Tres especialistas advirtieron que, con la firma del decreto para la explotación del Arco Minero, el presidente Nicolás Maduro viola la soberanía del país así como su patrimonio natural. El acto se realizó el día 5 de agosto en la sede del Banco Central de Venezuela (BCV).
Todos coinciden en que afectará el ambiente, a los pueblos indígenas y los recursos hídricos, hidroeléctricos y forestales. Además, al no contar con la autorización parlamentaria, el plan es inconstitucional, nulo e írrito.
Aventura mercantilista y mercenaria
Así calificó la resolución emitida por Miraflores el diputado nacional por la Unidad, Américo De Grazia. “Seguiremos explorando la forma jurídica y legal de frenar todo ese aventurerismo mercantilista y mercenario que hoy pretende entregar nuestra soberanía y patrimonio a empresas trasnacionales, sin cumplir con la normativa constitucional”.
Señaló que, con esta decisión: “Se legalizan el crimen ecológico, el etnocidio y el genocidio que henos venido denunciando”.
Triple crimen
Por su parte, Alexander Luzardo, exsenador del antiguo Congreso y redactor de las normas ambientales del vigente texto constitucional, indicó: “Se inició el desmembramiento de Venezuela en la zona de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Esas concesiones representan más del 12 por ciento del territorio nacional”.
La afectación del decreto incluye las reservas de agua dulce potable no contaminada más importantes ubicadas al sur del río Orinoco; la reserva forestal de Imataca, con 3 millones 800mil hectáreas de bosque tropical; y la del Caura, con 5 millones de Has. Luzardo destacó que la extensión susceptible abarca 111.846,70kilómetros cuadrados.
Perjudica también la mayor inversión que el país ha hecho en energía hidroeléctrica, la cuenta estratégica del Caroni, de la cual depende todo el complejo de represas (Guri, Macagua I, II y III, Caruachi), que surten más del 65 % de electricidad al país.
Calificó de “entreguistas” y de “delincuentes mineros” a Nicolás Maduro, al presidente del BCV, elson Merentes; a Roberto Mirabal, ministro de Desarrollo Minero y Ecológico y José Khan, secretario ejecutivo de la comisión presidencial de Desarrollo Ecosocialista y Salvaguarda de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
“Se trata de una venta y reventa de concesiones mineras vinculada con las bolsas internacionales, sobre todo, las canadienses, formando en un negocio inviable económicamente. Y tampoco es que Venezuela tenga enormes reservas de oro – como China o Rusia –sino que están empeñados en construir un rentismo minero para sustituir, supuestamente, el rentismo petrolero”, objetó.
Afirmó que la resolución para explotar el Arco Minero violenta las garantías de los pueblos aborígenes y “consuma hasta un acto de traición a la patria, porque la soberanía puede rescatarse pero la contaminación de un curso fluvial como el Orinoco, con agentes como el mercurio y el cianuro, entre otros, y la depredación de las cuencas estratégicas, dejando a Venezuela sin agua, no tendrá retorno”.
Para el experto ambiental , se habla de un triple crimen: “es un genocidio, un etnocidio y un ecocidio”, apuntó.
Decisión inconsulta
El sociólogo Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea (Programa Venezolano en Educación – Acción en DD.HH.), manifestó que es “muy preocupante” la nueva instrumentación al omitir dos requisitos del texto constitucional.
“El primero de ellos es la realización y discusión de un estudio de impacto ambiental; y, en segundo lugar, el derecho de los pueblos indígenas, que van a ser afectados por esta actividad en su territorio, de ser consultados de manera previa libre e informada”, aseveró.
Detalló que si no se asumen las medidas necesarias para mitigar los efectos de este tipo de actividad minera y extractiva sobre el modo de vida de las comunidades originarias, y también de las poblaciones campesinas, surgirán otras repercusiones lesivas como la garantía al ambiente sano, las consecuencias en cuanto a agua o electricidad, que pudieran agravar aún más la crisis en la prestación de servicios básicos.
Aclaró que la organización de la cual es directivo y otras ONG no fueron consultadas en momento alguno por las autoridades del poder central. “El gobierno habla de diálogo pero en sus propias prácticas contradice la apertura de canales democráticos para incluir en el diseño de sus políticas y en la toma de decisiones a los todos actores que sean importantes y necesarios”, reclamó.
Finalmente, depositó su confianza en los esfuerzos del Poder Legislativo. “Creo que tiene un papel que cumplir porque aquí tenemos un vacío legal que es la ausencia de reglamento a una ley para el proceso de consulta previa, libre e informada. Pediríamos, igualmente, la detención de cualquier proyecto mientras no se cumplan con las exigencias fundamentados de la Carta Magna venezolana”, concluyó.
