Efectivos de la Comisión Anticorrupción de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) realizaron un procedimiento irregular junto a cuerpos a diversos cuerpos de seguridad en la torre Zurich, de la ciudad de Caracas. En este edificio se encuentran las oficinas del despacho de la presidencia encargada de Venezuela presidida por Juan Guaidó. 

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Diputados de la Asamblea Nacional denunciaron que este operativo era una violación a los derechos ciudadanos y que carecía de toda legalidad. Al tiempo destacaron que temían que estos funcionarios implanten una serie de documentos falsos para incriminar al presidente encargado de delitos corruptivos.

 

Nacido en Maracaibo, en el estado Zulia, el periodista Leopoldo Castillo asume a partir de este 15 de enero de 2019 otro reto profesional en su dilatada carrera en las comunicaciones venezolanas: será el nuevo presidente en la reestructuración de Telesur, emprendidas por la Presidencia encargada.

De profesión periodista, es conocido por conducir durante 12 años el programa Aló Ciudadano, espacio comunicativo transmitido por Globovisión que hacía público denuncias de la población, así como críticas políticas, sociales y económicas. Asimismo, era común que representantes de la actualidad venezolana participaran en su tertulia de las tardes.

Fue conocido por su posición política de férrea oposición en contra del chavismo y su máximo exponente y fundador: el expresidente Hugo Chávez. Tras su muerte, siguió su línea dura contra el Gobierno, en esta oportunidad presidido por Nicolás Maduro.

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Tras el cambio de directiva del canal privado Globovisión, decidió dar un paso al costado. En su último programa, se vieron todos los conductores y colaboradores que durante más de una década le dieron vida al líder de su _, transmitido desde las 4pm a 7pm.

Leopoldo Castillo se despide de Globovisión

Otros horizontes

Castillo buscó un nuevo reto comunicativo, y la oportunidad le apareció en otro país: Estados Unidos. Una vez radicado en Miami, inició el programa “El Citizen”, desde el cual es asidua la crítica política dirigida contra el régimen de Nicolás Maduro y el chavismo.

En sesión celebrada desde el anfiteatro de El Hatillo, tras la militarización del Palacio Federal Legislativo, la Asamblea Nacional informó la designación de Leopoldo Castillo como nuevo presidente de la Comisión para la Reestructuración del canal Telesur, en favor de la “libertad comunicativa”.

La presidencia encargada de Venezuela emitió un comunicado en el que reiteró los vínculos que posee el régimen de Nicolás Maduro con el terrorismo internacional, motivado a la creciente disputa que se vive en Irak, por los recientes bombardeos de Estados Unidos contra dirigentes de las Fuerzas de Movilización Popular (Hashd al Shaabi).

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“El terrorismo es hoy la principal amenaza para la paz y seguridad del mundo, su influencia es tal que impacta en el desarrollo integral de la sociedad. En Venezuela vemos cómo Nicolás Maduro alberga organizaciones y grupos terroristas, que desde nuestro país atentan contra la estabilidad democrática e institucional de diversos países”; destacó el comunicado.

Con motivo a la navidad, este 24 de diciembre, la Primera Dama, Fabiana Rosales, y el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, llevaron alegría a más de 100 niños de del barrio El Carmen, en Petare, municipio Sucre, allí entregaron obsequios en el Club de los Abuelos.

En el lugar compartieron con la hija del que fue concejal de la localidad, Pipo Edmundo Rada, “hoy fuimos a Petare Isa, porque papi ahora trabaja cerquita del niño Jesús, y te mandó regalos hermosos, pero te mando un beso enorme, y también nos dijo que te dijéramos, que te ama muchísimo, que desde el cielo te está cuidando siempre, que te está viendo crecer, sana, fuerte, inteligente y muy, muy hermosa. Él siempre estará a tu lado Isa, para guiarte, para que seas lo que desees, pero sobretodo para que seas feliz”, manifestó la titular del Despacho de la Primera Dama.

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La pareja presidencial destacó la importancia de recuperar las navidades y trabajar por la reunificación familiar, “hoy es navidad, tiempo de familia y de unión, de amor, de dar y recibir. Tiempo de darle Gracias a Dios, por las cosas buenas, y también por las no tan buenas porque de ellas, hemos aprendido”. Rosales de Guaidó aseguró que seguirán trabajando para lograr la Venezuela de libertad, prosperidad y justicia.

A través de un comunicado, la Presidencia encargada aseguró que las nuevas acusaciones del régimen en contra del presidente (E) Juan Guaidó, diputados de la Asamblea Nacional, figuras políticas, e incluso Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular (VP), son parte de maniobras para perseguir a los legisladores y “desmantelar la Asamblea Nacional”.

“Esta nueva olla forma parte de las maniobras de la ‘Operación Alacrán’ impulsada por el régimen de Maduro para perseguir desmantelar la Asamblea Nacional y evitar la ratificación del presidente (E) Juan Guaidó”, reza el comunicado.

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Pudieron constatar a través de dirigentes políticos y diputados en la región, las “terribles condiciones” en las que se encuentra la zona, que incluye la destrucción del Arco Minero y las violaciones a Derechos Humanos de sus pobladores.

El Comisionado de la Presidencia (E) para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado señaló que en el cuarto informe del Alto Comisionado, Michelle Bachelet se alerta de la “continua y sostenida violación” de los Derechos Humanos en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro.

“En ninguno de los punto presentados en el informe se evidencia una disminución de la situación de violación en Derechos Humanos”, indicó. Detalló que a un mes de la actualización de septiembre del informe de la Alta Comisionada, se registró la muerte de 75 víctimas a manos de este grupo.

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Con relación a la situación de los centros penitenciarios del país, Prado subrayó que el informe “no menciona la falta de alimentos en los recintos carcelarios, lo cual es preocupante, ya que gran parte la población reclusa presenta delicado estado de salud”.

El comisionado de la Presidencia encargada para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, explicó que las nuevas medidas tomadas por los países que conforman el Tratado Interaméricano de Asistencia Recíproca (TIAR) buscan presionar aún más al régimen de Maduro, el cual calificó como una “dictadura terrorista” que genera desestabilización en la región.

“Maduro se ha convertido en un Estado terrorista que protege a grupos terroristas (…) que atenta contra el medio ambiente”, declaró Borges.

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Agregó que hay un plan llevado a cabo entre el régimen en colaboración con la dictadura de Cuba. “Le han declarado la guerra a la democracia”, dijo.

Tras ser publicada una investigación del medio armando.info en el que se señalan a los diputados a la Asamblea Nacional (AN) en una trama para “limpiar la reputación” de los empresario Alex Saab y Álvaro Pulido, quienes están ligados al negocios de compra de alimentos con el régimen de Nicolás Maduro, han sido diferentes las reacciones por parte de líderes políticos y demás parlamentarios.

El presidente (E) Juan Guaidó anunció que ofrecerá detalles sobre dicha trama de corrupción en horas de la tarde de este 1ro de diciembre.

El Coordinador de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, instó a que los implicados en el caso sean sancionados internacionalmente.

Uno de los presuntos firmantes de los documentos que exoneraba a los empresarios colombianos en instituciones internacionales, como al Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, Guillermo Luces calificó de burdo montaje que su firma estuviera vinculado.

La diputada María Beatriz Martínez expresó su respaldo al medio armando.info y a la libertad de expresión tras los señalamiento del diputado Luis Brito (presuntamente implicado en caso de corrupción) contra dicho portal de investigación.

Desde la Embajada de Chile en Venezuela, en donde permanece asilado, el diputado Freddy Guevara llamó a que el trabajo que vienen emprendiendo los parlamentarios en la Asamblea no sea empañado por la corrupción.

El representante de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional en México, Reinaldo Díaz Ohep calificó el hecho como una vergüenza para Venezuela y que es necesario una investigación inmediata.

Este es el informe completo publicado por armando.info

Era solo un secreto a voces: que el largo brazo del empresario colombiano Alex Nain Saab Morán -uno de los principales contratistas del Gobierno de Nicolás Maduro, sancionado en julio por la Administración Trump junto a su socio Álvaro Pulido por su participación en el esquema de importaciones para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), procesado en Florida por Lavado de Dinero e investigado en otras jurisdicciones por la opacidad de sus negocios- había entrado a la Asamblea Nacional (AN), dominada por la oposición venezolana y declarada en desacato por el chavismo, hasta alcanzar a algunos diputados y controlar sus actuaciones.

Las alarmas se dispararon cuando José Guerra, parlamentario del partido Primero Justicia (PJ), avisó por Twitter el pasado 6 de noviembre que estaba en marcha lo que llamó, sin dar muchos detalles, la Operación Maletín Verde para comprar a algunos de sus colegas. La especie cobró fuerza unos días más tarde cuando, también por Twitter, circularon otros documentos supuestamente suscritos en 2018 por diputados de la Comisión de Contraloría -hubo quien los calificó de apócrifos y la propia Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, uno de presuntos destinatarios, negó haberlos recibido- para descargar de culpas a Saab.

Eso fue así hasta ahora. Porque documentos y comunicaciones a las que Armando.info tuvo acceso revelan que desde comienzos de 2018 se venía tejiendo una trama para otorgar indulgencias a los responsables de los negociados para el suministro de importaciones para los combos CLAP. El esquema incluye a varios diputados de oposición, algunos de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría del parlamento nacional, en la práctica, la única instancia anticorrupción que opera en Venezuela con autonomía respecto al chavismo gobernante.

De acuerdo a los documentos disponibles, dos nombres resultan claves para entender esta historia. Por el lado de los parlamentarios: Luis Eduardo Parra Rivero, un diputado de PJ por el estado Yaracuy, integrante de la Comisión de
Medio Ambiente. Su contraparte en la otra esquina: Carlos Rolando Lizcano Manrique. Lizcano es también empresario colombiano, tal como la dupla de Saab y Pulido, bajo cuyas órdenes actúa. Figura en los papeles como propietario de Salva Foods 2015, la compañía que maneja las Tiendas CLAP, surgidas luego de una suerte de privatización encubierta de la extinta red estatal Abastos Bicentenario, que tuvo lugar entre 2016 y 2017 con la bendición de Nicolás Maduro.

Invocan a Guaidó para ganar indulgencias

Una de las actuaciones más recientes del grupo informal de diputados coordinado por Parra ocurrió el 9 de octubre pasado. Ese día los diputados Adolfo Superlano, todavía entonces militante del partido Cambiemos -sería expulsado semanas después, el 11 de noviembre, de la novel organización dirigida por Timoteo Zambrano-, y José Brito, de Primero Justicia, acudieron a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, Colombia, para hacer entrega de una carta que exime al propio Carlos Lizcano y a Salva Foods de cualquier irregularidad o relación alguna con Alex Saab. El año pasado la Fiscalía colombiana acusó formalmente a Saab por evasión de impuestos y mantiene bajo su mira los negocios del clan con el Gobierno de Maduro.

“Nos permitimos oficializarle que luego de la verificación en los archivos correspondientes a los asientos del libro de denuncias, se concluye que para la fecha motivo del análisis no existe ninguna acción incoada en contra del precitado: Carlos Rolando Lizcano Manrique, ni de su razón comercial Salva Foods 2015, C.A”, refiere la carta fechada el 20 de septiembre de 2019. Además de las firmas de Adolfo Superlano y José Brito, también aparecen las de sus colegas diputados Conrado Pérez Linares, de Primero Justicia; Richard Arteaga y Guillermo Luces, de Voluntad Popular (VP); y Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos, de Un Nuevo Tiempo (UNT). En la misiva el apellido de este último diputado, por cierto, está mal escrito.

Lizcano no solo aparece en el complejo organigrama de empresas creado por Saab y Pulido como dueño de las  tiendas CLAP en Venezuela a través de Salva Foods, sino también como directivo de Mezedes Holding Ltd, una sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos, también involucrada en el esquema comercial detrás de los CLAP.

La presunta certificación de buena conducta en favor del empresario nacionalizado venezolano, pero nacido en Cúcuta, Departamento de Norte de Santander, Colombia, hace 48 años, habría sido aprobada en “sesión ordinaria” de la Comisión de Contraloría el 18 de septiembre de 2019 y en respuesta a una petición realizada por el propio Lizcano en una comunicación del 25 de julio del mismo año, siempre según el texto. Sin embargo, en la propia comisión no hay registros de esa sesión: las dos últimas ocurrieron, una, el 14 de agosto, justo antes del receso parlamentario, y la otra, la semana pasada, el 20 de noviembre.

En el escrito, consignado ante la subdirección de gestión documental de la Fiscalía colombiana con el número 20196110908052, los signatarios se permiten hablar a nombre del cuerpo legislativo entero y hasta de su presidente, Juan Guaidó, designado por la Asamblea Nacional como Presidente Encargado de la República el 23 de enero de 2018. “El señor presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y nosotros, desde este máximo organismo de control del Poder Ejecutivo, sorteamos infinidad de obstáculos, pero conscientes y garantes porque se produzcan cambios sustantivos y se restituya la ética en la acción funcionarial que debemos poner al servicio de la sociedad venezolana”, se jactan.

Acumulando millas

La de Colombia no es la única gestión reciente de los diputados en el extranjero para clarear el historial de Carlos Lizcano. A pedido del empresario, una comunicación similar fue enviada al Departamento del Tesoro en Washington a finales de septiembre. Para el momento de cierre de este reportaje no se pudo confirmar la recepción del documento en las oficinas de ese equivalente estadounidense a un ministerio de finanzas. Parece lógico el propósito de persuadir también a ese ente sobre la inocencia de Lizcano: fue el Departamento del Tesoro el que impuso sanciones financieras a Alex Saab y Álvaro Pulido el pasado mes de julio; Lizcano pretendería vacunarse contra futuras medidas en su contra. Los documentos revisados por Armando.info solo permiten afirmar que el envío postal del escrito -no se entregó en persona al organismo- se realizó el 26 de septiembre de 2018 desde una oficina de correos en la capital de Estados Unidos.

También según esos archivos, algunas de las reuniones de coordinación entre Lizcano, el empresario, y el diputado Luis Parra, han tenido lugar en una casa en la parroquia El Valle, al suroeste de Caracas, en apartamentos en el este de la capital venezolana, así como en varios locales de la cadena de las Tiendas CLAP. El empresario no contestó la solicitud de entrevista para este reportaje.

Por su parte, el diputado Luis Parra negó conocer al empresario colombiano o haber participado en conversaciones para que la Comisión de Contraloría lo terminara favoreciendo. “Los invito, a ti, al que sea, a que, si tienen alguna prueba de que Luis Parra está relacionado con estos casos, la pongan allí”, expresó al ser consultado para este reportaje. De hecho, sobre Carlos Lizcano solo pudo afirmar que “me han dicho que es el supuesto testaferro del señor ese que tú nombraste (N.d.R.: Alex Saab) y que nombró el otro ladrón que está allá afuera (N. d. R.: Rafael Ramírez)”.

Ramal dorado

Entre los documentos obtenidos para este reportaje destacan facturas de la empresa Agroleón Molinos de San Felipe, capital del estado Yaracuy, para Salva Foods, la compañía de Carlos Lizcano. El propietario de Agroleón Molinos de San Felipe es Roger León, conocido empresario de esa entidad y amigo del diputado Parra, que representa a Yaracuy en el parlamento. A ambos se les ha visto en actividades políticas en esa región del centroccidente venezolano.

Una de las facturas, emitida el 12 de marzo de 2019, muestra a Agroleón Molinos de San Felipe, en principio dedicada a la venta de todo tipo de granos, despachando a Salva Foods un cargamento de 30 toneladas de “carne en canal, puesta en el sitio” por un total de 120 millones de bolívares. Meses antes, el 17 de diciembre de 2018, Agroleón Molinos de San Felipe había emitido otra factura proforma a nombre de Salva Foods Fze, esta, registrada en los Emiratos Árabes Unidos y también parte de la trama del negocio de los CLAP, por casi 500.000 euros. El concepto de la factura es por la compra de un “terreno céntrico de 1.340 metros cuadrados”, y el pago debió efectuarse a una cuenta en Banesco Panamá. Ni la compañía ni su propietario contestaron la petición de entrevista sobre esas transacciones.

El acercamiento entre Luis Parra y Carlos Lizcano podría resultar todavía más desconcertante si se considera que, casi en simultáneo a esas gestiones, otro diputado del mismo partido, Primero Justicia, y miembro de la Comisión de Medio Ambiente al igual que Parra, Emilio Fajardo, anunció mediante una nota de prensa en junio pasado que abriría una investigación sobre Lizcano por la “ilegal explotación y comercialización del oro” del denominado Arco Minero. “Hay que ejercer acciones contra aquellos que de manera ilegal explotan y comercializan nuestros recursos naturales por encima de la devastación ambiental de nuestro país”.

Fajardo no atendió la solicitud de entrevista para este reportaje. Sobre ese anuncio de su colega de comisión y compañero de partido, Luis Parra indicó que “llegó fue una nota de prensa que decía que ese tal Carlos Lizcano tiene minas y una mafia de oro, y nosotros estamos abiertos a que entreguen las pruebas”. Sin embargo, replicó al ser consultado sobre los avances de esa eventual investigación, “tú no puedes investigar lo que no existe”.

Desde el año pasado Alex Saab y su red también aparecen relacionados a la comercialización y extracción de oro venezolano. La incursión en este negocio tendría propósito doble: por una parte, ofrecer a Nicolás Maduro una vía para sortear las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos al régimen de Caracas; pero también asegurarse una forma de pago difícil de rastrear por las importaciones efectuadas para los CLAP. Fuentes que hasta hace poco conocieron de cerca la estructura de los empresarios colombianos, aseguran que el propio Carlos Lizcano suele viajar a la zona minera del sur de Venezuela.

El diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, solicitó a la presidencia del Parlamento que se realice una investigación a todos los legisladores que conforman la Comisión de Contraloría, la cual es presidida por él, y que en los últimos meses ha sido objeto de acusaciones ligados a presuntos actos de desvío de fondos y corrupción.

“Debido a que en los últimos días han surgido diferentes señalamientos sobre la gestión de la Comisión de Contraloría, mi persona y sus diputados, le solicito formalmente que se inicie una investigación desde la plenaria de esta Asamblea Nacional con participación de la prensa especializada y la sociedad civil, con el fin de determinar si alguno de los diputados miembros esta comisión, hemos incurrido en alguna irregularidad que comprometa la responsabilidad individual por el incumplimiento de las funciones como parlamentarios”, reza el documento dirigido a Juan Guaidó, presidente (E) de la República y la Asamblea Nacional.

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Asimismo, llamó a aquellas personas que han realizado dichas acusaciones, que en caso de no determinarse ninguna irregularidad en el funcionamiento de la Comisión y sus integrantes, “asuman su responsabilidad” en cuanto corresponda ante el país.

El dirigente político Yon Goicoechea manifestó su disconformidad con la actitud del exembajador (E) de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti, quien expresó recientemente luego de su destitución, sus diferencias con las políticas emanadas desde la Presidencia encargada.

“Hay cosas de las denunciadas por Calderón que deben ser investigadas y el Presidente ha ordenado hacerlo (…) si el embajador tenía una objeción ética o moral, por qué guardó silencio por meses y solo habla ahora cuando es removido? A mí eso me da desconfianza”, manifestó por redes sociales el dirigente de Voluntad Popular.

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Más temprano, Humberto Calderón Berti ofreció una rueda de prensa en la que explicó sus diferencias con órdenes y políticas proyectadas por el presidente (E) Juan Guaidó, entre ellas los diálogos de Oslo; también expresó que desde hacía meses no establecía contacto directo con el también presidente del Parlamento.