Cuando en una democracia desaparece el estado de derecho; la separación de poderes; la autonomía de los entes públicos; cuando hay justicia politizada con un debido proceso haciendo agua y unos cuerpos policiales amparados por la impunidad para seguir violando sistemáticamente los Derechos Humanos de los ciudadanos, la democracia pasa a terapia intensiva.
El Estado ya no encuentra que Derechos Humanos vulnerar. Los derechos civiles y políticos, la libertad de expresión, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y los servicios básicos desaparecieron de nuestra CRBV.
El 2020 está a punto de irse y deja heridas, dolor, sentimientos y luto en los hogares venezolanos. Las víctimas son innumerables como el caso de los cinco millones de desplazados que huyen de la hambruna y se encuentran con el desprecio, la xenofobia y las muertes en los países receptores, como es el caso lamentable de Güiria. En el estado Sucre, más de 35 venezolanos perdieron la vida en el mar intentando llegar a Trinidad y Tobago con el fin de buscar una mejor calidad de vida que le negó el Estado.
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El balance de los Derechos Humanos ya finalizando el año es muy triste y preocupante. Estamos en presencia de un Estado intoxicado de poder, amparado por la FANB e impregnada de tinte político que cada día se aleja de la CRBV y deja a nuestro pueblo el mayor grado de vulnerabilidad y sin esperanzas.
Solo nos queda el camino lento y lleno de espinas pero con más posibilidades de lograr la reparación del daño a las víctimas de violación sistemática DDHH y crímenes de lesa humanidad por parte del Estado, que es la Corte Penal Internacional (CPI). Ya superada la fase 3 se podrá iniciar la investigación penal contra los responsables de cometer estos horrendos crímenes.
