“Las estaciones de servicio de combustible se han convertido en centros de represión, donde efectivos militares o policiales que las custodian aprovechan las prolongadas colas que hacen los usuarios para surtirse de gasolina o diésel y aplicar la conocida ‘matraca’ o infligir tratos crueles e inhumanos, así como practicar detenciones arbitrarias, a quien mejor le parezca”.

Así lo expresó el abogado defensor de Derechos Humanos Rafael Narváez, quien sostuvo que los cuerpos de seguridad del Estado se amparan en los decretos de estados de alarma y de excepción dictados por el Ejecutivo supuestamente con el objetivo de contener la cadena de contagios, de la covid-19, para cometer todo tipo de abusos contra los ciudadanos.

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“Esta conducta reprochable es encabezada por algunos efectivos de la Guardia Nacional y está impregnada de rabia y resentimiento. Lamentablemente ya se ha hecho uso y costumbre en contra de los ciudadanos, sean médicos, trabajadores de la prensa, o abogados, e incluso le han negado poder echar gasolina a pacientes que son trasladado en ambulancia a un centro de salud que quede en otro estado del país”, señaló el director de la ONG Derechos Civiles.

Indicó que el caso del odontólogo Williams Arrieta, ocurrido el día miércoles en la ciudad de Puerto Ordaz, y quien manifestó contra la corrupción, fue golpeado salvajemente por varios efectivos policiales causándole severos traumatismos. “Esta acción al margen de la ley demuestra la descomposición de los cuerpos de seguridad del Estado y la falta de control por parte de sus superiores”, acotó el abogado.

En opinión de Rafael Narváez, en Venezuela se está en presencia de la situación más crítica de los DDHH. “Nuestro pueblo se encuentra en el mayor grado de indefensión, algo nunca visto en nuestra historia en materia de derechos humanos y garantías constitucionales”, sostuvo.

Resaltó que los venezolanos continúan padeciendo la falta de servicios básicos, sueldos de hambre, hiperinflación indetenible y crisis sanitaria, con el crecimiento exponencial de las cifras de contagio del nuevo coronavirus y de los fallecidos.

Rafael Narváez llamó la atención sobre la necesidad de dotar a los médicos de insumos de bioseguridad para garantizar que puedan seguir salvando vidas y, en este sentido, fustigó que sigan muriendo médicos sin que el Estado reaccione y ni siquiera reconozca a los galenos que están dando sus vidas en la lucha contra la covid-19.

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“Para el Estado, la prioridad en este momento son las elecciones, a pesar de la pandemia y de los sufrimientos del pueblo. Sólo está pendiente de mantener el poder y condena a los ciudadanos a seguir soportando el calvario de la pandemia y las violaciones de los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del estado”, sostuvo el profesional del derecho.

Insistió en que con el crecimiento exponencial de la covid-19, el aceleramiento de la pobreza por salarios de hambre y la hiperinflación, el colapso de los servicios básicos, la vulneración de los derechos civiles y políticos, las restricciones al libre ejercicio del periodismo y los excesos policiales impregnados de represión, tratos crueles e inhumanos y degradantes con resentimiento contra los ciudadanos, constituyen una verdadera violación sistemática de los DDHH a unos ciudadanos que se encuentran en el mayor grado de indefención.

Rafael Narvaez, abogado y defensor de los Derechos Humanos, exhortó a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) a sugerir una metodología segura, que permita, a los actores políticos, hacer campaña electoral, en medio de la pandemia por Covid-19.

«Exhorto a la CEV sugerir método para hacer campaña electoral con Covid-19 (…) sin poner en riesgo de contagio al pueblo», escribió el jurisconsulto a través de la red social Twitter.

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El tuit de Narvaez es la respuesta del jurista al comunicado difundido por la Conferencia el pasado martes, 11 de agosto.

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En ese texto, el máximo órgano de la Iglesia en Venezuela expresó que llamar a la abstención «priva a los ciudadanos venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional».

En su nota, la CEV también resaltó que la falta de participación sin un plan alterno no generará resultados positivos. Como ejemplo, recordó lo ocurrido durante y después de las elecciones legislativas de 2005.

El abogado y defensor de los DDHH, Rafael Narváez aseguró, este viernes, que la administración de Nicolás Maduro conduce al país a un “contagio masivo de Covid-19”.

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El exparlamentario resaltó que el recrudecimiento de la pandemia será provocado por las aglomeraciones que se registrarán durante las elecciones parlamentarias, previstas para diciembre de este año. 

“La política partidista no puede estar por encima del derecho a la vida de los venezolanos (…) el Estado, en general, se mantiene más atento a las apetencias políticas que a garantizar la integridad de los ciudadanos”, expresó Narváez. 

El letrado pidió que los comicios sean pospuestos hasta que mejore la situación provocada por la pandemia en el país. 

El abogado y defensor de DDHH, Rafael Narváez, aseguró que la administración de Nicolás Maduro no ha logrado combatir de manera efectiva la propagación del nuevo coronavirus Covid-19, que se suma a la actual crisis económica y social que vive el país.

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“El Estado venezolano no encuentra la manera de enfrentar efectivamente la propagación del nuevo coronavirus y, en medio de la situación crítica del país, lo que hace es atropellar a la población, multiplicando las detenciones y agresiones por parte de funcionarios policiales o efectivos policiales que deberían prestar su apoyo y protección a las personas”, expresó Narváez. 

Estas declaraciones las realizó luego de lo ocurrido en la comunidad Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui, donde funcionarios de cuerpos de seguridad nacionales asesinaron a un ciudadano que hacía cola para adquirir combustible para su vehículo. 

“La covid-19 no se Combate violando los DDHH del pueblo. Es una estrategia equivocada por parte del Estado para contener la Pandemia. Hace falta desarrollar políticas públicas de atención a los ciudadanos y no criminalizar a quienes salen a buscar su sustento diario”, expresó Rafael Narváez.

De igual manera, rechazó la detención arbitraria de algunas personas que incumplan con las recomendaciones de seguridad anunciadas en la cuarentena contra el virus, así como la aplicación de castigos como “saltos de rana” para que no vuelvan a faltar en este hecho.

“Con este tipo de castigos se está resucitando la obsoleta y derogada ley de vagos y maleantes, en la que se amparaban funcionarios policiales para detener a personas según les pareciera” señaló el abogado.

Nicolás Maduro

Tras el decreto que establece la venta de alimentos esenciales en el estado Miranda según el terminal de la cédula de identidad, el abogado Rafael Narváez calificó como ilegal la acción asumida por la gobernación que dirige Héctor Rodríguez.

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A juicio del parlamentario, el decreto «está al margen de la ley por invadir la reserva legal» que está atribuida constitucionalmente a la Asamblea Nacional, según explicó.

En ese sentido, Narváez recordó que los Estados de excepción y de alarma decretados por Nicolás Maduro «no pueden estar por encima de la Constitución».

La medida, anunciada para contener la propagación del covid-19 en el estado Miranda, busca limitar la cantidad de compradores en las calles, habilitando únicamente a un grupo de ciudadanos por jornada.

Narváez discrepó con esta determinación y afirmó que el coronavirus se combate «protegiendo al pueblo».

El abogado defensor de los DDHH, Rafael Narváez, se pronunció en contra de la realización de las elecciones parlamentarias, previstas para el próximo 6 de diciembre en medio de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus. En su opinión, realizar un proceso comicial en el marco de un crecimiento exponencial en los casos de Covid-19 como se registra actualmente en Venezuela es un acto criminal.

“Estamos en una situación donde la población teme por su vida; trata de cumplir la cuarentena, pero debe salir a procurarse su sustento, la actividad económica ha experimentado una caída de grandes proporciones y las personas encuentran cada vez más difícil obtener los recursos para sobrevivir. Hay ya muchos hogares enlutados a causa de la covid-19 y muchos están alejados de sus familiares, no es el momento para una fiesta electoral como pretende el CNE”, expresó el exparlamentario y director de la ONG Derechos Civiles.

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Recordó Rafael Narváez, que los rectores del Consejo Nacional Electoral, recientemente designados por el Tribunal Supremo de Justicia, prometieron hacer respetar las garantías constitucionales y los derechos de los electores para rescatar la credibilidad del ente comicial, que debido a su parcialidad política en procesos comiciales anteriores mantiene una imagen resquebrajada ante los venezolanos. Por ello insistió en que corresponde al directorio del máximo ente comicial reprogramar los comicios.

Narváez resaltó que el coronavirus ha afectado incluso a las altas esferas del Estado venezolano, ya que mandatarios regionales como los gobernadores de los estados Miranda y  Yaracuy, Héctor Rodríguez y Julio León Heredia, así como el Jefe de Gobierno del Distrito Capital, Darío Vivas y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello se han contagiado.

Registro-CNE

“Los caprichos políticos del Estado no pueden estar por encima del derecho a la salud y la vida en Venezuela, el cual está consagrado en el artículo 19 de la Constitución, que obliga al estado a garantizar y hacer respetar los Derechos Humanos. El mundo en estos momentos es víctima de una Pandemia por la covid-19, y en nuestro país el virus sigue creciendo en forma exponencial la tasa de contagios”, expresó Narváez.

Rafael Narváez señaló que es una locura querer que se haga una campaña electoral y movilizar a la gente a votar cuando la prioridad de los ciudadanos es combatir el hambre y a la vez evitar contagiarse del nuevo coronavirus.

“Yo responsabilizo al CNE de la salud y la vida de los venezolanos por su empeño en realizar los comicios en medio de esta pandemia”, enfatizó el exparlamentario.

flexibilización en Venezuela

Recordó que, hasta el momento, según los reportes oficiales, en Venezuela hay 13 mil 613 contagios de Covid-19 y 129 personas han fallecido por la enfermedad.

“Sin duda alguna que estamos en presencia de unos rectores sin alma y sin corazón, no puede haber una fiesta electoral con un país sumergido en un colapso de los servicios básicos, el alto costo de la vida y la falta de ingresos en la familia por la imposibilidad de trabajar por la cuarentena social decretada por el Estado”, sostuvo Narváez.

Añadió que, al guardar silencio ante las declaraciones dadas por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, quien aseguró que la oposición no volverá a detentar el poder político en Venezuela, los rectores del ente comicial también se han hecho cómplices de un intento de violar los derechos electorales de los ciudadanos.

Rafael Narváez finalizó haciendo hincapié en que solo se podrá ejercer el derecho a elegir con un proceso transparente, sin partidos intervenidos ni dirigentes inhabilitados políticamente, con la debida observación y garantías a los participantes y en un momento de tranquilidad donde cada ciudadano pueda reflexionar sobre su decisión a tomar con miras a ejercer el derecho al voto, condiciones que actualmente no se cumplen.

Nicolás Maduro

El abogado defensor de derechos humanos y coordinador de la ONG Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez, se pronunció sobre el último informe presentado por la Alta Comisionada para los DDHH de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela, y expresó que es un «informe con poca contundencia».

“Es un documento flojo y ambiguo porque no precisa en nada el incumplimiento de las primeras 23 recomendaciones que hizo al Estado venezolano en su primera visita al país en 2019, cuando abogó por la liberación de los presos políticos, exigió realizar una investigación a los responsables de las detenciones arbitrarias, denunció la desaparición forzada de personas, torturas y tratos crueles e inhumanos y degradantes ejecutadas en los centros de reclusión como las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim) y el penal de Ramo Verde, así como la violación al debido proceso establecido en el Artículo 49 de la Constitución”, expresó el exparlamentario.

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En opinión de Rafael Narváez, Michelle Bachelet pasó por alto las ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad (principalmente por las FAES), la vulneración de la libertad de expresión, la persecución y el encarcelamiento a la disidencia, y la crisis sanitaria.

“Cuando leo y analizo el informe en detalle, encuentro que la Alta Comisionada, a mi manera de ver y con mi experiencia de más de 30 años como activista por los derechos humanos en Venezuela, que ella y su oficina recién creada en este país se apartan de las víctimas y se convierten en colaboradores del Estado venezolano y me pregunto ¿es que la función y misión del Consejo General para los DDHH de la ONU es cooperar con los estados o con las víctimas?», indicó Narváez.

“El art 19 de la Carta Magna establece que el Estado debe garantizar a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e independiente de los derechos humanos”, indicó Narváez, quien acusó al jefe del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), Remigio Ceballos, de violar la tan cuestionada «Ley contra el odio, la tolerancia y convivencia» en su Art 20, que establece sentencias de hasta 20 años de cárcel para quien incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas mediante cualquier medio, luego de sus declaraciones sobre los venezolanos que retornan por la frontera de Colombia como «armas bacteriológicas».

“Si la ley existe y se respeta» ,enfatizó Rafael Narváez, «el jefe del Ceofanb debe ser investigado y procesado penalmente sin privilegios”.

En su opinión, debe cesar la criminalización de unas personas que, de estar infectadas por el coronavirus, son víctimas y que, como venezolanos, tienen todo el derecho, establecido constitucionalmente, de transitar por el país.

Finalmente, expresó su rechazo a que Nicolás Maduro haya tildado de irresponsables a los venezolanos que regresan a su país por caminos irregulares y llamó la atención sobre que el Ceofanb esté pidiendo datos personales y dirección de venezolanos que regresen por las llamadas “trochas”.

El abogado defensor de los Derechos Humanos (DDHH), Rafael Narváez, aseguró que el ministro de la Defensa de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, se convirtió en otro «aliado del Tribunal Supremo de Justicia para violentar los derechos electorales de los ciudadanos venezolanos»

El exparlamentario y director de la ONG Derechos Civiles manifestó su rechazo al discurso impregnado de amenazas pronunciado por el titular castrense durante el acto del pasado 5 de julio, cuando aseguró que la actual oposición no podrá llegar a ejercer el poder político en Venezuela.

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“El TSJ, que designó irregularmente un nuevo CNE e intervino a los partidos políticos de la oposición quitándole sus tarjetas electorales, encontró en el camino a un nuevo aliado para violar los derechos electorales de los venezolanos en el ministro de la Defensa”, expresó Narváez.

El abogado advirtió que los ciudadanos venezolanos son víctimas de una violación sistemática de los DDHH, algo que ha certificado en sus informes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, entre los cuales se suman ahora los derechos electorales, para lo cual se está prestando el ministro de la Defensa, a quien Narváez señaló de haberse convertido en un dirigente político y que por ello debería colgar el uniforme y presentarse como candidato a diputado.

“No pasarán, no serán poder político jamás en la vida mientras exista una Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria y bolivariana… yo creo que es bueno que lo entiendan”, dijo Padrino López durante el acto en conmemoración de la firma del Acta de la Independencia.

Narváez precisó que, con su mensaje, Vladimir Padrino contraviene lo ordenado en varios artículos de la Constitución, y en este sentido recordó que el artículo 328 de la CRBV establece que la “Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional sin militancia política organizada por el estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación”.

Añadió que el artículo 2 garantiza el ejercicio de la democracia y pluralidad política en el país, que el 3 determina el libre ejercicio democrático de la voluntad popular; el 5 precisa que la soberanía se ejerce por el sufragio, el 63 protege el derecho al sufragio, y a votaciones libres, y el 328 establece que la FAN es una institución sin militancia política.

“Sin duda alguna el ministro actúa al margen de la ley, contra los derechos humanos , usurpa funciones del CNE e irrespeta a los Rectores de la institución electoral. Estamos en presencia de un guion que se ha ido ejecutando poco a poco en contra del máximo foro político, como es la Asamblea Nacional, por parte del TSJ, que en sus últimas sentencias impone una nueva junta directiva del Parlamento, vulnerando el derecho a la defensa de 100 parlamentarios electos, y por otra parte con la arremetida contra los partidos políticos, suspendiendo a las directivas actuales con el despojo de las tarjetas e imponiendo una directiva temporal violando así el derecho de las militancia de estas organizaciones”, argumentó Narváez .

Para el coordinador de la ONG Derechos Civiles, lo dicho por Padrino López es sumamente grave, tomando en cuenta que la Fuerzas Armada tiene el monopolio de las armas y la responsabilidad del Plan República está en manos del actual ministro de la defensa.

“Sin duda alguna el riesgo que están corriendo los electores en poder elegir después de haber recibido el anuncio de una convocatoria a elecciones parlamentarias por parte del CNE es evidente”, sostuvo Narváez, quien considera que, con su discurso, Padrino López ha quedado inhabilitado para conducir el Plan República, despliegue del sector castrense para custodiar y resguardar los procesos electorales.

Narváez recordó que para el próximo jueves está pautada la parte final del segundo informe por parte de Michelle Bachelet.

El abogado defensor de los Derechos Humanos, Rafael Narváez, denunció las violaciones a periodistas, sindicalistas, médicos y enfermeras por parte de la administración de Nicolá Maduro expuestas en el reciente informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet.

El exparlamentario comentó que el documento actualizado expone la muerte de 1.324 personas, donde responsabilizan a instituciones de seguridad de Maduro.

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Narváez también indicó que Bachelet expuso el caso de la abogada Eva Leal, quien fue detenida y golpeada por una funcionaria de la Guardia Nacional (GN) en el estado Lara.

El abogado defensor hizo mención sobre las violaciones y agresiones que han sufrido la prensa y todo el gremio. Además, se refirió al colapso y crisis del sistema de salud de Venezuela.

El máximo tribunal de la República es valiente para despojar de símbolos y tarjetas a organizaciones políticas por el solo hecho de reclamar justas condiciones y garantías electorales para el soberano, con decisiones rápidas que vulneran el debido proceso establecido en el Art. 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), pero muy débil para investigar y procesar penalmente a los cuerpos de seguridad del Estado, que siguen cometiendo atrocidades, detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y degradantes, torturas, desapariciones forzadas de personas y ejecuciones extrajudiciales encabezadas por el grupo exterminio «FAES » con total impunidad.

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Estamos en presencia de una justicia penal politizada que actúa contrariando sus atribuciones y competencias establecidas en nuestra carta magna y en la ley orgánica del poder judicial, que obliga a mantener su autonomía e independencia para garantizar a los ciudadanos un sistema de justicia imparcial, transparente y sin color político.

Es oportuno recordarle al poder judicial, que el enemigo no está en los partidos políticos, ni en los medios de comunicación social, periodistas, médicos, parlamentarios, ni en el ciudadano que protesta por la crisis sanitaria y las fallas permanentes de los servicios básicos  (agua, energía eléctrica, gas doméstico). El verdadero enemigo es el Covid-19, la impunidad y la subordinación de los poderes públicos, que siguen dejando en un grado de indefensión a las víctimas de la violación sistemática de derechos humanos por parte del Estado.

Para finalizar,se le debería exigir al TSJ, el diseño de un protocolo ajustado a las normas emanadas de la OMS para evitar el contagio y reiniciar las actividades judiciales en todo el país. Actualmente, el sistema de justicia esta paralizado y solo existe para perseguir a la disidencia opositora, además de dar luz verde al Estado para seguir aplicando su política pública de vulnerar los derechos civiles y políticos y garantías constitucionales.