El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Salvador Romero, informó que la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) enviarán una comitiva a la nación altiplana para observar las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 3 de mayo.

Lea también: Con 621 votos el Parlamento Europeo aprobó el Brexit

“Vamos a tener un proceso muy amplio de observación (…) “tres grandes delegaciones que van a llegar a Bolivia: la de la OEA, de la Unión Europa y la de los organismos electorales de América, cuantos más ojos observen el trabajo del organismo electoral, cuantos más ojos lo vean, el proceso mejor”, expresó Romero.

Entre los candidatos previstos para el proceso electoral se encuentra la actual presidenta encargada Jeanine Añez, Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga y Luis Fernando Camacho, entre otros. 

El representante permanente de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), José Alberto Gonzáles Samaniego, renunció a su cargo en una ola de dimisiones tras la salida del poder de Evo Morales.

Lea también: Diosdado Cabello ofreció a Evo Morales que viaje a Venezuela

A través de una carta dirigida al canciller Diego Pary Rodríguez, González comunicó su dimisión al cargo sin expresar las motivaciones tras tal decisión.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro rechazó la masacre de indígenas ocurrida al suroccidente de Colombia, específicamente en el departamento del Cauca, además de llamar al Gobierno de ese país a buscar soluciones y prevenir nuevos actos de violencia parecidos a este.

“Expreso mi solidaridad a las familias de las personas asesinadas, a los heridos (…) exhorto a las autoridades competentes a que se investigue y castigue de manera oportuna a los responsables de este cruel acto”, expresó Almagro a través de un comunicado.

Lea también: Maduro: Todos los sectores de oposición tienen disposición para unas elecciones parlamentarias (+Vídeo)

Advirtió que detrás del asesinado de los cinco miembros de la comunidad indígena “Nasa”, se encuentra la disputa de grupos armados ilegales por el negocio ilegal del narcotráfico y su interés por controlar el territorio.

La noche de este miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, respondió a la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, donde se trataron como temas centrales la crisis política de Nicaragua y Venezuela, así como también el éxodo masivo de venezolanos y sus consecuencias en la región.

Cabello también arremetió contra la OEA, y la calificó de “desprestigiada” y la acusó de “generar opinión con falsos positivos y tomar decisiones”. Asimismo, envió un mensaje al senador de EEUU, Marco Rubio.

“De aquí no nos va a sacar nadie” así le respondió Cabello a Rubio, porque a su juicio asomó la posibilidad de llevar a cabo una intervención militar en el país.

Suscríbete a nuestro canal telegram.me/vpitv o visita nuestro canal en Youtube: VPItv y mantente siempre informado.

Giovanna de Michele, internacionalista, explicó que los países que votaron en la pasada sesión de la OEA dieron un giro importante sobre su visión a Venezuela. Resaltó los casos de Nicaragua y Uruguay, así como la solidaridad de Estados Unidos.

Sobre el voto salvado de Nicaragua explicó que la situación de dicho país es comprometida por las protestas surgidas el último mes, “por eso vemos que esta separada a veces y cerca otras de Venezuela, porque lo que pase con nuestro país les salpica”, dijo.

Se mostró impresionada por la decisión de Uruguay de abstener su voto, “ellos tienen la figura del Frente Amplio, y a pesar de que el gobierno está a favor hay factores dentro de dicho Frente que no están de acuerdo en aprobar la moción”, acotó.

Venezuela - Giovanna De Michele analizó las votaciones de la OEA sobre caso Venezuela - VPItv

Fue derogada la exigencia de contratación de un seguro médico para ingresar al territorio ecuatoriano, así lo dio a conocer el Defensor de los Derechos Humanos (DDHH), Juan Fernando Flores. El Decreto Ejecutivo No. 310, aprobado el pasado 31 de enero de 2018, fue sustituido y ahora da un plazo de 90 para adquirir el servicio una vez se cumplan los 90 en dicho país.

Flores celebró la medida, pues con el nuevo decreto Ejecutivo se beneficia a los venezolanos que se ven obligados a abandonar Venezuela e ingresan a Ecuador como una opción, “esta decisión es un apoyo a los venezolanos que huyen de la grave crisis venezolana sin nada en sus bolsillos y con la esperanza de vivir mejor (…) sin duda alguna esta medida evita perjudicar el grado de vulnerabilidad que estableció Agencia para los Refugiados de la Organización de Naciones Unidas (ACNUR) y la Organización de Estados Americanos (OEA), los millones de venezolanos víctimas del régimen no están solos”, enfatizó.

El también diputado ecuatoriano, recordó que son al menos unos 100 mil venezolanos que viven en Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca, es por ello que legislarán para que el gobierno ecuatoriano mejore sus políticas migratorias ante la crisis venezolana, “a nosotros no nos queda más que seguir luchando para que Ecuador cambie su posición ante la aguda crisis en Venezuela, esa es la mano que le extendemos a nuestros hermanos venezolanos en estas horas tan oscuras”. 

decreto 2

decreto 1

Nota de prensa

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, celebró este viernes la nueva resolución sobre Venezuela adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), e instó a los países miembros del organismo que encabeza a “reconocer la condición de refugiado” para los ciudadanos que viajan a otras latitudes en búsqueda de una vida mejor.

Almagro citó en su cuenta personal de Twitter una publicación hecha en esa misma plataforma digital por la CIDH, en la que ésta confirma que “ante la grave crisis política, económica y social en Venezuela, miles de personas se han visto forzadas a migrar hacia otros países de la región para preservar su derecho a la vida, la integridad, la libertad, la salud y la alimentación”.

Este nuevo pronunciamiento de la CIDH sobre Venezuela se produjo en el marco del 167 período de sesiones celebrado en Bogotá, Colombia, donde elaboraron la Resolución 2/18 que atiende lo que ellos llaman una “estrategia de supervivencia” llevada a cabo por los migrantes venezolanos, quienes a su juicio han visto “profundamente deteriorados” sus derechos humanos.

En su informe “Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”, la Corte monitoreó de cerca “la situación de migración forzada” de los venezolanos en la región, y citó al respecto las cifras ofrecidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el cual contabilizó el pasado 31 de enero un total de 133.574 solicitudes de asilo de personas venezolanas, mientras que otras 350.861 personas “optaron por otras alternativas migratorias para su regularización”.

“Esta migración forzada plantea retos a los Estados de la región, entre los que destacan el otorgar protección internacional a las personas que lo requieran, así como protegerlas de la discriminación y xenofobia, discursos de odio, el riesgo de apátrida, las amenazas a su vida e integridad personal, la violencia sexual y de género, los abusos y explotación, la trata de personas, la desaparición, las ejecuciones extrajudiciales y el descubrimiento de fosas clandestinas”, reza el comunicado de la CIDH.

De igual manera, el texto agrega que los venezolanos padecen “la falta de documentos de identidad”, y atraviesan “obstáculos en el acceso a la asistencia humanitaria”, particularmente en el acceso a vivienda, a la salud, a la alimentación, a la educación y a otros servicios básicos.

“Históricamente, el Estado y el pueblo venezolano han sido de los más hospitalarios al brindar protección y acogida a cientos de miles de personas que lo necesitan. Ha llegado el momento para los países de las Américas de retribuir la solidaridad y apoyar a las personas venezolanas”, dijo la Comisionada Margarette May Macaulay, presidenta de la CIDH.

Por su parte, el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, relator sobre los Derechos de los Migrantes, señaló: “No podemos ser indiferentes ante el dolor de todas las personas venezolanas que tienen que dejar su país por razones tan apremiantes como falta de comida, de medicinas o por persecución política. Es fundamental priorizar la protección de la persona con un enfoque de derechos humanos, evitando criminalizar y restringir la migración y la protección de quienes lo necesitan”.

El mayor general retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Hebert García Plaza, asistió este viernes a la segunda audiencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre Venezuela, en la que se busca determinar si hay argumentos necesarios para llevar al gobierno de Nicolás Maduro hasta la Corte Penal Internacional (CPI) por violación de derechos humanos.

Durante su intervención, el que fuera viceministro de la Defensa durante el mandato del fallecido expresidente Hugo Chávez hizo graves denuncias contra el gobierno de Nicolás Maduro, como la politización en la entrega de alimentos, la influencia de la primera dama Cilia Flores en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), o el alcance del denominado “Plan Zamora”.

“Una de las razones por las que presenté mi renuncia es que modificaron el sistema de entrega de alimentos (…) hay parroquias políticamente priorizadas que tienen básicamente dos indicadores: la población electoral y el grado de simpatía al proceso ideológico que lidera el gobierno”, dijo García Plaza, que en 2014 fue designado por el propio Maduro como ministro de Alimentación.

El también exministro de Transporte Acuático y Aéreo condenó que diputados oficialistas lo acusaron de “detener los mercados a cielo abierto” por negarse a formar parte de dicha politización en la entrega de comida, y confesó que en diciembre de 2015 otros tres ministros, cuyos nombre no develó, le recomendaron “salir del país” porque Maduro abriría un proceso judicial en su contra.

García Plaza, sobre quien pesa una orden de aprehensión por el renombrado “Caso Bolipuertos” y la presunta compra de tres ferrys, aseveró que huyó de Venezuela a sabiendas de que “el sistema judicial solo obedece a la estructura del gobierno”.

“El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, es amigo personal de la señora Cilia Flores. No me cabe la menor duda de que ninguna sentencia sale sin el visto bueno de ella”, sentenció, y afirmó también que el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, le reporta directamente a Diosdado Cabello, ahora miembro de la Asamblea Nacional Constituyente promulgada por Maduro, y considerado el segundo al mando en Venezuela.

“Instrumentos perversos de manipulación”

El “Plan Zamora” y el “Carnet de la Patria” son “instrumentos perversos de manipulación” ejecutados por el gobierno de Maduro, según dijo García Plaza en la sede de la OEA ubicada en Washington.

“El Plan Zamora consiste en una serie de ordenes militares que buscan una conmoción interna”, explicó, y detalló que el mismo castiga a quienes cometan “actos de deslealtad a los ideales revolucionarios y bolivarianos”; participen en actividades de partidos políticos de la oposición o se pronuncien en contra de la gestión de Maduro.

El general mayor retirado criticó que el Ejecutivo convirtiera a Venezuela en un “teatro de operaciones militares”, y lamentó que se le diera atribución jurídica a los tribunales militares para procesar a civiles.

Otros testigos

La segunda audiencia de la OEA sobre Venezuela no solo tuvo el testimonio de García Plaza. El capitán Igor Eduardo Nieto y el teniente coronel José Arocha también tomaron parte.

Nieto se explayó en las torturas ejecutadas sobre los detenidos en las protestas contra el gobierno de Maduro. “Se pedía encarcelar a los jefes de las manifestaciones y se les colocaban medidas cautelares para que no siguieran protestando. A los detenidos los obligaban a levantar las piernas y les pegaban en la planta de los pies, para que no quedaran marcas en el cuerpo cuando fueran juzgados”, detalló.

Agregó que a otros detenidos “los obligaban a dormir parados, todos juntos, en una camioneta”, y aseveró que “los jueces de ejecución verifican los maltratos y hacen caso omiso”.

Contó que se vio obligado “a salir de Venezuela” tras sufrir un “atentado” en su casa mientras disfrutaba de una reunión familiar en 2014: “Nos dispararon un proyectil 9mm”.

Arocha relató por su parte que vive exiliado en Estados Unidos tras escapar de una prisión, a la que ingresó tras ser procesado por tribunales militares en 2014. “Me sembraron cantidades de dinero que no existían en el escritorio de mi oficina y, junto a mi socio, fui llevado a una entrevista con una pistola en la nuca”.

El teniente coronel señaló que la intención del gobierno era anular su “capacidad de liderazgo” hasta apresarlo. “La cárcel en la que estuve era muy pequeña, de 5×3. Luego de pasar varios días en condiciones infrahumanas fui trasladado a ‘La Tumba’, ubicada en la sede del Sebin en Plaza Venezuela”, añadió.

Sobre su estancia en “La Tumba”, recordó entre lágrimas: “Me dijeron ‘ha entrado un muerto a La Tumba’. El lugar es totalmente frío, estuve desnudo y solo. Pensé que nunca iba a ver a mi familia. Nadie se comunicaba conmigo, comía con la mano por temor a suicidarme (con los cubiertos). No tenía reloj ni veía los días que pasaban. Sin embargo, pude enviar un mensaje codificado a una persona fuera del país para escapar”.

Luego de cuatro meses de protestas antigubernamentales, aún existen en Venezuela 603 presos políticos, según el informe que hizo llegar la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) al Parlamento Europeo, para su verificación y certificación.

Este listado, toma en cuenta las nuevas detenciones que se suscitaron luego del 31 de julio, fecha en la que cesaron las protestas, según explicó Alfredo Romero, Director Ejecutivo de la ONG defensora de Derechos Humanos.

La lista fue recibida por la vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, diputada Beatriz Becerra, quien hará entrega de la misma al presidente de esta instancia, diputado Antonio Tajani.

El listado fue remitido también a instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), donde la certificó Luis Almagro, Secretario General de la organización.

Asimismo, Alfredo Romero destacó que el FPV se extiende a otros países como España, Chile, Noruega y Estados Unidos, donde existe gran cantidad de venezolanos y donde esta ONG se establece para aportar asistencia legal y asesoramiento a víctimas de la represión del Estado venezolano.

Presidente Emmanuel Macron recibe diputados de la AN

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció este martes las pretensiones del gobierno Nicolás Maduro de ejecutar una Asamblea Nacional Constituyente en la que no participa el pueblo de Venezuela.

Asimismo, atribuyó que la Constituyente tendría poderes supraconstitucionales con los que persiguen eliminar los poderes públicos que no están subordinados al Ejecutivo Nacional, comenzando por la Asamblea Nacional.

Almagro, durante su derecho de palabra en la sesión del Senado de Estados Unidos en la que se discutió “El colapso del estado de derecho en Venezuela”, hizo un recuento de las arbitrariedades cometidas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en las protestas antigubernamentales que iniciaron a raíz de lo que definió como la ruptura del hilo constitucional.

Marco Rubio: Diosdado Cabello es el Pablo Escobar de Venezuela

En discusión presidida por el senador Marco Rubio, el portavoz del organismo hemisférico alertó que en Venezuela hay mucha represión y, más grave aún, se usa la justicia militar para condenar a presos políticos venezolanos. En este sentido, responsabilizó a la Guardia Nacional de la tortura y la persecución.

Almagro, entre los nombres de funcioarios que destacó como responsables por los hechos violentos ocurridos en Venezuela, incluyó a Néstor Reverol,  titular del Ministerio de Interior, Justicia y Paz; al ex comandante de la GN, Antonio Benavides Torres; y al general Fabio Zavarce como causantes de “cada tiro y cada muerte”. También atribuyó a Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral, la culpa de la consolidación del régimen.

En lo que a eventuales soluciones para la crisis venezolana se refiere, Almagro destacó que  el trabajo de la OEA es esencial pero la solución a la crisis es venezolana. “Las dictaduras solamente caen si se les empujan desde su país (…) ud. puede bombardear un país, pero esa no es la idea”, enfatizó.