El abogado Perkins Rocha presentó lo que sería un informe sobre las distintas acciones del Foro de Saulo -desde que se realizó en la ciudad de Caracas en el mes de julio del 2019- y las catalogó como “terroristas y desestabilizadoras” por todos los acontecimientos que han ocurrido en la región (protestas en Chile, Ecuador y Bolivia). Condenó estas actuaciones del régimen de Nicolás Maduro e instó a la comunidad internacional a activar aquellos mecanismos para acabar con lo planificado de esta organización de ideología de izquierda.

Asimismo, el diplomático Milos Alcalay señaló cómo el presidente encargado, Juan Guaidó, ha tenido éxito la gira internacional que actualmente está realizando en Europa y aseguró que “el Foro de Sao Paulo está camuflado para la protección de grupos terroristas”.

No obstante, señaló que el informe presentado no se señala la intervención militar, sino la erradicación del terrorismo, narcotráfico, corrupción y violaciones a los Derechos Humanos por parte de la administración de Maduro.

Con base a reportes de conductores y pasajeros, la compañía Uber publicó un documento en el que se registraron más de 3 mil agresiones sexuales en su servicio en Estados Unidos entre el año 2017 y 2018. El informe ofrece un balance sobre las muertes en las vías, asesinatos y agresiones sexuales. La cifra incluye 235 violaciones registradas durante los 1300 millones de viajes que se realizan anualmente en Estados Unidos, la empresa de transporte aclaró que entre los casos que se plantean en el documento, existen agresiones tanto a clientes como a conductores y que algunos de los ataques sucedieron entre pasajeros.

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El informe forma parte de una campaña de transparencia impulsada por la empresa tras años de criticas sobre sus antecedentes de seguridad y es la primera vez que la compañía estadounidense revela cifras de este tipo, en medio de la fuerte presión a la que está sometida para hacer frente al creciente número de denuncias por agresión sexual.

El representante de Médicos por la Salud, doctor Julio Castro, presentó los resultados de la encuesta nacional sobre los hospitales de Venezuela, la cual arrojó que 70% de los hospitales en Venezuela no tienen agua y 60% no pueden hacer placas de tórax. 55% de los laboratorios hematológicos y químicos cerraron durante los apagones registrados en el primer cuatrimestre del año.

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El estudio reveló que la inoperatividad de los departamentos de microbiología, serología, HAV y Sarampión es de 100% y 85% en los departamentos de tomografía y resonadores. Castro destacó que 18% de las unidades de diálisis en el territorio no prestan servicio y sólo 16% de los laboratorios se cuentan con recursos para atención médica.

Castro destacó una placa de tórax cuesta de tres a cuatro sueldos mínimos y el de una tomografía de 10 a 20 salarios mínimos en clínicas privadas. La diáspora de especialistas también influye en estas cifras. “No hay tomógrafos en el sector médico público en Venezuela, por lo que la ciudadanía debe acudir a centros privados”, dijo el galeno, quien también informó que la cantidad de enfermeras por cada cuatro camas es de 1,5 en el turno diurno y una en el nocturno.

 

El ministro argentino de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano entregó un informe ante la Corte Penal Internacional con denuncias de crímenes por parte del régimen de Nicolás Maduro.

La embajadora de Venezuela ante Argentina designada por la presidencia encargada, Elisa Trotta, agredeció al gobierno argentino por llevar dichas denuncias ante la Corte Penal Internacional.

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“Por ello, los venezolanos estamos agradecidos por el firme compromiso del pueblo y el Gobierno argentino con la democracia y la libertad, y que hoy se demuestra nuevamente con esta denuncia ante la Corte Penal Internacional, que será un impulso para que haya justicia y no queden impunes estas violaciones“, dijo la diplomática.

Asimismo, Trotta comentó que la defensora de los derechos Humanos, Michelle Bachelet es “complice” de las atrocidades del régimen de Maduro.

“La defensora de los Derechos Humanos no tiene frontera. Ante crímenes atroces, que han sido reconocidos por la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, no se puede ser neutral, porque la neutralidad es complicidad“, señaló.

Las autoridades de Nicaragua han hecho  uso de grupos parapoliciales armados con armas de uso militar, según expresa el nuevo informe de la Organización Amnistía Internacional, estos grupos trabajan a menudo conjuntamente con la policía para reprimir en las protestas.

“Desde principios de junio, el gobierno del presidente Daniel Ortega intensificó su estrategia para la represión en una operación conocida como Operación Limpieza, dirigida contra las personas que protestaban, llevando a cabo detenciones arbitrarias, tortura y el uso generalizado e indiscriminado de fuerza letal por parte de la policía y fuerzas parapoliciales fuertemente armadas”, ha manifestado Amnistía Internacional en dicho informe.

Asimismo, denunciaron que las torturas y abusos de poder en el país han causado el desplazamiento interno y la migración forzada de miles de personas por temor.

 

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Yorman Aguilar.- Una Comisión de la Asamblea Nacional presentó un informe ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en el que se responsabilizó al presidente de CANTV, Manuel Ángel Fernández Meléndez y al director de CONATEL, Eliéser Márquez Monsalve, de ataques de censura directa aplicada contra algunos medios de comunicación digital.

En este sentido, esta comisión de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Jony Rahal, presentó pruebas del bloqueo contra los medios, ataques de denegación de servicio e intento de ingresos múltiples. Para este último, las direcciones web correspondían a sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

El presidente de la SIP, Gustavo Mohome, indicó que se debe hacer eco de las denuncias de estas violaciones de  los derechos humanos y espera también, que se den a conocer otros nombres de funcionarios que están directamente involucrados en actos de censura directa.

Mohome,  afirmó además, que el tema de las violaciones en materia comunicacional en Venezuela será un tema a destacar en su asamblea general, que se realizará el próximo octubre en Salta, Argentina.

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El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) ​presentó el informe Retrato de la convocatoria electoral del 20 de mayo de 2018 iniciativa de “Denuncia, Documentación y Divulgación por el Ejercicio de los Derechos Políticos en Venezuela”, a propósito del evento electoral efectuado el pasado 20 de mayo en Venezuela en el que se llevó a cabo la elección presidencial y donde también se escogerían Consejos Legislativos y Municipales, proceso que no se realizó y del que las autoridades electorales no ofrecieron información.

La iniciativa arrojó una serie de hallazgos que detallan las incidencias obtenidas entre el 23 de enero y el 22 de mayo de 2018, durante el desarrollo del proceso electoral y su relación con el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos. Además, se enfocó en la consideración del ejercicio de los derechos políticos, resaltando la necesidad de que la ciudadanía pueda comprender estos derechos como suyos. Por todo esto, Cepaz hace énfasis en la necesidad de exigir ejercer todos los derechos inmanentes a la existencia de la democracia.

Una de las líneas de acción de la iniciativa desarrollada por Cepaz fue el empoderamiento ciudadano, mediante la herramienta de documentación, para así insistir e incidir en la exigencia de la democracia a través de elecciones auténticas, debido a que el informe contrasta los derechos humanos inherentes a la democracia, con los hechos que han venido suscitándose en Venezuela, en el marco del ejercicio de los derechos políticos, evidenciándose un patrón de lesión constante de estos.

Para Cepaz resulta importante resaltar que la escasa participación de los electores en el proceso electoral del 20 de mayo se dio debido a la falta de confianza en la autoridad electoral y en el voto como poderosa herramienta de transformación de las realidades políticas.

Con la finalidad de poner a disposición del fortalecimiento del voto, Cepaz ofrece en el informe las siguientes recomendaciones para el desarrollo de eventos electorales justos, equitativos y transparentes, en el marco del respeto de los derechos humanos:

  1. Regularizar la designación de las autoridades electorales. El nombramiento de los miembros del Consejo Nacional Electoral, debe ajustarse al procedimiento constitucional establecido en el artículo 296. Un árbitro electoral que genera desconfianza por sus actuaciones sesgadas, desestimula la participación y vulnera el derecho de los ciudadanos a tener instituciones al servicio del Estado y no de una parcialidad política.
  2. Reconstruir la pluralidad en el sistema de partidos políticos. La habilitación de las organizaciones con fines políticos que permita ofrecer a los ciudadanos, ofertas electorales que plantean el abordaje de los problemas del país, desde distintas ópticas, se requiere para la vigencia de un estado democrático.
  3. La convocatoria a procesos electorales deben provenir del órgano constitucionalmente competente, la fecha entre la convocatoria y la elección requiere de tiempos razonables que permitan la participación de todos los actores políticos, y la ejecución del cronograma electoral sin la violación de los lapsos legales. Del mismo modo, la publicación  y modificación del cronograma deben ajustarse a lo dispuesto en la ley.
  4. El Registro Electoral requiere especial atención en lo atinente a su conformación. La realización de auditorías independientes que ofrezcan resultados de su evaluación global, así como jornadas de inscripción y actualización con una duración que permita el cierre de la brecha de no inscritos, y reubicados por cambio de residencia, incluyendo a los electores fuera de Venezuela. La ubicación de los puntos debe ser ampliamente difundida.
  5. Postulaciones: Tiempos razonables para la inscripción de candidatos, para la construcción de alianzas y acuerdos, así como la modificación de las postulaciones, esto sin dejar a un lado la necesidad de permitir la participación de aspirantes que han sido sujeto de sanciones administrativas que lesionan su derecho a elegir y ser elegidos. Es preciso tomar especiales medidas de protección para los candidatos por iniciativa propia y de grupos de electores, tomando en cuenta que las normas para recolección de manifestaciones de voluntad, no pueden constituirse en obstáculos infranqueables para la participación.
  6. Diseño de Circunscripciones Electorales: Salvaguardar el derecho a la representación política de los ciudadanos requiere que su construcción sea formulada de acuerdo al procedimiento establecido en la ley, para evitar la aplicación de estrategias destinadas a sobre representación o infra representación de los ciudadanos en cuerpos colegiados.
  7. Equidad antes y durante la campaña electoral: Las instituciones deben velar por impedir el uso de recursos públicos para financiar una opción política, independientemente del lapso fijado para el inicio y cierre de la campaña electoral. Una elección competitiva debe garantizar que los candidatos pueden participar en igualdad de condiciones.
  8. Sistema Automatizado de Votación y Auditorías: Las ventajas que puede ofrecer la automatización de los procesos de votación, escrutinio y totalización, así como de verificación biométrica de la identidad de los electores y la validación de su funcionamiento, dependen de autoridades electorales comprometidas con la realización de procesos transparentes, en los que cada fase sea abierta y susceptible de verificación por todos los actores en tiempos razonables.
  9. Fomentar la participación ciudadana: La elección es una suma de fases preclusivas, y en cada una de ellas es posible la contraloría ciudadana y la promoción de la participación. Participar debe ser posible en todo el proceso y eso depende de una autoridad electoral comprometida con la inclusión de la ciudadanía en sus procesos. La notificación masiva y la capacitación real para el ejercicio de las funciones del Servicio Electoral Obligatorio, es garantía de incorporación de los electores a sus tareas.
  10. Diseño normativo y capacidad de hacerlo cumplir. Cada etapa del proceso electoral se encuentra normada en el marco jurídico legal venezolano, si entendemos el orden jurídico como un sistema. Así, aún cuando están pendientes algunas reformas a las leyes electorales, el grave problema que acrecienta las desigualdades es la ausencia de instituciones que hagan cumplir la ley, tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional. Sin el efectivo cumplimiento de las normas,  los ciudadanos quedan a merced de la discrecionalidad de los funcionarios de turno, lo que horada el estado de derecho.

Finalmente, Cepaz exhorta a que se rechacen y corrijan las múltiples violaciones a los derechos humanos registradas en el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos. Para la organización es urgente exigir el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales que se ven afectados por la persecución y calificación sostenida de enemigo interno a quien no apoye a actores y políticas gubernamentales. Así como, la coacción del voto por medio del carnet de la patria que es un mecanismo violatorio a las leyes y a los derechos humanos y que se pudo reflejar detalladamente en el proceso de documentación.

Consulte el informe completo aquí

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe en el que exigió al gobierno de Nicolás Maduro restaurar el orden democrático en Venezuela y lograr la separación de poderes de forma inmediata, a propósito de la presentación de un informe con un análisis detallado sobre derechos humanos en Venezuela.

El informe fue remitido al Ejecutivo nacional y a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Además será entregada una copia del mismo a los países miembros de la organización.

La CIDH  aseguró que ha reportado la falta de independencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde hace más de 15 años.

Francisco Eguiguren, presidente de la CIDH y relator para Venezuela, detalló que en el año  2017 hubo una  “grave alteración del orden constitucional” con las sentencias emitidas en contra de la Asamblea Nacional (AN).

“Llamamos de nuevo al Estado a abstenerse de cualquier acto de hostigamiento o intimidación o cualquier acción que implique una amenaza o presión directa o indirecta en el ejercicio de la función judicial”, reiteró el relator.

La CIDH se refirió a la ola de protestas del año 2017 y sobre este tema, contabilizó entre entre 124 y 127 muertos y miles de detenidos. El informe está sustentado por casos de violación de derechos humanos,  entre los que destacan: abusos sexuales, violencia por parte de los militares, torturas y sometimiento a civiles.

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) publicó su informe anual (2016) en donde analiza al país en materia económica, social, política y de salud, reflejando datos muy diferentes a los que asegura haber logrado el régimen de Maduro.

La organización denunció un incremento en la desnutrición de niños y adolescentes, Esto representa un fracaso para el gobierno actual, que vocifera de abastecer a la población con sus programa “Comité Local de Abastecimiento y Producción.

Además, Provea registró que la inflación en el precio de los alimentos osciló entre 1.080 % y 1.200 %, lo que disminuyó el poder adquisitivo del sueldo mínimo de  los venezolanos a un 5 %.  Lo que refleja otro fracaso de la actual política alimentaria aplicada por el estado y desmiente lo promulgado por el oficialismo.

Para leer el informe completo ingresa aquí

Andrés Fornerino.- El Parlamento Latinoamericano (Parlatino) someterá a consulta pública el informe del secretario general de la Organización de Estados Americano (OEA), Luis Almagro, para la activación de la carta democrática interamericana.

El presidente del grupo venezolano ante el Parlatino, Ángel Medina, manifestó que la población venezolana debe estar consciente de las consideraciones que realizó la autoridad internacional para complementar las exigencias y problemas que se expresan en el documento, además indicó,
“No se trata de promover la injerencia, estamos yendo al mundo para que el presidente de la república, Nicolás Maduro cumpla la Constitución”.

Medina también señaló que este informe debe ser presentado ante otros organismos de america latina para contar con el respaldo internacional, precisó, “No se trata de adelantar ni retrasar el proceso para la activación de la carta democrática, eso será una decisión de la OEA”.

El diputado Medina sostuvo que se mantienen las cuatro peticiones, la primera es la realización de elecciones, que se abra un canal humanitario para adquirir alimento y medicinas y la liberación de los presos políticos “que ha aumentado un 40% en el último año”.