José Alejandro Otero es un joven venezolano de 22 años, estudiante del séptimo semestre de negocios internacionales en la Universidad del Norte (Uninorte) en Barranquilla, Colombia, quien se fue a esa nación tras huir de la crisis que se encuentra atravesando su país natal.

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Otero creó un dron de carga refrigerado para colaborar con el traslado de medicamentos para aquellas personas que tienen coronavirus y no pueden salir de sus hogares.

Este aparato está realizado con tubos de plástico y poliestireno, el cual tiene un alcance de 500 y 700 metros y que puede tolerar hasta 2 kilos.

“Lo hicimos en pocos días, pusimos la casa patas pa’ arriba en plena cuarentena. Usamos tubos de PVC, Icopor (poliestireno), motores y componentes de drones comerciales que tenía en el taller, siempre proyectando las posibilidades de reproducirlo con materiales y capacidades que ya existan en el país, que fuera ligero y sobretodo económico, muy barato”, explicó a VOA Noticias.

Andrés Fornerino.- La presidenta de la comisión de Política Interior, diputada Delsa Solórzano, criticó que se pretenda dar privativa de libertad a reporteros por el uso de un dron durante la manifestación convocada por Voluntad Popular a favor de los presos políticos, este 18 de enero.

Solórzano argumentó: «Un dron es un juguete, es absurdo que en un país donde existen más armas que juguetes, el gobierno pretenda privar de libertad a unos ciudadanos».

A su juicio, no existe argumento legal para sentenciar a los reporteros gráficos.

«Hace minutos me acaban de informar que aparentemente un juez ha renunciado por imponérsele darle privativa de libertad a dos jóvenes que habían manejado un dron durante una actividad de protesta», aseveró la parlamentaria a la Asamblea Nacional (AN).

Solórzano ofreció estas declaraciones luego de sostener un encuentro con algunos familiares de los presos políticos, acto durante el cual señaló: «Seguiremos impulsando las acciones internacionales de diferentes alianzas que tenemos con los abogados de las víctimas y distintas ONG’S».

El periodista y conductor de televisión, Vladimir Villegas, volvió a referirse este lunes al caso del Director de la Oficina de Seguimiento y Evaluación de la Presidencia de la Asamblea Nacional, Alejandro Puglia, quien fue detenido el pasado 1° de septiembre por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por portar un dron.

“Ignoro si el Presidente está al tanto de las condiciones en las que se encuentran muchos detenidos por razones políticas. Lo invitaría a interesarse personalmente por esa situación”, escribió el conductor del afamado espacio televisivo transmitido en Globovisión, denominado “Vladimir a la 1”.

Además Villegas informó que Puglia se encuentra en una celda llamada “Guantánamo” junto al también preso político, Carlos Melo, en la cual la temperatura no baja de 30 grados centígrados y se hallan hacinados 43 reclusos.

“Me cuentan que hay presos con boletas de excarcelación y nada que salen en libertad, entre ellos funcionarios de Polichacao, porque el Sebin no quiere. O alguien más arriba”, expresó el periodista Villegas.

Por último, Vladimir Villegas se preguntó si ante las instancias internacionales el caso de Puglia puede ser visto como un caso judicialmente sólido aún cuando fue detenido por portar un dron.

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La jueza Yesenia Maza Rojas, quien imputó por delito de Favorecimiento Bélico al periodista Alejandro Puglia por probar un dron, presentó una tesis en el año 2003 sobre violación de Derechos Humanos en un postgrado que realizó en la Universidad de Venezuela (UCV).

El documento académico titulado «Legitimación activa para hacer efectiva la responsabilidad penal en los casos de violación de los Derechos Humanos en Venezuela», fue solicitado por su tutora, profesora María Josefina Ferrer, y aprobado por la comisión de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

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Revisar el acta aquí

 

La doctora Lilia Camejo Gutiérrez, abogada defensora de Alejandro Puglia, Director de Seguimiento y Evaluación de la presidencia de la Asamblea Nacional, calificó como una “aberración” la decisión de imputar por el delito de Favorecimiento Bélico a Alejandro Puglia, al volar un Dron el pasado 1 de septiembre en el marco de la movilización denominada “La Gran Toma de Caracas”.

La sentencia la emitió la jueza 37 de Control del Área Metropolitana de Caracas, Yesenia Maza Rojas

Camejo dijo que el Ministerio Público, garante del Estado de Derecho y facultado plenamente por la Constitución Nacional y demás leyes de la República,  para ejercer la acción penal, solicitó la libertad plena sin restricciones en la persona de Puglia  por considerar que éste no cometió delito alguno.

“Lo insólito es que la Juez Yesenia Maza Rojas, tomándose atribuciones que no le corresponden y que superan, incluso, las del Ministerio Público, tomó la decisión extra petita de imputar a Alejandro Puglia por el delito de Favorecimiento Bélico. Esto no es más que una aberración jurídica”, explicó la abogada Lilia Camejo Gutiérrez.

La defensora de Puglia relató que el acto causó mucha molestia en los dos fiscales del Ministerio Público a quienes se les asignó el caso. Dijo que estos funcionarios le reclamaron airadamente a la Juez 37 de Control la injusticia que estaba cometiendo y anunciaron que, en nombre de la Fiscalía General de la República, apelarán la decisión.

Al ser consultada sobre los hechos que se le están señalando al director Alejandro Puglia, la abogada aseveró que su defendido no cometió ningún delito  ni violó la Resolución emitida por el Ministerio del Interior, Justicia y Paz porque el Dron que él manipuló solo lo probó, jamás lo voló.

“En el Acta del tribunal están las declaraciones de dos supuestos testigos que relatan que ese Dron, manipulado por Alejandro Puglia, nunca estuvo en el espacio aéreo por lo tanto nunca hubo violación de nada, ni del espacio aéreo ni de la Resolución Administrativa emitida por el Ministerio del Interior, Justicia y Paz”, indicó Camejo Gutiérrez.

Se conoció que la Juez Yesenia Maza Rojas procedió a imputar a Puglia basándose en los Artículos 133 y 128 del Código Penal, pero que los mismos no corresponden ni guardan relación alguna con el contenido del Acta que reposa en el Tribunal 37 de Control del Área Metropolitana de Caracas.

Luego de indicar que Alejandro Puglia seguirá detenido en la sede del Sebin, ubicada en El Helicoide, la doctora Camejo anunció que introducirán todos los recursos de apelación que contempla la ley para lograr la libertad del mencionado ciudadano.

La Fundación Pro Ciudadanos exigió al Ministerio Público la liberación inmediata del periodista Alejandro Puglia, detenido el pasado 1º de septiembre por operar un dron y hacer algunas imágenes de la “Toma de Caracas”, manifestación convocada por la oposición del país.

Desde la sede del Ministerio Público (MP) Yisel Soares, directora nacional de Derechos Humanos de ProCiudadanos, emplazó a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz a abogar por la liberación de Puglia.

Alegó que en las leyes venezolanas no está tipificado delitos por los cuales se realizó la detención del periodista, quien presta servicios para la Asamblea Nacional (AN).

“Hay que aclarar que una cosa es que haya una resolución administrativa sobre el uso de drones, que trae como fundamento la prohibición impresa que se maniobre este artefacto, pero el espacio aéreo le pertenece a todos los venezolanos que habitan en el país.

Por otra parte una resolución trae otro tipo de sanciones pero no se puede equiparar una resolución administrativa por manejar un dron, a la justicia penal. No existe pena, no está tipificado en el ordenamiento jurídico penal nacional, eso lo sabe la Fiscal” detalló.

Señaló que Puglia fue detenido junto a otras cuatro periodistas y llevados en calidad de testigos, a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) siendo liberadas posteriormente a excepción de Puglia y hasta el momento no ha sido posible algún tipo de contacto con él.

“Fue una retención ilegal y sigue privado de libertad. Debe ser liberado porque no ha cometido delito alguno, no existe pena; no está tipificado en nuestro ordenamiento jurídico” insistió.

Indicó que, en la actual coyuntura política nacional, los Medios de Comunicación juegan un papel fundamental y el poder no debe criminalizar la actuación de periodistas en ejercicio de sus funciones y realizando un trabajo informativo.

Destacó que, en el caso del reportero de la AN “no hay investigación seria y no se puede determinar a ciencia cierta si hay desacato o violación de la ley”. “No se puede usar el poder judicial el sistema judicial para arremeter contra las personas, puedo decir que existen personas probas de conducta intachable pero no puedo generalizar, un tribunal penal y civil no puede ajustarse a parcela políticas” acentuó.