La ocupación de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), por parte del gobierno de Estados Unidos era un objetivo que se venía planificando desde inicios de 2019, luego de que el Departamento de Justicia tenía abierta una investigación por presuntas irregularidades realizadas por tres presidentes de esta industria durante los años 2014 y 2018, los cuales estaban muy vinculados con la administración de Nicolás Maduro.

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En los documentos del sistema de justicia estadounidense sobresalen los nombres de Asdrúbal Chávez y Calixto Ortega Sánchez, quienes actualmente son presidentes de PDVSA y del BCV, respectivamente. En las acusaciones se presume que ambos hombres estuvieron vinculados a negocios turbios, la creación de empresas fantasmas y la contratación con sobreprecios y pagos de sobornos para propiciar la transferencia de fondos desde Citgo hacia organismos como PDVSA, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y el Banco Central de Venezuela (BCV), así como las compras en conjunto con la empresa Bariven.

Chávez fue presidente de Citgo a desde finales del 2017 hasta mediados de 2018, cuando Estados Unidos le revocó la visa. Por su parte, Ortega fue vicepresidente de finanzas de la empresa estadounidense, por lo que el Departamento de Justicia se encuentra enfocado en hacer cumplir la ley tras estos delitos en su territorio.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, informó este lunes a través de su cuenta en la red social Twitter que el Gobierno de Donald Trump emitió una recompensa por información de cualquier otro funcionario de la administración de Nicolás Maduro.

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“Hoy, Estados Unidos anunció una recompensa por información para llevar ante la justicia a otro funcionario del régimen de Maduro responsable del crimen organizado transnacional internacional. Seguimos trabajando con @TheJusticeDep para proteger a los ciudadanos estadounidenses y ayudar a los venezolanos a restaurar su democracia”, detalló Pompeo.

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman y Timothy J. Shea, Administrador Interino de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), anunciaron este miércoles que el ex miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, Adel el Zabayar, fue acusado en el tribunal federal de Manhattan.

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El Zabayar, que actualmente es el presidente de la Federación de Asociaciones y Entidades Árabes de Venezuela es acusado por participar “en una conspiración de narcoterrorismo, una conspiración de importación de cocaína y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, todo basado en su apoyo al venezolano Cártel de Los Soles y a las organizaciones terroristas extranjeras designadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (» FARC «), Hezbolá y Hamas”, según detalla un comunicado del Departamento de Justicia.

“Como se alega, Adel El Zabayar fue parte de la alianza impía del gobierno, los militares y los miembros de las FARC que utilizaron la violencia y la corrupción para promover sus objetivos narcoterroristas. El Zabayar supuestamente fue una parte clave del aparato que conspiró para exportar literalmente toneladas de cocaína a los EE. UU. Alegamos hoy, por primera vez, que el Cártel de Los Solesbuscó reclutar terroristas de Hizballah y Hamas para ayudar en la planificación y la realización de ataques contra los EE. UU., y que El Zabayar fue instrumental como intermediario. Al parecer, El Zabayar obtuvo del Medio Oriente una carga de avión de carga de armamento de grado militar”, expresó el fiscal Geoffrey S. Berman.

Tras las acusaciones del Departamento de Justicia contra Nicolás Maduro y varios integrantes del régimen, VPItv accedió a los documentos formales en donde se detallan las acciones cometidas por los imputados.

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Nicolás Maduro, presidente del PSUV

Maikel Moreno, presidente del TSJ designado por Maduro

Acá te traemos todos los documentos por Distrito. 

Distrito de Arizona

Guiseppe Luciano Menegazzo Carrasquel, coronel de la Fuerza Aérea Venezolana.

Distrito de Columbia

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del la administración de Maduro.

Distrito de Florida (Sur)

Maikel José Moreno Pérez, presidente de Tribunal Supremo de Justicia de la administración de Maduro.

Luis Alfredo Motta Dominguez, exministro de Energía Eléctrica del régimen venezolano.

Distrito de Nueva York (Este)

Néstor Luis Reverol Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz de Nicolás Maduro.

Vassyly Kotosky Villaroel Ramírez, ex capitán de Guardia Nacional Bolivariana.

Distrito de Nueva York (Sur)

Nicolás Maduro Moros, presidente del PSUV

Tareck Zaidan el Aissami Maddah, vicepresidente Sectorial de Economía del régimen.

Distrito de Texas (Sur)

Luis Carlos de León Pérez, exabogado de Pdvsa.

Ante la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra Nicolás Maduro y los miembros de su administración por distintos delitos, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) legítimo en el exilio instó este jueves a los cuerpos de seguridad del Estado venezolano a materializar la detención de los imputados en cumplimiento de la Constitución.

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La Sala Plena del Magistrado llamó además a que los efectivos desconozcan y desobedezcan cualquier orden o actuación de los acusados, al estar designados de manera írrita por parte del régimen.

«La aprehensión y custodia preventiva de tales acusados es urgente para el restablecimiento del estado de derecho», señaló el TSJ en un comunicado.

En ese sentido, el máximo órgano judicial del país recordó que Maduro fue condenado por su parte en marzo de 2018 por corrupción propia y legitimación de capitales, lo que habilita las acciones de los efectivos en su contra.

Tras la decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos al imputar a Nicolás Maduro y 13 miembros del chavismo por narcotráfico, lavado de dinero y apoyo al terrorismo, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, mostró su respaldo y aseguró que las denuncias contra el régimen fueron confirmadas.

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«Estas imputaciones confirman lo que por mucho tiempo los venezolanos sabemos, hemos denunciado y enfrentado«, explicó el jefe de la Asamblea Nacional, quien indicó que se enfrenta a un «cartel».

Asimismo, afirmó que en Estados Unidos existe separación de poderes, lo que significa que las decisiones contra Maduro no responden a motivos políticos.

«Ante esta coyuntura que hoy vivimos, donde una pandemia puede poner en riesgo aún más nuestras vidas, reafirmo que seguiremos aumentando la presión hasta desmantelar al Estado Usurpador Criminal y haré todo lo que haga falta para ser libres y protegerlos a ustedes, pueblo venezolano», dijo Guaidó en un comunicado.

El Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr, acusó este jueves al régimen de Nicolás Maduro por narcotráfico y terrorismo. Así lo informó en rueda de prensa, en que enfatizó que se esta ofreciendo 15 millones de dólares para capturarlo y 10 millones de dólares por información que conduzca a este objetivo.

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EEUU acusó a Maduro y ofrece recompensa por su captura | Foto: cortesía

Foto: cortesía

Asimismo, aseguró que estos cargos no solo son para Nicolás Maduro -que actualmente enfrenta cargos criminales como de lavado de dinero y tráfico de drogas-, sino para Diosdado Cabello, Maikel Moreno, Tareck El Aissami, Clíver Alcalá y Vladimir Padrino López, quienes han sido clave en el ingreso de las drogas, control de las instituciones públicas y administración del cartel de los Soles.

Además, aseveró que el régimen ha concentrado sus actividades en Estados Unidos para traficar cocaína en el país. «No estamos actuando como policía para el planeta sino como policía para nosotros mismos, estamos protegiendo al pueblo estadounidense», señaló.

Justificaciones para la captura

Barr sostuvo la rueda de prensa de manera virtual junto a dos fiscales más: Ariana Fajardo del distrito sur del estado de Florida y Geoffrey Berman, del distrito sur de Nueva York. En sus declaraciones, este último explicó que en años pasados, los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) recibían «armas de alto calibre desde Venezuela».

A su vez, Fajardo señaló que los cargos que se le acusan al presidente del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Maduro, Maikel Moreno, «demuestra como se ha destruido Venezuela» y explicó que la manera de evidenciar como la corrupción ha llegado a su región ha sido por la compra de condominios y yates de lujo que encarecen la zona.

En los otros acusados por la administración de Donald Trump se encuentra Hugo Carvajal, quien ha sido encarcelado por la justicia española y solicitado por Estados Unidos para su extradición. Barr, quien aseguró mantener un compromiso con este caso, indicó que este -cuando trabajaba para el gobierno del presidente fallecido Hugo Rafael Chávez Frías, era quien controlaba las fronteras y dejaba pasar las drogas al territorio venezolana y viceversa.

Decisión internacional en un escenario de coronavirus

Con respecto a la pandemia del nuevo coronavirus, Covid-19, que enfrenta el mundo, muchos gobiernos han dejado de un lado su agenda política para enfrentar la enfermedad que ha dejado más de 15 mil muertos.

No obstante, Barr aseguró que este es el mejor momento tomar estas decisiones, ya que «los venezolanos necesitan un gobierno capaz de afrontar la pandemia».

«No queríamos demorar más este caso», dijo.

«Hay que subrayarle a todo el mundo lo que el régimen le esta haciendo al pueblo de Venezuela. Las víctimas que ha dejado. Había que tomar acciones que estuvieran correlacionadas con nuestra política internacional», señaló el representante del Departamento de Justicia al concluir su intervención.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ratificó este lunes la prohibición a los abogados contratados por el régimen de Nicolás Maduro para representar a Venezuela, pues dicha responsabilidad corresponde a los defensores del Gobierno encargado.

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Así lo informó la Procuraduría Especial de la República, al mando de José Ignacio Hernández, quien calificó esta acción como una «importante noticia» a los intereses de la nación.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un documento en una corte federal de Nueva York para apoyar los cuestionamientos realizados por el secretario del condado Rensselaer, Frank J. Merola, acerca de la «Ley Luz Verde» aprobada en ese estado.

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La ley autorizada en Nueva York permite que los inmigrantes indocumentados puedan solicitar licencias de conducir. Además protege a los solicitantes debido a que se prohíbe compartir sus datos, cosa que denunció Merola como una forma de «obstaculizar» la aplicación de leyes contra extranjeros.

Al respecto, el Departamento de Justicia argumentó que «las restricciones de divulgación de la ley son de gran alcance y parecen estar destinadas a frustrar que el gobierno federal aplique leyes de inmigración«.