de un comunicado, Control Ciudadano indicó que  la mayoría de los cuales se encuentran detenidos y algunos exiliados del país.

La orden emanada desde el Gobierno Nacional, fue dada a través de los Decretos 3.298 y 3.299, ambos de fecha 28 de febrero de 2018, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 41.350.

“El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha degradado, separado y expulsado de la Fuerza Armada Nacional a los siguientes oficiales:

1. GJ. Raúl Isaías Baduel, cédula de identidad Nro. 4.309.405.
2. MG. Hebert Josué García Plaza, cédula de identidad Nro. 7.713.057.
3. GD. Jesús Alberto Milano Mendoza, cédula de identidad Nro. 7.234.106.
4. V.A. Mario Iván Carratú Molina, cédula de identidad Nro. 2.126.515.
5. V.A. Carlos Rafael Molina Tamayo, cédula de identidad Nro. 3.806.667.
6. GB. Ángel Omar Vivas Perdomo, cédula de identidad Nro. 4.629.893.
7. GB. Antonio José Rivero González, cédula de identidad Nro. 6.355.302.
8. GB. Ramón Antonio Lozada Saavedra, cédula de identidad Nro. 4.314.607.
9. GB Eduardo José Báez Torrealba, cédula de identidad Nro. 4.566.781.
10. Cnel. Antonio Ramón Semprúm Valecillos, cédula de identidad Nro. 5.200.560.
11. CC. Leamsy José Salazar Villafaña, cédula de identidad Nro. 11.992.552.
12. Cap. Juan Carlos Caguaripano Scott, cédula de identidad Nro. 8.289.733.
13. Cap. Javier Enrique Nieto Quintero, cédula de identidad Nro. 10.155.129.
14. PTTE. Marco Antonio Briceño Camacho, cédula de identidad Nro. 19.965.816.
15. PTTE, Ronald Leandro Ojeda Moreno, cédula de identidad Nro.20.760.807.
16. PTTE. José Ángel Rodríguez Araña, cédula de identidad Nro. 19.825.312.
17. PTTE. Luis Alejandro Mogollón Velázquez, cédula de identidad Nro. 17.354.295.
18. PTTE. Eliezer Daniel Vásquez Guillén, cédula de identidad Nro. 17.718.514.
19. PTTE. José Daniel González Bolaños, cédula de identidad Nro. 19.349.782.
20. PTTE. Luis Eduardo Berbesi Torres, cédula de identidad Nro. 19.541.245.
21. PTTE. José Ignacio Medina Marmolejo, cédula de identidad Nro. 19.349.869.
22. PTTE. Josué Abraham Hidalgo Azuaje, cédula de identidad Nro. 18.002.866.
23. PTTE. Francisco Pablo Rodríguez Ojeda, cédula de identidad Nro. 19.720.578.
24. PTTE. Jefferson Gabriel García Dos Ramos, cédula de identidad Nro. 22.440.758”.

“La medida, que ya había sido aplicada por Maduro en 2016 contra militares incursos en delitos de tráfico de drogas, se aplica en esta ocasión por delitos contra la Integridad, Independencia y Libertad de la Nación, entre ellos traición a la patria y probablemente espionaje, según se deduce de los considerandos que contiene el Decreto”detalló el documento.

El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava promulgó en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6560 la “Ley de Convivencia Ciudadana” con el objetivo de “preservar el orden público, la tolerancia, el buen vivir y la libre circulación del tránsito” y el incumplimiento de cualquiera de sus 86 artículos podría acarrear multas que van de tres mil a siete mil Unidades Tributarias.

El artículo número 18 especifica que “Se prohíbe terminantemente ejercer actos de mendicidad, cualquiera sea su expresión, en el ámbito territorial del estado Carabobo. En tal sentido nadie podrá dormir en sitios públicos ni establecer campamentos”. En el caso de los menores se acatarán las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente.

En cuanto al transporte público se aplicará una multa de 3000 UT a quienes excedan en su capacidad el número de pasajeros, incluyendo a los motorizados. Igualmente a quien no use cinturón de seguridad, casco y otras medidas de prevención de accidentes.

Por otro lado, queda prohibido según el artículo 40 de la referida ley perturbar la correcta convivencia mediante gritos, sonidos escandalosos y expresiones soeces, además la ingesta de bebidas alcohólicas en lugares públicos no destinados para ello, ofrecer servicios sexuales en vías o espacios públicos, estacionar en la calle para escuchar música e ingerir alcohol.

Según el gobierno de Carabobo, el dinero recaudado en estas sanciones administrativas será utilizado en las áreas públicas de la entidad.

El presidente de Fedenaga, Carlos Albornoz, denunció que efectivos de seguridad intentaron decomisar un camión cargado con aproximadamente 14 toneladas de carne la noche de este sábado en El Rancho e’ Pedro, en la ciudad de Valle de la Pascua, estado Guárico que tenía como destino la ciudad de Cumaná.

Productores y ganaderos, alertados frente a la denuncia se presentaron en el lugar, para evitar el decomiso de las reses por parte de la policía del estado Guárico.

El camión cava fue detenido 30 kilómetros antes, en el pueblo de Chaguaramas, pero posteriormente fue dejado en libertad.

El Gobierno, a través del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López emitió un decreto con el que obliga los productores a negociar sus productos exclusivamente con las alcaldías y gobernaciones de cada región.

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Pablo Guanipa rechazó la pretensión del presidente Nicolás Maduro de solicitarle a Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se pronuncie sobre si el Ejecutivo puede aprobar el Presupuesto Nacional a través de un decreto, ya que esta es una responsabilidad constitucional del Poder Legislativo.

“Eso sería absolutamente inconstitucional, no  importa lo que diga el TSJ, no puede haber una sentencia por encima de los establecido en la Constitución Nacional”, enfatizó Guanipa.

Señaló que la intención del presidente es burlar la Constitución, por lo que exigió al Ejecutivo que presente el proyecto de ley para que sea discutido en el seno del parlamento nacional.

Guanipa indicó además que “nosotros en la Asamblea Nacional estamos dispuestos a recibir el proyecto de ley del presupuesto, pero nunca vamos a ceder nuestra responsabilidad de ser nosotros  los que discutamos ese proyecto de ley y los que resolvamos en qué términos va a entrar en vigencia ese presupuesto del año 2017”.