Espacio Público, en conjunto con una serie de integrantes de pueblos indígenas de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, demandó al ministro de Ecosocialismo y Aguas, Ernesto Paiva y a la ministra de Pueblos Indígenas, Clara Vidal, en vista de su abstención de dar oportuna respuesta a dos peticiones de información realizadas al Arco Minero el 17 de junio del presente año.

Nota de prensa 

Espacio Público

Las peticiones mencionadas están relacionadas con la problemática que existe actualmente en este estado, frente a la actividad de minería ilegal, la preocupación de los pueblos indígenas en cuanto a la realización y ejecución del proyecto del Arco Minero y la constante discriminación que sufren por parte de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Las preguntas realizadas al Ministerio de Pueblos Indígenas fueron las siguientes:

1-   Envíe copia de proyectos, presupuestos y cronogramas de ejecución de los planes de apoyo que se le han dado a los diferentes pueblos indígenas que se han visto y se verán afectados con ocasión de las concesiones mineras coloquialmente llamadas “Arco Minero”.

2- Indique qué medidas de concientización se han tomado para combatir la discriminación rampante que sufren los integrantes de los pueblos indígenas por parte de funcionarios del Estado, específicamente la Guardia Nacional Bolivariana y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y provea copia de todos los planes y proyectos que se han realizado y están por realizar con respecto a esta problemática.

3- En su labor de velar por la integridad y bienestar de los pueblos indígenas, envíe copia de las medidas y proyectos de índole ambiental y cultural que han sido impulsadas en los últimos 3 años.

Las preguntas realizadas al Ministerio de Ecosocialismo y Aguas fueron las siguientes:

1- De acuerdo a lo establecido en el artículo 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitamos  envíe copia de los estudios de impacto ambiental realizados para medir los posibles daños que la ejecución de las concesiones del Arco Minero, creado por el decreto 2.248 publicado en gaceta oficial N°40.855, puedan causar en el estado Amazonas.

2- Envíe copia de las estadísticas de minería ilegal y extracción ilegal de oro en Moyo, Maraya, Mina Nueva y cualquier otra conocida por ustedes dentro del Estado Amazonas.

3- Indique detalladamente y envíe copia de las medidas y acciones que se han tomado para combatir la contaminación del Rio Panú en el estado Amazonas.

La mora en las respuestas a las mencionadas peticiones constituye una violación al derecho de los ciudadanos a una respuesta oportuna y a ser informados por parte de la Administración Pública, lo que convierte al ministro de Ecosocialismo y Aguas, Ernesto Paiva y a la ministra de Pueblos Indígenas, Clara Vidal en violadores de los derechos constitucionales de petición, y de ser oportunamente informados.

El diputado Manuel González a la Asamblea Nacional (AN) aseguró que la exploración del Arco Minero del Orinoco será un etnocidio para más de 12 comunidades indígenas y un gran daño al ecosistema, pues serían devastadas zonas netamente prohibidas, lo cual pondría en riesgo nuestro pulmón vegetal y nuestros ríos.

El parlamentario agregó: «estas 150 empresas (encargadas de la exploración) tendrían la finalidad de extraer nuestros minerales, sin ningún cuidado utilizando cianuro y mercurio».

“En la Asamblea Nacional aprobamos un proyecto de ley en sus dos discusiones, para preservar el ambiente y resguardar parques naturales ante una posible devastación minera”, dijo González quien también mencionó la Ley del Oro, la que resguardaría nuestros minerales y controlaría el uso de los mismos por parte del gobierno.

   «Vemos que el gobierno aún de manera irresponsable pretende junto al Tribunal Supremo de Justicia seguir raspando la olla y continuar derrochando nuestro dinero y nuestros minerales…Vemos como hecho notorio lo que ocurre en nuestras empresas auríferas, únicas en el mundo en quiebra, de tal modo esto sería un guiso más del gobierno para raspar la olla con nuestros minerales, entregar nuestra soberanía a estas empresas transnacionales, las cuales quedarían bajo el resguardo de la compañía militar minera», advirtió el diputado de Bolívar, quien recordó que ya son más de 5 planes mineros y todos han quebrado por incapacidad.

“Creo que el arco minero será más de lo mismo”, añadió.

En peligro  Sierra Imataca

El parlamentario alertó que como consecuencia de las exploraciones y explotación del Arco Minero, lo primero que está en peligro son los parques nacionales, e hizo hincapié en la reserva forestal de Sierra Imataca que abarca los estados Delta Amacuro y  Bolívar, donde ya se estarían efectuando exploraciones.

  «Imataca forma parte de ese gran pulmón verde,  vegetal, no solo de Venezuela sino de la humanidad; además de  su riqueza minera, lo más importante es la riqueza étnica y en biodiversidad, su fauna y  su flora. Allí en esa inmensa, mágica y exuberante selva guayanesa, puede estar la cura para algunas de las enfermedades que padece la humanidad, por eso es nuestro alerta del peligro de ecocidio y etnocidio, «, arguyó González.

Calidad de vida

El diputado, integrante de la Comisión de Energía y Petróleo, afirmó que desde el trabajo de las comisiones y de la plenaria, los asambleístas van a ejercer su función legisladora, contralora y fiscalizadora «para velar por los derechos y calidad de vida del pueblo de Guayana y toda Venezuela».

Tres especialistas advirtieron que, con la firma del decreto para la explotación del Arco Minero, el presidente Nicolás Maduro viola la soberanía del país así como su patrimonio natural. El acto  se realizó el día 5 de agosto en la sede del Banco Central de Venezuela (BCV).

Todos coinciden en que afectará el ambiente, a los pueblos indígenas y los recursos hídricos, hidroeléctricos y forestales. Además, al no contar con la autorización parlamentaria, el plan es inconstitucional, nulo e írrito. 

Aventura mercantilista y mercenaria

Así calificó la resolución emitida por Miraflores el diputado nacional por la Unidad, Américo De Grazia. “Seguiremos explorando la forma jurídica y legal de frenar todo ese aventurerismo mercantilista y mercenario que hoy pretende entregar nuestra soberanía y patrimonio a empresas trasnacionales, sin cumplir con la normativa constitucional».

Señaló que, con esta decisión: «Se legalizan el crimen ecológico, el etnocidio y el genocidio que henos venido denunciando”. 

Triple crimen

Por su parte, Alexander Luzardo, exsenador del antiguo Congreso y redactor de las normas ambientales del vigente texto constitucional, indicó: “Se inició el desmembramiento de Venezuela en la zona de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Esas concesiones representan más del 12 por ciento del territorio nacional».

La afectación del decreto incluye las reservas de agua dulce potable no contaminada más importantes ubicadas al sur del río Orinoco;  la reserva forestal de Imataca, con 3 millones 800mil hectáreas de bosque tropical; y la del Caura, con 5 millones de Has. Luzardo destacó que la extensión susceptible abarca 111.846,70kilómetros cuadrados. 

Perjudica también la mayor inversión que el país ha hecho en energía hidroeléctrica, la cuenta estratégica del Caroni, de la cual depende todo el complejo de represas (Guri, Macagua I, II y III, Caruachi), que surten más del 65 % de electricidad al país.

Calificó de «entreguistas» y de «delincuentes mineros» a Nicolás Maduro, al presidente del BCV, elson Merentes; a Roberto Mirabal, ministro de Desarrollo Minero y Ecológico y José Khan, secretario ejecutivo de la comisión presidencial de Desarrollo Ecosocialista y Salvaguarda de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

“Se trata de una venta y reventa de concesiones mineras vinculada con las bolsas internacionales, sobre todo, las canadienses, formando en un negocio inviable económicamente. Y tampoco es que Venezuela tenga enormes reservas de oro – como China o Rusia –sino que están empeñados en construir un rentismo minero para sustituir, supuestamente, el rentismo petrolero”, objetó.

Afirmó que la resolución para explotar el Arco Minero violenta las garantías de los pueblos aborígenes y «consuma hasta un acto de traición a la patria, porque la soberanía puede rescatarse pero la contaminación de un curso fluvial como el Orinoco, con agentes como el mercurio y el cianuro, entre otros, y la depredación de las cuencas estratégicas, dejando a Venezuela sin agua, no tendrá retorno».

Para el experto ambiental , se habla de un triple crimen: «es un genocidio, un etnocidio y un ecocidio”, apuntó.

Decisión inconsulta

El sociólogo Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea (Programa Venezolano en Educación – Acción en DD.HH.), manifestó que es «muy preocupante» la nueva instrumentación al omitir dos requisitos del texto constitucional.

“El primero de ellos es la realización y discusión de un estudio de impacto ambiental; y, en segundo lugar, el derecho de los pueblos indígenas, que van a ser afectados por esta actividad en su territorio, de ser consultados de manera previa libre e informada”, aseveró.

Detalló que si no se asumen las medidas necesarias para mitigar los efectos de este tipo de actividad minera y extractiva sobre el modo de vida de las comunidades originarias, y  también de las poblaciones campesinas,  surgirán otras repercusiones lesivas como la garantía al ambiente sano,   las consecuencias en cuanto a agua o  electricidad, que pudieran agravar aún más la crisis en la prestación de servicios básicos.

Aclaró que la organización de la cual es directivo y otras ONG no fueron consultadas en momento alguno por las autoridades del poder central. “El gobierno habla de diálogo pero en sus propias prácticas contradice la apertura de canales democráticos para incluir en el diseño de sus políticas y en la toma de decisiones a los todos actores que sean importantes y necesarios”, reclamó.

Finalmente, depositó su confianza en los esfuerzos del Poder Legislativo. “Creo que tiene un papel que cumplir porque aquí tenemos un vacío legal que es la ausencia de reglamento a una ley para el proceso de consulta previa, libre e informada. Pediríamos, igualmente, la detención de cualquier proyecto mientras no se cumplan con las exigencias fundamentados de la Carta Magna venezolana”, concluyó.