La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) anunciaron que la pandemia del coronavirus (Covid-19) ha generado un fuerte impacto en la población infantil, causando un aumento en el número de niños que se verán forzados a trabajar en la región.

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Los datos fueron revelados este viernes en el marco de la celebración del día internacional contra el trabajo infantil este 12 de junio, por lo que instaron a los Gobiernos de cada país a tomar medidas de prevención para detener este escenario.

“Las graves consecuencias de la pandemia en los ingresos de las familias (…) muchas de éstas, al no tener apoyo alguno, podrían recurrir al trabajo infantil”, expresó el director general de la OIT, Guy Ryder.

Por su parte, la directora ejecutiva de Unicef, Henrrieta Fore, detalló que ante el aumento de la pobreza en los países y del cierre de las escuelas generarán un impacto en cadena que forzará a los niños a trabajar y estar en las calles.

«Más niños se ven empujados a trabajar. Cuando imaginamos el mundo después de la COVID-19, debemos asegurarnos de que los niños y sus familias disponen de las herramientas necesarias para afrontar tormentas similares en el futuro. Una educación de calidad, servicios de protección social y mejores oportunidades económicas pueden cambiar las cosas”, afirmó Fore.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), manifestó que el coronavirus puede ser destructor para los trabajos rurales en Latinoamérica y el Caribe. Recomendaron a los gobiernos evitar y aplacar las cifras de contagios en esas zonas debido a la alta fragilidad.

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«Si bien la densidad demográfica es menor en el ámbito rural, los impactos podrían ser mucho más devastadores. Se trata de un sector que estaba marcado por la pobreza, la exclusión y la informalidad en el empleo», explicó el especialista regional en economía rural de la OIT, Efraín Quicaña.

Calcularon que en América Latina el 76, 8 % de los empleados rurales cuentan con trabajos informales, lo que indicó que aproximadamente 41 millones de personas se dedican a labores informal y por ende a la inestabilidad con bajos ingresos, sin protección social ni derechos laborales.

«La economía informal rural está menos equipada para prevenir y responder a emergencias sanitarias, como la del covid-19, por lo que esta situación pueden tener repercusiones en la seguridad alimentaria», añadió Quicaña.

La Organización Mundial del Trabajo (OIT) aseguró en su último informe que al menos 300 mil empleos se perderán producto del Covid-19. El organismo también señaló que la reducción de las horas laborales representarán 10,5% de la actividad económica y que, aproximadamente, 1.600.000 personas perderá su puesto de trabajo.

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El director de la OIT, Guy Ryder, explicó que los trabajadores informales han registrado pérdidas masivas tanto por los cierres de los locales como por las medidas de distanciamiento social. Asimismo, aseveró que mientras los gobiernos se vuelvan más estrictos con las políticas de confinamiento, estas cifras -que son predicciones- podrían aumentar.

En los trabajadores informales, 60% perdió partes de sus ingresos y 436 empresas se vieron afectadas por la crisis sanitaria.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) manifestó que el brote de coronavirus podría ocasionar «la destrucción» de 25 millones de empleos en el mundo, lo que traerá consigo la inestabilidad de los mercados labores.

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El director oficial regional de la OIT, Vinicius Pinheiro, explicó que el Covid-19 ya ha generado que 9,4 millones de personas se encuentren sin empleos.

“El escenario del empleo juvenil en la región es preocupante, y se complicará aún más cuando se sienta el impacto del coronavirus sobre la economía regional”, resaltó Pinheiro.

El representante legal del movimiento Vinotinto, Manuel Virgüez, aseguró que los docentes del estado Lara han sufrido distintos atropellos por parte del régimen de Nicolás Maduro y que se buscar volver a invocar los paros escalonados nacionales realizados en el 2019. Además, añadió que habrán casos que se documentarán como el de Luis Arroyo para entregarlos ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), presentó este miércoles en la capital mexicana un nuevo informe sobre la situación de la protección social en los países de América Latina y el Caribe, que aborda la situación actual de estos sistemas, así como las brechas en materia de cobertura y los desafíos relacionados con el futuro del trabajo.

El Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar-Xirinachs, realizará la presentación en una rueda de prensa en Ciudad de México del informe titulado “Presente y futuro de la protección social en América Latina y el Caribe” (Panorama Laboral Temático número 4).

El informe destaca la importancia que tienen los sistemas de protección o de seguridad social para la configuración del modelo económico y social de los países, para luchar contra la pobreza y la desigualdad, y para enfrentar los desafíos planteados por un mercado de trabajo que está experimentando un proceso de rápidas transformaciones.

En el informe se presentan datos y análisis sobre una serie de dimensiones que ponen en evidencia el estado de la protección social en la región, sobre los regímenes o programas que se aplican, tras una compleja tarea de recopilación de información disponible en la actualidad. Además, el informe contiene orientaciones de política.

La extensión de la protección social es un área de trabajo prioritaria para la OIT, que promueve políticas y ofrece asistencia a los países con el objetivo de ayudar a aumentar la cobertura a todos los miembros de la sociedad.

 

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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) que aprobó una “Comisión de Encuesta” para Venezuela, con la que realiza una investigación internacional de alto nivel tras existir indicios de que el gobierno viola convenios laborales; algo que sindicatos y empresarios del país conocen pero que ahora se evidencia en las Naciones Unidas.

La OIT tiene 99 años de fundada, en ese lapso, el organismo únicamente aprobó 12 Comisiones de Encuesta, la más reciente fue aplicada a Zimbabue en 2008. La comisión no necesita aprobación del gobierno, y se puede instalar dentro o fuera de Venezuela. En ella se hará una revisión de los incumplimientos del Estado y se ratificarán o añadirán nuevas denuncias.

Las comisiones de encuesta rinden un informe que se publica en un número especial del boletín oficial de la OIT, con difusión mundial, y suele tener una importante repercusión, informó el abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea, Carlos Patiño.

El gobierno deberá comunicar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, dentro de un plazo de tres meses, si acepta o no las recomendaciones contenidas en el informe de la comisión y, en caso de que no las acepte, la queja pudiera ser dirimida en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

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La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Miranda y dirigente de Voluntad Popular, Manuela Bolívar, acompañada por la responsable nacional del Movimiento Trabajadores de la tolda naranja, Marcela Máspero, expusieron un balance sobre las protestas que se han generado en todo el territorio nacional durante este año 2018. En este sentido, presentaron el Observatorio Social- Humanitario como la nueva iniciativa de VP que busca romper el bloqueo comunicacional y crear un indicador de conflictividad social, a través de información extraída de las redes sociales, testimonios de la sociedad civil y periodistas.

“Este observatorio de la crisis humanitaria busca visibilizar ante el bloqueo comunicacional las protestas que ocurren en el país y ser un puente para estos venezolanos que están en la calle exigiendo soluciones. Tenemos un equipo conformado por sociólogos, comunicadores sociales y jóvenes que hacen posible esta investigación. Hoy hay un país en crisis que eleva la voz de protesta porque no hay alimentos, salud, empleo, ni transporte. Es por eso que creamos este indicador de conflictividad social para que los venezolanos estén realmente informados y buscar así el acompañamiento a una protesta legitima”, declaró Bolívar.

La parlamentaria precisó que, según las cifras presentadas por el Observatorio Social- Humanitario, se han registrado 1.352 protestas en Venezuela durante el primer trimestre de 2018 y aseguró que los principales detonantes han sido el hambre, la falta de medicamentos y la problemática del transporte público. “Se han reportado más de 250 protestas en una semana y apenas es el inicio del año; en enero hubo más de 100 protestas por la intervención de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) en los supermercados y este mes se reportaron 19 protestas en el estado Barinas por cortes de energía eléctrica. Estamos vislumbrando un país que no está desmovilizado, sino pidiendo a gritos que se restituya derechos fundamentales como el agua, la salud, el salario, el transporte”.

Aseveró que este tipo de manifestaciones no son articulados por los partidos políticos sino por la organización de la sociedad democrática venezolana y señaló a los estados Lara, Zulia, Bolívar y Distrito Capital como los de mayor estado de conflictividad. “Es el país que se está paralizando ante un régimen que se niega a dejar el poder, empobrece y está asesinando a los venezolanos limitando el acceso a los alimentos y a la salud. El país no está en su casa, está protestando, y se hace necesario que el Frente Amplio Venezuela Libre y las organizaciones políticas acompañen a los ciudadanos y al país que está muriendo a manos de estos genocidas”.

Por su parte, Marcela Máspero, respaldó el comunicado emitido por la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y la decisión tomada por el consejo de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT), el cual emprenderá una investigación contra el régimen de Nicolás Maduro por violación a los derechos laborales. “Queremos decir además que el comunicado nos llama y nos describe el drama social venezolano. El carácter de este régimen se ha reflejado tanto que a partir de este mes se suspenden las pensiones a jubilados y pensionados. Estas personas que trabajaron toda su vida en instituciones públicas y privadas, ahora son reprimidas por exigir su pago. Además, este comunicado nos habla de la necesidad de organizarnos, la Iglesia viene trabajando ante el tema de Caritas, la salud y el tema de la nutrición. Nos dice que los partidos no pueden secuestrar a las organizaciones sociales, la labor de los partidos es acompañar a los venezolanos”.

Finalmente, reiteró que las elecciones convocadas para el 20 de mayo representan un fraude electoral para que Nicolás Maduro se mantenga aferrado al poder e insistió en que Voluntad Popular continuará en la calle, acompañando a los miles de venezolanos que protestan por #LaMejorVzla. “Los venezolanos queremos seguir en Venezuela, pero para eso es necesario un cambio y acompañar a las protestas en el país. Desde que se hizo el anuncio del Frente Amplio Venezuela Libre de la posibilidad de articular la sociedad civil con actores políticos, el régimen tembló. La salida de este régimen pasa por la Unidad de todos los venezolanos, el reconocimiento y el respeto de todos los derechos que nos han sido conculcados”.

El Consejo de Administración, máxima autoridad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su 332ª reunión celebrada en Ginebra, Suiza, este 21 de marzo de 2018, acordó por consenso, designar una Comisión de Investigación (Comisión de Encuesta) para Venezuela.

 
La Comisión de Investigación se produce por la gravedad y persistencia en las violaciones a los convenios de la OIT y la renuencia del Gobierno venezolano a acoger las recomendaciones del organismo internacional. A diferencia de la Misión de Alto Nivel, la Comisión de Investigación no requiere autorización del Gobierno.

Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, junto a Jorge Roig, representante de los empleadores de Venezuela ante el Consejo de Administración, estuvieron presentes en la reunión.

Sobre la decisión Larrazábal dijo que “para Venezuela es un momento más que oportuno para la activación de una Comisión de Investigación, ya que la experticia y apoyo técnico de la OIT pueden ser cruciales para garantizar un diálogo eficaz que conduzca a identificar salidas inmediatas a las enormes dificultades que atraviesa el país, en beneficio de los trabajadores, los empleadores y la población venezolana en general, y así conducir al país hacia un sendero de crecimiento económico con un futuro prometedor”.

La decisión fue adoptada por esta instancia de la OIT en respuesta a la Queja conforme al artículo 26 de la Constitución del organismo internacional, introducida en junio de 2015, por Fedecámaras y otras 33 organizaciones empleadoras del mundo.

 
La Queja conforme al artículo 26, es el máximo mecanismo de control de la OIT para casos de incumplimiento de convenios por parte de los gobiernos. En el caso venezolano, se analizan los incumplimientos a los convenios 26 sobre Fijación de los Salarios Mínimos, 87 sobre Libertad Sindical y Protección al Derecho de Sindicación y 144 sobre la Consulta Tripartita.

 
Sus principales premisas son el diálogo tripartito para la toma de decisiones que afecten el sistema económico-social y laboral de un país y el pleno ejercicio de la libertad sindical por parte de trabajadores y empleadores.

 
La decisión se produce dentro de la Queja artículo 26, luego de haber tramitado Fedecámaras, durante 15 años, la Queja N°2254. Las denuncias por las cuales el Consejo de Administración tomó la decisión se refieren a la exclusión de Fedecámaras del diálogo social, persecución y detención de dirigentes gremiales, actos vandálicos y de violencia contra la sede gremial y la campaña sistemática, a través de los medios de comunicación social del Estado, de acusaciones infundadas contra la organización empleadora.

 

El Gobierno, hasta la fecha, ha hecho caso omiso a los exhortos de los distintos órganos de control de la OIT, de constituir una Mesa de Diálogo Tripartita en las condiciones establecidas por dicho organismo.

 

La Comisión de Investigación puede instalarse en el país o en un país vecino, para persuadir al Gobierno de cumplir con los Convenios ratificados, recabando el mayor número de pruebas y presentando, finalmente, un Informe al Consejo de Administración con sus recomendaciones.

 
Esta es la sexta ocasión en que el Consejo revisa esta Queja empleadora. En las reuniones previas de 2016, el Gobierno se había comprometido a constituir la Mesa de Diálogo, lo que condujo al aplazamiento de la decisión, pero ésta nunca se instaló. En noviembre 2017, el Consejo, preocupado por la falta de progresos instó por última vez al Gobierno a formalizar la Mesa y a invitar a Venezuela a una segunda Misión de Alto Nivel en enero de 2018 (luego de la primera visita de una Misión en el año 2014).

Esta Misión de 2018, fue suspendida debido a las objeciones presentadas por el Gobierno a la agenda de reuniones por ella propuesta.
En casi 100 años de existencia de la OIT, se han establecido sólo 12 Comisiones de Investigación, de las cuales solo 3 han sido en Latinoamérica: Chile en 1975, República Dominicana en 1983 y Nicaragua en 1987. La misma importancia tuvo la Comisión de Investigación solicitada por el grupo trabajador en Polonia, en la que esta hizo contribuciones significativas a los cambios que llevaron a la democracia de ese país en 1989.

 

Se espera que la Comisión de Investigación se convierta en una herramienta útil para lograr el consenso que permita alcanzar soluciones a los graves problemas que enfrenta el mundo laboral en nuestro país.